El consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía, Gaspar Zarrías, anunció ayer, respecto a que Extremadura y Castilla-La Mancha puedan recurrir el nuevo Estatuto de Andalucía ante el Tribunal Constitucional (TC), que el Gobierno andaluz «hará lo que esté en sus manos para convencer a Ibarra y a Barreda de que no hay nada por lo que preocuparse» en el nuevo texto.

En este sentido, Zarrías argumentó, dirigiéndose al presidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, que «Extremadura no va a perder nada de lo que tiene, ni un milímetro cúbico de agua (al asumir Andalucía competencias sobre la cuenca del Guadalquivir), porque no es ese, ni mucho menos, el objetivo de Andalucía».

Respecto a Castilla-La Mancha, Zarrías señaló que lo que ha planteado el presidente de dicha comunidad autónoma, José María Barreda, está en su derecho a hacerlo», aunque el consejero andaluz dijo estar seguro de que cuando Barreda estudie el nuevo Estatuto andaluz «verá que no hay ningún tipo de problema, y que el cinco por ciento de la cuenca del Guadalquivir que está en el territorio de Castilla-La Mancha, aguas arriba, no va a sufrir ningún deterioro, ya que la planificación general de la cuenca corresponderá al Gobierno de la Nación, y la administración y la gestión de las aguas que discurren por Andalucía serán de la Junta de Andalucía». IU de Andalucía realizó una defensa del recién aprobado Estatuto de Andalucía, tras el que prometió velar por el autogobierno del que dota a la región, para que este no se vea afectado por el «desconcierto interno sobre política territorial que sufre el PSOE» que, a su juicio, demuestran los recursos que Extremadura y Castilla-La Mancha meditan presentar ante el TC.

Por su parte, el ex presidente de Castilla-La Mancha José Bono dijo ayer que los ríos «no son propiedad de ninguna comunidad autónoma, ni de grupos de regantes, ni de los usuarios», pues, según agregó, «la ordenación de este recurso escaso que genera riqueza corresponde al Estado».