El vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha anunciado este miércoles que el Ejecutivo regional ultimará la próxima semana el recurso al último trasvase para regadío aprobado en el Consejo de Ministros del pasado 2 de febrero, en el que se autorizaron once hectómetros cúbicos.
García-Page hizo referencia a la Comisión de Explotación del trasvase Tajo-Segura, que, como ha informado EL DIGITAL, este mismo martes recomendó 38 hectómetros cúbicos para abastecimiento humano en los próximos tres meses. Según el vicepresidente, esta decisión «es doble, pues no propone un trasvase para regadíos y sí uno trimestral para consumo humano, y la opinión del Ejecutivo regional sobre el consumo de población difiere netamente del uso agrario».
En este sentido, manifestó que «mantenemos un planteamiento de prudencia pero distinguiendo con claridad el abastecimiento humano, lo que nos da una fuerza y consistencia extraordinaria para negarnos en la derivación para regadío».
El portavoz regional recordó que «no hace tanto tiempo, era muy fácil hacer trasvases para regadíos, era lo habitual. Ésta sigue siendo la demanda del Levante español y, sin embargo, se han reducido de una manera drástica los trasvases del regadío y, con mucha frecuencia, se atiende a la posición de Castilla-La Mancha para que los trasvases de este tipo no se planteen al Consejo de Ministros».
Recurso contra la venta de agua de Estremera
Por otro lado, García-Page anunció que el Gobierno de Castilla-La Mancha está estudiando plantear un recurso a la compra de 31 hectómetros cúbicos de agua para riego por parte de los regantes de Murcia a los de Estremera (Madrid).
A su juicio, «más allá de que se busquen parches para solucionar situaciones de relativa necesidad, no nos parece razonable establecer un mercado del agua como se está planteando. Esta política -prosiguió- pone de manifiesto contradicciones y conflictos de intereses que son, en algunos casos, bastante despreciables. Consideramos que tenemos muchas posibilidades de plantear el recurso y de ganarlo».
Asimismo, explicó que «podemos entender el apremio de la Administración del Estado para intentar parchear de mala manera una situación de este tipo, pero no compartimos esa filosofía y creemos que no se han cumplimentado los procedimientos que el propio decreto que establece esa posibilidad definía en el pasado», apuntó.
Desaladoras: alternativa o complemento
Respecto a la intención de la Comunidad Valenciana de paralizar las obras de construcción de la mayor desaladora de España en Torrevieja (Alicante), que aliviará el trasvase Tajo-Segura, García-Page manifestó que es una «contradicción lacerante» que en el Levante español digan que necesitan agua y luego pongan pegas a una obra que les garantiza el agua de por vida.
«Ya hemos dicho muchas veces que lo realmente quieren no es agua. Lo que quieren es el agua tirada de precio, y que además la paguemos todos los españoles», indicó el vicepresidente segundo, quien denunció que esta situación «pone al descubierto la hipocresía de muchos discursos del Levante español».
En su opinión, «o necesitan agua o no, pero si la necesitan lo que no pueden hacer es dificultar la generación de infraestructuras que la van a garantizar de por vida». De esta manera, indicó, el agua del mar será «complementaria en el Levante de los recursos superficiales con los que ya cuentan, pero el trasvase no puede ser permanentemente un elemento complementario. Debe tener fecha de caducidad».
Posible recurso también al Estatuto andaluz
Preguntado por los medios sobre las declaraciones del presidente andaluz, Manuel Chaves, quien ayer dijo que está «abierto» a reunirse con los presidentes de Extremadura y de Castilla-La Mancha para ofrecerles la información necesaria sobre el Estatuto de su comunidad, García-Page aseguró que «nosotros estamos dispuestos a escuchar todos los argumentos», pero al final, el que prevalecerá en la decisión de recurrir o no el texto andaluz «será sólo uno: la defensa de nuestros intereses regionales».
Así, el portavoz regional manifestó que «no queremos entrar en conflictos de vecindad con otras comunidades autónomas», pero si los informes jurídicos concluyen que el Estatuto andaluz afecta o perjudica los intereses de Castilla-La Mancha «huelga decir cuál va a ser nuestra decisión, porque lo más importante es que todo el mundo sabe cuál será», apostilló.