El Grupo Parlamentario Socialista ha propuesto que asociaciones agrarias y compañías eléctricas se reúnan -a través de mesas de trabajo dependientes de la Consejería de Agricultura- para estudiar fórmulas que alivien el incremento del coste energético.

Así se desprende de la Proposición no de Ley de los socialistas relativa a los costes energéticos en las explotaciones agrícolas y ganaderas publicada en las web de las Cortes de Castilla-la Mancha.

El PSOE insta al Gobierno de Castilla-La Mancha a que implemente un plan de ayudas específicas al desarrollo de proyectos de autoconsumo energético, y eficiencia energética, con criterios de viabilidad técnica y económica.

Del mismo modo, demanda que los Ministerios de Industria y Agricultura reactiven las mesas que en la pasada Legislatura estaban trabajando en pos de mejorar la situación nergética de los agricultores españoles, en especial os de regadío, incluyendo en ellas a los representantes de las eléctricas mayoritarias que se agrupan en a patronal UNESA.

Los socialistas quieren que en el decreto que regula la posibilidad de autoconsumo eléctrico, se incluya a los sectores agrario y ganadero, en un régimen especial de autoconsumo, exento de peajes, y costes regulados por su consideración estratégica para la economía.

Además pide al Ejecutivo central que medie, con las compañías eléctricas, con el objetivo de llegar a una tarifa plana de coste energético, no sujeto a horarios, ni determinado por la potencia contratada o peajes de acceso.

Devolución de Becas

De otro lado, los socialistas han presentado una Proposición no de Ley relativa a la normativa estatal en materia de becas y ayudas al estudio, en la que instan al Gobierno de España a modificar la normativa estatal en materia de becas y ayudas al estudio, de modo que en los supuestos de devolución de los importes percibidos por becas y ayudas al estudio, se tenga en cuenta la situación económica de la familia afectada.

Desde el PSOE quieren que en ningún caso les pueda ser exigible a familias que estén padeciendo penuria económica grave. Asimismo, instan a la Junta a que, en tanto se modifica la normativa estatal, ponga en marcha con urgencia medidas para evitar que familias de la región que puedan verse obligadas a devolver importes percibidos en concepto de becas, cuando su situación económica no les permita atender con suficiencia las necesidades vitales básicas.

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Tras cuatro años de negociación en Bruselas, el debate interno entre las Comunidades Autónomas y la última Conferencia Sectorial de Agricultura, aún quedan aspectos decisivos para el reparto de las ayudas agrarias europeas que se comenzarán a dilucidar una vez haya concluido la presentación de solicitudes para la PAC del 2014 que arranca el 17 de febrero.

Así lo confirmó en declaraciones a Europa Press el secretario general de Asaja CLM, y presidente de la organización, José María Fresneda quien aseguró que en este tema «no se puede frivolizar con las cifras pues en Castilla-La Mancha hay 150.000 familias que en mayor o menor medida dependen de estas ayudas».

Fresneda lamentó los extremismos a la hora de hacer una valoración de cómo ha quedado un modelo que todavía no se conoce en detalle. «Ni se pueden lanzar las campanas al vuelo, ni se puede estar en el cuestionamiento permanente, porque los que lo hacen no viven de la agricultura», aseguró.

Respecto a las tensiones internas para determinar el sistema de reparto dentro de nuestro país, el dirigente regional aseguró que «el reparto lo hacen quienes no padecen la discriminación, positiva o negativa, que se aprobó en la última Conferencia Sectorial» ya que el ministro impuso un modelo de convergencia de cinco ejes «con el que seguimos como estábamos».

Sin embargo matizó que aunque se lograra mantener el mismo presupuesto para nuestro país «no es del todo cierto que vayamos a recibir lo mismo».

Uno de los éxitos: limitar las hectáreas

En este sentido Fresneda explicó que uno de los grandes éxitos del ministro Arias Cañete fue limitar las hectáreas con derecho a ayudas a los 22,4 millones de hectáreas desde los 38 millones que se marcaban como máximo, aunque hasta ahora tan sólo había 17 millones de hectáreas que recibían ayudas.

