El ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, anunció ayer en Alicante la redacción de un nuevo Plan Hidrológico Nacional en el que se tendrán que integrar todas las desaladoras en fase de construcción, entre ellas las de Torrevieja y Mutxamel, que, según denunció, han supuesto un fracaso tras un desembolso de 2.000 millones de euros a los que hoy no se puede sacar rendimiento, pero que deben ponerse en marcha para cumplir con la legislación europea. Arias Cañete subrayó, en este sentido, que «los cálculos para planificar las desaladoras por aquellas ínfulas ambientales fueron erróneos, ya que, de un precio de 0,30 euros/m3 que se anunció para el agua desalada, hoy no sale por menos de 1 euros el metro cúbico, algo que no puede pagar nadie, pero debemos solucionarlo».

El ministro, que participó con regantes en una mesa redonda sobre el agua organizada por Casa Mediterráneo, se felicitó por haber sacado adelante los planes hidrológicos del Júcar, Segura, Tajo y Ebro, aunque tarde. Los documentos debían haber estado aprobados el 31 de diciembre de 2009 y el retraso ha costado ya una multa a España de 100 millones de euros de la Comisión Europea.

Por su parte, los regantes, representados, entre otros, por el presidente de la Federación de la Comunidad Valenciana, Benjamín Aparicio, aprovecharon la presencia del ministro en Alicante para volver a reclamar la recuperación del trasvase del Ebro a la Comunidad que inició su gobierno cuando lo presidía José María Aznar y que, según recordó Aparicio, «solo representaría el 8% del caudal del río que llega al mar en su desembocadura y, además de solucionar de forma definitiva el problema del suministro de agua, crearía 500.000 puestos de trabajo. Por ello, aprovechamos la oportunidad para que traslade al presidente Rajoy y al presidente Fabra la urgencia de recuperar el proyecto».

Por otra parte, y al margen de la sempiterna reivindicación del trasvase del Ebro –Arias Cañete no recogió, por cierto, el guante y advirtió de que ser ministro obliga a conciliar intereses de toda España–, el presidente de la Junta Central de Usuarios del Trasvase Júcar-Vinalopó, Andrés Martínez, recordó al ministro que en la provincia existen 125.000 hectáreas en producción, que el déficit anual de agua supera ya los 300 hm3 y que en estos momentos en el acuífero de la Sierra de Crevillente, declarado sobreexplotado desde hace 20 años, el agua se extrae a 600 metros de profundidad y con un contenido en sal de 1 gramo por metro cúbico. Martínez alertó de que la falta de operatividad del trasvase Júcar-Vinalopó, unida a la ausencia de lluvias, provoca que en zonas como Aspe sólo quede agua de riego hasta el mes de julio.

El ministro tomó nota de todo y en su intervención, tras recordar la herencia recibida –sólo una de las 15 desaladoras anunciadas tras derogar el trasvase del Ebro y comprada en Marbella, y 25 planes hidrológicos sin aprobar–, apeló al consenso de todos para que el agua se convierta en una cuestión de Estado «y no quede a merced de los cambios de gobierno». Anunció incentivos para que los regantes puedan plantearse la compra de agua desalada, mayor implicación en la fijación de caudales ecológicos e inversiones, pero lo circunscribió todo al nuevo Plan Hidrológico Nacional que, sin embargo, aún tardará, ya que primero hay que revisar en 2015 todos los planes hidrológicos de cuenca que este año verán la luz.

Ausencia del Consell
La presencia del ministro fue breve. Llegó en avión a primera hora de la mañana, se pasó por Casa Mediterráneo, participó en la mesa redonda de Casino y raudo se volvió a Madrid en el AVE de las 12.30 horas. Su intervención fue seguida por unas 50 personas, entre las que al final estaban los regantes tras la reacción de la directora de Casa Mediterráneo invitándoles a última hora, la presidenta de la Diputación, Luisa Pastor y, entre otros, el presidente del Puerto, Joaquín Ripoll, y Moisés Jiménez (Coepa). La alcaldesa Castedo delegó en el edil Castillo y fue sonada la ausencia de representantes del Consell. El conseller Císcar se excusó por la comisión de control de las Cortes y envió al secretario autonómico de Agricultura.

