Una exención para los regantes del 85% en el Impuesto Especial sobre la Electricidad (IEE) y una reducción en el régimen de módulos del IRPF son las medidas que el Gobierno central ha presentado a la Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España (Fenacore) y a las organizaciones agrarias Asaja, Coag y UPA con el fin de poner remedio al aumento de costes que supuso la tarificación que el Ministerio de Industria aprobó en agosto de 2013, con subidas del 100% de los costes energéticos para los regadíos modernizados.

La ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, presentó ayer la propuesta, consensuada con el Ministerio de Hacienda, al sector. Su departamento destaca en un comunicado que la exención en el IEE y la rebaja en los módulos supone dejar al campo 55 millones anuales, frente a los 50 que se lleva el tarifazo, según datos «contrastados con las asociaciones de regantes.

El ministerio señala que los cambios en el régimen de módulos tendrán efectos ya este año, mientras que la exención del 85% del IEE se aplicará el año que viene. García Tejerina, que estima un impacto de 650 euros de media por explotación, destacó que el ministerio, Fenacore y las organizaciones agrarias llevan un año buscando una solución al problema de las tarifas eléctricas para los regadíos modernizados y que ambas medidas influirán en una «mejora de la competitividad de las explotaciones de regadíos, que tienen una enorme importancia en la agricultura española».

La Asociación de Comunidades de Regantes de la Cuenca del Duero (Ferduero), que preside el leonés Ángel González Quintanilla, presente en la reunión con la ministra en calidad de vicepresidente de Fenacore, explicó ayer en un comunicado que la exención del 85% en el IEE se aplicará sobre un tipo impositivo del 5,11%. El ahorro estimado con esta medida se sitúa «cerca de los 30 millones de euros anuales para todo el regadío español». Por su parte, la reducción de los módulos del IRPF supondría una rebaja entorno a 25,2 millones anuales, añaden los regantes.

Ferduero señala que el Ministerio de Industria mantiene su postura inicial de no aceptar una contratación específica para un sector «con un consumo estacional, ya que podría conllevar una modificación de las pautas de consumo de otros usuarios para acogerse a las posibles mejoras».

Los regantes esperan la adopción de otras medidas, como la introducción de «cambios en el calendario de periodos de consumo ya aplicados a la distribución». Si éstos no se incluyen en la normativa, se producirán nuevas reivindicaciones. Además, aspiran a realizar dos contratos anuales, «para adaptarlos a los periodos de consumo estacional y poder pagar por la potencia realmente utilizada y no por la teórica contratada».

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