Se trata de una obra colectiva de un equipo de profesionales pertenecientes a siete Universidades españolas, cuyo objetivo explicar los paisajes agrarios de España, y ayudar a entender su conformación

El Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino ha publicado el libro “Los paisajes agrarios de España. Caracterización, evolución y tipificación”, una obra colectiva fruto del trabajo de un equipo de profesionales pertenecientes a siete Universidades españolas, con el apoyo y financiación del Ministerio de Educación y del MARM, que puso a disposición del equipo informes, bases de datos y fondos bibliográficos y documentales.

Esta publicación, que ha sido coordinada por los profesores Joan Tort, Fernando Molinero y Juan F. Ojeda, tiene como objetivo explicar los paisajes agrarios de España, y ayudar a entender su conformación histórica y su evolución hasta el momento actual.

Para ello, el libro está dividido en dos partes. Una primera general, dedicada al concepto, delimitación y tipificación de los paisajes, y la segunda en la que se analizan con más detalle los distintos arquetipos de los paisajes agrarios en España.

Para ello, en la primera parte, se estudia las características generales incidiendo en factores determinantes como el clima, los bosques, el monte hueco, el pastizal y los prados como aprovechamiento de la vegetación, o el papel del relieve y los suelos como condicionantes de esos paisajes.

También se desarrollan los fundamentos históricos de los paisajes agrarios españoles y las transformaciones en base a factores económicos, sociales y políticos, incluyendo un capítulo dedicado a la interpretación y valoración cultural del paisaje, es decir, su percepción a través de pintores, poetas y literatos, incluida una visión desde el aire.

La segunda parte del libro está dedicada al estudio de una veintena de ejemplos singulares de paisajes agrarios de España, con una extensión del análisis de cada uno que varía en función de su magnitud superficial y su valor económico. Así se desarrollan distintos arquetipos como las campiñas cerealistas, las huertas y campos intensivos, los paisajes de la arboricultura y de la viticultura mediterráneas, los paisajes de montaña y las dehesas. En todos queda constancia de su evolución histórica, su configuración actual y su percepción o valoración social.crackcrackcrack

La Federación Nacional de Comunidades de Regantes (FENACORE) considera que la política en materia de aguas y regadío desarrollada durante el año 2008 ha venido marcada, principalmente, por el “impasse” que provocó el cambio de legislatura tras las elecciones del pasado mes de marzo. Si bien los regantes reconocen la voluntad mostrada por el Ejecutivo para aliviar las pérdidas económicas derivadas de la falta de lluvias, recuerdan que el año 2008 se despide sin haber encontrado soluciones consensuadas a la subida de la factura eléctrica.

La Federación considera “decepcionante” que, tras la moratoria concedida por el Gobierno y que abría una aparente puerta a la negociación, el Ministerio de Industria decidiera suprimir definitivamente el pasado julio las tarifas especiales para regadío. La eliminación de estas tarifas, unida a la subida anunciada desde este mes de enero, supondrá para los agricultores un incremento en la factura eléctrica del orden del 90%, haciendo inasumibles los costes energéticos derivados del proceso de modernización de regadíos.

Supresión de las tarifas especiales, un freno a la modernización

Esta situación y la “inacción” del Ministerio de Industria, que obligó a los regantes a buscar soluciones a la subida tarifaria a través de acuerdos privados con las principales compañías eléctricas, llevó a Fenacore a anunciar una posible convocatoria de movilizaciones generalizadas en 2009. Con esta medida de protesta, los regantes quieren quemar su “último cartucho” para hacer oír su voz, de manera que paguen únicamente por la potencia realmente utilizada y se les aplique un tipo reducido de IVA en el suministro de electricidad por ser “usuario finalista”, tal y como sucede en Italia.

Fenacore teme que, si el Gobierno no adopta medidas inmediatas que permitan su adaptación a las nuevas tarifas eléctricas, se vea “muy frenada” la segunda fase del proceso de modernización de regadíos Horizonte 2015, impidiendo la transformación de más de un millón de hectáreas, y poniendo en grave peligro la viabilidad económica de las modernizaciones ya realizadas en esta primer horizonte del Plan Nacional de Regadíos (PNR), que finalizará mañana, día 31 de diciembre

Infraestructuras, una asignatura pendiente

En este sentido, la Federación reconoce que si bien el Ejecutivo Central contribuyó en 2008-a través de la aprobación del Real Decreto Ley de ayudas contra la sequía- a “aliviar” las pérdidas derivadas de la falta de lluvias, lamenta, sin embargo, que no se haya avanzado más ágilmente en la puesta en marcha de medidas complementarias que permitan a los regantes tener agua garantizada para compensar el esfuerzo económico derivado de la modernización de regadíos.

