El Congreso de los Diputados aprobó ayer, a última hora de la tarde, el Proyecto de Ley de Evaluación Ambiental, que incorpora el memorándum del Tajo-Segura, el reciente acuerdo entre el Ministerio y varias autonomías sobre este trasvase. A renglón seguido, el PP arremetía contra el PSOE por votar en contra de esta iniciativa.

«El trasvase Tajo-Segura está hoy más vivo que nunca gracias al PP, a pesar de los intentos del PSOE de sentenciarlo a muerte», declaraba ayer en un comunicado el vicesecretario general del PPCV, César Sánchez.

El mismo indicaba que «el PSOE se ha quitado la careta al votar en contra del memorándum porque vuelven a demostrar que anteponen sus intereses partidistas a las demandas de los ciudadanos de la Comunidad».

«En concreto, el voto en contra del PSOE es el voto contra la consolidación del trasvase, priorizando la postura y los intereses del PSOE de Castilla-La Mancha», agregó Sánchez.

Así, la Ley de Evaluación Ambiental recoge el nuevo acuerdo sobre el Tajo por el que «en función de las existencias conjuntas» en Entrepeñas (Guadalajara) y Buendía (Cuenca), a principios de cada mes se decidirán trasvases con un máximo anual total de hasta 650 hectómetros cúbicos en cada año hidrológico».

El vicesecretario general del PPCV apuntó además que «por mucho que lo quieran silenciar, hoy –por ayer– se ha dado una solución histórica a un problema histórico para los regantes de la Comunidad, ya que el memorándum del Tajo-Segura ha adquirido rango de ley, por lo que se garantiza la supervivencia de estas transferencias hídricas vitales para la agricultura y la economía de la provincia de Alicante».

Vía «fraudulenta»
Por su parte, los socialistas calificaron de «fraudulenta» la vía seguida para introducir en este texto el acuerdo sobre el trasvase, al haberse hecho durante el trámite de ponencia vía enmiendas del PP, según informa EFE.

El secretario de agricultura, pesca y agua de la ejecutiva provincial del PSPV-PSOE en Alicante, Manuel Aldeguer, justificó ayer el voto en contra de su partido, entre otras razones, por considerar que «lo que han aprobado agrava el déficit hídrico del Segura, perjudica por todos lados a esta zona». Aldeguer, quien recordó que los regantes han presentado alegaciones, también insistió en que «las modificaciones que tienen que ver con la planificación hidrológica deben meterse en el Plan Hidrológico Nacional, y no en esta Ley de Evaluación Ambiental. No tiene ningún sentido».

El socialista manifestó que «hemos votado en contra porque el objetivo de los regantes era convertir en ley la regulación del trasvase y eso no se ha dado».

Remisión al Senado
La Comisión de Medio Ambiente del Congreso ha enviado así al Senado, con el único apoyo del PP, esta ley, que ha contado con el rechazo de PSOE, la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), UPyD y PNV. CiU se abstuvo, según informa Europa Press.

Entre otros puntos, han criticado que «se cuele» en esta ley el citado memorándum del Tajo, ya que la nueva legislación versa sobre evaluaciones de impacto ambiental, además de que en ciertos puntos supone una invasión de competencias, dado que el medio ambiente está transferido a las comunidades autónomas.

A petición del Gobierno, esta ley se tramita por la vía de urgencia, un hecho que los grupos de la oposición también han criticado.

Según el ministro del ramo, Miguel Arias Cañete, la normativa entrará en vigor en la Administración General del Estado «inmediatamente», mientras que las comunidades autónomas tendrán un plazo de un año para adoptarla. A esta ley los grupos parlamentarios habían presentado un total de 294 enmiendas parciales, de las que el PP ha aceptado la inclusión de cerca de siete.

