Miguel Arias Cañete, presentaron en rueda de prensa las medidas contra los robos en el campo

El Ministerio del Interior desplegará de forma inmediata a 275 agentes de la Guardia Civil que integrarán 55 equipos dedicados en exclusiva a la lucha contra los robos en el campo, que el pasado año supusieron 15.234 delitos.

Unos equipos de agentes, denominados «ROCA» (RObos CAmpo), que tendrán como principal misión incrementar la seguridad de las explotaciones agrícolas y ganaderas mediante una vigilancia permanente de las mismas, especialmente en Toledo, Valencia, Sevilla y Almería, las provincias más castigadas por los robos.

El despliegue de estos equipos fue presentado por los ministros del Interior y de Agricultura, Jorge Fernández Díaz y Miguel Ángel Arias Cañete, respectivamente, en el marco de un plan nacional de medidas para luchar contra los delitos en el campo, que también incluirá un refuerzo a cargo del escuadrón de caballería de la Agrupación de Reserva y Seguridad de la Guardia Civil.

Según destacó Fernández Díaz, de los 15.234 delitos cometidos en 2012 en explotaciones agrícolas, el 74 por ciento (11.201) se registraron en 15 provincias, fundamentalmente de las comunidades de Castilla y León, Castilla-La Mancha, Andalucía, Extremadura y Valencia.

El ministro ha destacado que desde que en abril de 2011 se puso en marcha el plan contra las sustracciones en explotaciones agrícolas y ganaderas, la Guardia Civil ha detenido e imputado a 1.170 personas ese año, a 1.889 el pasado y a 1.489 hasta agosto de este año.

Refuerzo en seguridad pero también comunicación «fluida y permanente» con agricultores y ganaderos, una «pieza fundamental» de estas nuevas medidas que responden a la «alarma social» del sector, en palabras de Fernández Díaz, que se comprometió en junio con las asociaciones a buscar soluciones para paliar estos delitos.

A los equipos ROCA y los de caballería, se sumarán agentes del Seprona por su conocimiento del medio rural y se impulsará la denuncia electrónica en internet para que las víctimas de un robo puedan ponerse en contacto con las fuerzas de seguridad de manera inmediata.

Todo con el objetivo, dejó claro Arias Cañete, de atajar el «fortísimo agravamiento» de los robos en el campo que está ocasionando un grave perjuicio para estas explotaciones y sobre el que el proyecto de reforma del Código Penal también ha puesto su mirada.

Así, recordó el ministro de Agricultura, la nueva norma considerará delito de hurto, independientemente de la cuantía sustraída, cuando se produzcan ciertas circunstancias, como el desamparo de la víctima y el pillaje que puede darse en situaciones de catástrofe.

El Gobierno también propone que, en caso de «delincuencia profesional y organizada», los autores del robo puedan estar castigados con penas de prisión de uno a cuatro años.

Y es que existen redes especializadas en robar en estas explotaciones, unas organizaciones, según ha explicado el teniente general y Director Adjunto Operativo de la Guardia Civil, Cándido Cardiel, que son «itinerantes», que cometen el delito por la noche y que venden el material sustraído en lugares diferentes.

El perfil ya no es, destacó Cardiel, el de un joven que «roba una gallina» sin destrozar la instalación ganadera, sino el de una banda «organizada y sofisticada» que llega a robar un tractor para luego desguazarlo y vender sus piezas.

Las redes actúan de noche y en fin de semana cuando las explotaciones están cerradas y cometen los robos en épocas del año vinculadas al fin de las cosechas.

Por eso, es importante no solo el control de los caminos con agentes del Seprona sino también la vigilancia en carretera sobre el tipo de vehículos que emplean estas redes, sobre todo camiones y furgonetas para trasladar el material sustraído.

En función del mismo, los delincuentes buscan darle salida bien en mercadillos si se trata de alimentos o en chatarrerías como el robo de cobre o bombas de agua, aunque las posibilidades son «ilimitadas».

Dentro de dos o tres meses ambos ministerios y representantes de las asociaciones volverán a sentarse a la mesa para evaluar la eficacia de las medidas. 

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La Asociación de Municipios Ribereños de Entrepeñas y Buendía ha solicitado al Ministerio de Agricultura que le traslade el Memorándum sobre el Plan de la Cuenca del Tajo y ha anunciado que de ratificarse solicitará su anulación.

