Cuando se ha cuestionado desde la Comunitat Valenciana por qué otras autonomías, como Aragón y Castilla-La Mancha, se oponen a la cesión de agua y se reservan caudales por encima de sus necesidades, su respuesta ha sido que quieren asegurarse el suministro necesario para el desarrollo de necesidades futuras.
Habitualmente se ha comparado la situación de los aprovechamientos en unas y otras regiones en base a la rentabilidad socioeconómica de las respectivas agriculturas, porque la agricultura de regadío absorbe el 70% del agua consumida. Y en este planteamiento se llega al resultado de que los cultivos hortofrutícolas del litoral mediterráneo, que son los que se empezaron a regar hace siglos, son mucho más rentables, en términos económicos directos y de generación de empleo a su alrededor, que los cultivos de cereales y oleaginosas de las plantaciones extensivas que constituyen, en su mayoría, los nuevos regadíos de las regiones limítrofes.
La pregunta frecuente, por ejemplo, desde el Gobierno aragonés, para refrendar su total oposición al trasvase del Ebro, ha sido: ‘‘¿Por qué no podemos nosotros cultivar también lo que queramos, si tenemos el agua que pasa a pocos kilómetros?’’. En más de una ocasión ha llegado a decir el presidente de Aragón, Marcelino Iglesias, que también podrían plantar tomates. La contestación es fácil: para producir tomates además de terreno y agua, hace falta clima adecuado, y este se encuentra donde está, no se puede improvisar.
Cereales y oleaginosas
En ese argumento ya se veía una intencionalidad evidente de que ‘no quiero cederte a tí lo que tengo yo (el agua) para que no puedas hacer lo que quiero producir aquí’. Así que quedaba claro que las reservas y blindajes de caudales tienen un fuerte valor estratégico, aunque no fuera sólo para producir tomates.
Los cultivos que predominan en los nuevos regadíos aragoneses y manchegos, y en los nuevos proyectos en ciernes (como Los Monegros), son cereales y oleaginosas, que son producciones aparentemente excedentarias en la UE (hasta ahora), muy extensivas y mecanizables (poca generación de empleo) y sometidas a un régimen proteccionista de subvenciones.
Es lo que permite el suelo y el clima, y los resultados de las comparaciones socioeconómicas siempre han sido, evidentemente, muy favorables a los planteamientos de la Comunitat Valenciana y de Murcia, para justificar sus demandas del Ebro, en el caso de Aragón, así como, por lo que respecta a Castilla-La Mancha, la permanencia del Tajo-Segura y la exigencia de que no se quede mayor parte del Júcar de la que le corresponde.
¿Cómo se puede mantener que el agua se emplee en producir alimentos excedentarios, poco rentables y muy subvencionados, cuando, encima, la actual filosofía de la Política Agraria de la UE va por caminos contrarios?
Biocarburantes salvadores
El panorama ha cambiado. Producir ahora grandes cantidades de maíz, cebada, trigo, girasol, remolacha o colza, entre otras cosas, cuenta con el renovado interés de abastecer de materia prima a las nuevas fábricas de biocombustibles y no sólo la alimentación humana.
Los biocarburantes que están en boca de todos para salvarnos del presunto cambio climático son, básicamente, el alcohol etílico (bioetanol) y aceites (biodiésel). El primero se obtiene de vegetales con altos contenidos en azúcares o almidón (cereales, remolacha…) y el segundo de oleaginosas (girasol, colza, palma…)
El problema es que su cultivo, para alcanzar altos rendimientos que sean rentables, necesita mucha agua, incluso puede resultar caro, según algunos expertos, en términos de consumo de agua, porque donde no llueve de forma abundante y regular, se necesita regar mucho para alcanzar productividades competitivas, y este esel caso de España.
En nuestro país hay un centenar de fábricas de biocarburantes, entre las que ya funcionan y las que están en construcción. Por lo que se ve ahora mismo, prefieren traer las materias primas de fuera, porque son más baratas, pese al transporte, y las organizaciones agrarias ya presionan al Gobierno para que imponga un cupo de abastecimiento nacional, al menos del 25%.
Todo ello quiere decir que la fiebre de los biocarburantes se ha convertido en un filón estratégico para territorios que pueden producir materias primas y tienen agua. La cuestión es cómo podrán competir con producciones más baratas de Brasil, Argentina, Indonesia… De momento, la política europea les apoya en esto y ya han aparecido también las primeras disputas entre la agricultura comestible y la energética: el precio de los cereales ha subido un 30% en el último medio año y, con ellos, el de algunos alimentos.
Entre tanto, la Generalitat Valenciana se ha sumado a la tendencia ‘anti CO2’ con su propuesta de obtener alcohol de las naranjas, que también precisan garantías de agua.