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Portavoces y concejales socialistas del Alto y Medio Vinalopó han constituido esta semana en Villena la Mesa del Agua para reclamar al Gobierno central la aprobación del Plan Hidrológico de la cuenca del Júcar. Un documento imprescindible para contemplar las necesidades hídricas de ambas comarcas, contribuir a la recuperación de los acuíferos sobreexplotados del Alto Vinalopó y repartir racionalmente el agua del trasvase Júcar-Vinalopó.
«Nuestras comarcas, como nuestros acuíferos, no pueden esperar más, necesitan agua ya», aseguraba ayer la secretaria comarcal del PSOE, Lourdes Pastor, añadiendo que «a pesar de que este ha sido un año muy lluvioso, seguimos padeciendo una situación insostenible con el agua y mientras los recursos hídricos renovables cada año en estas comarcas son aproximadamente de 60 hectómetros cúbicos, las extracciones anuales casi duplican esa cifra, es decir, rondan los 120 hectómetros cúbicos. De aquí se sigue sacando agua como si nuestros acuíferos fueran infinitos, cuando ya están muy esquilmados, y nadie hace nada por evitarlo», denuncia Lourdes Pastor.
El trasvase Júcar-Vinalopó está acabado y aunque ha costado más de 330 millones de euros sigue sin utilizarse. «Ya ha habido un primer reparto de agua para vaciar y reparar el embalse de San Diego, y los regantes de nuestras comarcas han podido comprobar que es agua de calidad para sus campos. Creo que ya es hora de establecer las normas de explotación del trasvase y las concesiones de agua para que nuestra agricultura tenga suficientes garantías y se pueda proceder a la sustitución de algunos bombeos por el agua del trasvase, como estipuló en su día la CE para financiar las obras», recuerda la portavoz socialista.
Desde el PSOE también se exige al Consell que cumpla sus compromisos y ejecute las obras de la margen izquierda del post-trasvase para, de este modo, repartir el agua del Júcar por todo el Medio Vinalopó. Asimismo la Mesa va convocar a las principales comunidades de regantes para que se sumen a las iniciativas destinadas a garantizar «agua en cantidad y calidad suficiente» para esta zona.

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(Comunidad Valenciana) AMBIENTE-NATURALEZA | > AREA: Ciencia y tecnología

07-05-2013 / 17:00 h EFE

La plataforma Xúquer Viu ha considerado un «insulto» a los ciudadanos de la Ribera que el president de la Generalitat, Alberto Fabra, quiera llevar agua del Júcar para usos urbanos a Alicante mientras las poblaciones de la comarca están «condenadas» a beber «agua envenenada».

En un comunicado, el colectivo se ha referido así a unas declaraciones de Fabra en las que trasladó a los regantes su defensa del trasvase Júcar-Vinalopó.

Además, Xúquer Viu ha pedido a Fabra la finalización «urgente y prioritaria» de las obras necesarias para que los pueblos de la Ribera afectados por la contaminación de los acuíferos puedan volver a beber agua del grifo «lo más pronto posible».

En la Ribera, ha explicado Xüquer Viu, «desde hace más de 20 años» casi 200.000 personas están «condenadas» a beber agua con exceso de nitratos «y ahora ni tan sólo se puede beber por contaminación de herbicidas de los acuíferos en algunas poblaciones».

Xúquer Viu ha exigido a la Generalitat que garantice el cumplimiento de las condiciones ambientales impuestas por la Comisión Europea para financiar con 120 millones de euros la conducción del trasvase Júcar-Vinalopó.

Entre estas condiciones, ha destacado la plataforma, se encuentran el respeto de los caudales ecológicos del Júcar antes de realizar el trasvase, garantizar los derechos de los usuarios de la cuenca excedente, así como la aplicación de la Directiva Marco del Agua.

Esta directiva, ha señalado Xúquer Viu, «lleva más de tres años de incumplimiento en el Júcar», algo que, según ha denunciado, «ya ha dado lugar a una multa europea de centenares de miles de euros diarios».