Esto se traduce para Castilla-La Mancha en un incremento de un millón de hectáreas lo que significa «que si se tiene que pagar con el mismo dinero, algo perderemos», aseguró Fresneda. Por este motivo, señaló la necesidad de que estas ayudas se dirijan a mejorar las condiciones del sistema productivo para producir más.

Aseguró que nuestra región todavía está lejos del objetivo marcado por Cañete para que las explotaciones tengan garantizado un 30% de su renta por las ayudas y el resto por la producción ya que Castilla-La Mancha está más cerca del 60-40 por ciento.

Para el responsable de Asaja en la región este diferencia se debe a que todavía no se han puesto en marcha las 66 medidas prometidas por Arias Cañete cuando llegó al ministerio y en cuanto no se pongan en marcha «en España no tendremos un modelo de agricultura como sí lo tienen en el resto de Europa».

Aspectos clave de la nueva PAC

El secretario general de Asaja CLM, repasó algunos de los puntos más importantes de esta nueva PAC que determinará el futuro de las ayudas hasta 2014.

En este sentido lamentó que se perdiera la oportunidad que concedía Bruselas a nuestro país de restringir aún más los beneficiarios de las ayudas a través de la definición de agricultor activo, y que además dentro de estas restricciones ya se están buscando «las trampas» para poder seguir cobrando las ayudas agrarias.

En este sentido, explicó que muchos agricultores jubilados están buscando quién les haga facturas para poder demostrar ciertos ingresos y seguir cobrando para poder «compensar sus maltrechas pensiones».

Pero lejos de querer culpar a nadie, Fresneda se preguntó si éste no será un signo indicativo de que lo que se necesita es una pensión digna para no tener que depender de estos ‘atajos’ al tiempo que valoró que se acaben con los contratos de arrendamiento de palabra pues tendrá que justificarse «en especie o de otra forma que se pueda declarar» lo que perciba el arrendatario.

Consideró un avance las limitaciones por la definición de actividad agraria pero echó de menos que no se hayan tenido en cuenta otros criterios que no sean los puramente económicos como el de excluir de las ayudas a aquellos a los que éstas supongan más del 80% del total de los ingresos agrarios. Por ello, señaló que el éxito dependerá en gran medida de la pericia de los controladores de la administración quienes para Fresneda tendrían que tener ánimo de ayudar y no sólo de sancionar.

Fresneda se mostró sorprendido que a estas alturas todavía no se conozca el sistema de regionalización con el que se pretende dividir al país entre 22 y 24 comarcas agrarias «y me gustaría pensar que es para evitar movimientos especulativos y no porque todavía no se haya alcanzado un acuerdo», aseguró.

CLM pierde 290 millones para el desarrollo rural

En el capítulo de los fondos para los programas de Desarrollo Rural, que están cofinanciados entre la UE, el Estado y la comunidad autónoma, Fresneda alertó de la posibilidad de que el éxito de haber logrado más fondos para la región se pueda volver en su contra.

En este sentido, explicó que son más de 1.000 millones los que la región recibirá en este apartado pero que tras el anuncio del Ministerio de reducir su aportación se preguntó si habrá bastante dinero en las arcas de Castilla-La Mancha para compensar esta disminución. «No quiero pensar que se tenga que devolver ni un solo euro de las ayudas a Bruselas», sentenció.

Para evitarlo, confió en que el Gobierno regional cuente con las organizaciones agrarias en lugar de con las entidades bancarias, como ha hecho con la reestructuración del viñedo, para poder confeccionar «un verdadero programa de Desarrollo Rural» que garantice el buen aprovechamiento de todos los fondos.

En estos momentos, aunque Castilla-La Mancha tiene garantizado un porcentaje de cofinanciación del 75 por ciento al ser región en transición, se desconocen los porcentajes reales que se aplicarán a cada uno de los programas y que puede hacer que se reduzcan los fondos.