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La paz del agua continúa. El ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente dio marcha atrás y modificó a última hora el borrador del decreto con el que pretende modificar las normas de explotación del trasvase Tajo-Segura. De esta forma, se atienden las reivindicaciones del Sindicato Central de Regantes del Acueducto (Scrats), que montó en cólera cuando vio que el borrador del decreto contemplaba la reducción de volúmenes trasvasables en función de las cantidades que almacenaran los embalses de Entrepeñas y Buendía, que es de donde sale el agua que llega a Alicante y Murcia.
El borrador del decreto contemplaba que en el Nivel 2 (el más frecuente), la cantidad máxima mensual que se podría desembalsar sería de 32 hectómetros cúbicos frente a los 38 actuales.
Finalmente, en la propuesta aprobada por el Consejo Nacional del Agua en su reunión de ayer, se mantienen los 38 hectómetros cúbicos, con lo que las demandas de los regantes alicantinos y murcianos quedan atendidas. Las normas de explotación deberán ser ratificadas ahora por el Consejo de Ministros.

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Giro en Madrid. El ministro de Agricultura, Rafael Arias Cañete, cedió ayer en el último minuto e incorporó al plan hidrológico del Júcar un documento complementario, firmado con la Generalitat y la Junta de Castilla-La Mancha, por el que el Ministerio se compromete a construir la toma de Cortes de Pallás para el trasvase Júcar-Vinalopó en un plazo de seis meses tras la aprobación, presumiblemente en mayo, del plan por el Consejo de Ministros. El documento pasó después al Consejo Nacional del Agua, que dio el visto final al proyecto con los votos favorables, entre otros de la Generalitat, representada por el vicepresidente José Císcar, y por el presidente de la Junta Central del Júcar-Vinalopó, Andrés Martínez, quien acudió a Madrid representando a todos los usuarios del Júcar en la Comunidad Valenciana. El plan hidrológico incorpora, por tanto, un compromiso, negro sobre blanco, por el que el Ministerio de Agricultura se compromete a realizar la segunda toma en Cortes, que se compartirá con la del Azud de la Marquesa, que se mantendrá para ciertos regadíos. El agua potable llegará a la provincia desde Cortes, ya que desde ayer, y con la firma del ministro Arias Cañete, figura que el trasvase Júcar-Vinalopó se regirá por aquello que se firmó el 13 de julio de 2001, que fijaba la toma del agua en el punto que eliminó el Gobierno de Cristina Narbona en 2005.
Andrés Martínez, presidente de la Junta Central, celebró el acuerdo, dado que «supone habilitar oficialmente a la construcción de la toma de Cortes de Pallás». Adicionalmente, y mientras se termina la toma de Cortes de Pallas –el plazo para iniciar los trabajos se extiende hasta febrero de 2015–, y finaliza la reparación de las fugas en el embalse regulador de San Diego (Villena), el plan del Júcar que ayer recibió el visto bueno del Consejo Nacional del Agua contempla el envío adicional todos los años de 12 hm3 de agua de calidad desde el embalse de Bellús –vía infraestructura del pantano de Alarcón– que se usarán para consumo urbano. El documento que habilita Cortes de Pallás fue firmado por Arias Cañete con el vicepresidente Císcar y con Marta García de la Calzada, consejera de Fomento de Castilla-La Mancha.
Lo cierto es que el giro dado por el ministro en Madrid puede representar, si al final se cumple, la solución definitiva al problema de una infraestructura que costó 400 millones de euros y lleva cerrada más de un año. El propio secretario de Estado de Agua, Fernando Ramos de Armas, comunicó ayer a la Junta Central que el lunes estará en Villena para explicar a los usuarios del Vinalopó el acuerdo que habilita la recuperación de la toma de Corte de Pallás, única que puede hacer viable el trasvase de agua de calidad de Valencia a la provincia.
Lo que no se corrigió en el plan que pasará al Consejo de Ministros es que el nuevo documento ha dejado sin una sola gota de agua a la provincia para nuevos proyectos –el agua del trasvase es para solucionar la sobreexplotación de los acuíferos–, ya que mantiene la eliminación de la reserva de 40 hm3 que establecía el documento todavía en vigor. Hoy, si embargo, la posibilidad de recibir caudales extraordinarios desaparece legalmente, algo que no sucede con Valencia y Castilla-La Mancha. Los regantes castellano-manchegos con derechos en el Júcar contarán con una reserva de 100 hm3 para ampliación de regadíos (básicamente cereal subvencionado por la UE), algo de lo que se priva a la provincia , en concreto a los regantes de las comarcas del Vinalopó, l´Alacantí y la Marina Baixa.