El presidente de la Asociación, Antonio Luengo, confirmó la solicitud al Ministerio de Agricultura del Memorándum suscrito por las comunidades de Valencia y Murcia, y añadió que, de afectar al Plan Hidrológico del Tajo, se pedirá que «se retrotraiga al punto inicial» y que «se le de la misma publicidad» que la Directiva Marco plantea para su elaboración.

El Memorándum de entendimiento fue acordado hace unas semanas que los Gobiernos autonómicos de Murcia y de la Comunidad Valenciana con el Ministerio de Medio Ambiente al objeto de garantizar la continuidad del Trasvase Tajo-Segura.

Luego, que ha estado acompañado en la comparecencia pública por los alcaldes de Alocén, Jesús Ortega, y de Durón, Félix Javier Colmenero, ha añadido que esa petición la trasladarán por escrito al Congreso, al Senado y al Ministerio de Agricultura.

«Si ese Memorándum se plasma en la legislación nos podemos encontrar con su nulidad y, lo que es peor, la nulidad también del Plan del Tajo», defendió Luengo, quien ha lamentado la negociación clandestina por parte de Agricultura con las comunidades autónomas de Levante.

El presidente de los Ribereños ha mostrado su sorpresa ante la existencia de este Memorándum y ha instado a la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, a que «nos explique si conocía este texto y si era así, porque no ha dicho nada ni han hecho alegaciones».

El alcalde de Alocén, Jesús Ortega, ha exigido a la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) a que cumpla con sus obligaciones de limpieza y mantenimiento de la ribera de los pantanos porque, a su juicio, se encuentran en «absoluto abandono».

En este sentido, ha afirmado que la CHT «igual que cobra tasas por utilizar sus terrenos para sembrar o de embarcadero, tiene la obligación no solo de gestionar el agua, sino también de mantener limpios los terrenos».

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El delegado del Gobierno en CLM, Jesús Labrador, destacó que la aprobación de la ley del Sector Eléctrico en Consejo de Ministros garantiza el suministro «en condiciones de eficiencia» y de calidad, y a unos precios «competitivos»

El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Jesús Labrador, destacó que la aprobación de la ley del Sector Eléctrico en Consejo de Ministros el pasado viernes garantiza el suministro «en condiciones de eficiencia» y de calidad, y a unos precios «competitivos».

Labrador realizó estas declaraciones a los periodistas durante su visita al centro de Control y Operación de Energías Renovables (CORE) que Iberdrola tiene en Toledo desde el año 2003 y que es el centro mundial de todas las instalaciones renovables de esta empresa.

El delegado del Gobierno destacó que la nueva ley del Sector Eléctrico establece la creación de un bono social para los consumidores que lo puedan necesitar en función de la renta o de determinadas circunstancias económicas en un momento dado.

Indicó que la norma «va a permitir que la energía sea de calidad y a un precio competitivo» y eliminar el déficit de tarifa además de dar una «garantía» a los ciudadanos de «mayor flexibilización» a la hora de cambiar de compañía.

«Porque estamos convencidos de que la competencia mejora la calidad y el servicio», aseguró el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha.

Respecto al CORE de Iberdrola en Toledo, Labrador apuntó que se trata de un centro «puntero» desde el que se controlan 200 parques eólicos ubicados en países como Portugal, Brasil, Grecia, México, Hungría, Rumanía e Italia además de España.

Estos 200 parques, que suman 7.000 megavatios de potencia instalada, tienen 6.000 aerogeneradores, según los datos que aportó Jesús Labrador.

El delegado del Gobierno también subrayó que Castilla-La Mancha supone el 22 por ciento de la energía eólica que se produce en España.

El CORE de Iberdrola en Toledo tiene una plantilla de 35 personas formada por operadores, ingenieros e informáticos que dan soporte a cualquier incidencia que ocurra en los parques eólicos de todo el mundo.

El director adjunto del Área de Renovables de Iberdrola, Víctor Manuel Rodríguez, destacó durante la visita que la empresa eligió Toledo para instalar su centro en 2003 «por el gran desarrollo que las energías renovables estaban teniendo en Castilla-La Mancha».

Se refirió a las empresas españolas que, basándose en la energía eólica, han conquistado países que apostaban por estas energías.