Una reducción que Asaja CLM cifró en 290,44 millones de euros en los próximos seis años con respecto al anterior periodo de la PAC, en base a los datos facilitados por el Ministerio teniendo en cuenta las reducciones anunciadas por el Gobierno de España y por las autoridades europeas.

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El Gobierno de Castilla-La Mancha considera que el borrador del Plan Hidrológico del Júcar (PHJ) «no es suficiente» por lo que defenderá, en las alegaciones que presentará al documento, que se apruebe un texto que «satisfaga una justa demanda de los albaceteños y que por beber agua no tengamos que pagar cosas distintas que el resto de los ciudadanos de España».

«Así lo vamos a alegar», anunció la consejera de Fomento, Marta García de la Calzada durante su intervención en un debate general sobre el plan de cuenca del Júcar celebrado en el pleno de las Cortes regionales, donde la consejera señaló, no obstante, que el borrador es «un paso adelante», en comparación con el plan aprobado en el año 1998.

Asimismo, valoró este plan aunque indicó que hay aspectos que se deben «corregir», y por ello los incluirán en sus alegaciones para que el plan definitivo favorezca los «intereses de Castilla-La Mancha». El plazo para presentarlas termina este viernes 7 de febrero.

La titular de Fomento también se refirió a los problemas de inundabilidad de Albacete y a las medidas y soluciones que contempla el borrador sobre este aspecto.

En este sentido, De la Calzada agradeció que el Estado costee dichas soluciones y «tome cartas en el asunto» pero, sin embargo, consideró que «la programación temporal no es la adecuada» y que «no se ha contemplado la solución del problema».

En este punto, avanzó que el Gobierno regional va a solicitar al Ministerio «que el plan priorice estas obras y que aporte soluciones no previstas en el borrador ante los casos de inundabilidad provocados por los ríos de Balazote y Lezuza».

Cuenca no es la más desfavorecida

Por otro lado, la consejera respondió a las críticas sobre las asignaciones para la provincia de Cuenca, asegurando que éste será «uno de los territorios más favorecidos», puesto que las asignaciones y reservas que se contemplan superan las del Plan Hidrológico de 1998, ya que «añade 11 hectómetros cúbicos nuevos para Cuenca», es decir, cinco hectómetros anuales para abastecimiento, seis para usos urbanos e industriales y «como novedad» se establece un caudal ecológico de más de 12 hectómetros cúbicos.

Según la consejera, este borrador supone un 2 por ciento más de agua para Castilla-La Mancha, «garantiza el otorgamiento de la concesión administrativa de abastecimiento para Albacete, da un paso adelante -eso sí, «insuficiente», avisó- en la situación generada por el convenio de Alarcón, lleva el acuífero de la Mancha oriental a un estado sostenible asegurando el volumen, y es mejor porque prioriza la segunda fase de sustitución de bombeos».

PSOE

De su lado, el diputado del PSOE Modesto Belinchón pidió a la consejera de Fomento que dé a conocer estas alegaciones, pues «el plazo termina mañana» al tiempo que tendió la mano para trabajar «juntos» en las mismas. «Habremos hecho cosas mal, por eso no gobernamos, pero tenemos tiempo para corregirlas», aseguró.

«Hablamos de un río estratégico en Castilla-La Mancha y de enorme determinación en el presente y futuro», señaló Belinchón, que añadió que el plan «adolece de falta de consenso».

En este punto animó a la consejera de Fomento a hablar con regantes, organizaciones agrarias o sindicatos para que ayuden a corregir «los defectos de este borrador». «Hay un nivel de riesgo inminente para nuestros regadíos de Cuenca y Albacete», sentenció.

PP

Por su parte, el diputado ‘popular’ José Luis Teruel calificó este borrador «en términos positivos» en cuanto al funcionamiento y a la asignación que contiene, pues da «prioridad» de la cuenca excedente con un dos por ciento más de agua para la región.