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Los regantes del norte de Elche y de la comarca del Medio Vinalopó tienen la vista puesta en el Consejo Nacional del Agua que se celebrará el próximo miércoles y que tomará una decisión sobre el Plan Hidrológico del Júcar, en el que está contemplado el trasvase Júcar-Vinalopó que ahora mismo está en suspenso y que permitiría escapar de una situación de sequía a la que los agricultores estarán condenados de cara al verano. Así lo plantea Ángel Urbina, presidente de la Sociedad Agraria de Transformación (SAT) San Enrique de Elche, una comunidad que pertenece a la Confederación Hidrográfica del Júcar y al acuífero sobreexplotado de la Sierra de Crevillent, de cuyos pozos no se puede extraer agua por su mala calidad y por la profundidad a la que se encuentra (a unos 600 metros, según concreta Urbina). Precisamente, el Júcar-Vinalopó se justificó «técnica y jurídicamente» cuando se aprobó (aunque posteriormente se bloqueó y sigue en suspenso) en la necesidad de «paliar la sobreexpltación de los acuíferos del Vinalopó», explica el presidente de la SAT San Enrique.

«Si no traen agua del Júcar-Vinalopó en mayo o junio estaremos condenados a la sequía», asegura Urbina, quien concreta que espera que el día 26 se apruebe el Plan Hidrológico del Júcar en la asamblea del Consejo Nacional del Agua y que después, en un plazo máximo de tres meses, pase también satisfactoriamente por el Consejo de Ministros y se publique, dándole de ese modo validez legal al trasvase. Urbina concretó que los territorios que están esperando este agua son San Enrique en Elche, Monforte, Hondón de las Nieves y de los Frailes o Agost, una zona en la que especialmente se produce uva pero que también tiene una vasta extensión dedicada al cultivo de hortalizas.

«Esperamos que se acelere todo un poco y que de cara a mayo o principios de junio se apruebe definitivamente el Plan Hidrológico del Júcar para traer agua a esta zona como sea, porque estamos secos», urge el presidente de la SAT San Enrique, quien también ejerce como portavoz de Riegos de Levante y de la Federación Provincial de Entidades de Riegos.

Precisamente, el próximo día 28 está previsto que pasen por Consejo de Ministros los planes hidrológicos del Tajo y del Segura. Con todas estas novedades sobre la mesa, se espera que la asamblea general ordinaria que celebrará el sábado 29 de marzo la SAT San Enrique sea prácticamente un día de celebración, en el que se den por consolidadas muchas de las demandas en materia de agua que el sur de la provincia de Alicante ha reivindicado históricamente.