La Federación insiste en que la falta de infraestructuras sigue siendo “uno de los grandes retos de cara el nuevo año” aunque reconoce que hay otras medidas que se están desarrollando, como la cesión temporal de derechos de agua entre comunidades de regantes –o los denominados bancos públicos de agua- que están comenzando a ser utilizados casi con normalidad.

En su opinión, la solución a la sequía en que está inmersa España desde hace cuatro años pasa por la construcción sostenible de embalses y trasvases intercuencas, además de seguir avanzando en otras medidas de gestión de la demanda, la cesión de derechos al uso privativo del agua, la desalación, la gestión conjunta de aguas superficiales y subterráneas, la recarga de acuíferos o la reutilización de aguas regeneradas urbanas, etc.

Dos carteras en una

Por otro lado, Fenacore recuerda que el año 2008 se despide también con la fusión de las carteras de Agricultura y Medio Ambiente en un solo Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, lo que supuso un reconocimiento explícito al papel que la agricultura de regadío desempeña para la conservación del medio ambiente y una esperanza en que los trámites medioambientales de las actuaciones derivadas del uso del agua en la agricultura sean más fluidos.

La “territorialización” de la gestión del agua

En otro orden, la Federación de Regantes estima que la “territorialización” de la gestión de las aguas, que han “asumido” algunas comunidades autónomas, mediante la reforma de sus estatutos con el respaldo de la Administración Central, pueden derivar en 2009 en un modelo autonómico “insolidario” y en auténticas “guerras del agua” entre territorios incluso de una misma comunidad. Como ejemplo, en Andalucía la gestión provincial además de generar conflictos, es incompatible con la gestión por cuencas hidrográficas, como especifica nuestra legislación y la Directiva Marco de Aguas (DMA) que obliga a los países de la UE.

En este sentido, Fenacore recuerda con otro ejemplo que esta confrontación política ha tenido su reflejo durante el año pasado en el caso de Castilla-La Mancha, que en su nuevo estatuto –admitido a trámite en el Congreso- contempla el fin del trasvase Tajo–Segura para el año 2015, vulnerando los derechos de las provincias vecinas (Murcia, Alicante y Almería), cuando, en realidad, las competencias en materia de planificación fluvial en cuencas intercomunitarias corresponden “única” y “exclusivamente” al Estado Central tal como reconoce la Ley de Aguas y la Constitución española en sus artículos 149 y 45.2.

Más “voz y voto” en los órganos consultivos

Finalmente, Fenacore recuerda que para el nuevo año todavía “queda en el tintero” la reforma de la Ley de Aguas planteada en marzo de 2007 y que aplazaba hasta 2010 la puesta en marcha de la polémica “tasa por prestación de servicios”.

La Federación estima que uno de los artículos relacionados con la reforma y sobre los que el Ministerio de Medio Ambiente deberá reflexionar en 2009 es la exclusión de las Comunidades de Usuarios de su participación en el Comité de Autoridades Competentes, cuando, en realidad, estos deberían estar integrados de una manera efectiva dentro de la planificación, gestión y protección del agua, sin limitar su participación en los órganos de las demarcaciones hidrográficas.

Los regantes españoles se han encontrado a la vuelta de las vacaciones con unas escandalosas subidas en las tarifas de riego como consecuencia del incumplimiento de los Ministerios de Industria y Medio Ambiente y Medio Rural del pacto verbal alcanzado con los representantes agrarios para paralizar las nuevas tarifas reguladas hasta el mes de octubre, con el objetivo de que los agricultores pudiesen así contratar sin presiones con las Industrias Eléctricas en el mal llamado »mercado libre».

