El Pacto del Tajo tiene ya una foto para la historia. El presidente del Gobierno recibió ayer en el palacio de La Moncloa a representantes de las cinco comunidades autónomas implicadas en el acuerdo que Rajoy definió como «histórico» y que, a su juicio, «es el mejor ejemplo de que no hay ninguna materia cuya complejidad resulte insuperable si se aborda a través de un diálogo franco, constructivo y dotado de lealtad institucional y compromiso con los ciudadanos».
Fue un breve acto en el que además del presidente del Gobierno y del ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, estuvieron presentes la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, el presidente de la Región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, el de la Comunidad Valenciana, Alberto Fabra, el de Madrid, Ignacio González y, por Extremadura, el consejero de Fomento, Víctor del Moral, ya que José Antonio Monago no pudo acudir.
Según Rajoy, que fue el único que tomó la palabra, este Acuerdo de Planificación Hidrográfica de las cuencas del Tajo, Segura y Júcar, ha sido posible gracias al «diálogo, la voluntad de pacto y el sentido común» de los responsables de las comunidades implicadas. «Todos estamos llamados a ser solidarios porque todos recibimos la solidaridad de los demás», sentenció.
Seguridad jurídica. El presidente del Gobierno destacó también que el acuerdo «otorga seguridad jurídica al funcionamiento del trasvase Tajo-Segura al elevar a rango de ley sus reglas de explotación». De esta manera se «elimina la discrecionalidad» y se le protege de «oportunismos en la toma de decisiones» que a partir de ahora serán «tasadas y objetivas y basadas en criterios puramente técnicos».
Además señaló cuáles son las normas básicas de funcionamiento del trasvase, que garantizan «la preferencia de la cuenca cedente, que podrá disponer de todo el agua que necesite, sin limitación alguna para su natural desarrollo cubriendo las necesidades de abastecimiento y de riego de sus territorios». Las cuencas receptoras, añadió, podrán utilizar el agua trasvasada «para complementar sus necesidades».
El acuerdo, que está recogido en ocho enmiendas a la Ley de Evaluación Ambiental que llegó al Congreso el pasado 15 de octubre, no debe ser, a juicio del presidente «un hito puntual» sino que «se enmarca dentro de la nueva política nacional del agua» que se fundamenta, dijo, en «los principios de solidaridad y sostenibilidad» tanto ambiental como económica y social.
Rajoy destacó la «muestra de solidaridad y capacidad de cooperación» de las Comunidades de Regantes en este acuerdo, «los principales interesados en que el agua llegue en cantidad y calidad suficientes allí donde se necesite».
publicación. La escenificación del acuerdo coincidió con la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la Ley Ambiental que incluye los acuerdos del Memorándum del Tajo que regulan el trasvase Tajo-Segura, acorta los plazos para obtener una declaración de impacto ambiental, y que somete a los proyectos de ‘fracking’ a evaluación de impacto ambiental. La Ley, que entra hoy en vigor, incorpora el Memorándum que da rango de ley al trasvase Tajo-Segura.
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