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La consejera de Agricultura, María Luisa Soriano, durante la reunión que mantuvo con el alcalde y agricultores de la localidad ciudadrealeña de Corral de Calatrava

La consejera de Agricultura de Castilla-La Mancha, María Luisa Soriano, avanzó que 43 asociaciones del sector agrario han cobrado 943.000 euros en ayudas para la modernización de maquinaria y equipos agrarios, de la que se van a beneficiar 21.000 agricultores y ganaderos.

Así lo avanzó la consejera en su visita a Corral de Calatrava (Ciudad Real), donde afirmó que «la incorporación de nuevas tecnologías en las explotaciones de Castilla-La Mancha es una cuestión clave para aumentar la rentabilidad de las explotaciones agroganaderas de la región».

Según detalló el Ejecutivo regional, por provincias, Albacete cuenta con 14 beneficiarios (320.000 euros), Cuenca con 13 beneficiarios (336.000 euros), Ciudad Real con 10 beneficiarios (227.000 euros) y Toledo con 6 beneficiarios (60.000 euros).

En estas ayudas, dirigidas a estructuras asociativas, se ha priorizado a las agrupaciones de mayor entidad y, por tanto, mayor capacidad para rentabilizar el uso de la maquinaria, en línea con la política del Gobierno regional de fomentar el asociacionismo para fortalecer al sector productor y a nuestras cooperativas.

Además, este año la principal novedad ha sido la incorporación de equipos ganaderos, «con el fin de apoyar al sector que está atravesando momentos muy delicados y al que la Consejería de Agricultura quiere ayudar en mayor medida».

Por otro lado, la consejera de Agricultura visitó las instalaciones del circuito de karts de Corral de Calatrava, financiado con fondos Leader gestionados por la Consejería de Agricultura bajo la dirección del Grupo de Desarrollo Rural Montes Norte.

Soriano felicitó a este grupo, del que destacó que en los últimos años han acometido 118 proyectos con unas ayudas públicas de casi 5 millones de euros, que han posibilitado una inversión global de más de 12 millones de euros y la creación de 40 puestos de trabajo.

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La consejera de Agricultura de Castilla-La Mancha, María Luisa Soriano, durante su asistencia al Consejo Consultivo de Política Agrícola

La consejera de Agricultura de Castilla-La Mancha, María Luisa Soriano, espera que el plan que presentará el Gobierno el viernes contra los robos en el campo incluya un aumento de las penas, sobre todo para castigar la reincidencia.

Soriano respondió así, antes de participar en el Consejo Consultivo de Agricultura que se celebró este lunes en Madrid, a preguntas sobre el plan que dará a conocer el Gobierno este viernes para combatir los robos en explotaciones agrarias.

«Nosotros hemos solicitado desde Castilla-La Mancha -y hemos hablado también con el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete- para que, sobre todo, se penalice la multirreincidencia», afirmó Soriano.

Confió en que, «tal y como dijo el ministro», la reforma del Código Penal vaya en esa línea.

Según Soriano, en Castilla-La Mancha existen «bastantes problemas», en el sentido de que algunas sustracciones no se consideran delito o el género robado no llega a un importe determinado, «tal y como nos dicen las Fuerzas de Seguridad».

A su juicio, el incremento de los robos, aparte de pérdidas económicas, está generando «alarma» en el medio rural y el Gobierno debe «responder a esta situación».

Limitar trasvases de ayudas de la PAC entre sectores

En otro orden de cosas, la consejera de Agricultura defendió que se limite al máximo el posible trasvase de ayudas entre diferentes sectores en las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) para el período 2014-2020.

La consejera recordó que, una vez cerrados los grandes temas de cara a la nueva PAC, quedan asuntos pendientes que se están abordando este mes en los Grupos de Alto Nivel –conformados por el Ministerio y las CCAA- para cerrar definitivamente el modelo español.

En concreto, estos grupos están abordando temas como la creación de las ‘comarcas agrarias’; la decisión de a qué se considera agricultor activo y, por tanto, puede recibir ayudas; los sectores acoplados que recibirán ayudas a través del llamado sobre nacional; y cuáles serán las zonas con limitaciones naturales, ya sea por lejanía, alta montaña u otros motivos, que podrán recibir ayudas durante los próximos siete años.

Sobre el primer asunto, la titular de Agricultura de Castilla-La Mancha incidió en que esas comarcas sean “lo más unitarias posibles desde el punto de vista agrario porque, de lo contrario, se podrían dar grandes trasvases de fondos entre sectores, lo que introduciría distorsiones”.

