La Unión Europea ha conseguido lo más difícil, o lo más fácil dada la experiencia previa en muchas cuestiones: aprobar una norma sobre el uso de transgénicos que no satisface absolutamente a anadie, salvo quizás a España como el país que más superficie tiene plantada en toda Europa. El acuerdo político sobre la revisión de la legislación comunitaria sobre transgénicos representa en teoría que se podrán comercialziar en toda la Unión, aunque el texto pretende facilitar que los países puedan legalmente prohibir individualmente su cultivo. Esto ha provocado que el fabricante de transgénicos Monsanto afirmara que invertirá en tecnología de modificación genética fuera de Europa si se aprueba la redacción actual, mientras que la Fundación Antama, que representa al sector español de empresas de biotecnología, ha rechazado el acuerdo porque cree que «nacionalizará» su autorización y dará pie a «prohibiciones subjetivas».

La única realmente satisfecha ha sido la ministra española de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, que celebró el acuerdo al considerar que beneficiará a España, y que en su opinión ayudará a la UE a dejar de ser una «isla» al margen de los avances de estos cultivos.

«Para España es importante el avance que se ha logrado, llevábamos mucho tiempo tratando de desbloquear la situación actual», afirmó García Tejerina, quien agregó que «la posición de España es apoyar las decisiones tomadas sobre las evaluaciones de los científicos» respecto a las autorizaciones de nuevos transgénicos.

El resto de países siguen tan divididos como entraron, ya que la fórmula aprobada, que permite la comercialización y la prohibición de cultivos simultáneamente, abre unas lagunas legales que nadie sabe cómo pueden acabar.

Monsanto dice que se llevará el dinero de la inversión fuera

Por su parte, Monsanto en un comunicado, además de advertir que invertirá fuera de Europa si se aprueba, señala que esta prohibición concedería a los Estados Miembro que se oponen a los cultivos modificados genéticamente (MG) la posibilidad de restringir o prohibir su siembra por motivos no científicos.

A su juicio, se podría producir a pesar de que expertos de la Unión Europea han avalado su seguridad y que estos OMGs se han cultivado con éxito en todo el mundo durante los últimos 20 años. «Sería tragicómico, si no enviara tan mala señal al resto del mundo, que está bien hacer caso omiso a la ciencia y prohibir cosas por razones populistas», ha insistido.

En su comunicado, ha considerado que el título de la propuesta -«La posibilidad de que los Estados Miembro restrinjan o prohíban el cultivo de OMG en su territorio»- muestra cómo las objeciones de la UE ante los organismos modificados genéticamente son políticas más que científicas.

Una opinión que justifica porque todos los OMGs que se estarían restringiendo/prohibiendo habrían recibido una opinión positiva de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA).

Para Monsanto, la posibilidad de restringirlos o prohibirlos por motivos no científicos .como «Política Pública», «Política Territorial» o «Impacto Socio-Económico»- tendría que estar previamente basada en nueva evidencia científica de efectos adversos.

Sin embargo, ha resaltado, esto ha frustrado a algunos Estados Miembro que desean introducir prohibiciones, pues «la tecnología MG ha demostrado su seguridad de forma consistente». Y h a recordado que la compañía tiene un producto MG en Europa, el maíz MON810, que ha sido cultivado con éxito en España, Portugal y en otros lugares durante más de una década (Europa Bio).

El sector de biotecnología rechaza el acuerdo por «subjetivo»

Curiosamente, similares argumentos ha provocado que la Fundación Antama, que representa al sector español de empresas de biotecnología, haya rechazado el acuerdo porque cree que «nacionalizará» su autorización y dará pie a «prohibiciones subjetivas».

Según Antama, dicho pacto demuestra «la falta de voluntad de las instituciones europeas y de los países para aplicar correctamente el marco regulador de autorizaciones de OGM aprobado con anterioridad».

«Nacionalizar una política común europea basándose en razones no objetivas es un precedente negativo y contrario al espíritu del mercado único», ha añadido.

A su juicio, con la nueva normativa un país podrá rechazar formalmente una tecnología por razones no científicas, lo que establece un «precedente peligroso y envía una señal negativa para la industria y el sector agrario europeo».

Según Antama, «debería corresponder a cada agricultor decidir lo que quiere sembrar en sus campos». En su opinión, el actual marco jurídico de la UE para el cultivo de transgénicos, aprobado en 2001, «nunca se ha sido aplicado correctamente».

Greenpeace no ve nada claro

Finalmente, la organización Greenpeace rechazó el acuerdo por sus «lagunas legales» y denunció los «riesgos» que supone, según un comunicado.

La ONG afirmó que los países que decidan finalmente prohibir el cultivo de transgénicos en su territorio carecerán de «herramientas» para defenderse en los tribunales ante los potenciales pleitos que las multinacionales propietarias de transgénicos planteen.

«No tiene base legal sólida para las prohibiciones, que podrán ser rebatidas con éxito en los tribunales por las compañías, que ganarán frente a los países», afirmó el encargado de Agricultura de Greenpeace UE, Marco Contiero.

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