El orden del día incluye la aprobación de las cuentas de 2013 o del canon y los gastos a aplicar en 2014, además de la intervención de Francisco Gabriel Santiago (vicepresidente de la Junta Central de Usuarios del Vinalopó L’Alacantí y Consorcio de Aguas de la Marina Baja), quien expondrá el modelo de gestión de agua de la Marina Baixa (un uso integral con depuración y desolación incluidas); la alcaldesa de Elche, Mercedes Alonso; la presidenta de la Diputación de Alicante y de la Mesa Provincial del Agua, Luisa Pastor; el presidente de Riegos de Levante y de Entidades de Riego de la Provincia de Alicante, Manuel Serrano; y del conseller de Agricultura y Agua José Císcar.

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La Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Júcar acordó ayer, tras ver la evolución de las lluvias en lo que va de año, decretar la situación de prealerta por sequía en las comarcas del Vinalopó y l´Alacantí, donde apenas ha llovido un 10% de la precipitación considerada normal durante el invierno más seco desde 1981. El abastecimiento está garantizado por las desaladoras de Alicante, y por los acuíferos subterráneos en el Vinalopó, pero a costa de seguir aumentando la esquilmación de una bolsas de agua subterránea cada vez a mayor profundidad. Y todo con el trasvase Júcar-Vinalopó bloqueado por el cierre del embalse de San Diego (Villena) y la falta de acuerdo para construir la segunda toma en Cortes de Pallás.

La falta de lluvias que padece la comarca de l’Alacantí, donde el último episodio significativo de precipitaciones se produjo el 27 de noviembre de 2013, cuando una fuerte granizada tiñó de blanco las playas de San Juan y Muchavista, y dejó un registro de 20 litros por metro cuadrado, ha disparado las señales de alarma en el Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante, que no recordaba un inicio de año con menos lluvia desde 1981, hace 33 años, un ejercicio que terminó siendo uno de los más secos del siglo XX, según apunta Jorge Olcina, director del Laboratorio, quien afirma que la situación comienza a ser preocupante «porque la historia y la estadística en Alicante no suele fallar sobre las lluvias, y cuando sufrimos un otoño seco, el año termina marcado por la sequía, como sucedió en 1981». Ayer, la comarca entró en prealerta por sequía.

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Los regantes de la provincia tienen vía libre desde ayer para la compra de agua a sus colegas del Tajo y el Júcar, tras la entrada en vigor, con su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), de la nueva Ley de Calidad Ambiental, que da validez jurídica al memorándum del Tajo, el mismo que regula la creación del mercado libre del agua. Hasta ayer, la venta de agua entre comunidades autónomas al margen de los trasvases estaba fiscalizada por el Estado y sólo era posible en casos extremos, y tras la publicación del consiguiente decreto de sequía, como sucedió entre los años 2006-2010, cuando el Sindicato Central de Regantes pudo adquirir agua a la comunidad madrileña de Estremera.
Desde hoy, los regantes pueden comprarla a quien quieran siempre que haya infraestructura para su transporte, como es el caso del trasvase del Tajo, ya que la del Júcar-Vinalopó sigue cerrado. De hecho, los agricultores del Tajo tienen ya sobre la mesa varias ofertas en firme de agricultores de Madrid y Castilla-La Mancha. La apertura del mercado ha provocado, además, una mejora sustancial del precio del agua. Ahora mismo, la ilicitana Riegos de Levante (20.000 comuneros), cuenta con propuestas de agua a un precio de 0,06 euros el metro cúbico, un tercio más barata que la que pagaron a Estremera (0,18 euros) en 2006 y a mitad de precio que la del trasvase (0,12).
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, aprovechó ayer la publicación en el BOE del memorándum para celebrarlo con los presidentes de las comunidades autónomas del «acuerdo histórico» y con los regantes, entre los que estaban José María Claver y el ilicitano Manuel Serrano, dirigentes del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura. El portavoz del Sindicato en la provincia, Ángel Urbina, explicó que «el acuerdo ha sido bueno y el aumento de la reserva de los 240 hm3 a los 400 hm3 lo vamos a amortizar en cuatro años, ya que los 32 hm3 anuales que perderemos al año durante los cinco hasta que se fije la reserva se compensan con los 21 hm3 que nos darán y que antes se iban al Taibilla, con lo cual el déficit será sólo de 11 hm3 al año. A partir del quinto año todo se habrá amortizado y tendremos 21 hm3 más año», explicó.