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El diputado regional del PSOE, José Molina, en un momento de su intervención durante la segunda jornada del Debate sobre el Estado de la Región

El grupo popular en las Cortes de Castilla-La Mancha apoyó las medidas incluidas en el borrador del Plan de Cuenca del Tajo y la gestión de la Junta en materia de agua, mientras que los socialistas urgieron a revocar el memorándum del trasvase Tajo-Segura.

En el marco del Debate sobre el Estado de la Región, la diputada del PP María José Ciudad valoró que el Gobierno autonómico «ha cumplido la palabra» dada el año pasado, en el mismo debate, en el que se aprobó una resolución por la que se instaba al Ejecutivo castellanomanchego a «conseguir agua en cantidad y calidad».

A su juicio, este compromiso se ha cumplido con la presentación del borrador del Plan de cuenca del Tajo, que ha sido valorado por contener medidas como un caudal mínimo de 10 hectómetros cúbicos por Toledo y Talavera de la Reina y una reserva ecológica de 400 hectómetros cúbicos en los embalses de cabecera.

El PP, en su propuesta de resolución en la que se incluyen 22 puntos, también mostró su apoyo a las medidas aprobadas en materia de vivienda, nuevas tecnologías y conservación de carreteras.

Ciudad también animó al Gobierno regional a «seguir trabajando» en el mapa de suelo industrial, para que las empresas puedan tener una herramienta que ofrezca una visión global de las oportunidades existentes en Castilla-La Mancha.

Sin embargo, el diputado socialista Modesto Belinchón rechazó esta propuesta del PP, que a su parecer contiene «un enorme error», porque «demuestra la ceguera de un gobierno alejado de la realidad y de los ciudadanos».

Belinchón consideró que la inacción es la nota predominante del Gobierno autonómico en cuestiones como la implantación de las nuevas tecnologías, en vivienda o en carreteras.

La moción socialista relacionada con el agua fue expuesta por José Molina, que opinó que este jueves la presidenta regional, María Dolores de Cospedal, pronunció un discurso «pésimo» en materia de agua, y le instó a que «haga con el agua política de verdad y se moje por Castilla-La Mancha y no por Murcia y por Valencia que es lo que está haciendo».

De este modo, uno de los puntos de la propuesta socialista es la revocación del memorándum suscrito por el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente y las comunidades de Valencia y Murcia en relación al trasvase Tajo-Segura.

Molina también pidió que los distintos planes hidrológicos de cuenca que afectan a Castilla-La Mancha incluyan una reserva de agua suficiente para garantizar el caudal ecológico de los ríos que pasan por la región y para atender las necesidades presentes y futuras en materia de agua.

En este sentido, lamentó que el borrador del plan hidrológico del Tajo incluya tan sólo un caudal de 6 hectómetros cúbicos a su paso por Aranjuez, pues provocará que el río, en Toledo y en Talavera, sea la «cloaca del Jarama», mientras que el agua de la cabecera «se irá a Murcia».

Pero el diputado del PP José Manuel Tortosa criticó la postura del PSOE y les acusó de que, en materia de agua, «no les interesa poner solución a las necesidades de Castilla-La Mancha ni España», sino que sólo se acuerdan del agua «en las Cortes o cuando no interesa que se hablen de otras cosas».

Para Tortosa, los socialistas tienen una política de agua «errática, cambiante y sin criterio», ya que «han sido incapaces de mantener un criterio claro y mantenido en el tiempo» y de planificar una política de agua «integral y realista».

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La organización agraria UPA en Castilla-La Mancha asegura que acabar con los robos en las explotaciones agrarias y ganaderas requiere «un plan coordinado» y más efectivos de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.

A preguntas de los periodistas en rueda de prensa, el secretario general de UPA en Castilla-La Mancha, Julián Morcillo, afirmó que no comparte los datos ofrecidos este miércoles por el Partido Popular en la Diputación Permanente del Congreso, según los cuales los robos en el campo han descendido un 30 por ciento entre los meses de abril y julio.

Según Morcillo, este dato «no es un reflejo de la realidad» ya que día tras día son muchos los agricultores y ganaderos que acuden hasta UPA «para contarnos que han sufrido un robo».

