La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha considera que, aunque el borrador de la nueva Ley de Aguas plantea avances, un aspecto que habrá que discutir es la representación de las comunidades autónomas en las demarcaciones hidrográficas ponderando su voto en función de su población. El vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, se refirió al borrador de la Ley de Aguas presentado por el Ministerio de Medio Ambiente.

Este borrador, que cede parte del control de los ríos a las comunidades autónomas, señala que en las demarcaciones hidrográficas el Estado tendrá la mitad más uno del número total de sus miembros, mientras que las comunidades autónomas, cuyo territorio forme parte total o parcialmente de ellas, tendrán cada una un representante, pero su voto se ponderará, entre 0,10 y 1, en función de la superficie y la población, mediante una fórmula aún no desarrollada.

La representación según la población, dijo García-Page, es una de las cuestiones que se tienen que discutir, porque no es un criterio tan objetivo como pudiera pensarse.

Apuntó que se pueden considerar muchos factores, como los kilómetros de recorrido que tiene un río en una comunidad autónoma, las vinculaciones a cultivos o a proyectos de desarrollo, «la población no puede ser un criterio definitivo», afirmó.

El portavoz del Gobierno regional dijo que todos los criterios tienen que ser objeto de negociación, y «nosotros vamos a negociar para que algunos de los cambios que se adelantan en esta ley que van en la dirección correcta sean analizados con mucho más detalle y ponderando mucho más los intereses de las distintas comunidades autónomas». En cualquier caso, señaló que no quería dar más detalles y anticiparse a la negociación de la futura Ley de Aguas, porque quieren discutir el borrador directamente con el Ministerio.

Propuesta abierta

García-Page consideró que la propuesta del Gobierno central es «abierta y va a ser objeto de muchas opiniones, y muy contrapuestas entre unas comunidades autónomas y otras».

Todavía, dijo, es un proyecto que está empezando a dar los primeros pasos y sobre el que la Junta va a fijar un criterio de forma sosegada, «vemos algunos elementos positivos en los cambios que se plantean, pero queremos avances todavía más notables», aseguró.

El Gobierno de Castilla-La Mancha, continuó, tendrá una posición definida sobre el proyecto, pero aún tiene que contrastar muchas opiniones y muchos intereses, sin embargo, afirmó que «nuestra posición es tan clara que esta Ley de Aguas terminará aproximándose mucho más de lo que está ahora a la posición de Castilla-La Mancha».

Por su parte, el grupo parlamentario socialista de Murcia realizó ayer en la ponencia de la Comisión Especial del Pacto del Agua sus propuestas para alcanzar un acuerdo, que pasarían por declarar intocable el trasvase Tajo-Segura y continuar con las actuaciones de desalinización. Por otra parte, en el último tramo de la legislatura, el Gobierno de Rodríguez Zapatero ha decidido desarrollar los bancos públicos de agua a través de la reforma de la Ley de Aguas que quiere aprobar la ministra Cristina Narbona por la vía de urgencia. De acuerdo con el borrador al que ha tenido acceso La Verdad, no se limita la cantidad de caudales que se pueden comprar a otras cuencas hidrográficas.

Asimismo, la decisión dependerá de los organismos que dirigirán las nuevas demarcaciones, en los cuales el Estado se asegura la mayoría. De esta forma, las comunidades autónomas no podrán vetar estas operaciones.