La intención del Gobierno de Valencia de interponer, tras obtener el respaldo unánime de la Cámara valenciana, un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el Estatuto de Castilla-La Mancha por fijar la fecha de caducidad del Tajo-Segura no ha movido ni un ápice las posturas de los dos partidos con representación parlamentaria en la Comunidad Autónoma. Es más, PP y PSOEaprovecharon ayer el pleno celebrado en las Cortes regionales para minimizar la importancia de este acuerdo ante los medios de comunicación.

Así, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, José Molina, dijo sentirse sorprendido por la «prisa» que se ha dado el Ejecutivo valenciano para anunciar un recurso contra una ley que aún no ha sido aprobada, y atribuyó dicha iniciativa a «una rabieta» que «no carece de seriedad».

Molina señaló que desde el Gobierno de Valencia se «ha hablado sin conocer el texto castellano-manchego» pues «se están refiriendo a cosas que no recoge nuestro Estatuto», que, defendió, es «plenamente constitucional».

Apuntó que lo que plantea el texto aprobado de forma unánime por las Cortes de Castilla-La Mancha no es un debate de constitucionalidad, sino un debate político que tiene que ver con la historia del España, de CLM y del agua.

Así, se preguntó «cuánto tiempo más vamos a tener que aguantar que determinadas comunidades autónomas mantengan una situación de privilegio en cuanto al uso del agua», en contra de lo que establece el PHN, que rige el carácter preferente de CLM en el uso del agua del Tajo.

«Valencia y Murcia quieren evitar perder los privilegios», dijo Molina, quien consideró una barbaridad que se quiera hacer creer que la existencia de un trasvase es constitucional y «si no lo hay es inconstitucional».

Insistió en que el único problema que existe es de «naturaleza política» y está auspiciado por los dirigentes del PPen determinados territorios que quieren mantener unos privilegios «a los que el Gobierno de CLM y el Parlamento regional quiere poner fin definitivamente».

ratificar el apoyo. Por su parte, el secretario regional del Partido Popular en Castilla-La Mancha, Vicente Tirado, ratificó el apoyo de su partido a lo pactado por la Cámara regional en el Estatuto de Autonomía.

En declaraciones a los medios, Tirado señaló que Castilla-La Mancha es la región de España «más solidaria» con el agua aún necesitando el recurso hídrico para «nuestro desarrollo».

Por eso, dijo, «lo plasmamos» en un Estatuto, al que el presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, «se ha encargado de dar una patada antes de que el texto empiece a caminar», señaló Tirado, refiriéndose a la intención del jefe del Ejecutivo regional de aumentar el número mínimo de diputados por Guadalajara que recoge el Estatuto para adecuarlo a su población.

Por último, insistió en que el Partido Popular de Castilla-La Mancha se ratifica en lo pactado en la nueva Carta Magna regional.

El PP no consentirá cambiar las reglas de juego democrático

l.t. / S.r. / toledo

El secretario regional del PP, Vicente Tirado, afirmó ayer en las Cortes de Castilla-La Mancha, que lo que el PSOE intenta no es una reforma de la Ley Electoral sino «dar de forma manifiesta» un golpe de estado democrático y convertir a la Comunidad Autónoma en una «república bananera», algo por lo que «ya se nos conoce» fuera de nuestras fronteras, aseveró.

Tirado acusó al presidente de CLM, José María Barreda, de haber «dado una patada» al Estatuto regional, aprobado por unanimidad en las Cortes, y de ser un «tramposo» por querer cambiar el texto en el último minuto.

«Barreda miente cuando habla, cuando escribe y cuando firma», dijo Tirado, quien llamó al presidente regional «cobarde e incoherente» por no defender lo que votó en el Parlamento autonómico.

Apuntó que «en las reglas de la democracia no se concibe» que se quiera cambiar una ley electoral a un mes de publicarse el decreto de convocatoria de elecciones» y aseguró que el PP «no lo va a consentir».

Por su parte, desde el PSOE, el portavoz del Grupo Parlamentario, José Molina, afirmó que la subida de un escaño a la provincia de Guadalajara no se hace con «perspectivas electorales porque estamos seguros de que vamos a ganar en todas las provincias», sino para «evitar una barbaridad democrática».

En este sentido, volvió a exigir a los ‘populares’ que manifiesten claramente si están a favor de acabar con la «injusticia» que supone que Guadalajara, con más población que Cuenca, elija un diputado menos que ésta, recordando que para hacerlo «lo único que se necesita es voluntad política».

Insistió en que «todavía estamos a tiempo» porque el cambio se tramita en «una semana» y se mostró partidario de subir los escaños que sean necesarios a cada una de las provincias, pero no ahora, sino al inicio de la legislatura porque ese es «un debate profundo que requiere más tiempo» y lo «urgente ahora» es evitar una «desigualdad» entre provincias.