La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, consideró ayer que la reforma de la Ley de Aguas contribuirá a que haya «más serenidad» en el debate sobre las competencias de las comunidades autónomas en la gestión de los ríos. La ministra respondía así a los recelos y suspicacias despertados en las regiones limítrofes -Extremadura ha anunciado recurso ante el Tribunal Constitucional- por el nuevo estatuto andaluz, que blinda la titularidad del tramo del Guadalquivir que fluye por su territorios. Narbona recalcó que el nuevo estatuto andaluz «garantiza» los derechos de Castilla-La Mancha, Extremadura y Murcia respecto al Guadalquivir, cuya cuenca comparten, y que las competencias se concretarán cuando entre en vigor la nueva Ley.
La gestión hidrográfica de la cuenca del Duero es una de las principales aspiraciones que pretende conseguir Castilla y León con el nuevo Estatuto.
Durante la conferencia sectorial de Medio Ambiente celebrada en Sevilla, Narbona reiteró que la transferencia de las competencias sobre el Guadalquivir a Andalucía, según consta en el recién aprobado Estatuto, afecta exclusivamente a las aguas que discurren por esta comunidad autónoma. La ministra insistió en que la redacción del artículo 51 del texto estatutario «no cambiará nada en la planificación hidrológica de la cuenca ni en la gestión de las aguas del Guadalquivir que transcurren fuera de Andalucía». Con todo, adelantó que la reforma de la Ley de Aguas dejará «perfectamente detallado y ajustado a la Constitución» las competencias de las comunidades gestión de ríos que transcurren por más de una región.
La transferencia de competencias del Guadalquivir a la Junta de Andalucía será un proceso «que llevará bastante tiempo», y que irá paralelo a la reforma de la normativa, por lo que, según adelantó la consejera andaluza de Medio Ambiente, Fuensanta Coves, lo primero será valorar los medios técnicos, humanos y económicos para acelerar el traspaso. Asimismo, la titular del ramo apuntó que la reforma de la Ley de Aguas está «muy avanzada».