La batalla por el agua entre Castilla–La Mancha, la Comunitat Valenciana y Murcia no ha hecho más que empezar. El nuevo Estatuto manchego, pactado por el PSOE y el PP, se prepara para iniciar su tramitación en el Congreso de los Diputados, donde populares y socialistas valencianos esperan que se modifique en lo que respecta a la fecha de caducidad del trasvase Tajo-Segura. Si no es así, el PP valenciano y el Gobierno murciano ya han advertido de que podrían presentar un recurso de inconstitucionalidad contra el texto.
Pero los responsables de la reforma ya han advertido de que, por mucha apelación al Tribunal Constitucional, no van a modificar su nuevo Estatuto. De hecho, defienden su plena constitucionalidad y justifican la decisión sobre el fin del canal Tajo-Segura en que eso es lo que quieren los ciudadanos de Castilla–La Mancha.
Además, como afirmó ayer el presidente de la Comunidad, esperan que las Cortes Generales (Congreso y Senado) respeten el texto que salió el lunes del Parlamento castellano-manchego. El socialista José María Barreda aseguró que la extinción del trasvase en 2015 no es un “capricho”, sino la voluntad de la ciudadanía aprobada por unanimidad de PP y PSOE.
Barreda señaló que el Tajo tiene “hipotecas” a favor del Segura, pero insistió en que, en un año de sequía como éste, se pone de manifiesto que el agua no sobra. En este sentido, reafirmó que Castilla–La Mancha tiene prioridad en el disfrute de los recursos del Tajo porque es la cuenca cedente.
El presidente castellano-manchego justificó la fecha de 2015 en que, de aquí a entonces, las Comunidades del “Levante” ya habrán previsto sus alternativas, como las desaladoras, y les instó a hacer un “esfuerzo” para estar preparadas en esa fecha.
Competencia del Estado
El PP, que en la Comunitat y en Murcia ha sido el más beligerante contra la extinción del Tajo-Segura, se ha alineado en cambio con el Gobierno socialista de Castilla–La Mancha. La portavoz del PP castellano-machego, Carmen Riolobos, advirtió ayer a sus compañeros murcianos de que, pese a que están “en su derecho” de presentar recursos, los suyos van a defender “hasta el final” el cierre del trasvase porque es lo que quieren los ciudadanos.
Del mismo modo la presidenta del partido en la Comunidad, María Dolores de Cospedal, aseguró que su principal interés es el de defender los intereses de los ciudadanos castellano-manchegos y que, por eso, mantendrá su apoyo al final del trasvase Tajo-Segura en 2015.
Pero los castellano-manchegos encontraron ayer un nuevo frente contra la reforma de su Estatuto, el de los regantes. El presidente de la Federación Nacional de Regantes, Andrés del Campo, recordó que la planificación hidrológica es competencia “única y exclusiva” del Estado. Del Campo consideró un “error político” que los Estatutos pretendan regular esta competencia, que es estatal según la Ley de Aguas y la Constitución española.
