Los regantes del Júcar han conocido en apenas cuatro meses dos nuevas sentencias del Tribunal Supremo que reafirman su derecho a ser compensados cuando otros usuarios toman agua del río, en época de sequía, a través del embalse de Alarcón. El conflicto no sólo perdura desde el último ciclo de escasez, cuando el Ayuntamiento de Albacete se negó a satisfacer los pagos aprobados por disponer de estos caudales, sino que las posturas, asumidas por los respectivos gobiernos regionales, parecen irreconciliables.

Al menos así se desprende de las alegaciones presentadas por las diferentes partes al borrador del futuro plan de cuenca, la normativa que regulará las demandas y usos del río más importante de la Comunitat, incluyendo también los mecanismos sobre cómo proceder en situaciones excepcionales para poder utilizar parte del volumen del embalse, construido por los regantes valencianos a través de la Unidad Sindical de Usuarios del Júcar (Usuj).

Los fallos citados se suman al que en junio de 2011 ya desestimó el Alto Tribunal, y los tres van en el mismo sentido: las compensaciones son legales y están amparadas por la Ley de Aguas, que obliga a dar prioridad a los abastecimientos, el Plan Hidrológico del Júcar vigente (PHJ) y el Convenio de Alarcón, tal y como explicó el secretario general de Usuj, Juan Valero de Palma.

El último acuerdo es básico para entender el conflicto, pues marca las reglas de explotación del caudal que se acumula en el embalse, el más grande de la demarcación del Júcar. Firmado en 2001 por el Ministerio de Agricultura y Usuj, implicó la cesión de la gestión del pantano al Gobierno y permitió que usuarios distintos a los regantes valencianos pudieran disponer de recursos para regadío y abastecimiento sin coste alguno. A cambio, se conseguía un ambicioso plan de modernización de los sistemas de riego para los asociados de Usuj que, por cierto, no se ha culminado.

El convenio también fijaba una limitación para épocas de sequía, de manera que si el nivel acumulado estaba por debajo de una curva de reserva (entre 263 y 334 hectómetros cúbicos en función del mes) no podrían derivarse caudales a los nuevos beneficiarios. Eso sí, fue necesario fijar una excepción para dar cumplimiento a la norma que prioriza el abastecimiento de los núcleos urbanos sobre cualquier uso. Es decir, se daría agua a las ciudades y pueblos que la necesitaran, pero a cambio debían compensar económicamente a Usuj, dinero que serviría para cubrir el coste derivado de extraer caudales mediante pozos para atender sus regadíos. Era una indemnización por el caudal ‘perdido’.

La cláusula se activó en 2005, 2006 y 2007. El coste total a liquidar por el Ayuntamiento de Albacete asciende a 1,087 millones por este concepto, según los datos de Usuj, y es la única administración que se ha negado a pagar, pues el resto de municipios beneficiarios del agua durante la última sequía (más de medio centenar, entre ellos Valencia y Sagunto) sí abonaron el canon.

Rosa González, concejala de Medio Ambiente del consistorio manchego, dijo ayer que las sentencias del Supremo son «legales pero injustas», por lo que han iniciado nuevas acciones judiciales para evitar el abono de la deuda, como alegar que la reclamación de los pagos llegó fuera de plazo, además de otros problemas formales. «Tenemos que hacer valer el derecho de los ciudadanos al abastecimiento», señaló.

La polémica se ha trasladado a las alegaciones al borrador del nuevo PHJ. Su aprobación es inminente, mejora la disponibilidad de agua para Albacete y refleja la filosofía del convenio de Alarcón. Es más, cita expresamente la necesidad de pagar por las transferencias que se realicen cuando no se alcance la curva de reserva, o lo que es lo mismo, durante los próximos episodios de sequía. De hecho, parte de la tensión se debe a que el escenario a medio plazo no es halagüeño, con precipitaciones mínimas en el ámbito del Júcar y varios sistemas en prealerta, lo que hace prever un cambio de ciclo. Eso sí, los embales, sobre todo los principales, marcan niveles muy buenos, por lo que el suministro a corto plazo está garantizado.

En sus propuestas, Albacete plantea «la nulidad del convenio y que no haya ninguna referencia al canon que se fija para los regantes valencianos», según la edil, que añade: «los ciudadanos no deben pagar un canon distinto al resto de usuarios del Júcar». Usuj también es contundente al reclamar, ante la negativa de Albacete a reconocer el convenio, que se elimine la asignación para su abastecimiento si no cumple con la legalidad y con las sentencias. Es decir, plantea que vuelvan al sistema de suministro a través de pozos anterior al citado acuerdo.

AGUA PARA ALBACETE

Situación actual. Con el Plan Hidrológico vigente, la ciudad manchega tiene derecho a una reserva de 31,5 hectómetros cúbicos anuales del Júcar. Es decir, es agua embalsada cuya transferencia se debe solicitar y autorizar en función de las necesidades.

Situación futura. El borrador del nuevo plan es más favorable. Aunque se mantiene el volumen total, mejora su disponibilidad. Se fija una asignación de 24 hm3, por lo que su acceso no requiere trámihttp://www.lasprovincias.es/v/20140313/comunitat/tension-castilla-mancha-crece-20140313.htmltes previos, y una reserva de 7,5.

ENLACE A NOTICIA:

                                                                              http://www.lasprovincias.es/v/20140313/comunitat/tension-castilla-mancha-crece-20140313.html