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La primera piedra que el entonces Presidente del Gobierno, José María Aznar, puso el 14 de noviembre de 2002 para marcar el comienzo de las obras de conducción entre la cuenca del Júcar y el Vinalopó no se apoyaba sobre unas bases firmes. Doce años después, sólo han sido trasvasados 8 hm3, de los 80 anuales que se preveían, y se han enterrados 400 millones de euros bajo tierra, de los que todavía hay que dar cuentas a Bruselas del buen uso de los 120 millones de la subvención recibida.

Los cimientos sobre los que se sustentaba esta gran infraestructura poco a poco han ido saltando por los aires hasta llegar a una situación actual que hace difícilmente viable su continuidad. El acuerdo inicial que recibió su aprobación, sin ningún voto en contra en el Consejo del Agua de la Cuenca de 1997, es ahora irrepetible, y lo que es peor, el trasvase ha derivado en un conflicto social de enfrentamiento entre la cuenca cedente y la beneficiaria que nunca se debería haber permitido.

Las previsiones técnicas que se contemplaban tampoco eran realistas, y así lo demostraron los estudios realizados en 2005 por la Comisión Técnica encargada de analizar la viabilidad de esta obra, que redujeron las expectativas de trasvase de los 80 hm3, a apenas unos 20 hm3, dando razón a aquellos que ya habían denunciado el reparto de agua de papel de un río Júcar imaginario entre los dos grandes artífices de la época: José Bono y Eduardo Zaplana.

La reacción entonces del Gobierno, con José Luis Rodríguez Zapatero a la cabeza, de cambiar la toma de Cortes a Cullera, donde los técnicos asignaban más caudal, para uso exclusivo de riego y confiar la garantía del abastecimiento en Alicante al Plan de Desalación puesto en marcha con el programa AGUA, fue el detonante de una reacción furibunda del Partido Popular que se había enrocado en aquel lema de aroma neohippy de «Agua para todos», en que cristalizaba su política hídrica de enfrentamiento contra el gobierno socialista y el derogado trasvase del Ebro.

El cambio de toma encarecía las obras, aumentaba los costes de explotación (hay que elevar a más altura el agua), pero aunque resulte paradójico no incrementaba el coste del metro cúbico del agua trasvasada, por una razón obvia, se podía enviar más agua al Vinalopó. La negativa a este argumento económico ha sido una constante en los últimos años, pero se ha ocultado el verdadero porqué: los hogares iban a financiar con el recibo del agua el riego agrícola. La tarifa media que se fijaba en los acuerdos de 2001 era de 11 céntimos para la agricultura y de 25 para el abastecimiento, subvención que desaparecería si se ponía en marcha la desalación para el consumo doméstico de la población.

La cuerda se ha tensado hasta un límite insostenible. Las razones que permitieron la declaración de interés general de esta inversión y las condiciones fijadas por la Comisión Europea para su financiación pueden quedar en entredicho si se sigue manteniendo el conflicto actual. Elevar la inversión de los 400 millones ya gastados a más de 700, si se acometen las inversiones previstas en el Plan de Cuenca y se atienden las demandas de un nuevo cambio de toma, son sencillamente inaceptables. Al igual que es intolerable que en una provincia en que la tasa de desempleo es del 24%, y en dónde el 38% de los hogares declaran que sufren dificultades para llegar a final de mes, sea el recibo del agua el que financie la agricultura.

Las posturas están muy enfrentadas, pero resolver este conflicto pasa por respetar las necesidades ambientales del río Júcar y de la Albufera, no reducir la garantía de los usuarios de la cuenca cedente y aceptar el agua desde el Azud de la Marquesa para el regadío, intentado a toda costa que su precio sea asumible para el agricultor.

Enrique Lapuente es ingeniero de caminos

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