La dimisión del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, también va a tener una clara repercusión en el campo, ya que con él se va la posibilidad de aprobarse en breve la reforma del Cödigo Penal que, al margen de la polémica del aborto, también debe recoger el incremento de las penas de cárcel para los robos en el campo. Con su marcha del Ministerio, no sólo se paraliza de nuevo todo este proceso de reforma, que acaba de cumplir un año desde la aprobación por el Gobierno pero que se encuentra en punto muerto en el Congreso a la espera de una tramitación final que no llega nunca, sino que también habrá que esperar a que su sustituto, Rafael Catalá Polo, actual secretario de Estado de Infraestructuras, lo retome y que ratifique los acuerdos alcanzados con las organizaciones agrarias en su momento. Incluso se da la paradoja de que el otro adalid de esta reforma, el ex ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, también ha dejado el cargo de ministro, aunque por otras cuestiones.
Como se recordará en la reforma del Código Penal que se había logrado consensuar con el Gobierno, con el apoyo de todas las organizaciones agrarias, se recogían penas de entre uno y tres años para aquellos robos o asaltos a explotaciones agrarias o, como se iba a reflejar en la nueva ley, «lugares desprotegidos fuera de núcleos urbanos vinculados con carácter agrícola y ganadero».
Asimismo, según se habló en su momento, se barajaba la posibilidad de endurecer las condenas si afectan a conducciones de sumunistro eléctrico, telecomunicaciones, cobre o riego, además de tenerse en cuenta la reparación de los daños colaterales que se hayan cometido, como costes y tiempo de reparación o la interrupción del trabajo.
De igual modo, estuvo sobre la mesa las medidas a tomar en casos de multirreincidencia, ya que en la mayoría de los asaltos se suelen tratar de bandas organizadas, que incluiría que en el nuevo articulado de reforma del Código Penal, las penas de prisión puedan iniciarse desde los 4 años.
De igual forma, Gallardón se comprometió a incluir la posibilidad de exigir «el pago de la responsabilidad civil por los daños y perjuicios derivados del hecho punible como ‘requisito indispensable’ para aplicar la suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad».
Por último, también estaba sobre la mesa el conseguir que los fiscales y los jueces, en el caso de detenciones con pruebas materiales, agilicen los trámites para estas sean devueltas lo antes posible a los damnificados para que puedan en su caso continuar con su actividad, si así lo requiriese, para que no cause un mayor perjuicio económico al agricultor.
Quejas del sector por los retrasos
Y aunque todo esto se dio prácticamente por hecho, incluso con el respaldo del entonces ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, que apoyó las reivindicaciones de las organizaciones agrarias y propició un encuentro entre el propio Gallardón, ASAJA y él mismo, lo cierto es que ahora todo vuelve a quedar en suspenso.
Un suspenso que, al margen de la polémica del aborto, ya estaba siendo fuertemente criticado por el propio sector agrario y ganadero, que veían cómo la actuación de los nuevos equipos ROCA lograban reducir los robos y asaltos de forma importante, pero no tanta como para frenar los robos, sobre todo en los momentos de cosecha.
Los últimos asaltos, incluso con agresiones a los agricultores, había vuelto a sacar a la palestra el enfado con el retraso. Un retraso con el que ahora deberá lidiar el nuevo ministro… y los propios agricultores y ganaderos.
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