Aseguró que el «desánimo» de agricultores y ganaderos está alcanzando un «alto nivel de crispación» por la «falta de apoyo» ante las denuncias presentadas con anterioridad, lo que hace que no sigan denunciando cuando se comete un nuevo robo.

A su juicio, esto requiere «un plan coordinado», contar con más efectivos de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y establecer un control sobre los productos robados para saber dónde se venden.

Además, Morcillo apostó por cambiar el código penal para que la tipificación de falta pase a delito y el ladrón no salga «impune».

PAC

UPA en CLM aseguró que la reforma de la Política Agrícola Común para el periodo 2014-2020 será «peor» que las anteriores porque contará con menor presupuesto, mayor liberalización y solo beneficiará a las grandes superficies.

El secretario regional de UPA, Julián Morcillo, afirmó que la nueva PAC no beneficiará al agricultor y al ganadero profesional ni a la agricultura y ganadería productiva.

Dijo que no comparte el «excesivo optimismo» mostrado por la consejera de Agricultura, María Luisa Soriano, tras las negociaciones y subrayó que en el periodo 2014-2020 Castilla-La Mancha contará con «menos fondos», ya que recibirá 6.600 millones de euros en siete años.

Esto supone 942 millones de euros anuales, cuando en la PAC correspondiente a 2007-2012 la región ha recibido 984 millones de euros.

El secretario general de UPA recordó, también, que en 2011 Castilla-La Mancha recibió una ayuda de 211 euros por hectárea, cifra inferior a la media nacional, situada en 277 euros por hectárea.

Además, con la nueva reforma se pasará de 17 a 22,4 millones de hectáreas en el cómputo nacional, es decir un 30 por ciento más de superficie, con lo que se producirá una «disminución de las ayudas».

Morcillo indicó que la negociación de la futura reforma de la PAC afrontará «su recta final» este próximo mes de septiembre, con la creación de mesas de trabajo en las que se analizarán los temas «que han quedado pendientes» tras las primeras negociaciones del Ministerio y las comunidades autónomas.

Entre esos temas se encuentran, según UPA, definir la figura de agricultor y ganadero, concretar en qué va a consistir el plan de comarcalización y explicar a qué sectores va a ir destinado el 15% del presupuesto que se reserva a ayudas acopladas.

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El concejal del Grupo Municipal Socialista Ramón Sotos informó sobre el contenido de la moción que presentará el PSOE, en el próximo Pleno Municipal, en relación al proyecto de Plan Hidrológico para la Demarcación del Júcar (PHDJ) por contravenir un acuerdo plenario del Ayuntamiento de Albacete, respaldado por todos los grupos políticos en el pleno municipal del pasado 21 de marzo.

Sotos explicó que la moción que defenderá el próximo jueves es la respuesta a que “el proyecto de plan hidrológico para el Júcar, elaborado por el Gobierno de Rajoy, con el visto bueno y el aplauso de Cospedal y Bayod, pone en riesgo los intereses y derechos de Albacete y Castilla-La Mancha”.

De hecho, este texto, precisó el edil socialista, vulnera los tres principios básicos de la moción que presentó, el pasado 21 de marzo, el PSOE y que obtuvo el apoyo de PP e IU, y que hacían alusión a los conceptos de demarcación, principio de unidad de cuenca y a la intención de los regantes valencianos e Iberdrola de cobrar a la ciudad de Albacete por el agua que consume en tiempos de sequía.

En lo que concierne a la Demarcación del Júcar, Ramón Sotos expuso que tal y como han puesto de manifiesto numerosas sentencias del Tribunal Supremo, no se pueden tener en cuenta a efectos de planificación hidrológica las cuencas internas de Valencia dentro del Plan del Júcar, porque son cuencas que tiene que planificar y gestionar Valencia.

Aún así, prosiguió, “insisten en incorporarlas provisionalmente, cuando existen dos sentencias del Supremo, de 2004 y 2007, y otra del Constitucional que indican lo contrario, con una clara voluntad, diluir el territorio y los habitantes de Castilla-La Mancha en una gran demarcación, para que tengamos menos fuerza para defender nuestros intereses”.

Unos intereses, subrayó, “que el PSOE de Albacete y Castilla-La Mancha ya defendió, tanto en 2004 como en 2007, cuando se encontraban gobiernos socialistas al frente de España, pero ahora, con un gobierno central del PP, Cospedal y Bayod se pliegan a las decisiones de Rajoy y el ministro Cañete”.