Efectivamente después de numerosas reuniones entre representantes del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino y del Ministerio de Industria encabezados por el Secretario General de Energía de este Ministerio, Sr. Marín, a finales de julio, se acordó que aunque se había firmado ya el pasado 26 de junio la Orden ITC/1857/2008 que fijaba subidas disparatadas de las tarifas de riego, se establecía una moratoria de hecho de dos meses, que se extendía hasta el 1 de octubre, pues no se contaba el mes de agosto por inhábil. En dicho periodo transitorio los agricultores y las eléctricas tenían tiempo para suscribir contratos sujetos al “libre mercado”, sin que en este período se facturasen los consumos hasta tener suscritos los mismos.

Lamentablemente, los ministerios implicados no han hecho nada para que las Industrias Eléctricas cumpliesen el acuerdo con los agricultores. Por lo que éstas, de una manera voraz y sin respetar el acuerdo Gobierno-Agricultores, se han lanzado a facturar los consumos energéticos del regadío en plena campaña, con incrementos medios de las facturas de más de un 60%. De tal manera que Ministerio de Industria y Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural han metido a los regantes españoles en una auténtica “ratonera” al incumplir lo pactado, teniendo los regantes que pagar tarifas abusivas, sin poder modificar las condiciones de sus contratos antiguos y sin tiempo para negociar los nuevos.

En consecuencia los agricultores han quedado a merced de las industrias eléctricas que, nunca mejor dicho, han hecho su “agosto” con los regantes. Además, hay que denunciar la actuación de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España (FENACORE) quien, de manera insolidaria con los pequeños regantes, ha actuado como cómplice de la industria, firmando un acuerdo con algunas eléctricas con la excusa de favorecer sus intereses sin conseguirlo, ya que la mayoría de sus comunidades asociadas están sufriendo facturaciones abusivas porque, al igual que el resto de regantes, no han tenido tiempo de firmar unos contratos razonables con las suministradoras en el “mercado libre”. Con su actuación FENACORE ha provocado que las Eléctricas se lanzaran a facturar, desde el pasado 8 de agosto, al margen del acuerdo alcanzado con ambos Ministerios.

En conclusión, ASAJA denuncia el enorme daño provocado a sabiendas por el Gobierno al Sector del Regadío Español, que aporta alrededor del 30% de la mano de obra agraria y entorno al 50% de toda la producción final agraria nacional, al permitir que se quebrante el acuerdo verbal al que se llego con los representantes agrarios en julio. Queda así en evidencia que al frente del Ministerio de Industria y Medio Rural y Marino) hay personas que no son de fiar, lo que sin duda endurecerá el tono de las actuaciones de ASAJA en el próximo otoño, salvo que haya una urgente rectificación por parte del Ministerio de Industria y Medio Rural y sencillamente cumplen lo pactado.

Con esta manifestación, convocada por Asaja frente al Ministerio de Economía y Hacienda, el sector agrario y ganadero reclamará soluciones para reducir los costes de producción y afrontar la crisis ganadera, así como una ley de comercio de transparencia de mercado para los precios y el doble etiquetado.

Barato señaló que los agricultores y ganaderos atraviesan por la »peor crisis» en lo que se refiere a costes de producción, que se han incrementado en más de 9.000 euros en una explotación de 100 hectáreas desde 2006 a 2008. »Nunca he visto una caída libre de los precios en lo que nosotros producimos», dijo Barato.

El presidente de ASAJA señaló que los agricultores y ganaderos necesitan medidas diferentes a otros sectores para hacer frente al incremento del precio del gasóleo, que en la actualidad supera el euro por litro.

Entre las reivindicaciones de la organización para compensar los cotes de producción, Barato volvió a reclamar el establecimiento de una gasóleo profesional, la bajada del precio de los abonos y fertilizantes, que en algunos casos han subido un 90,6%, la prórroga del actual sistema de tarifas eléctricas y el desacoplamiento total de las ayudas ganaderas.

Asimismo, exigió al Gobierno una ley de comercio por la que no se deba vender un productor agrario por debajo de los costes de producción. »Pedimos unos precios mínimos acordes con los costes de producción», dijo Barato, quien precisó que no se trata de pactos de precios, sino de asegurar »como mínimo» los costes.

»Somos el único sector que nunca puede repercutir nada, porque nos ponen precio a los que compramos y a lo que vendemos», señaló Barato.