Para Xúquer Viu, es una «irresponsabilidad» de la Generalitat «arriesgarse a tener que devolver los 120 millones por incumplimiento de las condiciones de cofinanciación», a parte, ha abundado, «de las multas».

El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, anunció ayer en Villena, donde asistió a una reunión con la Junta Central de Usuarios del Trasvase Júcar-Vinalopó, que el Consell defenderá ante el Gobierno que la «permanencia» del trasvase Júcar-Vinalopó «quede garantizada», y subrayó que se trata de una infraestructura hídrica «estratégica que posibilita un uso sostenible del agua», y a la recuperación de la toma de Cortes de Pallás, en lugar de la Marquesa.En su intervención en el encuentro, destacó que el trasvase «es un ejemplo» de distribución «solidaria y eficiente» del agua «para satisfacer» las necesidades de los regantes. «Es una infraestructura hídrica estratégica que posibilita un uso sostenible del agua y es una gran garantía para el futuro de una agricultura rentable», enfatizó Fabra, que ha tardado dos semanas a pronunciarse públicamente, tras revelar este periódico las intencione del Ministerio de Agricultura de excluir de la futura demarcación hidrográfica del Júcar las comarcas de l´Alacantí y la Marina Baixa, lo que significará la ruptura del trasvase.»Para nuestros campos el agua es un factor clave en cantidad, calidad y precio para asegurar el futuro y seguir generando prosperidad y empleo», recalcó. Finalmente, Fabra señaló que la Generalitat está «en plena colaboración» con la Confederación del Júcar «para que se llegue a un acuerdo viable y definitivo, que permita a las comarcas alicantinas del Vinalopó, l’Alacantí y la Marina Baja recibir el agua prevista en las condiciones de calidad y precio adecuadas».

Reunión en Madrid
Por su parte, el secretario de Estado de Agua, Federico Ramos y la directora general, Liliana Ardiles, colaboradores directos del ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, se comprometieron a su vez el martes con la Junta Central de Usuarios del Júcar-Vinalopó, a buscar una solución que evite el bloqueo del trasvase, amenazado gravemente en estos momentos por el proyecto del Ministerio, impulsado por la presidenta de Castilla-La Mancha y secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, de excluir a las comarcas de l´Alacantí y la Marina Baixa, de la futura demarcación hidrográfica del Júcar.
Ramos y Ardiles se reunieron el pasado martes con una delegación de los regantes y usuarios alicantinos en Madrid para intentar calmar los ánimos, tras el incendio que ha provocado en la Junta Central, apoyada por la Diputación, el decreto en el que se perfila el nuevo mapa de las demarcaciones hidrográficas, con la creación de las denominadas Cuencas Internas de la Comunidad Valenciana, que dejaría en manos de la Generalitat comarcas sin ríos. Iniciativa que, además, daría el control del Júcar a Castilla-La Mancha, tal como han advertido los regantes y la Universidad de Alicante, dejando herido de muerte al trasvase Júcar-Vinalopó e, incluso, al abastecimiento de la propia ciudad de Valencia, cuyo suministro depende de un trasvase Júcar-Turia. La Junta expresó su malestar y recibió noticias tranquilizadoras, pero también un mensaje claro en Madrid. Desde el Ministerio se les trasladó su sorpresa porque reaccionen ahora de esta manera, cuando, según Agricultura, la tramitación del decreto de demarcaciones se realizó con el visto bueno de la que entonces era consellera, primero del Consell de Camps y después del de Alberto Fabra, Maritina Hernández. Por otro lado, el Ministerio reiteró que no pone pegas siempre a la toma de Cortes que haya acuerdo con la Acequia Real.

