El presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (FENACORE), Andrés del Campo, mostró en Huesca su confianza en que el Gobierno acometa las modificaciones legislativas necesarias para que las nuevas tarifas eléctricas para regadío, que entrarán en vigor el próximo 1 de julio, sean asumibles para el agricultor regante y no excedan la subida del IPC, que actualmente se sitúa en el 4,7%.

De esta forma, Del Campo – que participó en la XVI edición del Congreso Internacional de Riegos organizado por la Asociación Española de Riegos y Drenajes en colaboración con Fenacore y otras entidades- tomó la palabra al secretario de Estado de Medio Rural y Agua, Josep Puxeu, quien la pasada semana aseguró que “el Gobierno trabaja para que el incremento de las tarifas eléctricas para los regantes no supere el 4,5%.”

El presidente de Fenacore reconoció desconocer el borrador de modificaciones que el Ejecutivo tiene previsto aplicar al Real Decreto 809/2006 y que recoge a partir de julio una revisión al alza de la tarifa eléctrica para regadío. Este hecho, unido a la desaparición de las tarifas específicas de riegos de alta y baja tensión, puede suponer un encarecimiento medio de los costes energéticos de entre el 20% y 40% en la próxima campaña de riego, pudiendo superar en algunos casos el 80%.

Del Campo aprovechó su intervención ante los regantes aragoneses para instar al Gobierno a aprobar en el Consejo de Ministros del próximo viernes las modificaciones legislativas pertinentes para evitar un encarecimiento “desorbitado” de la factura eléctrica que podría poner en peligro el proceso de modernización y la propia sostenibilidad de la agricultura.

Un freno a la modernización

El presidente de Fenacore recordó que un fuerte encarecimiento de la factura eléctrica puede frenar el proceso de transformación de más de un millón de hectáreas hacia sistemas de riego más eficientes. Además, puede paralizar la modernización ya realizada en algunas comunidades de regantes, debido al incremento “desorbitado” de los costes energéticos no valorados previamente en los proyectos de modernización.

Según Del Campo, “al esfuerzo económico derivado del propio proceso de modernización con la transformación de los sistemas de riego por gravedad (de coste energético despreciable) a los nuevos mecanismos por presión (aspersión, goteo, etc.), habrá que añadir a partir de julio el sobrecoste adicional de la energía eléctrica que requieren estos nuevos regadíos, en contraste con los sistemas tradicionales que apenas precisaban de electricidad para su funcionamiento”.

La Federación de Regantes considera “paradójico” que el Ejecutivo “premie” el esfuerzo realizado por los regantes en estos últimos años para modernizar sus explotaciones agrarias con una subida tarifaria de este calado. En los últimos siete años, el riego localizado, es decir, de superficie (sin modernizar) ha pasado de representar el 59% del regadío español en el año 2000 al 33% en 2007. Por el contrario, el riego localizado (por goteo) –de mayor optimización y menor consumo de agua- ha pasado del 17% a casi el 45% el pasado año, superando por primera vez al riego de gravedad.

El Real Decreto 809/2006 establecía la desaparición, a partir del 1 de julio de 2007, de las tarifas específicas de riegos de alta y baja tensión que aplican actualmente los regantes, obligándoles así a acudir al mercado libre. La eliminación de estas tarifas de riego se ha prorrogado en sucesivos textos legislativos hasta el próximo 1 de julio de 2008, fecha en la que desaparecerán, además de las tarifas de riegos, todas las tarifas de alta tensión. El consumo de electricidad en el sector agrario representa el 1,2% del consumo total de energía eléctrica del país y es uno de los principales costes que este sector tiene que asumir.

Fenacore es una asociación sin ánimo de lucro e independiente políticamente, creada en 1955, que agrupa a las entidades dedicadas a la administración del agua para riego, tanto superficial como subterránea, con el fin de defender sus intereses y derechos de uso del agua. En la actualidad, cuenta con más de 300 entidades federadas de todas las provincias españolas, que suponen 700.000 regantes y casi 2 millones de hectáreas, es decir, más del 50% del regadío nacional. FENACORE trabaja estrechamente con los ministerios de Agricultura y Medio Ambiente. Además, es órgano consultivo del Ministerio de Medio Ambiente y vocal nato del Consejo Nacional del Agua. En el marco internacional, FENACORE es miembro fundador de la Comunidad Euromediterránea de Regantes (EIC).