Por último, el presidente de ASAJA destacó que la huelga de transportistas que se iniciará a partir del próximo 8 de junio tendrá consecuencias »muy negativas» para el sector, por lo que confió en una rápida solución del conflicto.

La pregunta aún sigue en el aire y la incertidumbre se mantendrá hasta el último momento. Supuestamente el próximo 1 de julio tendría que entrar en vigor las nuevas tarifas eléctricas para riego que, según los regantes y las organizaciones agrarias, supondría un incremento en los costes de producción de hasta el 300 por ciento.

Las protestas y reuniones con los responsables del Ministerio de Industria se han sucedido en los últimos tiempos pero, hasta ahora, lo único que ha quedado claro es el compromiso del Gobierno de trasladar a los ministerios implicados la petición de nuevas moratorias. El sector agrario, por su parte, espera que la subida de las tarifas se retrasen hasta que la liberalización del mercado de la energía sea real y efectiva. De momento, habrá que esperar para conocer los resultados.

El secretario general de Energía del Ministerio de Industria, Ignasi Nieto, mantuvo una reunión, el pasado mes de mayo, para debatir la posible moratoria sobre la subida de las tarífas eléctricas para riego con los responsables nacionales de Fenacore, las principales organizaciones agrarias y de la Confederación de Cooperativas Agrarias de España, además de responsables de la patronal eléctrica Unesa, Pedro Rivero, así como de las distintas empresas suministradoras y distribuidoras de energía eléctrica.

Los portavoces del agro y los regantes solicitaron al Ministerio de Industria un aplazamiento de la desaparición de las tarifas específicas de riegos de alta y baja tensión para el regadío —que deberán entrar en vigor el próximo 1 de julio de acuerdo al Real Decreto 809/2006 de 30 de junio— al menos hasta que la liberalización del mercado energético se haga realmente efectiva.

En opinión del presidente de Fenacore, Andrés del Campo, la supresión de estas tarifas especiales que aplican los agricultores regantes podría suponer un incremento de costes para los agricultores del orden del 400 por ciento en términos de potencia instalada. En la actualidad, el 25 por ciento del regadío español tiene contratadas tarifas de baja tensión.

Asimismo, Del Campo propuso que se constituya un grupo de trabajo —integrado también por el Ministerio de Agricultura y los sectores eléctrico y agrario— con el fin de estudiar alternativas que faciliten la adaptación gradual de las explotaciones agrarias al mercado liberalizado.

Abaratar los costes

La Comisión de Energía de Fenacore, que reúne a representantes de comunidades de regantes de toda España (incluidas las insulares), acordó en su encuentro solicitar ofertas conjuntas de suministro eléctrico, de manera que actuando como “cliente único, y agrupando las necesidades de energía de todas las comunidades asociadas, pueda obtener un precio más asequible que permita la disminución del coste del kilowatio/hora”.

La Federación de Regantes considera que la aplicación de las nuevas tarifas eléctricas —que deberán entrar en vigor el próximo mes de julio si no se consigue la prórroga solicitada— puede frenar el proceso de modernización y transformación de regadíos —con el consiguiente ahorro de agua que éste conlleva— ya que supondrá un encarecimiento de la factura eléctrica de entre un 20 y un 40 por ciento en función de las distintas zonas regables.

Según datos de Fenacore, en los últimos años el precio de la electricidad para la agricultura de regadío se ha incrementado en un 30,3 por ciento para todos aquellos regantes que se han mantenido en el mercado regulado, mientras que para las comunidades que se han acogido a los precios del mercado, por la liberalización del sector eléctrico, el precio ha aumentado en torno a un 42 por ciento.

Argumentos de ASAJA y UPA

En la reunión celebrada en el Ministerio de Industria, la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores, ASAJA insistió en el mantenimiento de las actuales tarifas con distintos argumentos. En primer lugar, destacó que no existe normativa europea que establezca fecha alguna para la eliminación de las tarifas eléctricas. Las directivas europeas se refieren a la “apertura del mercado” pero ésta en ningún caso puede comenzar por la eliminación de tarifas sino por asegurar las condiciones de libre mercado (libre competencia, oferta suficiente…), explican los portavoces de la asociación agraria.