 El retraso en la aprobación de los planes de cuenca cuesta 200.000 euros diarios de multa, según explicó ante el Consejo del Agua el presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), Miguel Ángel Ródenas. A esta cantidad hay que sumar la sanción de 100 millones que ya ha impuesto la Unión Europea al Gobierno de España por haber incumplido los plazos de aprobación de los planes de cuenca, algunos de cuales llevan ya cinco años de retraso.Sin embargo, las sanciones de Bruselas, que cada mes representa la escalofriante cifra de seis millones, no evitarán que la aprobación definitiva del Plan Hidrológico de la Cuenca del Segura se retrase al menos otros ocho meses. Tras la aprobación del Consejo del Agua se reunirá la Comisión de Planificación de la CHS para elaborar el borrador y se abrirá un plazo de exposición pública de seis meses, lo que impedirá que el nuevo Plan pueda quedar definitivamente aprobado antes de final de año. La tramitación obligará además a someter el plan a la aprobación del Consejo Nacional del Agua y del Consejo de Estado, según precisó Ródenas.

Año 2008
«Es muy importante que saquemos adelante el plan, porque llevamos un retraso de cinco años», indicó Ródenas. El presidente de la CHS recordó que la planificación de las cuencas españolas debía estar concluida en el año 2008, «pero estuvo parada mucho tiempo».
El inevitable encaje entre los planes del Segura y del Tajo ha impedido sacarlos adelante hasta que se ha alcanzado un acuerdo entre las comunidades autónomas de Murcia y de Valencia con Castilla-La Mancha que permite mantener el trasvase del Tajo, aunque establece nuevas limitaciones, al elevar de 240 a 400 las reservas mínimas necesarias para que se pueda desembalsar agua de Entrepeñas y Buendía. Los intentos de Castilla-La Mancha por reducir al máximo los trasvases llevaron a la Confederación del Tajo a redactar un plan hidrológico frustrado hace varios años que sentenciaba las aportaciones al Segura, lo que obligó a reiniciar el proceso. También la CHS presentó un documento hace un par de años que fue rechazado por el Consejo del Agua.

 «Lo que tiene que hacer el PP de Castilla-La Mancha es recapacitar, aportar y pensar en positivo. Es absurdo que salga diciendo que la Comunidad Valenciana busque otras fórmulas para lograr agua en relación al Tajo». La reflexión de Luisa Pastor fue ayer, una vez más y ante el silencio oficial del vicepresidente Císcar y el presidente Fabra, la voz autorizada del PP, que trató de parar la andanada lanzada el domingo por su compañero de partido y portavoz del PP en las Cortes castellano-manchegas, Francisco Cañizares.

El diputado manchego reclamó a la Comunidad Valenciana que busque otras fórmulas para conseguir agua (clara alusión al objetivo del gobierno de De Cospedal de cerrar el trasvase) y dejó sin valor el memorándum firmado por el Consell y Murcia con el Gobierno, con el que aseguran que el trasvase está salvado. Algo complicado en los años de sequía, según ha advertido la Universidad de Alicante, por culpa de elevar la reserva hasta los 400 hm3, lo que impedirá que salga un gota de sequía del complejo de embalses de Entrepeñas y Buendía.

Luisa Pastor se mostró ayer abierta al diálogo, admitió que la demanda de agua de Castilla-La Mancha y Madrid haya crecido en los últimos años, pero apeló a buscar el consenso. «A nosotros nunca se nos ha ocurrido pedir agua por encima de los derechos de los demás, de ahí que me parezca absurdo el planteamiento de ese señor». Pastor considera un buen punto de partida que la reserva se fije «en 400 hm3 y no los 600 hm3 que quería Barreda».

Por su parte, el secretario general del PP en la Comunidad, Serafín Castellano, recurrió al guión oficial. «El memorándum garantiza el trasvase Tajo-Segura».

Por otro lado, el secretario general del PSPV, Ximo Puig, aprovechó la coyuntura para volver a cargar contra el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra. «No puede continuar arrodillando a los valencianos ante lo que diga la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal. El Tajo-Segura es intocable».

