TOLEDO. El consejero de Presidencia de Murcia, Fernando de la Cierva, anunció ayer en rueda de prensa que los servicios jurídicos de esta comunidad preparan un recurso de inconstitucionalidad contra la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha por vulnerar los artículos 14, 45, 138.2, 139.1 y 149.1.22 de la Constitución española. De la Cierva advirtió que si la citada reforma, en los artículos 95 y el capítulo II sección primera, titulada «La Política del Agua», así como en la disposición transitoria primera, no se rectifican en el trámite parlamentario, el gobierno murciano presentará el citado recurso de inconstitucionalidad.

Según De la Cierva, en el texto del Estatuto se cita la Constitución Española con «eufemismo», porque «se dice claramente que el agua es propiedad de Castilla-La Mancha, lo que es una gran ofensa a la Constitución, porque el agua es de todos los españoles».

Castellano manifestó que desde el PPCV «no vamos a renunciar a defender lo que es un derecho legítimo y justo para el presente y futuro de nuestra Comunitat, como es el derecho al agua y el derecho a la solidaridad interterritorial» en un bien, según remarcó, «tan importante como éste y con el que nos jugamos tanto los valencianos».

Además, desde valencia, el portavoz del PP en las Corts Valencianes, Serafín Castellano, manifestó el mismo lunes en que se aprobó el texto en las Cortes que los populares valencianos estudiarán recurrir la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha si durante su tramitación parlamentaria no se elimina la caducidad del trasvase Tajo-Segura, establecida para el año 2015.

En Castilla-Las Mancha, sin embargo, el diputado del PSOE en las Cortes de Castilla-La Mancha Antonio Salinas dijo ayer que quienes desde la Comunitat Valenciana y la Región de Murcia se oponen al Estatuto castellanomanchego utilizan «la ley del embudo» ya que olvidan que el valenciano «se arrogaba los excedentes de agua de otras cuencas».

En rueda de prensa en Toledo, el diputado regional socialista comparó así la reforma del Estatuto valenciano con el «derecho preferente al uso del agua» de las cuencas hidrográficas propias y el fin del trasvase Tajo-Segura con un plazo de más de ocho años recogidos en la reforma estatutaria aprobada ayer por el parlamento castellanomanchego.

«Castilla-La Mancha es la única comunidad autónoma que ha plasmado la solidaridad en realidad, la única que ha estado trasvasando agua de forma continuada y la única que tampoco ha protestado por que en la Comunidad Valenciana el Estatuto esté contemplado como está», dijo Salinas, a pesar de que el Gobierno castellanomanchego planteó recurso de constitucionalidad contra aquél. Y auguró que an el trámite parlamentario que se abrirá mañana en el Congreso «cada uno usará sus armas» y opinó que el Estatuto de Castilla-La Mancha «es plenamente constitucional».