Desde la llegada del Partido Socialista al Gobierno, han sido numerosos los cambios normativos acontecidos en materia de agua. Según el Ministerio de Medio Ambiente, en los dos años de la actual legislatura se han aprobado ocho Reales Decretos en relación a la gestión hídrica, lo que, en opinión del Ejecutivo, ha transformado notablemente el escenario político en torno a este sector.
El Ministerio de Medio Ambiente no se conforma con eso y actualmente, el Consejo Nacional del Agua tiene sobre la mesa un conjunto de propuestas de modificación de la Ley de Aguas que será el próximo paso a dar respecto al desarrollo normativo de la política hidráulica.
Las propuestas que ya han contado con el informe favorable de dicho Consejo son relativas a la gestión de las aguas subterráneas; la delimitación del dominio público hidráulico y la seguridad de las presas; así como los proyectos de decretos correspondientes a la nueva planificación hidrológica; a la delimitación de las demarcaciones hidrográficas y a la reutilización de las aguas residuales.
Además, están pendientes de estudio las propuestas que completan la prevista reforma de la Ley de Aguas, relativas a la creación de los bancos públicos de agua; el régimen económico financiero y la participación de las comunidades autónomas en la gestión del agua en las cuencas intercomunitarias.
Primeros pasos
Para contextualizar mejor la situación actual que se vive en torno al agua, es importante recordar el desarrollo normativo acontecido en esta materia desde el cambio de Gobierno que tuvo su inicio con la derogación del trasvase del Ebro.
Así, la primera norma aprobada en esta legislatura fue el Real Decreto-Ley 2/2004, de 18 de junio, por el que se modificaba la ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional, derogando la transferencia de agua desde el Ebro a las cuencas hidrográficas internas de Cataluña, del Júcar, Segura y del Sur, y donde se incorporaron dos nuevos anexos con el contenido detallado de la alternativa al trasvase. Dicho Decreto-Ley se tramitó posteriormente como ley, siendo objeto de un amplio debate parlamentario, y su contenido quedó incorporado en la Ley 11/2005, de 22 de junio.
En ésta, se incluían algunos principios básicos de la nueva política del agua en la que se basa el Programa AGUA: prioridad a la gestión eficiente del agua; actuaciones para garantizar más recursos, de mayor calidad y en el menor plazo posible; ahorro y modernización de abastecimientos de regadíos; potenciación de la reutilización de las aguas depuradas; desalinización en municipios del litoral; mayor control de los consumos y los vertidos; etcétera.
Sequía
Luego, el Gobierno tuvo que hacer frente a una de las sequías más severas registradas en España, durante el año hidrológico 2004-2005.
Las principales medidas normativas en este ámbito fueron las siguientes: Real Decreto Ley 10/2005, de 20 de junio, por el que se adoptaron medidas urgentes para paliar los daños producidos en el sector agrario por la sequía y otras adversidades climáticas; el Real Decreto 1265/2005, de 21 de octubre, por el que se adoptaron medidas administrativas excepcionales para la gestión de los recursos hidráulicos; el Real Decreto-Ley 15/2005, de 16 de diciembre, de medidas urgentes para la regulación de las transacciones de derechos de aprovechamiento de agua entre cuencas diferentes; el Real Decreto 287/2006, de 10 de marzo, sobre modernización de regadíos; y el Real Decreto-Ley 9/2006, de 15 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños producidos en las poblaciones y explotaciones agrarias de regadío en determinadas cuencas
hidrográficas.
Por último, llegó el turno de la transferencia de las competencias sobre cuencas internas a las comunidades autónomas. Para ello, el Gobierno aprobó dos Reales Decretos, el 2130/2004, de 29 de octubre y el 1560/2005, de 23 de diciembre.