5 de febrero de 2007. No es una sorpresa. Aunque las direcciones nacionales del PP y del PSOE mantienen una actitud ambigua ante el nuevo Estatuto de Castilla-La Mancha, todo apunta a que enmendarán la disposición que pone límite al trasvase.
El PP de la calle Génova ha sido el primero en aclarar su postura, aunque no lo haya sido de forma oficial. Según cuenta Francisco Quevedo en El Confidencial.com, este partido enmendará durante su tramitación en el Congreso de los Diputados el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha con el objetivo de eliminar del texto la limitación temporal al trasvase del Tajo incluida en el mismo.
Fuentes de la calle Génova señalaron a dicho diario que no hay ninguna duda en la Dirección del PP sobre donde reside la titularidad en la política de aguas, es decir, en el Estado.
Una posición que, inicialmente, choca con la mantenida por este partido en la propia Comunidad Autónoma, ya que el texto de la reforma llegó al registro de la Cámara Baja con el apoyo del PP y del PSOE. El texto establece el año 2015 como la fecha límite para los trasvases, a partir de la cual éstos se acabarían. La Dirección nacional del PP considera, sin embargo, que esa es una decisión que debe tomar el Gobierno de la Nación, y no puede incluirse en un Estatuto de Autonomía.
Pura estrategia
La explicación que se da en Madrid a la posición del PP en Castilla-La Mancha tiene más que ver con una cuestión de estrategia política que con una de principios. Según estas fuentes, la intención del presidente de la Comunidad, el socialista José María Barreda, era poner en evidencia al PP incluyendo la citada limitación en el texto para que la oposición a su Gobierno se viera en la obligación de rechazarla. Ese hubiera sido un mal comienzo para la candidata popular, María Dolores de Cospedal, nueva en la lid electoral.
Sin embargo, el PP decidió dar su voto afirmativo, consciente de que luego el PP de Madrid enmendaría el texto, y trasladando la patata caliente del problema del agua al propio Barreda, que ahora tendrá que lidiar con el Gobierno central, también de su partido, para evitar que el PSOE haga lo mismo. Y es que la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, ya se ha manifestado en contra de la reforma en lo que al trasvase del Tajo se refiere.
