El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, consideró «factibles» las propuestas de reforma del Código Penal propuestas por el sindicato agrario Asaja para combatir los robos en las explotaciones agrarias y ganaderos, entre las que destaca la pena de prisión de 6 a 18 meses para las personas que sustraigan productos por valor superior a los 100 euros, según se informó La Tribuna en fuentes presentes en la reunión.
El presidente de Asaja, Pedro Barato, se reunió el miércoles con los titulares de Justicia y Agricultura, para agravar estos delitos en la futura reforma del Código Penal. En la actualidad, el anteproyecto está siendo debatido en la actualidad en el Consejo de Estado, antes de ser remitido al Congreso de los Diputados para el inicio de su tramitación parlamentaria.
Según las fuentes consultadas, Ruiz Gallardón se comprometió a responder por escrito, en 15 días, a las demandas de la organización agraria, a través de Arias Cañete, aunque está «muy de acuerdo» con demandas de Asaja relativas a un mayor castigo de la «multirreincidencia» o con la posibilidad de que se incluyan «no sólo los robos», sino los daños producidos en las explotaciones agrícolas o ganaderas en la tipificación de las penas. Así, el Ministerio de Justicia estudiará la posibilidad de incluir un artículo en el nuevo Código Penal para que se especifique como agravante los robos que se produzcan en las zonas que estén fuera de áreas habitadas o poblaciones, «vinculadas con las explotaciones agrarias y ganaderas».
Tres años de prisión. En estos casos, las penas por robo, con independencia de su cuantía, podrían llegar hasta los tres años de prisión. No obstante, el departamento que dirige Gallardón está estudiando esta medida para que la pena tenga relación con la cuantificación de lo robado y con los daños colaterales que se produzcan en el acto delictivo.
De igual modo, Gallardón también se mostró favorable a la propuesta de agravar los delitos de las personas multirreincidentes, de aquellas otras las personas y empresas receptivas de los productos robados, así como los robos de cobre o suministro eléctrico, unos delitos que se han disparado en los últimos meses.
Por otra parte, Pedro Barato ha desvelado que los titulares de Interior y de Agricultora hablarán con el de Interior, Jorge Fernández Díaz, para «incentivar» una protección por parte de las fuerzas de seguridad en áreas rurales. “La situación es muy «alarmante y ha habido muertes por robar un móvil y 50 euros», afirmó tras la reunión. La última muerte se produjo en Cheste (Valencia) a finales de marzo, cuando un vigilante de naranjos falleció de un disparo en un enfrentamiento con un supuesto ladrón. En 2011 murió un pastor en Cinco Casas (Ciudad Real). «Cuando va a empezar una campaña en el campo -ya sea de melones o de cultivos permanentes, como los leñosos- y empieza el riego, ya estamos temblando», concluyó.
Asaja presentó a los titulares de Interior y Agricultura una propuesta de reforma del Código Penal, con ocho modificaciones, para agravar los hurtos en las explotaciones agrarias y ganaderas, entre las que figuraba restringir las medidas cautelares que se dictan para lograr la libertad provisional, especialmente en el caso de los delincuentes multirreindicentes o pagar lo robado como requisito previo a la suspensión de las penas privativas de libertad.