Desde la Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CCOO-Cuenca han querido hacer pública una denuncia por el cierre desde el 20 de septiembre de la oficina que la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) dependiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente disponía en la céntrica calle Colón número 4, en el antiguo edificio de la Casa Cuna propiedad de la Diputación con la que se firmó un convenio para el uso de este espacio.
Una oficina donde un colaborador social, y cuando era preciso el personal propio de la Confederación, atendía no solo las consultas de usuario, sino que tramitaba todo tipo de solicitudes y permitía acceder a la información medioambiental relevante y así poder participar en los procesos de toma de decisiones de carácter ambiental.
Desde la FSC CCOO-Cuenca entienden que este tipo de oficinas provinciales cubrían «en parte el agravio comparativo que supone que la sede central de la Confederación esté en Valencia y no en Cuenca por donde discurre más de un tercio de los casi 500 km de longitud del rio Júcar, que nace en el cerro de san Felipe en el municipio de la sierra conquense de Tragacete, y de los algo más de 21.000 km2 de cuenca fluvial».
La oficina, a juicio del sindicato, «acercaba la administración al ciudadano y al usuario interesado o preocupado por los servicios que presta este organismo, cuyas funciones pasan desde la administración y control del Dominio Público Hidráulico, la administración y el control de los aprovechamientos de interés general o que afecten a más de una comunidad autónoma o el proyecto, construcción y explotación de las obras realizadas con cargo a los fondos propios de Organismo y las que les sean encomendadas por el Estado».
Entienden en la FSC CCOO-Cuenca que “la modernización y racionalización de las administraciones públicas no puede suponer el desmantelamiento de servicios, algunos tan básicos y cercanos a los ciudadanos como este tipo de oficinas, y sobre todo teniendo en cuenta que las alternativas que se ofrecen de gestiones virtuales o registros administrativos en la subdelegación del gobierno por ejemplo, no cumple con uno de los principios generales de las administraciones públicas que son servir con objetividad los intereses generales y actuar de acuerdo con los principios de eficacia y descentralización entre otros”.
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