Las informaciones aparecidas sobre un nuevo diseño en la demarcación Hidrográfica del Júcar por parte del Ministerio de Agricultura, lo que supondría el final del Júcar-Vinalopó, son para secretario provincial del PSPV-PSOE, David Cerdán, una muestra más de que el gobierno del PP “no apuesta por la provincia de Alicante”.

Los socialistas consideran que una vez eliminado “el ruido y la demagogia del PP” la verdad es que “con los gobiernos del PSOE, ni el trasvase Tajo-Segura y ni el Júcar-Vinalopó estuvieron en peligro. Es más, se aseguró más agua para siempre con el plan de desaladoras, como la de Torrevieja”

David Cerdán, Secretario provincial del PSPV-PSOE mostró su preocupación e indignación, ante las informaciones que resaltan las intenciones del Ministerio de Agricultura del Gobierno de España en relación a un nuevo diseño de la demarcación hidrográfica del Júcar, priorizando diversas cuencas de Castilla-La Mancha, y que supondrían “la defunción del Júcar-Vinalopó”. Este proyecto, unido a la propuesta de Plan del Tajo que pone el peligro el trasvase al Segura, y propuestas como la de privatizar la Mancomunidad de los Canales del Taibilla son para Cerdán una muestra evidente de que Rajoy “cierra el grifo del agua a la provincia de Alicante”.

Y es que para el dirigente socialista, en los trece meses del gobierno de Rajoy, sobre el tema del agua la provincia de Alicante sólo ha recibido “malas noticias y amenazas” comprobándose que para el PP “nuestra tierra y nuestra economía se encuentran a la cola de sus prioridades, ya que se nos perjudica en favor de otros territorios e intereses políticos que atentan contra la principios de vertebración y solidaridad territorial”.

En este sentido, Cerdán considera que al PP valenciano le cuesta cada día más defender su “pose” en relación a la problemática del agua. “El chiringuito mediático y propagandístico se les cae a pedazos” ha declarado Cerdán que considera que lo peor de todo “no es que nos hayan mentido sobre este tema, algo grave, sino que llegados a este punto sean incapaces, no sólo de conseguir más agua como nos prometían, sino de mantener la que tenemos. Han perdido la credibilidad y la confianza de los alicantinos” ha afirmado.

«LAS ACTUACIONES EFICACES DE MANO DEL PSOE»

Para Cerdán, los intentos del PP alicantino y valenciano por “escurrir el bulto” mediante la firma de un memorando en relación al Tajo-Segura, o por culpar al anterior gobierno socialista “de todos los males del agua” dejan al descubierto la “incapacidad manifiesta del Consell para influir en las decisiones del ministerio, así como para proponer una alternativa sería y positiva para la provincia, y demuestra que detrás del ‘Agua para todos’ no había nada más que interés electoral”.

Así, los socialistas consideran que una vez eliminado “el ruido y la demagogia del PP” la verdad es que “con los gobiernos del PSOE, ni el trasvase Tajo-Segura y ni el Júcar-Vinalopó estuvieron en peligro. Es más, se aseguró más agua para siempre con el plan de desaladoras” ha afirmado Cerdán.

En este sentido, Cerdán ha calificado como de “muy buena noticia” que la desalinizadora de Torrevieja -proyectada por el gobierno socialista de Zapatero- haya iniciado ya el proceso de pruebas.“Una buena noticia que la Generalitat Valenciana y el PP nos ha estado hurtando durante demasiado tiempo” ha denunciado Cerdán.

Y es que para el responsable socialista en la provincia de Alicante, la actitud de la Generalitat –especialmente con Camps como presidente- en relación a las desaladoras fue de “obstrucción y auténtico boicot”. Así Cerdán ha recordado lo que en su opinión fueron “tristes episodios” como el “bloqueo a la entrada de camiones durante su construcción, la paralización de trabajos, o la demora en la aprobación de permisos” acciones que para el dirigente socialista “han sido la causa de la demora de una instalación que ahora se ve como imprescindible por parte del propio Consell”.

