Santi Vila, consejero de Territorio de la Generalitat. / PERE DURAN
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El Plan Hidrológico del Ebro aprobado por el Ejecutivo central el pasado viernes lleva camino de sembrar la división territorial, tanto dentro de Cataluña como entre comunidades autónomas. La Generalitat está modulando estos días su discurso para intentar que los intereses enfrentados de regantes y conservacionistas no enfrenten Lleida con las comarcas del Ebro. La vía de escape que ayer encontró el Gobierno catalán para evitar esto fue denunciar el exceso de regadío que a su entender hay en el curso alto del río. Según el consejero de Territorio, Santi Vila, la falta de agua en el delta no es fruto del aumento de regadíos en Lleida sino de políticas poco adecuadas en comunidades como La Rioja.
Vila aseguró que “la mayor parte” de las 363.000 hectáreas de nuevos regadíos que prevé el plan de cuenca estan fuera de Cataluña. El canal Segarra-Garrigues, que se alimenta del agua del Segre, afluente del Ebro, irrigará aproximadamente un 8% de estas nuevas zonas de regadío. El resto se lo reparten las otras comunidades ribereñas. Vila señaló directamente a La Rioja, comunidad en la que se están realizando infraestructuras y zonas de riego que en su opinión son verdaderos “despropósitos”. En opinión del consejero, el conjunto del plan se basa en atender “necesidades artificiciales” de algunas comunidades autónomas que, después, impiden gestionar correctamente el caudal que llega al delta del Ebro. “Se han hecho ampliaciones de concesiones de riego que son muy cuestionables”, insistió.
A preguntas de los periodistas Vila rechazó que se puedan cuestionar los nuevos regadíos en Cataluña. “Esto sería desenfocar el problema”, aseguró. También rechazó explicar cuáles son, a juicio del Gobierno, las similitudes entre el Plan Hidrológico Nacional que CiU avaló en 2001 y el actual Plan del Ebro. El caudal ecológico que ambos planes reservan para el tramo final del río es muy similar, poco más de 3.000 hectómetros cúbicos al año. Sin embargo, Vila aseguró que no puede compararse la situación que tenía el tramo final del río hace diez años con la actual. “En estos momentos el delta está mucho más presionado por la regresión y la salinización”, aseguró.
En el territorio, los ayuntamientos como el de Tortosa, comienzan a pronunciarse contra el plan del Ebro
La Generalitat acordó ayer denunciar ante la Comisión Europea el plan del Gobierno con la esperanza de que los organismos comunitarios tomen cartas en el asunto e invaliden el proyecto. Vila aseguró que los informes que ha encargado a la Agencia Catalana del Agua a tal efecto aseguran que el plan es “lesivo” para el delta. Además la Generalitat se reserva para más adelante la posibilidad de recurrir a la justicia ordinaria para invalidar el plan. Con todo, no cree que esto sea necesario, pues el proyecto del Gobierno llega con tanto retraso que cuando se apruebe definitivamente ya estará a punto de caducar. En 2015 se tendrá que hacer un nuevo plan de cuenca. El objetivo sería que este se haga desde cero y no sobre la base del aprobado el pasado viernes.
En el territorio los ayuntamientos comienzan a pronunciarse. El Pleno de Tortosa aprobó por unanimidad el pasado lunes una moción de rechazo al plan hidrológico. El único concejal del PP de la población se sumó a la declaración de rechazo.
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