J. Sierra valencia La enmiendas del Partido Popular al texto remitido al Senado de la ley de Evaluación Ambiental, que incluye el Memorándum sobre el Tajo-Segura, «flexibilizan» el rígido marco actual para la venta de agua entre usuarios de cuencas hidrográficas distintas y abre la puerta a las empresas privadas, que podrían asumir el papel de intermediarios y relevar a la Administración en la ejecución de las conducciones necesarias para los trasvases.
Una de las consecuencias directas del nuevo marco legal, en el caso de que las enmiendas pasen el filtro del Senado con su redacción actual, sería la de posibilitar la venta de agua de calidad del Júcar al Vinalopó al margen de los caudales asignados al trasvase actual: hasta 80 hectómetros cúbicos de excedentes tomados en el azud de la Marquesa, cerca de la desembocadura.
Según ha podido saber Levante-EMV, existen empresas de construcción y servicios que en los últimos meses han sondeado la viabilidad de terminar a su coste la toma iniciada en Cortes de Pallás o incluso asumir la construcción de una toma en Antella. Esta nueva «autopista» permitiría que los usuarios del Júcar vendieran parte del agua superficial que tienen asignada en concesión sustituyéndola por agua de pozos, más cara, o por la procedente del ahorro en la modernización de regadíos.
Las empresas intermediarias deberían pagar un canon al Estado por utilizar tramos del trasvase de titularidad pública y cobrarían a los usuarios finales el «peaje» para la amortización de los tramos de nueva construcción más el oportuno beneficio industrial.
El modelo sería exportable a otras zonas de España e incluso al siempre polémico Ebro. Bastaría, tal como adelantaban ayer las organizaciones ecologistas y ciudadanas que denunciaron la introducción de estas enmiendas, con obtener el permiso de la Dirección General del Agua del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y disponer de la infraestructura adecuada.
En un futuro próximo, el ministerio trabaja en la creación de una Agencia Nacional del Agua que se encargaría de gestionar y tutelar estas transferencias y el suministro en alta del agua.
Reacciones
Los senadores del Partido Aragonés Regionalista, socios de Gobierno del PP en Aragón, presentarán enmiendas al proyecto de Ley de Evaluación Ambiental al entender que puede facilitar «un futuro proyecto de trasvase del Ebro». El senador del PAR, José María Fuster dijo en este sentido que la ley hace posible que «un concesionario de caudales de Tarragona pueda vendérselos de forma temporal a un regante del Levante».
Ayer también, el Grupo Parlamentario del PAR en las Cortes anunció que emplazará al Gobierno de Aragón, que preside Luisa Fernanda Rudi (PP), a «adoptar las medidas necesarias» para dejar sin efecto dos disposiciones finales de la nueva Ley de Evaluación de Impacto Ambiental, actualmente en trámite en las Cortes Generales, que facilitan los trasvases.
El PP aragonés, por su parte, argumenta que las enmiendas solo afectan al trasvase del Tajo-Segura, aunque no descartan negociar una posición común con el PAR, cuyos senadores están integrados en el grupo «popular» en el Senado español.
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