Asimismo, recuerdan que el sector del regadío, muy atomizado, está atravesando una mala coyuntura debido a las crisis de precios en origen y las reformas de OCMs, pese a todo, es el que mayores índices de exportación y empleo presenta. Una subida de las tarifas de riego que significa casi un 300 por ciento en términos de potencia en la factura eléctrica supondría, según ASAJA, una merma de competitividad inasumible para la agricultura de regadío en estos momentos.

Además, recordaron que tanto los planes y programas de desarrollo sostenible elaborados por el Ministerio de Agricultura como la propia Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética 2004-2012 abogan por un uso eficiente y sostenible de la energía.

La OPA advierte en este sentido que una subida de estas características llevaría al sector a recurrir a los generadores de gasoil, es decir, mayor contaminación y empleo de recursos fósiles. »La eliminación de las tarifas eléctricas es incongruente con los principios defendidos tanto en estos programas de desarrollo rural como en la propia Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética», aseguran.

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) consideró »positiva» la reunión con el Ministerio de Industria, aunque no se haya conseguido de momento el objetivo de establecer una nueva moratoria para la entrada en vigor de las nuevas tarifas para riegos.

UPA estima que se ha producido un »cambio de actitud por parte de la Administración» que, según los portavoces de la organización agraria, »ha tomado conciencia» de la grave situación por la que atraviesa el sector agrario con un proceso de reestructuración en algunos sectores como la remolacha, el algodón, las frutas y hortalizas o el vino que hacen que un cambio como el que se propone en el régimen tarifario de la electricidad supusiera un elemento definitivo para el abandono de miles de explotaciones familiares agrarias, por inviabilidad económica para seguir en la actividad.

COAG convocará movilizaciones

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, COAG, no ha dudado a la hora de convocar movilizciones en todo el país si el Ministerio de Industria no aprueba la moratoria sobre la subida de las tarifas eléctricas para riego.

Entre tanto, la organización agraria ha pedido que se constituya una mesa de negociación con el fin de establecer unos precios reducidos para la electricidad utilizada para riego, »propuesta que ha aceptado el Ministerio», confirma COAG.

»Es indudable que los agricultores no podemos soportar un aumento más de los costes.

Tras las duras reformas de la PAC y el proceso de reconversión al que han forzado a muchos sectores, la caída de los precios en origen y el recorte de ayudas, el sector agrario no puede soportar un aumento de las tarifas elécticas para riego», subrayó el secretario general de COAG, Miguel López.

Estaba previsto que se celebrase después de Semana Santa, sin embargo, al cierre de la presente edición y finalizado el mes de abril, aún está por convocar el Pleno del Consejo Nacional del Agua que decidirá por votación la posibilidad de aprobación del Texto Refundido de la Ley de Aguas presentado por el Ministerio de Medio Ambiente. Entre los asuntos más polémicos que se pondrán encima de la mesa está la conocida »Ecotasa», que la Reforma de la Ley de Aguas en su artículo 114 denomina »Recuperación del coste de los servicios del Agua». Pero la Ley de Aguas da para mucho más…

Aún no hay fecha concreta pero quedan pocos días para la reunión del Pleno del Consejo Nacional del Agua, donde se decidirá la aprobación o no del Texto Refundido de la Ley de Aguas.

En el mes de marzo, el secretario general del Consejo Nacional del Agua, Teodoro Estrela, remitió una carta a los miembros del Consejo informándoles de su decisión de retrasar el pleno, previsto inicialmente para finales de dicho mes, ante la solicitud de varios de sus integrantes de disponer de más tiempo para el estudio de las modificaciones del Texto Refundido de la Ley de Aguas.

¿Por qué las modificaciones?

Estas modificaciones vienen motivadas por la Directiva Marco del Agua que obliga a una importante adaptación de la normativa nacional en materia de aguas en un proceso complejo de respeto a las competencias reconocidas en la Constitución.

»Se trata de una Ley nueva para un país moderno», explica el Ministerio de Medio Ambiente en el texto refundido.

Dos principios sostienen todo el esquema de la normativa: la sostenibilidad del recurso y la prevención de su deterioro y de los sistema acuáticos. (art. 1.2)

Según informan desde el Gobierno, no se trata de integrar únicamente mediante coletillas determinados aspectos medioambientales, sino de construir todo un desarrollo legislativo que busca armonizar el uso del recurso con su salvaguarda, de aquí que este espíritu de protección ambiental impregne todo el articulado.

