cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha considera que la prioridad debería haber sido la mejora de la gestión de mercados, y que se ha perdido la oportunidad de corregir al alza la ayuda media de aquellas regiones con un promedio más bajo, como Castilla-La Mancha
A falta de conocer en profundidad los detalles del acuerdo alcanzado por el Consejo y de la ratificación del Parlamento Europeo1, Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha entiende que los esfuerzos se han centrado en modificar la propuesta de Ciolos sobre los pagos directos, y no tanto en mejorar los instrumentos de gestión de mercado y el reequilibrio de la cadena agroalimentaria. No hay que olvidar que el 70% de la renta de los agricultores proviene de la comercialización de sus productos en el mercado.
En pagos directos, el sistema de convergencia interna que proponía el comisario de agricultura (consistía en una tasa plana en 2019), se ha convertido en un sistema de reparto distinto al actual, pero con parecidos resultados. Es decir, vamos recorrer un difícil camino administrativo para llegar a una administración de dinero público muy parecida a la actual.
Asimismo, se ha perdido la oportunidad de nivelar las ayudas de regiones como Castilla-La Mancha (216 euros/hectárea de ayuda media), que no llega al 75% del pago medio por hectárea español (285 euros/hectárea de ayuda media). No obstante sigue habiendo grandes incógnitas por despejar y, en lo que concierne a pagos directos, nadie sabrá a ciencia cierta las ayudas que percibirá hasta pasado octubre de 2015. También quedan pendientes la multitud de decisiones que se tienen que tomar desde el Ministerio y desde las Comunidades Autónomas.
Se consolida la posibilidad de limitar la superficie admisible para nuevos derechos de pago en España en la reforma a 22.4 millones de hectáreas. El sector cooperativo regional, y en especial el del vino y las frutas y hortalizas, espera que en la concreción del acuerdo estos dos sectores puedan ser superficies generadoras de los derechos en el sistema de regionalización que prevé acordar el ministerio con las Comunidades autónomas.
En cuanto a la política de desarrollo rural, se ha conseguido que pueda coexistir un plan nacional junto con los planes de desarrollo rural autonómicos. Esta posibilidad será clave para el desarrollo de la Ley de Integración Cooperativa impulsada por el Gobierno, actualmente en trámite parlamentario, que pretende apoyar proyectos comunes llevados a cabo por cooperativas de ámbito supra-autonómico.
Cooperativas valora positivamente la extensión de las Organizaciones de Productores a todos los sectores, por el contrario, las negociaciones sobre la OCM única no han servido para mejorar unas propuestas de la Comisión totalmente insuficientes en la gestión de los mercados e incoherentes con los objetivos de reequilibrar la cadena de valor.
Cooperativas Agro-alimentarias destaca el importante esfuerzo que aún queda por hacer en la instrumentación de esta compleja reforma en nuestro país y comunidad autónoma, y recuerda a los agricultores socios de cooperativas que en el primer año de aplicación de los nuevos pagos – la PAC 2015 – confíen en el personal técnico de sus cooperativas, tanto en la explicación y comunicación de las nuevas condiciones, como en la tramitación de sus ayudas, pues la complejidad de las normas comunitarias requieren de un servicio cada vez más profesional y permanente al productor.
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