En lo que respecta al principio de unidad de la cuenca hidrográfica, “todos hemos dicho, también las señoras Cospedal y Bayod, apoyando la moción que presentamos en marzo, que es fundamental que cada cuenca tenga su propia planificación, independientemente que luego exista una demarcación, pero cada cuenca tiene que tener sus recursos, pero en el nuevo texto se borran de un plumazo las cuencas hidrográficas, que ya no existen a diferencia del anterior plan, y ahora se habla de sistemas y demarcación”.

Tras este cambio en la denominación, explicó el concejal del PSOE, se encuentra la intencionalidad de “poder utilizar el agua para lo que quieran y donde quieran, sin tener en cuenta el principio de prioridad de la cuenca cedente. Si desaparece el concepto de cuenca y lo sustituyen por el de sistema y si cambian el término trasvases por el de conexiones, ya lo tienen fácil, en el Júcar ya no tienen prioridad los usos, se mandará el agua a donde quiera la mayoría valenciana”.

Además, este hecho propicia que se produzca, argumentó Ramón Sotos, “la injusticia más sangrante de todas, como no hay demarcación adecuada, la cuenca hidrográfica y los trasvases desaparecen, como conceptos no como hechos, y no hay prioridad de la cuenca cedente, también se cuestionan aspectos del abastecimiento de Albacete, que es la ciudad más importante de la cuenca del Júcar, porque por mucho que se empeñen el gobierno de Rajoy, con la aquiescencia de Cospedal y Bayod, Valencia no es Júcar, está en la cuenca del Turia; Sagunto en el Palancia; y Alicante y la Marina Baja se reparten entre el Vinalopó y la Marina Baja”.

Esta situación, planteó, obligará a la ciudad de Albacete a tener que pagar a los regantes valencianos e Iberdrola, agrupados en la USUJ, por el agua que consuman en tiempos de sequía, algo “que va en contra de las leyes, estatutos, la Constitución y el sentido común”.

Precisamente, informó Ramón Sotos, la USUJ reclama a la ciudad de Albacete 1,1 millones de euros, por el agua que consumieron sus ciudadanos durante el último periodo de sequía, que abarcó el período comprendido entre los años 2005 y 2008, aspecto este último por el que vecinos, consumidores, sindicatos, empresarios, regantes y otros colectivos, que conocen el contenido de la moción del Grupo Socialista, ya han mostrado su inquietud y que ampara este texto, que ha consensuado el Gobierno de Rajoy con Cospedal y Bayod.

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La Plataforma en Defensa del Tajo y el Alberche, aseguró que España incumple varias directivas europeas en el Tajo

La Plataforma en defensa de los ríos Tajo y Alberche de Talavera de la Reina denunció que España incumple varias directivas europeas en la gestión del Tajo y va a tener problemas para justificarse ante Europa.

En rueda de prensa, Miguel Ángel Sánchez, uno de los portavoces de la Plataforma, aseguró que la Comisión Europea tiene las herramientas suficientes para obligar a España a que cumpla los planes de cuenca y el objetivo de la Plataforma es demostrar que se están incumpliendo varias directivas europeas, relativas al Plan de Cuenca del Tajo, a la calidad de las aguas y a hábitats de aves.

En este sentido, Sánchez explicó que su incumplimiento podría suponer para España «cuantiosas multas económicas» de decenas e, incluso, cientos de millones de euros.

A su juicio, Talavera sigue siendo «el eje sobre el que pivota la gestión del Tajo». Por ello, entre las acciones que la Plataforma va a promover en los próximos meses está elevar una queja a la Comisión Europea para denunciar la situación en la que se encuentra el río.

Además, tienen previsto presentar sus alegaciones al Plan de Cuenca durante la segunda quincena de agosto, en las que reclamarán 20 metros cúbicos por segundo del Tajo y el Alberche a su paso por la ciudad.

De otro lado, desde la Plataforma mostró su indignación ante la falta de apoyo de las administraciones local y regional en las reuniones de participación en el borrador del Plan de Cuenca, así como en el Consejo del Agua y la Comisión de Planificación.

En los últimos meses se llevó a cabo un total de nueve reuniones, siete en Madrid, una en Cáceres y otra en Talavera de la Reina, para estudiar el borrador del plan de Cuenca y en ninguna de ellas ha estado representado el Ayuntamiento de Talavera y el Gobierno de Castilla-La Mancha.

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