El Gobierno valenciano anunció ayer que recurrirá ante el Tribunal Constitucional el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, que fija el año 2015 como el fin del trasvase Tajo-Segura, si finalmente el Congreso y el Senado aprueban esa reforma estatutaria.
Así lo anunció, en el pleno de las Cortes Valencianas el conseller de Infraestructuras y Transportes, José Ramón García Antón, a una pregunta del grupo popular sobre si el ejecutivo valenciano piensa recurrir la citada normativa autonómica, aprobada por las Cortes castellanomanchegas con los votos del PSOE y el PP.
Por su parte, el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, calificó de «humo» la política hídrica del Gobierno central, anunció que continuará reclamando la recuperación del proyecto del trasvase del Ebro frente a las «promesas incumplidas» del programa AGUA, y reclamó que las Cortes Valencianas se muestren unidas para reclamar el agua que necesita su comunidad.
Unanimidad
Camps valoró el acuerdo unánime logrado en el pleno de las Cortes Valencianas para rechazar el acuerdo estatutario de Castilla-La Mancha que fija la caducidad para el trasvase del Tajo-Segura, pero lamentó que esa unanimidad no se hubiera alcanzado en relación con el Plan Hidrológico Nacional y el derogado trasvase del Ebro al sureste peninsular.
También se refirió en sus críticas al cambio de trazado de la toma del trasvase Júcar-Vinalopó, que «busca un retardo que genera inquietud y desconfianza» en esta autonomía, y a la posibilidad de que Castilla-La Mancha se reserve el uso «exclusivo» del tramo del Júcar que discurre por esa autonomía.
Antes esta intención el portavoz del grupo parlamentario socialista de Castilla-La Mancha, José Molina, afirmó que parece un anuncio «en plan rabieta» y que «no tiene visos de seriedad».
Molina insistió en este punto en que en la Región «estamos plenamente convencidos» de que el Estatuto es «plenamente constitucional», y que en Castilla-La Mancha no se ha planteado un debate constitucional sino político pues pretende terminar con «los privilegios» que determinadas comunidades autónomas quieren mantener sobre el agua que transcurre por Castilla-La Mancha.
Unidad
Tanto el PP y el PSOE de Castilla-La Mancha se ratificaron en el acuerdo alcanzado para pedir la caducidad del trasvase Tajo-Segura en el nuevo Estatuto de Autonomía de la Comunidad, cuya constitucionalidad defendieron ante el recurso anunciado por el Gobierno valenciano.
El secretario regional del PP castellanomanchego, Vicente Tirado, recalcó que su partido se ratifica en lo acordado en el texto desde la convicción de que Castilla-La Mancha es la comunidad autónoma más solidaria de España, pero debe utilizar el agua que necesita para su desarrollo.
Por otra parte, el presidente del Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias, manifestó que los estatutos de autonomía de las diferentes comunidades españolas «no son clones» pero en el caso del aragonés la propuesta de reforma pactada entre los diferentes grupos políticos resulta ser «excelente». Iglesias además aseguró que no es momento de comparar el Estatuto aragonés con el de Castilla-La Mancha.