En este sentido Cerdán ha afirmado que gracias a la desaladoras de  San Pedro del Pinatar en Murcia y la de Alicante I y II “municipios de nuestra provincia y de la región de Murcia no ha tenido restricciones de agua el verano pasado” por lo que “se demuestra la utilidad y necesidad de poner en valor las desaladoras”. Cerdán ha señalado que “incluso el gobierno del PP ha tenido que aumentar el pasadop verano su uso ante la sequía y la avería en el trasvase Tajo-Segura”. Esto –en su opinión- contrasta “radicalmente” con las palabras que en su momento realizaron dirigentes del PP como González Pons –que las tildó como “las nucleares del mar- o como David Serra que afirmó que “no queremos agua desalada ni regalada”.

F. J. B. Paso al frente de Luisa Pastor. La presidenta de la Diputación reclamó ayer el Consell que se ponga las pilas e impida que el Ministerio de Agricultura ceda ante Castilla-La Mancha y deje la dotación de los caudales del trasvase Júcar-Vinalopó en manos de la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, tal como esta previsto en la hoja de ruta marcada por el Gobierno en el decreto para formar el nuevo consejo del Agua de la Confederación del Júcar y su futura tranformación en demarcación hidrográfica y adelantó ayer este periódico. Pastor se mostró inflexible y avanzó que pedirá al vicepresidente José Císcar, en quien tiene plena confianza, que pare el sainete en el que se ha convertido la futura planificación de la cuenca del Júcar, en la que está previsto la exclusión de las comarcas de l´Alacantí y la Marina Baixa, lo que representaría, según la presidenta de la Diputación, la «muerte del trasvase del Júcar y, por lo tanto, problemas graves para dos sectores clave de la provincia como son la agricultura y el turismo.
La presidenta anunció que el proyecto de las nuevas demarcaciones hidrográficas y la creación de una propia para la Comunidad Valenciana, pero sin dotarla de agua se llevará a la comisión de expertos creada en la Mesa Provincial del Agua, aunque reiteró que confía en que José Císcar intervendrá. Mientras Pastor mostraba su cara más dura, el Consell optó por el silencio aunque fuentes de la Conselleria de Agricultura aseguraron que el vicepresidente Císcar ha ordenado estudiar a fondo el decreto para ver qué camino seguir.
«Me uno y suscribo las palabras
de una de las personas y autoridades más importantes en materia hídrica de nuestra provincia y uno de los principales conocedores de la realidad hídrica de España, el profesor Gil Olcina, que ha dicho que la separación de Vinalopó de l´Alacantí y la Marina Baixa sería la muerte del trasvase», aseveró Luisa Pastor, tras ser preguntada ayer en un acto público por la nuevas intenciones del Ministerio de Agricultura.
La presidenta alertó, por otro lado, de que seguir adelante con el proyecto para crear una demarcación hidrográfica del Júcar, con más representación para Castilla-La Mancha, «provocaría que muchos agricultores verían en peligro su medio de vida. Pero no sólo eso, no olvidemos que la principal industria de la provincia, que es el turismo, se vería afectada, como ya ha pasado en épocas anteriores». Y es que la garantía de agua es vital para mantener los visitantes. Pastor vivió en directo, aunque en otra situación, la fuga de los turistas alemanes a finales de los 70 al falta de agua en la Marina Alta.
Desde el Instituto de Geografía, el catedrático Antonio Rico reiteró el «despropósito que supone el planteamiento del Gobierno al proyectar una demarcación hidrográfica sin agua y duplicando el gasto de fondos públicos».

F. J. B. Los incendios se apagan en invierno y… las sequías se solucionan cuando llueve y hay reservas. Dos máximas que parecen no llevar al día, al menos la segunda, los técnicos de la empresa estatal Acuamed, que, dos meses después de haber vaciado y cerrado el principal embalse del trasvase Júcar-Vinalopó para reparar las fugas, siguen sin comenzar una reparación que costará unos 8 millones de euros.

