El presidente de Asaja, Pedro Barato, propuso ayer al Gobierno que modifique el Código Penal para que se aplique una pena de prisión de 6 a 18 meses, a las personas que sustraigan productos agrarios o ganaderos en explotaciones, cuando el valor de los mismos exceda de 100 euros.
Esta propuesta ya fue formulada por el PP en el Congreso de los Diputados en el gobierno que presidía José Luis Rodríguez Zapatero, pero finalmente no fue aceptada por la ponencia parlamentaria que debatió la reforma penal.
Pedro Barato hizo esta propuesta en la reunión que mantuvo con los ministros de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, y de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, en Madrid, para estudiar aquellas medidas que podrían adoptarse para frenar la oleada que sufren estas explotaciones.

agravar los tipos penales. Además, el máximo responsable del sindicato agrario defendió la necesidad de que se agraven los tipos penales cuando se produzca en los delitos una multirreincidencia, correspondan a delincuencia organizada o a la criminalidad organizada.
En este sentido, recordó que el perfil de los delincuentes que operan en el medio rural responde en muchas ocasiones al del delincuente multirreincidente y a su integración en grupos organizados que se dedican a saquear las explotaciones agrarias.
De igual modo, también pidió al Gobierno restringir las medidas cautelares que se dictan para lograr la libertad provisional, especialmente en el caso de los delincuentes multirreindicentes.
«El sistema vigente de medidas cautelares no contribuye a la prevención de la comisión de otros delitos, especialmente por parte de delincuentes con varias decenas de detenciones que, aparte de causar en los mismos una sensación de impunidad, genera en la sociedad española y en el mundo rural una creciente alarma social», afirmó.

pagar lo robado. En quinto lugar, Pedro Barato propuso que la suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad sólo pueda concederse previo al pago de la responsabilidad civil por los daños y perjuicios derivados del hecho punible.
Respecto del delito de receptación, el responsable del sindicato agrario exigió un incremento de las inspecciones y controles de chatarrerías, desguaces y empresas del sector, así como el control policial de vehículos, furgonetas y camiones que transiten por los caminos rurales, en especial, en épocas de recolección.
Finalmente, Pedro Barato consideró necesario complementar las medidas penales con planes policiales específicos de prevención y de investigación de estos delitos en las zonas rurales afectadas, con intensificación de la vigilancia, especialmente durante las noches, los fines de semana y días festivos, actuando en coordinación agricultores y los distintos miembros de las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado y de las Policías Locales.