Las dudas jurídicas sobre la modificación por parte de Industria de la metodología de asignación de los costes del transporte y la distribución en los peajes eléctricos, cuya potestad otorga una directiva europea a la CNMC, ha llevado al Gobierno a reforzar dicha modificación para dotarla de rango de ley, evitando así problemas en los tribunales.

El pasado 3 de septiembre, el Ministerio de Industria remitió para su informe a este organismo un proyecto de real decreto relativo a los territorios eléctricos no peninsulares, que incluía varias disposiciones que suponían un cambio en la metodología aprobada por la CNMC en mayo. El objetivo último de este cambio era poder rebajar los peajes eléctricos a la industria vasca y cumplir con el compromiso adquirido por el Gobierno de Mariano Rajoy con el PNV el pasado mes de diciembre.

Ahora, tal como avanzó ayer eldiario.es una enmienda del Grupo Popular en el Congreso (la 58) al proyecto de Ley de Metrología (norma ajena al sector) propone incluir una disposición final con varias modificaciones de la Ley Eléctrica. La enmienda persigue habilitar al Gobierno para que pueda modificar la estructura de los peajes. Para el Gobierno, la metodología de la CNMC es una mera asignación de costes, pero la determinación de los peajes corresponde al ministerio que, como viene a señalar la enmienda, es el verdadero regulador.

Fuentes próximas al Ejecutivo reconocen que esta propuesta va encaminada a reforzar jurídicamente una decisión que, reconocen ahora, no solo beneficiará a la industria del País Vasco suministrada en media tensión, sino también a las comunidades de regantes, a las que se dotará de una tarifa específica. Algo que Industria podrá hacer libremente al controlar la estructura de los peajes.

El cambio metodológico en cuestión supone cambiar el umbral entre la media y la alta tensión, que la CNMC mantiene en 36 kV y el ministerio quiere bajar a 30 kV. Dado que las empresas industriales del País Vasco conectadas en media tensión tienen 33 kV (el que le permite la red de distribución de Iberdrola) y que la alta goza de peajes más baratos, el coste les bajaría sin más. Concretamente, se propone desdoblar los peajes en media tensión (el 6.1) estableciendo uno para el rango entre 30 y 36 kV.

En la justificación de la enmienda, el PPdice que “la metodología debe ser genérica, para diferentes niveles de tensión y periodos horarios, únicos principios que rigen la estructura de peajes que determina el Gobierno”. Aunque con el cambio de la Ley Eléctrica el Gobierno pretende zanjar los problemas de interpretación con ciertos sectores de la CNMC, fuentes jurídicas aseguran que, “por mucho que se cambie la Ley Eléctrica y la de creación de este organismo, la decisión conculca la normativa europea”.

La enmienda subraya lo que se sospechaba desde la transposición de la directiva que otorga al organismo la potestad de fijar un método para calcular los peajes: que el Gobierno no se resigna solo a fijar su cuantía, sino que quiere también imponer su estructura y las condiciones de su aplicación.

CNMC: «se rompe el principio de peaje único en todo el territorio nacional»

La decisión del Ministerio de Industria de cambiar el límite entre la alta y media tensión, que se traducirá en una rebaja de las tarifas de acceso para la industria vasca (se desdobla la actual tarifa de media tensión en dos, y la más barata se aplicará a dicha industria, que está conectada en 33 kV), ha sido muy criticada por el resto de comunidades autónomas y las rivales de Iberdrola en el consejo consultivo de la CNMC.

Pero también por este organismo Así, en su dictamen del real decreto sobre sistemas no peninsulares que incluye esta medida y que acaba de publicar, la CNMCconsidera que en la propuesta “no se justifican los criterios técnicos o económicos que han conducido a la escisión del actual peaje 6.1 en dos diferenciados en función del nivel de tensión (entre 1 y 30 kV y entre 30 y 36 kV) solo para consumidores con potencia superior a 450 kW”.

La CNMC considera que la metodología que aprobó en una circular la pasada primavera y que ahora quiere cambiar el Gobierno, “no entra en las especificidades concretas de diseño de las redes de cada distribuidora”, que responden a muy diversos factores. “Tener en cuenta las particularidades de cada red podría llevar, en último extremo, a que cada consumidor de una misma categoría pagara un precio distinto”, lo que rompería, según el regulador, “el principio de peaje único en todo el territorio nacional que estipula la ley”.

La CNMC defiende su metodología basada en el pago de costes medios según niveles de tensión de las redes. Teniendo en cuenta que estos niveles de tensión no son homogéneos en todo el país, “los clientes de cada zona podrían llegar a reivindicar que sus peajes solo incluyeran los costes de las redes que realmente utilizan”, señala el dictamen.

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