Asimismo, destacó que con este borrador no se va a exigir el cierre de pozos y se va a garantizar la segunda fase de bombeos para que los agricultores puedan utilizar 47 hectómetros cúbicos de aguas superficiales, para los que se pondrán en marcha 60 millones de euros.

Al término del debate, el pleno aprobó la propuesta de resolución del PP en la que los ‘populares’ apoyan la firmeza del Gobierno regional «en la defensa de los intereses de Castilla-La Mancha y valoran los avances del Plan del Júcar».

Por contra, el pleno del Parlamento regional rechazó la propuesta de resolución de los socialistas que instaba al Gobierno regional a presentar estas alegaciones para «garantizar una previsión suficiente para la región en el río Júcar».

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El concejal del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Albacete, Ramón Sotos, y la portavoz municipal de IU, Victoria Delicado, en rueda de prensa este lunes

El concejal del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Albacete, Ramón Sotos, y la portavoz municipal de IU, Victoria Delicado, presentaron una moción en la que instan al equipo de Gobierno de Carmen Bayod a que el Consistorio apoye las alegaciones elaboradas por la Mesa del Agua, «para corregir aquellos aspectos en los que el Plan del Júcar contraviene los derechos e intereses de la ciudad».

Según Sotos y Delicado, en esta moción, que será debatida en el Pleno Municipal este jueves, 30 de enero, se solicita a la alcaldesa que «asuma y defienda ante la Confederación Hidrográfica del Júcar estas alegaciones, en defensa de los legítimos intereses», informaron PSOE e IU en nota de prensa.

Asimismo, emplazan a Bayod a que negocie con el Ministerio de Medio Ambiente, con el apoyo de la Junta de Comunidades, una solución que evite el pago de más de un millón de euros a los regantes valencianos (USUJ) por el agua que se consumió del Júcar en los años de sequía comprendidos entre 2005 y 2008, tal y como ha sentenciado el Tribunal Supremo (TS).

A este respecto, en la moción se precisa que esta sentencia del TS «es consecuencia del convenio de Alarcón, suscrito entre el Ministerio de Medio Ambiente y la USUJ, y que nunca asumió el Ayuntamiento de Albacete, aunque la Confederación Hidrográfica del Júcar lo utilizó siempre como condición para facilitar la concesión administrativa del abastecimiento al municipio».

Apoyaron moción socialista

Además, en la moción se expone la necesidad de recuperar el acuerdo alcanzado el pasado 21 de marzo de 2013, en el que los tres grupos políticos municipales, «apoyaron una moción del PSOE en la que se exponía que el nuevo Plan del Júcar debía priorizar los abastecimientos de la cuenca del Júcar, como es el caso de la ciudad de Albacete».

También indicaba que se debía «garantizar el caudal ecológico del río en todos sus tramos y especialmente en el término municipal de Albacete; que el ámbito de la demarcación del Júcar debe excluir a las cuencas internas de la comunidad valenciana; respetar el principio de unidad de cuenca hidrográfica, y la prioridad de la cuenca cedente ante los trasvases que se realicen entre la cuenca del Júcar y el resto de cuencas de la demarcación del Júcar».

Para PSOE e IU, «si Carmen Bayod y su equipo de Gobierno apoyaron estas reivindicaciones el pasado 21 de marzo deberían apoyar las alegaciones presentadas por la Mesa del Agua al Plan del Júcar, pues están ahormadas en torno a los mismos principios que motivaron la mencionada moción del pasado mes de marzo».

En la Mesa del Agua están representados la Federación de Asociaciones de Vecinos, la Unión de Consumidores, las organizaciones agrarias UPA y ASAJA, los sindicatos CCOO y UGT, la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental, la UCLM, el Centro Regional de Estudios sobre el Agua, PSOE e IU y expertos de reconocido prestigio en el ámbito de legislación hídrica.

