El presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, aseguró ayer que no hay “ningún razonamiento intelectual que justifique la derogación del trasvase del Ebro previsto desde la desembocadura y, sin embargo, un trasvase que se hace desde la cabecera, como es el caso del Tajo, me parece una incongruencia enorme”.

De este modo, Barreda puso ayer en entredicho una decisión adoptada por José Luis Rodríguez Zapatero, presidente del Gobierno y secretario general de su partido, el PSOE, y ejecutada por la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, el 18 de junio de 2004: la derogación del trasvase de 1.050 hectómetros cúbicos anuales de aguas del Ebro para la Comunitat Valenciana, Murcia, Almería y el área metropolitana de Barcelona, cuya construcción ya había iniciado el anterior Ejecutivo central.

Barreda, además, estudia “muy seriamente” sumarse a la “situación planteada” por el presidente de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, que recurrirá ante el Tribunal Constitucional el estatuto de Andalucía, por las competencias que se atribuye sobre el Guadalquivir.

Según Barreda, que hizo estas declaraciones en la emisora Onda Cero, las comunidades autónomas que tienen competencias exclusivas en agricultura, medio ambiente, urbanismo y vivienda y ordenación del territorio, deben de formar parte de los órganos de gestión y planificación del agua.

Contra el Tajo-Segura
Así, indicó que Castilla-La Mancha forma parte “de la España seca y por ello tenemos un problema estructural de falta de agua” y que en los años de sequía el trasvase Tajo-Segura se pone todavía más en evidencia.

El presidente de Castilla-La Mancha explicó que su Gobierno está estudiando “muy seriamente” sumarse a Extremadura en el recurso contra el estatuto andaluz, dado que un 7,13% de la cuenca del Guadalquivir se enmarca dentro de sus límites territoriales. En este sentido, Barreda indicó que la región “necesita también las aguas superficiales del Tajo, porque pronto vamos a ser dos millones de castellano-manchegos. Cuando se dice agua para todos, yo estoy de acuerdo, pero inmediatamente añado: también para Castilla-La Mancha”.

La decisión de Rodríguez Ibarra y el anuncio de Barreda de seguir los pasos del presidente autonómico de Extremadura ante el estatuto de su compañero de partido, Manuel Chaves, tienen, a juicio del conseller de Infraestructuras de la Generalitat Valenciana, José Ramón García Antón una causa común: la política hídrica de Rodríguez Zapatero.

‘‘Ibarra va a recurrir al Constitucional el estatuto de Andalucía, Castilla-La Mancha parece que también. Cada autonomía va a recurrir, a defender sus intereses específicos y eso se debe a que se está practicando una política de autarquía con el agua’’, señaló el titular de Infraestructuras.

Para García Antón, el culpable de esta política de autarquía ‘‘es el Gobierno. No se puede dejar el agua en manos de cada comunidad autónoma. El agua es un recurso escaso y una cuestión de Estado. Recuerdo cuando en 1993 el PSOE defendía que era el único partido político de España que podía elaborar un Plan Hidrológico Nacional solidario y no lo hizo. Ha pasado mucho tiempo desde entonces y este es el resultado’’.

El melón de la insolidaridad
El conseller García Antón abogó por una política de agua ‘‘nacional, de solidaridad, de gestión y de distribución’’.

El titular de Infraestructuras indicó que la derogación del trasvase del Ebro a las cuencas mediterráneas ‘‘abre el melón de la insolidaridad entre comunidades autónomas’’. Eso implica, a juicio del conseller, que se convierta en ‘‘imposible’’ cualquier política de cesión de recursos hídricos de una cuenca excedentaria a otra que no lo sea.

‘‘Con la derogación de la transferencia del Ebro se cargaron la vertebración, la política hídrica global. Se inicia en el Ebro, que fue la espoleta, y después se pone en cuestión el trasvase Tajo-Segura. Recordemos que la ministra Cristina Narbona ha dicho en más de una ocasión, aunque después rectificara, que la conducción Tajo-Segura tenía los días contados’’, afirmó García Antón.

Para el conseller de Infraestructuras y responsable de la política de aguas que desarrolla la Generalitat, el argumento del presidente de Castilla-La Mancha para exigir la extinción del trasvase Tajo-Segura es la anulación del trasvase del Ebro, ‘‘el ejemplo que Zapatero y Narbona han dado sobre la política de la insolidaridad’’.

El conseller, que acepta las políticas de desalinización de agua como un complemento a los trasvases entre cuencas, se mostró absolutamente disconforme con que esa sea la única solución del Gobierno central frente a la sequía, como propone el director general de Agua, Jaime Palop.

‘‘La desalinización masiva no soluciona el problema. Es inviable para los agricultores y condena a muerte la agricultura mediterránea. Al final tendremos que trasvasar agua del mar a Castilla-La Mancha’’, dijo.