D. M./J. L. F. / alicante
Día 28/02/2014
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Aragón ha reabierto con carácter «preventivo» la guerra del agua en torno al Ebro, que parecía –al menos de momento– superada. A pesar de que la Comunidad nunca ha renunciado expresamente a reclamar el trasvase derogado por el PSOE en 2004, esta reivindicación había quedado aparcada hasta que se aprobasen los planes de cuenca (el del Júcar acaba de terminar su periodo de exposición pública) y se iniciase la negociación de un nuevo Plan Hidrológico Nacional.
Pese a todo, el pleno de las Cortes de Aragón aprobó ayer por unanimidad, a propuesta de la Chunta Aragonesista (CHA), recurrir ante el Tribunal Constitucional la ley de evaluación a mbiental –precisamente, la que «blindaba» el trasavase Tajo-Segura tras el aumento de la reserva mínima en los embalses de cabecera–, al considerar que abre la puerta al trasvase del Ebro. El recurso se presentará contra varias disposiciones de la ley, en base a un informe de los servicios jurídicos de la Cámara, que los portavoces de los grupos consideraron «contundente» e «incontestable».
Incluso el PP aragonés, que gobierna con apoyo del PAR, consideró que a la vista del citado informe su única opción era votar a favor de presentar dicho recurso. Ello a pesar de que su portavoz señaló que la ley ambiental «no abre puertas» al trasvase y admitió que regula únicamente el del Tajo-Segura. Tanto la CHA como el PSOEe IU, en cambio, consideraron lo contrario, y acusaron al PP de querer retomar el trasvase del Ebro. El efecto colateral que podría tener el recurso al Constitucional, sin embargo, sería el de anular una norma que ha garantizado la continuidad del Tajo-Segura y que precisó del consenso de cinco autonomías y el Gobierno central.
El agua también estuvo ayer de actualidad en Alicante, puesto que Asaja aprovechó la presencia del conseller de Gobernación, Serafín Castellano, en una reunión con los empresarios de Coepa para reivindicar que se complete la obra de túneles y el trasvase Júcar-Vinalopó se materialice en la toma original de Cortes de Pallás. «Es una inversión pequeña y es de justicia, porque en el Azud de la Marquesa no hay agua, eso es porquería», indicó su presidente, Eladio Aniorte.
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