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J. Sierra valencia La enmiendas del Partido Popular al texto remitido al Senado de la ley de Evaluación Ambiental, que incluye el Memorándum sobre el Tajo-Segura, «flexibilizan» el rígido marco actual para la venta de agua entre usuarios de cuencas hidrográficas distintas y abre la puerta a las empresas privadas, que podrían asumir el papel de intermediarios y relevar a la Administración en la ejecución de las conducciones necesarias para los trasvases.
Una de las consecuencias directas del nuevo marco legal, en el caso de que las enmiendas pasen el filtro del Senado con su redacción actual, sería la de posibilitar la venta de agua de calidad del Júcar al Vinalopó al margen de los caudales asignados al trasvase actual: hasta 80 hectómetros cúbicos de excedentes tomados en el azud de la Marquesa, cerca de la desembocadura.
Según ha podido saber Levante-EMV, existen empresas de construcción y servicios que en los últimos meses han sondeado la viabilidad de terminar a su coste la toma iniciada en Cortes de Pallás o incluso asumir la construcción de una toma en Antella. Esta nueva «autopista» permitiría que los usuarios del Júcar vendieran parte del agua superficial que tienen asignada en concesión sustituyéndola por agua de pozos, más cara, o por la procedente del ahorro en la modernización de regadíos.
Las empresas intermediarias deberían pagar un canon al Estado por utilizar tramos del trasvase de titularidad pública y cobrarían a los usuarios finales el «peaje» para la amortización de los tramos de nueva construcción más el oportuno beneficio industrial.
El modelo sería exportable a otras zonas de España e incluso al siempre polémico Ebro. Bastaría, tal como adelantaban ayer las organizaciones ecologistas y ciudadanas que denunciaron la introducción de estas enmiendas, con obtener el permiso de la Dirección General del Agua del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y disponer de la infraestructura adecuada.
En un futuro próximo, el ministerio trabaja en la creación de una Agencia Nacional del Agua que se encargaría de gestionar y tutelar estas transferencias y el suministro en alta del agua.

Reacciones
Los senadores del Partido Aragonés Regionalista, socios de Gobierno del PP en Aragón, presentarán enmiendas al proyecto de Ley de Evaluación Ambiental al entender que puede facilitar «un futuro proyecto de trasvase del Ebro». El senador del PAR, José María Fuster dijo en este sentido que la ley hace posible que «un concesionario de caudales de Tarragona pueda vendérselos de forma temporal a un regante del Levante».
Ayer también, el Grupo Parlamentario del PAR en las Cortes anunció que emplazará al Gobierno de Aragón, que preside Luisa Fernanda Rudi (PP), a «adoptar las medidas necesarias» para dejar sin efecto dos disposiciones finales de la nueva Ley de Evaluación de Impacto Ambiental, actualmente en trámite en las Cortes Generales, que facilitan los trasvases.
El PP aragonés, por su parte, argumenta que las enmiendas solo afectan al trasvase del Tajo-Segura, aunque no descartan negociar una posición común con el PAR, cuyos senadores están integrados en el grupo «popular» en el Senado español.

