La nueva de Ley de Aguas cederá a las Autonomías una parte del control de los ríos al reservarles un representante en los máximos órganos de dirección de las futuras demarcaciones hidrográficas, que el Estado controlará para jugar un papel «claro» de arbitraje en los conflictos interterritoriales.

Así lo manifestó el director general del Agua del Ministerio de Medio Ambiente, Jaime Palop, en una rueda de prensa en la que explicó el borrador de la nueva Ley de Aguas , que el Gobierno someterá mañana al debate de las Comunidades Autónomas en la Conferencia Sectorial, y que pretende ser «una herramienta para la sociedad del nuevo milenio».

La ley garantiza que «nadie en España padezca el no tener agua que le permita llevar una vida digna», por lo se establece un suministro de agua potable de calidad mínimo de 60 litros por habitante y día, dijo.

El borrador establece la creación del Comité de Autoridades Competentes, que es el órgano superior de dirección y cooperación de las demarcaciones hidrográficas, que es como se van a llamar las actuales Confederaciones Hidrográficas.

El Estado tendrá la mitad más uno del número total de sus miembros, mientras que las comunidades autónomas, cuyo territorio forme parte total o parcialmente de la demarcación hidrográfica, tendrán cada una un representante, pero su voto se ponderará, entre 0,10 y 1, en función de la superficie y la población, mediante una fórmula aun no desarrollada.

También las corporaciones locales tendrán un representante en esos comités.

En atención a las labores de gestión, registro, control e inspección de los usos del agua, tanto superficiales como subterráneas, desaladas o reutilizadas, se crea una tasa para recuperar el coste de la prestación de ese servicio, que oscilará desde los 0,2 euros por cada 1.000 metros cúbicos.

Palop explicó que así se dará respuesta a la situación actual por la que «estamos pagando todos los españoles vía impuestos y algunas personas estén obteniendo beneficios de un agua que es de todos».

Resolver el problema

La nueva ley pretende resolver el problema de la seguridad jurídica de las más de 1.300 grandes presas que hay en España, para lo cual se establece la obligación de registrar todas aquellas que tengan más de cinco metros de altura o una capacidad de más de 100.000 metros cúbicos, ya sean privadas o públicas. Otra de las novedades de la nueva Ley es el establecimiento de un Sistema Nacional de Cartografía de Zonas inundables, que realizarán las comunidades y los organismos de cuenca en un plazo previsiblemente de tres años.

Se creará una Conferencia Sectorial del Agua, que se complementará con un nuevo Consejo Nacional del Agua, distinto al actual, formado por asociaciones y organizaciones de defensa de intereses ambientales y representantes del mundo científico.

El borrador establece un Plan de Acción en materia de aguas subterráneas, de tal forma que se dará más competencias y más capacidad de actuación a las comunidades de usuarios.

Agregó que, además, existen 450.000 expedientes de aguas subterráneas, cuya tramitación supondrá un coste de entre 15 y 20 millones de euros.

El representante del Ministerio aseguró que en el borrador «no se hace ninguna referencia a obras hidráulicas concretas ni a trasvases concretos».

Por su parte, la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, aseguró que la nueva Ley de Aguas , que entrará en vigor en la presente legislatura, regulará los supuestos y condiciones bajo los que las comunidades autónomas gestionarán de forma «concreta» las cuencas de los ríos.

Narbona indicó que, para la aprobación de la citada Ley , el Consejo de Ministros dará su visto bueno el próximo mes y el Gobierno pedirá a las Cortes Generales una tramitación de urgencia para hacer posible que entre en vigor antes de que acabe la legislatura.

Asimismo, Narbona señaló que la nueva Ley de Aguas recogerá la configuración de demarcaciones mixtas para que la planificación de las cuencas hidrológicas integren a las «pequeñas cuencas» y «a las de mayor envergadura».

Satisfacción en la Región

Mientras, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes Regionales, José Molina, consideró que el borrador de la nueva Ley de Aguas «abre el camino» a la posición y a los planteamientos de Castilla-La Mancha sobre la participación de las comunidades en los órganos de gestión y caducidad del trasvase.

Molina considera que se trata de un buen proyecto de ley porque la coparticipación de las comunidades autónomas en los órganos de gestión del agua evitará «los blindajes» de los ríos, tal y como ha defendido Castilla-La Mancha, señaló el portavoz del PSOE.

Entiende que la nueva Ley de Aguas permitirá tener en cuenta la posición de Castilla-La Mancha en aspectos medioambientales de los ríos, como el caudal.

También podrá intervenir a la hora de decidir sobre los usos y establecer las obras hidráulicas necesarias para ello y «todo ello -agregó- será decisivo a la hora de decidir sobre la caducidad del trasvase Tajo-Segura».

Entre las cuestiones que a su juicio hay que mejorar, el portavoz parlamentario socialista se refirió a los aspectos que regulan los bancos de agua para evitar que primen criterios económicos de que «quien más pueda pagarla más agua se pueda llevar», además ahormar la representación de las comunidades en las confederaciones.