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16-05-2013 / 22:30 h EFE
El plan hidrológico de las Cuencas Catalanas anulado hoy era el único aprobado por el anterior gobierno entre los 25 por los que responde España ante la Unión Europea, destacó el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, que recordó las sanciones abiertas por incumplimiento desde 2009.
Según Arias Cañete, que clausuró la jornada de conmemoración del 40 aniversario de la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (Aeas), la actual legislatura recibió «un lastre de incumplimientos de compromisos internacionales, expedientes sancionadores y deudas reconocidas y no contabilizadas».
«Esta legislatura -dijo- promueve un gran pacto nacional del agua y una gestión integral que garantice un abastecimiento de calidad y en cantidad y cumpla con todos nuestros compromisos internacionales».
El ministro subrayó que desde 2011 se han aprobado cinco planes de cuenca, cinco están en fase de ejecución pendientes de la aprobación del Consejo de Ministros, tres cumplen el proceso de información pública y se avanza en los de mayor complicación, como los del Júcar y el Segura.
Además apuntó que, durante 2012, su ministerio ha licitado 40 contratos para actuaciones incluidas en el Plan Nacional de Calidad de las Aguas por un importe de total de 300 millones de euros.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha anulado el decreto de la Generalitat de 2011 que facultaba al Ejecutivo catalán a desarrollar un plan de gestión de su cuenca fluvial interna.
La sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, estima el recurso interpuesto por el gobierno aragonés para denunciar que se rompía la unidad de la cuenca hidrológica del Ebro.
Los magistrados admiten el primer argumento dado por el ejecutivo aragonés y aprecian que el acuerdo del gobierno catalán no incluía el preceptivo dictamen de la Comisión Jurídica Asesora, un defecto que consideran «sustancial» para garantizar la legalidad del plan, por lo que no entran a analizar el resto de razones aducidas.
El gobierno aragonés había denunciado, además, que el plan de la Generalitat carecía de competencia para aprobar un plan hidrológico de la cuenca del Ebro al corresponder al Estado, no incluía dictamen del Instituto Aragonés del Agua, carecía de una evaluación de impacto ambiental e incorporaba en la cuenca fluvial de Cataluña recursos hídricos del Ebro.
La Generalitat anunció ya que presentará un recurso de casación, lo que le permitirá continuar aplicando el plan de gestión de la cuenca fluvial y su programa de medidas y subraya que la Unión Europea ha considerado válido este plan hasta la fecha de hoy.
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