La presidenta de la Diputación de Alicante, Luisa Pastor, recibió ayer a los miembros de la nueva junta de gobierno de la Comunidad General de Usuarios del Medio Vinalopó y l’Alacantí, quienes le transmitieron sus inquietudes y demandas, como la de contar con voz propia en las actuales negociaciones del Plan del Júcar o su inclusión en la Junta Central de Usuarios del Júcar-Vinalopó.
Durante la reunión, el presidente de la Comunidad, José Torregrosa, también solicitó que la Comunidad entre a formar parte de la Mesa Provincial del Agua, una petición que la presidenta se ha comprometido a estudiar.
La comunidad, que representa unas 20.000 hectáreas, en su mayoría de uva de mesa, reclama unidad porque los acuíferos de la zona del Medio Vinalopó presentan graves déficits, al tiempo que se reivindica el trasvase Júcar-Vinalopó. El presidente de la Comunidad de Regantes estimó el déficit hídrico de la zona del Medio Vinalopó en 30 hectómetros cúbicos «aunque con 15 hectómetros cúbicos salvaríamos la situación de los riegos de la comarca».
Sobre el memorándum del Tajo, Luisa Pastor señaló que para alcanzar un punto de encuentro «hemos cedido con la reserva, pero también Castilla La Mancha lo ha hecho».

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Un acuerdo positivo que garantizará por ley la continuidad del trasvase del Tajo-Segura y posibilitará que el agua siga llegando a las tierras de cultivo de la provincia alicantina. Así valoró ayer el presidente de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, el acuerdo alcanzado entre la Comunidad Valenciana, Murcia, Castilla la Mancha, Madrid y Extremadura en materia de recursos hídricos que permitirá, según dijo, «salvar un aporte de agua entre cuencas que con el anterior gobierno central del PSOE estaba derogado».

El presidente del Consell hizo ayer estas declaraciones durante una multitudinaria reunión celebrada en San Miguel de Salinas para presentar a las comunidades del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura y destacó «las repercusiones positivas que, para los agricultores y usuarios del agua potable de la Mancomunidad de Canales del Taibilla, tendrá el pacto logrado con la firma del memorándum del trasvase» entre ambas cuencas. Fabra estuvo acompañado por el presidente de la Región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, así como por el presidente del sindicato de riegos, José Manuel Claver, numerosos regantes y decenas de políticos del Partido Popular de ambas comunidades, especialmente de la Vega Baja. Valcárcel fue el más crítico con los socialistas y «demonizó» que Zapatero llegase a aceptar la extinción del Tajo-Segura antes del 2015, algo que hubiera motivado la desaparición de las cosechas en territorio murciano y alicantino y dijo que el acuerdo en materia hídrica tenían que haber estado por encima de las siglas políticas y añadió que «los dos últimos presidentes del PSOE de Castilla-La Mancha fueron unos carteristas hidrológicos».

Reservas
Por su parte, el presidente del Sindicato de Regantes valoró que con el acuerdo «el trasvase tiene el futuro garantizado». Dijo que el hecho de que se haya elevado de 240 a 400 hectómetros cúbicos las reservas que deben almacenar los embalses de Entrepeñas y Buendía para que se pueda trasvasar agua no supondrá en absoluto un problema. Explicó que ahora la regulación de las condiciones del Tajo-Segura estarán amparadas por una ley y el agua se convertirá en derecho. Destacó también que con este pacto «se elimina la caducidad del agua trasvasada» y que, por ejemplo, si los regantes que se benefician del trasvase no consumen todo el caudal que tienen asignado para un trimestre, pueden acceder a ese excedente no gastado durante el resto del año hidrológico, lo que facilitará que llegue el oro transparente cuando más se necesita.

Por su parte, el alcalde sanmiguelero, Ángel Sáez (PP), quien actuó como anfitrión del evento defendió la continuidad del trasvase aunque más que desde el punto de vista político, desde el de un agricultor preocupado por tener agua «de buena calidad y que no sea cara». Sáez también arremetió contra las políticas hídricas del ejecutivo socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, criticando el alto precio del agua desalada puesto que los regantes «no obtienen beneficios para cubrir su coste». El regidor hizo mención, aunque de forma muy elegante, a la guerra del agua que se desató durante meses entre varias comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular antes de llegar a un acuerdo sobre el trasvase, y defendió que «el agua no nos tienen que separar, nos tiene que unir».

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