Este planteamiento es radicalmente diferente de aproximaciones anteriores, donde el agua era un recurso que había que regular. »La protección de los ecosistemas es una de las garantías esenciales de la sostenibilidad del recurso», explica el texto.

Puntos polémicos

La nueva Ley incluye importantes puntos no exentos de polémica como el artículo 114 y el 36. El primero trata sobre la »Recuperación del coste de los servicios del agua», conocida por el sector como »Ecotasa». Por su parte, el artículo 36 establece la composición del Comité de Autoridades Competentes —el órgano superior de dirección y cooperación en las demarcaciones hidrográficas dependientes de la Administración General del Estado—.

Con respecto a la »Recuperación del coste de los servicios del agua», en principio, los regantes valoraron positivamente la decisión de aplazar hasta 2010 la puesta en marcha de dicha tasa, así como la actualización de estos precios básicos de acuerdo con el IPC, frente a la potestad que se arrogaba el Gobierno de modificar los precios del agua periódicamente en los Presupuestos Generales del Estado. Sin embargo, son muchos los argumentos empleados por la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore) contra la ecotasa que asegura que la política de precios del agua no es un mandato de la directiva comunitaria (Ver cuadro inferior).

Competencias

El artículo 36 también está trayendo bastante cola, sobre todo tras el traspaso de competencias sobre las aguas del Guadalquivir.

La Ley de Aguas establece que en la composición del Comité de Autoridades Competentes la Administración General del Estado tendrá la mitad más uno del número legal de miembros, de tal manera que no se vulnere el régimen competencial establecido por la Constitución.

Sin embargo, el Estatuto Andaluz, en su artículo 51, asegura que la Comunidad autónoma tendrá las competencias exclusias en las aguas que transcurren por su territorio.

Ante esta aparente contradicción, que ha desatado las quejas y hasta las denuncias de »inconstitucionalidad» por parte del presidente de la Junta de Extremadura, Rodríguez Ibarra, la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, afirma que la normativa aún está en proceso de elaboración y que aún es »prematuro» decir cuál será el tratamiento para el Estatuto Andaluz.

Autoridades Competentes

La composición del Comité de Autoridades Competentes que establece la Ley de Aguas también es motivo de polémica, pues, los regantes solicitan su integración en los comités de cada confederación hidrográfica, de manera que estos no sean »órganos meramente políticos, —pilotados exclusivamente por la Administración Central y las autonomías— los que dispongan del máximo poder de decisión, al margen de los Consejos de Cuenca y de los propios usuarios», según denuncia Fenacore.

Los profesionales del sector agrario aseguran que cada vez les resulta más caro desarrollar su actividad y parece que el panorama tiende a ponerse algo más negro pues el Gobierno planea subir las tarifas eléctricas para riego de cara al próximo verano, al igual que los precios del agua. Hoy por hoy los principales incrementos de costes para el agricultor y el ganadero corresponden a la energía y a los lubricantes.

Los departamentos de Economía de las organizaciones agrarias trabajan para calcular el futuro incremento de los costes en estos capítulos y denuncian que las nuevas subidas provocarán una mayor pérdida de rentabilidad a un sector que ya está »muy castigado» de por sí.

Uno de los mayores aumentos de los costes para el profesional agrario corresponderá al precio del agua. De hecho, la denominada “Tasa por prestación de servicios de gestión, registro, control e inspección de los usos del agua”, que incorpora el borrador de reforma de la Ley de Aguas en su artículo 114 Bis, supondrá un coste anual de más de 30 millones de euros para el regadío español durante el primer año, según advierten desde la Federación Nacional de Regantes, Fenacore.

Su presidente, Andrés del Campo, denuncia que la denominación de esta nueva tasa no es más que un “eufemismo” para rescatar “de forma encubierta” las modificaciones del régimen económico-financiero de la Ley de Aguas —anunciadas hace más de dos años— relacionadas con la fijación de un sistema de precios y el establecimiento de un nuevo canon —la controvertida “ecotasa”— que el Gobierno se comprometió a no aplicar hasta 2010, tal como establece la Directiva Marco de Aguas.