Desde la llegada del Partido Socialista al Gobierno, han sido numerosos los cambios normativos acontecidos en materia de agua. Según el Ministerio de Medio Ambiente, en los dos años de la actual legislatura se han aprobado ocho Reales Decretos en relación a la gestión hídrica, lo que, en opinión del Ejecutivo, ha transformado notablemente el escenario político en torno a este sector.

El Ministerio de Medio Ambiente no se conforma con eso y actualmente, el Consejo Nacional del Agua tiene sobre la mesa un conjunto de propuestas de modificación de la Ley de Aguas que será el próximo paso a dar respecto al desarrollo normativo de la política hidráulica.

Las propuestas que ya han contado con el informe favorable de dicho Consejo son relativas a la gestión de las aguas subterráneas; la delimitación del dominio público hidráulico y la seguridad de las presas; así como los proyectos de decretos correspondientes a la nueva planificación hidrológica; a la delimitación de las demarcaciones hidrográficas y a la reutilización de las aguas residuales.

Además, están pendientes de estudio las propuestas que completan la prevista reforma de la Ley de Aguas, relativas a la creación de los bancos públicos de agua; el régimen económico financiero y la participación de las comunidades autónomas en la gestión del agua en las cuencas intercomunitarias.

Primeros pasos

Para contextualizar mejor la situación actual que se vive en torno al agua, es importante recordar el desarrollo normativo acontecido en esta materia desde el cambio de Gobierno que tuvo su inicio con la derogación del trasvase del Ebro.

Así, la primera norma aprobada en esta legislatura fue el Real Decreto-Ley 2/2004, de 18 de junio, por el que se modificaba la ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional, derogando la transferencia de agua desde el Ebro a las cuencas hidrográficas internas de Cataluña, del Júcar, Segura y del Sur, y donde se incorporaron dos nuevos anexos con el contenido detallado de la alternativa al trasvase. Dicho Decreto-Ley se tramitó posteriormente como ley, siendo objeto de un amplio debate parlamentario, y su contenido quedó incorporado en la Ley 11/2005, de 22 de junio.

En ésta, se incluían algunos principios básicos de la nueva política del agua en la que se basa el Programa AGUA: prioridad a la gestión eficiente del agua; actuaciones para garantizar más recursos, de mayor calidad y en el menor plazo posible; ahorro y modernización de abastecimientos de regadíos; potenciación de la reutilización de las aguas depuradas; desalinización en municipios del litoral; mayor control de los consumos y los vertidos; etcétera.

Sequía

Luego, el Gobierno tuvo que hacer frente a una de las sequías más severas registradas en España, durante el año hidrológico 2004-2005.

Las principales medidas normativas en este ámbito fueron las siguientes: Real Decreto Ley 10/2005, de 20 de junio, por el que se adoptaron medidas urgentes para paliar los daños producidos en el sector agrario por la sequía y otras adversidades climáticas; el Real Decreto 1265/2005, de 21 de octubre, por el que se adoptaron medidas administrativas excepcionales para la gestión de los recursos hidráulicos; el Real Decreto-Ley 15/2005, de 16 de diciembre, de medidas urgentes para la regulación de las transacciones de derechos de aprovechamiento de agua entre cuencas diferentes; el Real Decreto 287/2006, de 10 de marzo, sobre modernización de regadíos; y el Real Decreto-Ley 9/2006, de 15 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños producidos en las poblaciones y explotaciones agrarias de regadío en determinadas cuencas
hidrográficas.

Por último, llegó el turno de la transferencia de las competencias sobre cuencas internas a las comunidades autónomas. Para ello, el Gobierno aprobó dos Reales Decretos, el 2130/2004, de 29 de octubre y el 1560/2005, de 23 de diciembre.