MURCIA. Más expedientes sancionadores que en años anteriores. El celo y control de la Confederación Hidrográfica del Segura contra las extracciones no permitidas de agua, los riegos ilegales y los vertidos clandestinos se tradujo el año pasado en un incremento del número de expedientes abiertos hasta sumar los 567. De esta cantidad, la gran mayoría se consideran infracciones leves; mientras que once fueron graves y se remitieron a la ministra de Medio Ambiente para que decida la sanción correspondiente. Sólo uno se consideró muy grave y se ha remitido al Consejo de Ministros.

El escenario ya se conoce: la cuenca del Segura atraviesa el tercer año de fuerte sequía, sin apenas recursos propios y con riegos de socorro desde la cabecera del Tajo a cuentagotas. El resto de los caudales necesarios para la agricultura se capta a través de pozos.

Según informó ayer el organismo de cuenca, en los tres últimos años no ha caucado ningún expediente sancionador. Asimismo, a día de hoy ya están resueltas o en tramitación todas las sanciones levantadas en el ejercicio anterior, según informó ayer el presidente de la Confederación, José Salvador Fuentes Zorita, quien precisó que el objetivo es «evitar cualquier posible caducidad en la actividad sancionadora y, por consiguiente, el riesgo de impunidad».

La Confederación abrió el año pasado 99 expedientes por construcción y explotación de pozos; 56 por riego ilegal; 93 por vertido a cauces; 15 por depósitos de escombros o inertes; 177 por obras y ocupación de cauces; y 127 por otros motivos, tales como el incumplimiento de una resolución, desobediencia a requerimientos, incumplimiento de condiciones, extracción de áridos, derivación de aguas, modificación de características, depósitos ilegales, y modificación de la «fase atmosférica».

Más de 400 expedientes

De acuerdo con la cuantía de las sanciones, el organismo de cuenca ha incoado 408 expedientes leves y 147 menos graves (en ambas categorías son resueltos por la propia CHS); once graves (que se remiten a la ministra de Medio Ambiente); y uno muy grave (que debe ser resuelto por el Consejo de Ministros). De los doce expedientes graves o muy graves, cuatro han sido abiertos por explotación de pozos; otros cuatro por riegos ilegales; y el resto por derivar más agua de la pemitida. Asimismo, 34 expedientes han sido remitidos a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, por si los hechos denunciados fuesen constitutivos de delito, de acuerdo con lo establecido en el Código Penal.

Los infractores han tenido que abonar a la Confederación 560.119 euros en concepto de daños al dominio público hidráulico. Esta cantidad se reinvierte íntegramente para la recuperación medioambiental de la cuenca del Segura.

La Confederación aprecia que, «con las medidas ejemplarizantes» se ha detectado una disminución de las irregularidades graves, «a pesar de la delicada situación que atraviesa la cuenca en su tercer año consecutivo de grave sequía hidrológica». Esta apreciación, no obstante, no concuerda con los datos de los dos años anteriores, en los que hubo menos sanciones graves y muy graves.

Fuentes Zorita ha mostrado su «reconocimiento a los colectivos y organismos que han colaborado a la hora de denunciar cualquier tipo de actividad irregular».