La subida de las tarifas eléctricas para riego también tiene muy preocupado al sector. Aunque de momento se ha conseguido un aplazamiento hasta el mes de julio, el Real Decreto 809/2006, establece una revisión al alza de la tarifa eléctrica que emplean los regantes y dispone, además, la desaparición, a partir de 2007, de las tarifas específicas de riegos de alta y baja tensión que aplican actualmente los regantes y que suponen un ahorro importante del orden del 400 por ciento en términos de potencia instalada. En la actualidad, el 25 por ciento del regadío español tiene contratadas tarifas de baja tensión.

ASAJA

Las protestas de las organizaciones agrarias son continuas, en este sentido. Desde la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores, ASAJA, lamentan que la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, pretenda aumentar los costes a los agricultores con una subida del precio de dos elementos esenciales para el trabajo diario del sector: el agua y la electricidad.

»Esta subida provocaría una mayor pérdida de rentabilidad al
castigado sector agrícola, que vive inmerso en una importante crisis de precios que está motivando el abandono de la actividad», denuncian sus portavoces.

ASAJA recuerda que la agricultura es una fuente de riqueza importante para todo el país, ya que genera empleo y proporciona cifras positivas para la balanza comercial, por lo que invita al Gobierno a reflexionar sobre las medidas que tiene previstas con respecto a la agricultura.

»Castigar más a este sector no solucionará los problemas medioambientales que tiene este país», confirman.

Por su parte, el Departamento de Economía Agraria de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, (COAG), ha realizado un análisis de los datos de costes basados en las cifras macroeconómicas de consumos intermedios publicados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en su primera Estimación de Macromagnitudes Agrarias en 2006.

Según constata COAG, dicho informe desvela que los consumos que engloban el conjunto de costes necesarios para realizar la actividad agrícola y ganadera alcanzaron los 15.044,8 millones de euros, lo que supone un incremento en valor del 4,1 por ciento respecto a la media
de los últimos cinco años (2001-2005).

Uno de los capítulos de costes que más han aumentado es el de energía y lubricantes (25 por ciento respecto al mismo periodo 2001-2005), aumento motivado por la subida de los precios de los carburantes acontecido en los dos últimos años.

Este capítulo representa el 4,2 por ciento de los consumos intermedios, y se sitúa en el año 2006 en 1.511 millones de euros, lo que supone una subida de 93,5 millones de euros (6,6 por ciento respecto al año anterior).

Piensos

Sin embargo, debido al leve descenso del precio (-1,4 por ciento) y al mantenimiento de la cantidad, el capítulo de piensos ha descendido un -1,4 por ciento en valor. A pesar de ello, hay que destacar que dicho apartado ha sufrido un leve incremento del uno por ciento respecto a la media del periodo 2001-2005. Hay que tener en cuenta que este coste representa un 45 por ciento del total de consumos intermedios.

Cabe destacar también el mantenimiento de edificios y de materiales,
que han subido un 18 por ciento y 11,5 por ciento respectivamente respecto al periodo 2001-04. De igual forma, otros capítulos también han sufrido incrementos considerables respecto al mismo período, como ocurre con los de gastos veterinarios (11 por ciento) y bienes y servicios (10,6 por ciento).

UPA

Desde el Departamento de Economía de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) se destacan los costes en fertilizantes y gasóleos además de la subida que tendrán las tarifas eléctricas, como los incrementos económicos más significativos para el profesional agrario.

La organización agraria calcula, teniendo en cuenta el incremento de los costes en fertilizante y gasóleo que la subida para una hectárea de cereal de secano sería de 35,5 euros (21,85 de fertilizantes y 13,20 de gasóleo); para remolacha, 81,94 (55,10 de fertilizante y 26,84 de gasóleo); de patata, 79,18 y una hectárea de maíz soportaría un incremento de 78,21 euros la hectárea.

Explotaciones »tipo»

Exportando estas cifras, calculadas a los costes de producción en explotaciones »tipo» UPA estima un incremento de 3.505 euros en una explotación de 100 hectáreas de cereal; de 1.583,60 euros en 20 hectáreas de patatas; y 2.571,90 euros, en 50 hectáreas de cereal y diez hectáreas de remolacha.