La situación no es hoy urgente, debido a que las lluvias del invierno han elevado la reserva de agua y el campo mantiene la humedad, pero entre los agricultores del Vinalopó comienza a verse el futuro con mucha incertidumbre. Al parecer, los técnicos no han localizado todavía el origen de las fisuras que provocaron la fuga de 6,7 millones de litros de agua del principal embalse del Júcar-Vinalopó, y que estará cerrado hasta, al menos, la primavera de 2014. Fecha en la que, según los cálculos más optimistas de la Junta Central de Usuarios, podría volver a llenarse de agua si mejora la calidad del agua del Azud de la Marquesa.

Un caudal que, por otro lado, vuelve a plantear dudas, debido a la presencia puntual de sustancias peligrosas en la desembocadura de Cullera -toma del agua-, según revelan los análisis oficiales. Los últimos estudios colgados en la página web de la Confederación del Júcar revelaron el pasado febrero la presencia de sustancias fecales y de los tristemente clorpirifos, un insecticida que se utiliza combatir las plagas.

La operación de desembalse de la presa de San Diego permitió aprovechar 4,3 hm3 de los 12 hm3 que se llegaron a almacenar, y que estuvieron bloqueados dos años, periodo en el que se produjeron las filtraciones por los defectos en la construcción de la infraestructura. El riego de socorro para 23.000 agricultores del Medio y Bajo Vinalopó acabó a finales de enero y, ahora, el embalse está cerrado a la espera de que los técnicos detecten los puntos donde se producen las filtraciones. La situación en el campo está controlada ya que con el desembalse que se llevó a cabo entre septiembre y enero hay caudal en los embalses para aguantar todo el año. Sin embargo, la incertidumbre se centra en el año 2014.

La presa de San Diego tendrá que estar un año cerrada y sin poder almacenar agua para poder tapar las zonas donde se produjeron las filtraciones que provocaron la pérdida de millones de litros de agua antes de poder realizar el primer trasvase el pasado septiembre. Costó 20 millones de euros en 2009, pero no se impermeabilizó.

Los defectos en su construcción podrían dejar inutilizado el embalse, incluso hasta al menos, 2016, año en el que se estima que podrá volverse a regar con el caudal del Júcar bombeado desde Cullera, si antes no se llega a un acuerdo entre los regantes alicantinos y valencianos para activar la toma de Cortes de Pallás. La única que garantiza que el agua sirva para riego y consumo urbano y, por tanto, que el trasvase sea viable desde el punto de vista social y económico.

Una opción cuya negociación parece se ha aparcado en los últimos meses para satisfacción de los regantes valencianos que siguen reacios a que la Confederación Hidrográfica del Júcar autorice la construcción de una segunda toma en el punto original, Cortes de Pallás. El Consell se ha apartado de la negociación y el Ministerio tampoco arrima el hombre preocupado ahora por sacar adelante los planes de cuenca del Júcar y Tajo.

El PP veta en Cortes una comisión sobre el Tajo
El portavoz del PSPV en las Cortes Valencianas, Antonio Torres, criticó ayer que el PP se opusiera a tramitar una propuesta socialista para crear una comisión de estudio sobre el trasvase Tajo-Segura, con el objetivo de conocer las repercusiones que puede tener el plan de cuenca que está elaborando el Gobierno central. Torres denunció tras la junta de portavoces que «incomprensiblemente el PP se ha negado a tramitarla» y dijo que este asunto se puede sustanciar en una comisión ordinaria.

