La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, reiteró hoy que ante los nuevos Estatutos de Autonomía sigue prevaleciendo la Constitución y que ésta establece que en la gestión de los ríos que trascurren por más de una comunidad autónoma «la última palabra la tiene el Gobierno».

Narbona indicó en un desayuno informativo organizado por Fax Press e Intereconomía que «otra cosa son los mecanismos de concertación con las comunidades autónomas» y afirmó que el objetivo es incorporar a las CCAA en los ámbitos de concertación para lo que se creó el pasado Consejo de Ministros la Conferencia Sectorial del Agua. Un foro en el que están representadas la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas, y donde se analizarán y debatirán los proyectos de ley relativos a política del agua, planes hidrológicos de demarcación y Plan Hidrológico Nacional.

«Las comunidades autónomas no asumen nada en sus estatutos que no diga ya la Constitución: que los ríos que nacen, transcurren y mueren en una comunidad son gestionados por ella, pero con criterios de calidad ecológica similares tanto si son internos como intercomunitarios», indicó la ministra.

En cuanto a los precios del agua, la titular de Medio Ambiente comentó que el Ministerio realizará junto con el de Agricultura un estudio cuenca a cuenca y cultivo a cultivo para determinar cómo se aplicará la directiva marco de agua en 2010 y cómo incorporar todos los costes del agua al precio final. La ministra apuntó que los precios que se pagan en las ciudades por agua doméstica «es más aproximado en sus costes que lo que se paga en agricultura».

Por su parte, el profesor de Economía Pedro Arrojo indicó que en la actualidad se pagan 1.000 euros por metro cúbico de agua embotellada, un euro/m3 de agua de grifo, 0,1 euros/m3 en agricultura y 0,4 euros/m3 de agua desalada. Además, el trasvase de Tortosa a Almería supondría un coste igual que bombear el agua a 1.200 metros de profundidad del mar hasta la superficie.

En relación a la desalación, Narbona afirmó que es una de las actuaciones que lleva a cabo el Gobierno pero el programa AGUA «no es cambiar un trasvase por desaladoras, sino por un conjunto de actuaciones, como modernización de regadíos e infraestructuras existentes». Y añadió que «arreglar cañerías y conducciones no es tan espectacular como construir embalses», pero recordó que es importante evitar las fugas y promover la gestión racional del recurso.

Concretamente sobre la desaladora de Torrevieja (Alicante), Narbona indicó que se le va a proporcionar toda la información pedida a la Generalitat Valenciana y que los camiones para la construcción entrarán por la carretera nacional.

Por otra parte, Narbona comentó un estudio que se lleva a cabo en Alicante para desde el aire estudiar los acuíferos de la provincia, y en los primeros resultados se ha podido observar que hay unos 400 hectómetros cúbicos de agua.