A principios de esta semana, la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, acudía a los desayunos de Europa Press para hablar del agua. Y, actualidad manda, las crónicas de su intervención se abrían con el Trasvase Tajo-Segura y la carrera de los estatutos.

Pero Narbona también habló del precio del agua. Sobre este asunto, la ministra indicó que éste debe «ayudar a avanzar en su uso eficiente», y así lo recogerá la reforma de la Ley de Aguas. Así, la modificación legislativa contemplará «una modificación del régimen económico y financiero», pero no cuantificará el incremento en el recibo del agua.

La ministra aseguró que se tendrá que analizar «cuenca a cuenca y cultivo a cultivo en el caso de la agricultura», y el efecto de este cambio legislativo será «distinto en función de los distintos usuarios del agua y en particular de la agricultura, y distinto en las ciudades, ya que el recibo de agua en unas ciudades no tiene nada que ver con el recibo de otra ciudad».

La responsable de Medio Ambiente recordó que según la directiva europea «los precios del agua deben reflejar la totalidad de sus costes», y que se pueden plantear excepciones como en el caso de España y el ámbito agrario.

En las grandes ciudades españolas como Madrid, Barcelona o Valencia, los precios del agua «están bastante cerca de cubrir los costes totales de abastecimiento y saneamiento», según Narbona, por lo que el debate se centrará en «cómo se distribuyen los costes entre los distintos usuarios del agua dentro de una ciudad de acuerdo con la mayor o menor eficiencia en el consumo del agua».

Narbona puntualizó que son los ayuntamientos los que «se ocupan de la correcta distribución del agua para su uso en la ciudad y del saneamiento», y son quienes «deciden cómo trasladar a los ciudadanos el coste del saneamiento y del abastecimiento, y tienen un importante papel en la fijación de los precios».