La consejera de Agricultura y Ganadería de Castilla y León, Silvia Clemente, ha mostradou «malestar», respecto a la última regulación eléctrica del Gobierno central, porque «lo único» que provocará la medida es «poner en peligro la modernización de regadíos». Clemente, que ha visitado en Canal del Páramo y que se está conviertiendo en la voz más ‘opositora’ a las medidas del Gobierno central de su partido, ha explicado en declaraciones a los periodistas en Bustillo del Páramo (León), que «el objetivo» de una modernización es «gastar menos energía y consumir menos agua», por lo que esa nueva regulación debería «tener en cuenta el carácter estratégico de la agricultura».

   Por ello, ha apostado por implementar «tarifas adaptadas» para los profesionales de este sector, porque la medida provocará un incremento del 20 por ciento los costes de producción a los agricultores, que se sumaría al aumento del 60 por ciento en materia eléctrica que padecen desde el año 2007.

Apuesta por el modelo francés de pagar cuando se vaya a utilizar

    Frente a la nueva regulación eléctrica, la consejera propone el «modelo francés», que permite acceder a la potencia eléctrica «cuando se vaya a utilizar», frente al sistema actual en España en el que los profesionales deben contratar «toda la potencia todo el año».

    «El campo necesita apoyo específico porque es estratégico y el Ministerio de Industria tiene que tomar nota», ha indicado Clemente, que ha afirmado que la Asociación Ferduero de Comunidades de Regantes de la Cuenca del Duero «está en la misma línea».

    La Junta y el colectivo remitirán al Gobierno un documento con las «pretensiones» para «hacer más fuerza».

    La infraestructura beneficiará a más de 6.500 agricultores que trabajan en una superficie agrícola de casi 17.000 hectáreas, que pertenecen a las 32.000 que se han modernizado ya en la provincia de León, lo que supone el 60 por ciento del total de las 60.000 de toda Castilla y León.

    Silvia Clemente ha destacado el «esfuerzo» de las propias comunidades de regantes que han «entendido» que «la modernización es necesaria y es buena», de la misma forma que lo consideran las administraciones, que han «impulsado la captación de fondos para llevar a cabo nuevos regadíos».

    La infraestructura permitirá un ahorro de entre el 30 y el 40 por ciento del agua, lo que conlleva menores costes de producción, un uso más eficiente del recurso, el ahorro en energía y lograr más competitividad, a la vez que favorece la alternancia de cultivos que «el mercado haga más interesantes».

    Un marco sobre el que, según la consejera, se puede favorecer «la regeneración y el relevo generacional».

    Silvia Clemente ha expresado su voluntad de que en el próximo Programa de Desarrollo Rural de la Política Agraria Común (PAC) hasta el año 2020, la modernización de infraestructuras de regadío «siga teniendo un lugar preferencial».

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