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El coordinador del grupo de parlamentarios nacionales del PSOE de Castilla-La Mancha, Alejandro Alonso, exigió al Gobierno presidido por María Dolores de Cospedal que «abandone de una vez» la «posición de sumisión» que tiene en las negociaciones sobre el reparto de la nueva Política Agraria Comunitaria (PAC) y acudan a la conferencia sectorial de agricultura, que tendrá lugar este lunes y martes, con una posición «firme y consensuada» con las organizaciones profesionales agrarias regionales, que «de verdad defienda» los intereses en esta materia de nuestra comunidad autónoma.

El parlamentario socialista lamentó que la consejera del ramo, María Luisa Soriano, haya esperado hasta «el último minuto» y además «forzada por las críticas» a reunirse con las organizaciones agrarias para abordar un asunto fundamental como es el reparto de la PAC, informó el PSOE en nota de prensa.

Algo que, según manifestó, contrasta con lo que ha ocurrido en otras regiones, algunas gobernadas por el PP, en las que han negociado sus prioridades con sus organizaciones profesionales «y van a defender a muerte sus intereses regionales».

Alonso indicó que desde el PSOE de Castilla-La Mancha se ve con «profunda preocupación» la manera de actuar de la consejera de Cospedal, que solo ha mostrado una «posición de sumisión» ante las posiciones del Gobierno de España, «aceptando todo lo que le ponen encima de la mesa incluso algunas propuestas perjudiciales para la región como las referidas a las ayudas al viñedo».

En este sentido, insistió a Soriano a acudir a la conferencia sectorial con un documento consensuado con las organizaciones agrarias, «que priorice los temas más trascendentes de la región, los sectores más prioritarios y que asegure que las ayudas efectivamente van a ir a los agricultores activos y no a los ociosos»

También le pidió que garantice que las ayudas «van a ir dirigidas a aquellas explotaciones agrícolas y ganaderas que se comprometen con el medio rural, que crean empleo y que producen alimentos de calidad y no a las explotaciones en las que solo miran los papeles para ver como cobran las ayudas europeas»

Para Alonso, en estos días está en juego el futuro de la agricultura y la ganadería por eso el Gobierno regional «debe negociar con fuerza y defender de verdad los intereses de Castilla-La Mancha, algo que lamentablemente hasta ahora no ha hecho», concluyó.

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La alcaldesa de Albacete, Carmen Bayod, y el concejal Juan Marcos Molina, durante el encuentro con los colectivos implicados en la defensa del agua

La alcaldesa de Albacete, Carmen Bayod, acompañada por el concejal Juan Marcos Molina, recibió este jueves a todos los colectivos implicados en la defensa del agua y afectados por el borrador del nuevo Plan Hidrológico del Júcar (PHJ), actualmente en fase de consulta.

Tras enviar una carta a dichos colectivos y una vez recibidas las alegaciones de todos, Bayod se reunió con ellos para informarles de las medidas que el Ayuntamiento ha adoptado para combatir las consecuencias económicas de este borrador, según informó el Consistorio en nota de prensa.

En este sentido, la alcaldesa explicó que, según la reciente sentencia dictada por el Tribunal Supremo, el Ayuntamiento de Albacete tendrá que indemnizar a la USUJ con 1,2 millones de euros aproximadamente, algo que «tratará de evitar».

Por otro lado, Bayod y los colectivos presentes analizaron, valoraron y pusieron en común las alegaciones que se van a presentar al borrador del nuevo PHJ, incluidas las del propio Ayuntamiento, y coincidieron en trabajar conjuntamente con el objetivo común de defender los intereses de Albacete y los albaceteños.

Al terminar la reunión, el presidente de la FAVA, José Reina, aprovechó la ocasión para hacer entrega a la alcaldesa de una copia del ‘Manifiesto del Agua’.

Finalmente, Bayod reiteró a los presentes su compromiso de liderar una posición conjunta y unitaria en un tema «tan sensible y relevante para este término municipal».

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