Por su parte, el síndic del PP, Jorge Bellver, defendió que «no puede ser que el PSPV, que se fue a Cataluña a brindar por la derogación del trasvase del Ebro, ahora se atreva a venir a la Comunidad a hablar de comisiones de estudio que pretenden asumir competencias que no son de las Cortes, sino del Gobierno». Bellver lamentó que «los socialistas pretendan convocar la comisión para conocer a estas alturas del partido las necesidades de los agricultores y de los expertos en materia hídrica. A buenas horas», apostilló Bellver, según el cual el Consell «lleva desde hace muchos años defendiendo las necesidades de agricultores y las opiniones de expertos».

Cerca de 30.000 regantes de la provincia de Alicante podrán empezar a dormir algo más tranquilos en breve si finalmente se suscribe el acuerdo que dejará claro de antemano con qué caudales del trasvase Tajo-Segura podrán contar los agricultores para poder garantizar la continuidad de sus cultivos.
Si no surge ningún imprevisto, antes de que finalice el presente mes, el Gobierno central, los autonómicos de Castilla-La Mancha, Murcia, Andalucí y Comunidad Valenciana y las distintas comunidades de regantes deberían firmar un acuerdo por el cual las batallas y discrepancias por los recursos hídricos del Tajo quedarían aparcadas durante muchos años tras ceder todas las partes en algunas de sus pretensiones.
El portavoz de Riegos de Levante, Ángel Urbina, -que representa a 20.000 regantes con cerca de 35.000 hectáreas-, prefirió ayer esperar a que se rubrique definitivamente el acuerdo para hablar de cantidades concretas a trasvasar a partir de ahora, según se den episodios de sequía o no o cualquier situación hídrica, y avisó de que las negociaciones están siendo complicadas y que por tanto incluso puede ser que no hubiera acuerdo a tan corto plazo.
«Efectivamente, desde hace cuatro o cinco meses estamos asistiendo a un proceso negociador largo y complicado sobre el Plan Hidrológico del Tajo, que afecta por supuesto al Tajo-Segura. En estos momentos, como portavoz del Sindicato de Regantes en Alicante, digo que ahora mismo no hay nada cerrado, que continuamos negociando y que también hay buena disposición», señaló Urbina.
Este acuerdo, que todo apunta que a se firmará de manera «inminente», permitiría a los regantes, 30.000 en toda la provincia de Alicante que trabajan cerca de 50.000 hectáreas de tierra -140.000 hectáreas y 80.000 comuneros de Almería, Murcia, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha si se incluyen a todos los concernidos por este pacto-, entre otras cosas, no depender de las reuniones en las que cada trimestre el Gobierno autoriza cuántos hectómetros trasvasar y que prácticamente siempre indigna a los regantes y gobiernos autonómicos: los del norte muestran su malestar porque consideran que se cede mucho caudal, y los del sur, porque entienden que siempre es escaso y se les perjudica.
Así las cosas, el acuerdo podría poner un punto y aparte en estas batallas y, sobre todo, se podría conocer con claridad y previsión suficiente, entre seis meses y un año, los aportes a las distintas comunidades de regantes en función de las reservas de agua en los embalses de la cabecera del Tajo: Entrepeñas y Buendía (Guadalajara-Cuenca).
«En Alicante hay dos personas que se están dejando la piel y que son los artífices si alguna vez se llega al acuerdo. Uno es el vicepresidente del Sindicato de Regantes del Tajo-Segura, presidente de la Comunidad de Regantes de El canal y presidente de Riegos de Levante, Manuel Serrano, y el otro es José Císcar, el conseller de Presidencia y Agua, que han liderado la cantidad de reuniones que estamos teniendo desde noviembre y con discreción. Cuando tengamos algo cerrado y firmado, que no existe, esas dos personas tendrán que contar los pormenores del acuerdo», según expresó ayer Urbina, quien apeló a «respetar los tiempos». El portavoz de los regantes quiso añadir que lo que se está intentando razonar en estas reuniones es que «el trasvase es imprescindible para el mantenimiento de la vida en la provincia, que es lo que nos toca. Del agua depende industria, turismo, consumo humano y agricultura».