Riegos del Alto Aragón, al igual que la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore), considera insuficientes las propuestas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio para rebajar la factura eléctrica para riego al suponer un «escaso ahorro» con respecto al sistema de tarificación actual. De esta forma valoran el compromiso asumido por el Ejecutivo de poner en marcha un plan de choque para sacar al campo español de la crisis en la que se encuentra inmerso, después de que el sector agrario, con más de 40.000 regantes procedentes de toda España, se manifestara en Madrid el pasado mes de noviembre para exigir soluciones al Estado.

Según recuerda Riegos del Alto Aragón, el compromiso planteado al Gobierno central pasaba por contar con un IVA reducido para el suministro eléctrico destinado a la producción de materias primas, cuestión que, señala, «no ha sido en ningún momento considerada por el Ministerio de Industria», y por otro lado, por «poder tener en un mismo punto un doble contrato de suministro de forma que se pudiese pagar por la potencia efectivamente utilizada en cada época del año».

CONTRATO FLEXIBLE

Riegos del Alto Aragón explica que la respuesta del Ministerio de Industria ha sido proponer un contrato flexible para un máximo de ocho meses que tan sólo «permitiría disminuir ligeramente los costes del término potencia», y denuncia que la necesidad de pagar a las compañías distribuidoras penalizaciones, el incremento de los pagos en concepto de derechos de enganche y verificación de las instalaciones, «no compensa» la disminución de costes del término potencia.

«Se estaría en manos de las distribuidoras a la hora de imponer recargos al consumo efectuado en los meses de menores necesidades de potencia», añade Riegos del Alto Aragón.

Por otro lado, el sistema regable considera que el constante incremento del coste económico de la parte regulada por el Estado en la factura eléctrica de suministro a las comunidades de regantes, deja en la actualidad un bajo margen de negociación de la parte no regulada con las compañías suministradoras. «Tanto es así que ya el 45 por ciento de la factura eléctrica responde a los términos potencia+peaje, controlados por el Estado», precisa el colectivo.

El pasado mes de marzo Riegos del Alto Aragón ya remitió a la Federación Nacional de Comunidades Regantes sus alegaciones con respecto a la propuesta elaborada en el ministerio, en las que se reiteraba la necesidad de contar con la posibilidad de dos contratos de suministro en un mismo punto, o que los contratos de temporada flexibles, con los mismos equipos de medida, no sean gravados con ningún coste adicional y, por supuesto, sin penalizaciones.

Por su parte, también ayer, tras valorar las últimas propuestas de Industria (entre las que se incluirían el establecimiento de contratos flexibles, y de horas valle para fines de semana y durante el mes de agosto), el presidente de Fenacore, Andrés del Campo, las calificó de «poco realistas y alejadas de la crítica situación que atraviesa el regadío español».

NUEVA REUNIÓN

Por otra parte, el próximo viernes los representantes de los agricultores se volverán a reunir con miembros del Ministerio de Industria, para seguir negociando medidas que palien el encarecimiento de los costes energéticos de los regantes, según informó Europa Press.

Este encuentro se producirá después de que las tres organizaciones agrarias nacionales (Asaja, Coag y Upa) y Cooperativas agroalimentarias enviaran sendas misivas, donde expresaban su desacuerdo con las actuales propuestas realizadas por el Gobierno, a los departamentos que dirigen Elena Espinosa y Miguel Sebastián.

Según las mismas fuentes, el borrador de Real Decreto presentado por Industria «deja sin solución la mayor parte de los problemas actuales del sector». «Las medidas son insuficientes ya que no abordan de pleno las necesidades actuales del regadío español», explicaron.

El director general de Agua del Ministerio de Medio Ambiente, Jaime Palop, dijo ayer que habrá que esperar a la segunda época de lluvias de la primavera antes de hacer una evaluación de la situación de sequía, y que no se podrá saber hasta entonces si habrá o no restricciones de agua.

En declaraciones a los periodistas en Granada, Palop mantuvo que España vive un cuarto año en situación de sequía, ya que las precipitaciones “se está produciendo un poco por debajo de lo que sería deseable”, por lo que afirmó que habrán de tomarse “decisiones presididas por el carácter de la prudencia”.

“Tenemos un nivel del 40 por ciento de agua embalsada, un porcentaje similar al de hace dos años y un poco inferior al del año pasado, que fue del 43 por ciento, por lo que tendremos que esperar antes de hacer una evaluación para ver qué situación de sequía tenemos a la segunda época de lluvia de este país, en concreto para la primavera”, sostuvo.

El director general de Agua señaló así que la primavera constituye una “esperanza” con vistas al futuro, y apuntó que la situación actual se ha vivido “en dos o tres ocasiones” en esta legislatura, y ésta se ha superado “satisfactoriamente”, sin cortes en el abastecimiento.

