Sentar unas reglas del juego claras son fundamentales para evitar conflictos. El nuevo plan hidrológico de cuenca del Júcar (PHJ), que se encuentra en fase de exposición pública, deja abierta a la interpretación cuestiones que los regantes de la Ribera del Júcar consideran fundamentales.

El secretario de la Unión Sindical de Regantes del Júcar (USUJ), Juan Valero de Palma, explica a LA RAZÓN que el documento copia del anterior plan, vigente desde 1998, la redacción del artículo en el que habla de la asignación y la reserva de recursos en el sistema Júcar. «Dentro de estos usos existentes, y dejando a salvo los de abastecimiento, se otorga la mayor prioridad a los riegos tradicionales de la Ribera del Júcar».

Para los regantes, esta afirmación es una mera declaración de intenciones que debe concretarse, si no en este documento, en el plan de explotación que ha de elaborarse en los seis meses siguientes a la aprobación del de cuenca.

La importancia de estas reglas es fundamental para atender situaciones que se repiten cada vez que el río atraviesa una época de sequía. Valero de Palma incide en que es necesario que al menos el plan de explotación concrete de qué manera y en que porcentaje se ponen en marcha las restricciones. De esta manera, los regantes pueden tener una previsión más clara del agua con la que pueden contar. Insiste en la necesidad de llevar a cabo una buena planificación para que las sequías afecten lo menos posible a los cultivos.

En cualquier caso, es complicado que llegada una época de escasez de lluvias los agricultores no salgan perjudicados de una manera u otra. En el mejor de los casos, puede ocurrir que se vean obligados a utilizar los pozos de sequía, a tirar mano de los acuíferos. Esto supone un importante incremento en el precio del agua, puesto que aumenta el coste energético.

También puede ocurrir que se pierda la cosecha. «En los años 90 se perdieron cultivos de arroz y en la sequía de 2004 a 2008 también se abandonaron huertas». Para ambos casos, USUJ considera imprescindible que el plan de explotación regule qué tipo de indemnizaciones deben recibir los agricultores.

La tesis que defienden los regantes valencianos es que el hecho de que los abastecimientos urbanos tengan prioridad sobre los cultivos no quiere decir que no tengan que recibir compensación por el agua que los regadíos dejan de utilizar. La inclusión de un régimen de indemnizaciones en el plan de explotación ahorraría muchos problemas a los regantes, especialmente en las tensas relaciones que viven con Albacete.

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