Agricultura negocia con los regantes una vía para salvar el trasvase del Júcar

El Partido Castellano cree que este decreto del Gobierno “es manifiestamente perjudicial para los intereses de Cuenca y Albacete, pues supone prorrogar el incumplimiento de sentencias judiciales emitidas hace lustro»

Por vocesdecuenca.es

La agrupación en Cuenca del Partido Castellano (PCAS) quiere denunciar públicamente que el Ministerio de Medio Ambiente que dirige Arias Cañete aprobó el pasado 13 de abril un real decreto que permite mantener a la Generalidad valenciana el control en la gestión del río Júcar frente a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Así se desprende del texto que establece la composición, estructura y funcionamiento del Consejo de Agua de la Demarcación (sic) Hidrográfica del Júcar publicado el pasado día 13 de abril en el Boletín Oficial del Estado, y así lo celebra la prensa valenciana que asegura que “el Consell aún controla la gestión del Júcar”, gracias a ese decreto, si bien de forma provisional pero esencial, y que “el Gobierno prorroga la influencia de la Generalidad sobre el río Júcar”.

Los castellanistas consideramos que este decreto del Gobierno “es manifiestamente perjudicial para los intereses de las dos provincias castellanas afectadas, Cuenca y Albacete, pues supone prorrogar el incumplimiento de sentencias judiciales emitidas hace lustros, y darle un nuevo respiro a la Comunidad Valenciana, que afrontará el nuevo Plan Hidrológico del Júcar con el mismo e injustificado peso político que ahora, lo que será demoledor para Castilla”, pues en el mismo se contemplará el reparto de agua para regadíos así como la sepultura definitiva de las 60.000 hectáreas de regadío que el propio Estado declaró de interés general hace décadas en La Manchuela conquense y albacetense y que siguen sin desarrollarse por presiones valencianas.

En el Partido Castellano (PCAS) quiere alertar que el documento mantiene el statu quo político actual, “ignorando nuevamente las sentencias, que permite mayoría valenciana por un solo vocal, si bien consagra la provisionalidad que dura ya años y que consideramos es una nueva afrenta y desprecio hacia el interior castellano y a las propias resoluciones de los tribunales”.

Para entender cuál es el problema, los castellanistas recuerdan que en Valencia se acuñó el término ‘demarcación del Júcar’ en lugar del habitual en todas partes de ‘confederación o cuenca del Júcar’, “pues se pretende mantener en la cuenca del Júcar a multitud de ríos independientes y no afluentes del Júcar, así como territorios que nada tienen que ver con el mismo”. La cuenca hidrográfica del Júcar incluye, tan solo, tierras de Cuenca y Albacete, así como el sur de la provincia de Valencia. No incluye ni la Albufera, ni Valencia capital (por donde transcurre el Turia) ni el norte de la provincia valenciana ni Castellón o el sur de Tarragona, como tampoco la provincia de Alicante, todas ellas si incluidas en el concepto demarcación. El objetivo de añadir territorios a la ‘demarcación’ Júcar que no son de la cuenca hidrográfica del Júcar “es político, dado que añadiendo población se consigue el control del río, de una importancia económica extraordinaria para ambas regiones, y que de otra forma no sería posible pues correspondería a los castellanos la mayoría en la Confederación, incluso con criterios demográficos”.

Con todo, el decreto incorpora una disposición transitoria que fija la hoja de ruta para poner fin a esa provisionalidad que mantiene los “inaceptables privilegios de los valencianos, pero los castellanistas alertamos de que ese pretendido fin es posterior a la elaboración del Plan Hidrológico del Júcar (donde quedará ya todo decidido), por lo que las consecuencias para Castilla serán irreversibles ya que nuestros intereses serán decididos y subyugados por los valencianos”.

Frente a todo ello, en el Partido Castellano (PCAS) queremos dejar claro que no nos basta con que “se gestionen por separado los ríos que como el Júcar, el Turia o el Palancia son independientes, o con que se transfieran a las autonomías las cuencas intracomunitarias, sino que cada región debe gestionar su tramo de los ríos comunes y adaptarse a lo que tiene”.

Por último, el Partido Castellano (PCAS) quiere alertar que una vez elaborado el Plan Hidrológico del Júcar, junto con el resto de planes hidrológicos, se elaborará el Plan Hidrológico Nacional, por lo que en éste “quedarán viciados y cercenados de origen los intereses castellanos, y los castellanistas nos tememos que una vez más, se ignorarán los regadíos que en su día fueron declarados de interés general por el Estado en La Manchuela y que los castellanistas reclamamos se construyan de una vez por todas”.

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