Palop afirmó que el que no haya habido restricciones se ha debido a la “reorientación” de la política hidráulica del Gobierno y puso como ejemplos la modernización y el plan de ahorro puesto en marcha en los regadíos y la tecnología de la desalación. Respecto al primer plan, el director general señaló que éste es “el primer año” en que la superficie que se ha abastecido con riego localizado “supera a la de riego a manta, con pérdidas e ineficiencias”.

SISTEMA DE DESALACIÓN

En cuanto al sistema de desalación, dijo que éste “está ya dando sus frutos en el Levante español”. Así, sostuvo que ciudades como Melilla o Ceuta “ya no dependen de la climatología” para su abastecimiento hídrico y apuntó que ya empieza a haber “aportaciones importantes” en Almería, Murcia y Valencia. Al hilo, explicó además que la desalación es una “solución moderna” para una sociedad “moderna”, que “no genera tensiones territoriales”.

Palop auguró además lluvia para la primavera y mantuvo la “necesidad” de garantizar el abastecimiento urbano, industrial y turístico en zonas del litoral en el caso de que continuara la situación actual de sequía. Agregó que, aunque será “prioridad absoluta” del Ministerio el consumo de agua para la ciudadanía, se compensarán además económicamente aquellas actividades que no tengan posibilidad de abastecimiento.

Asimismo, criticó al PP por estar “todavía discutiendo sobre desde dónde va a llevar el agua a todo el Levante”. “No sabemos en este momento si el trasvase va a salir del Ebro o del Tajo y esto produce una cierta indeterminación. No se puede ser alternativa real a un Gobierno que está proporcionando agua a toda la población cuando se está discutiendo ya en plena campaña de dónde va a proceder el agua”.

La Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore) considera que la política en materia de aguas desarrollada en 2007 ha venido marcada, principalmente, por las reformas estatuarias y, en particular, por la ruptura de los principios de solidaridad territorial, unidad de cuenca y dominio público hidráulico estatal que la Constitución española y la Ley de Aguas recogen explícitamente en su articulado.

En un comunicado de prensa, la Federación señala que la pretendida titularidad exclusiva sobre las aguas, que se han arrogado algunas reformas estatutarias durante el pasado año, y el respaldo que desde la Administración Central se ha otorgado a algunos estatutos como el andaluz, pueden derivar en 2008 en un modelo autonómico “insolidario” y en auténticas “guerras del agua” entre comunidades.

En este sentido, Fenacore recuerda que esta confrontación política ha tenido su reflejo en la cadena de recursos que distintas comunidades, como Aragón, han interpuesto ante el Tribunal Constitucional contra los Estatutos de otras regiones vecinas.

Por otro lado, Fenacore recuerda que en 2007 se produjo un debate acalorado sobre la reforma de la Ley de Aguas. “Las posturas cruzadas de las distintas Administraciones y usuarios llevaron al MIMAM a retrasar con acierto la reunión del pleno del Consejo Nacional del Agua (CNA) sine día con el fin de disponer más tiempo para estudiar las modificaciones planteadas, así como a retirar algunas propuestas que no contaban con el respaldo de los usuarios”.- En el lado positivo, destacan el aplazamiento hasta 2010 de la puesta en marcha de la denominada “tasa por prestación de servicios” y por otro la actualización de estos precios básicos de acuerdo con el IPC.

No obstante, Fenacore estima que uno de los artículos relacionados con la reforma y sobre los que el MIMAM deberá reflexionar en 2008 es la exclusión de los usuarios de su participación en el Comité de Autoridades Competentes. Según el presidente de Fenacore, Andrés del Campo, “es necesaria la integración de los regantes en los nuevos Comités de cada confederación, de manera que estos no sean órganos meramente políticos”.

TARIFAS ELÉCTRICAS

La decisión del Ministerio de Industria de aplazar hasta julio de 2008 la entrada en vigor de las nuevas tarifas eléctricas para regadío constituyó un “reconocimiento explícito” al esfuerzo económico que están realizando los regantes para modernizar sus regadíos. Las nuevas tarifas eléctricas, que deberían haber entrado en vigor el 1 de julio de 2007 tras la prórroga anterior de seis meses “hubieran supuesto para los agricultores un incremento de costes en 2008 del orden del 400% en términos de potencia instalada, lo que hubiera puesto en peligro la sostenibilidad de la agricultura”.

Finalmente, Fenacore reconoce que si bien el Ejecutivo Central contribuyó durante el pasado año con diversas medidas a “aliviar” las pérdidas derivadas de la falta de lluvias, no se avanzó, sin embargo, de manera firme en solucionar el problema de la escasez de infraestructuras (embalses y trasvases).

Ésta sigue siendo “la gran asignatura pendiente” en materia de aguas esta legislatura. En su opinión, “el esfuerzo económico que están realizando los regantes en la modernización de regadíos debe ir acompañado de otras medidas complementarias que permitan tener el agua garantizada, como son la construcción sostenible de embalses y trasvases, además de seguir avanzando en otras medidas en esta misma dirección.