La condición para cambiar la toma es que se produzca un acuerdo entre regantes

El memorándum de entendimiento del Tajo-Segura, que ha cerrado 35 años de disputas entre regiones en torno a la transferencia, no solo ha supuesto poner fin de uno de los frentes –acaso el más importante– de la denominada «guerra del agua», sino que marcará el camino a seguir para resolver otros conflictos heredados del Gobierno socialista, como el trasvase Júcar-Vinalopó.

Dos han sido los aspectos clave del citado memorándum. El primero, la constitución de una mesa técnica en la que, si bien las posturas políticas han estado presentes, no la han condicionado. El segundo, la discreción con la que se han llevado a cabo las largas negociaciones, que han llegado al más mínimo detalle. Ese modelo, según las fuentes consultadas por ABC, es el que hay que seguir para hacer posible un entendimiento en torno a la transferencia interna de la Comunidad.

El plan de cuenca del Júcar, ahora en exposición, abre la puerta al cambio de toma, pero la condición previa es que dicho cambio surja de un acuerdo entre los regantes del Júcar y los del Vinalopó. Un acuerdo que se antoja también complicado, puesto que sus posturas han estado muy enconadas desde que en 2005 la exministra socialista Cristina Narbona cambió el proyecto unilateralmente.

Como se recordará, los regantes alicantinos, potenciales beneficiarios del trasvase, rechazan el agua de la actual toma, en la desembocadura del Júcar, por su alta conductividad y la presencia de sólidos y bacterias en suspensión. Por ello, proponen volver a la toma original, que costaría 60 millones de euros, o construir una tercera. Los regantes valencianos, especialmente de la Acequia Real, se oponen a que el agua del trasvase se coja en el curso alto del río.

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