Los regantes del trasvase Tajo-Segura recurrirán a los presidentes del gobierno murciano y de la Generalitat Valenciana, Ramón Luis Valcárcel y Alberto Fabra, respectivamente, para acabar con «el calvario» de las penurias que impone la Comisión Central de Explotación. Tras la decisión del ministerio de Medio Ambiente de enviar «sólo» 76 de los 114 hectómetros cúbicos que permite la regla de explotación para cubrir las necesidades del regadío y del Taibilla entre enero y marzo, se reunió ayer junta de gobierno del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, que calificó de «injusto y desacertado» el acuerdo. Su presidente, José Manuel Claver, anunció ayer que va solicitar una entrevista al presidente regional murciano para explicarle la situación y plantearle las consecuencias que puede tener la racanería, a su juicio, de la Comisión Central de Explotación, dado que impide planificar las campañas.Claver está dolido también con la Confederación Hidrográfica del Segura, que apoyó la propuesta de la directora general del Agua, Liana Ardiles, de reducir el desembalse a 76 hectómetros cúbicos, 46 de los cuales serán para el regadío, aunque parte de los caudales tendrán que dejarlos como reserva estratégica y no podrán consumirlos. Además, Claver recordó que quedaban pendientes otros 23 hectómetros cúbicos, que tampoco se podrán recuperar. Teme que la rebaja impedirá hacer acopio para los meses de primavera y verano, en los que prevé que los desembalses se reducirán aún más si las reservas de Entrepeñas y Buendía caen por debajo del límite que obliga a intervenir al Consejo de Ministros. «Estamos condenados a no regar este trimestre y nos está hundiendo para los regadíos de primavera y verano», a pesar de que «hablamos de un regadío eficiente, que exporta y mantiene los puestos de trabajo. Habría que mimar más a los regantes, no darles patadas, que es lo que parece», porque «se puede causar un daño irreparable a los culitvos y a la economía».Del mismo modo, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), Miguel Ángel Ródenas, declaró en Murcia que el desembalse aprobado es suficiente para atender las necesidades del regadío y del abastecimiento. También el consejero de Agricultura murciano, Antonio Cerdá, se manifestó en el mismo sentido, al asegurar que el envío del Tajo autorizado «es lo que necesita». Claver les contestó ayer que cuando «mandaron hace unos 20 días la propuesta de los 114 hectómetros cúbicos a la CHS y al consejero, «todos estaban de acuerdo con esa petición», además de haber defendido reiteradamente que había que cumplir con las reglas de explotación, por lo que se preguntó: «¿Por qué este cambio? ¿Se ha producido una transformación al pasar por La Roda?». Claver lanzó ayer una carta de indignación en la web de los regantes en la que señalaba entre otras cosas que el trasvase aprobado es decepcionante. «Los regantes del trasvase no nos merecemos una actuación de esa índole», dijo, para añadir que «con amigos así no nos hacen falta enemigos».La presidenta de la Diputación de Alicante, Luisa Pastor, resaltó ayer que, más que la cantidad, lo importante era que se aprobara este reciente trasvase, y que había que tener en cuenta «que hay una sequía importante y las reservas son menores que las del pasado año».

La Generalitat y los regantes alicantinos -éstos representados por un compañero de la Acequia Real del Júcar- han trasladado al Ministerio de Agricultura sus votos en contra del borrador que ha preparado el Gobierno sobre las nuevas demarcaciones hidrográficas, y en el que se aumentas las competencias hídricas del gobierno de Castilla-La Mancha sobre la cuenca del Júcar. Un control que podría tener en el futuro consecuencias letales para la provincia, como el recorte de caudal de agua a trasvasar al Vinalopó, l´Alacantí y la Marina Baixa.
El Consell recuerda en sus alegaciones el carácter intercomunitario de la cuenca (geográficamente pertenece a Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana), apoyándose en una sentencia a favor del Tribunal Supremo del 11 de septiembre de 2011, y rechaza, por tanto, el intento de la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal de que, en base al endorreísmo (agua que nace y muere en una misma zona) de algunas bolsas importantes de la cuenca del Júcar, ésta podría declararse intracomunitaria (un mismo territorio), lo que le daría, prácticamente, el control absoluto del agua el Júcar.
Consell y agricultores discrepan además, de la composición del consejo del agua en la futura demarcación del Júcar, que De Cospedal quiere que se decida en base a territorio y no a población. Es decir, tumbar el intento de que Castilla-La Mancha siente un mayor número de miembros en la mesa donde se toman las decisiones en base a contar en su territorio con mayor superficie de cuenca. La Generalitat sostiene que la balanza debe inclinarse hacia la Comunidad Valenciana al tener más población dependiente del agua del Júcar, lo que contradice la postura de De Cospedal, que exige que las cuentas se hagan en base a la tierra.
El Consell planea, por otra parte, en sus alegaciones al borrador del decreto, que la Confederación Hidrográfica del Júcar debe comprender el territorio de las cuencas intercomunitarias y, provisionalmente, en tanto se efectúa el correspondiente traspaso de funciones y servicios en materia de recursos y aprovechamientos hidráulicos, el territorio de las cuencas y zonas endorreicas intracomunitarias de la Comunidad Valenciana y de Castilla-La Mancha, «comprendidas entre la margen izquierda de la Gola del Segura en su desembocadura y la desembocadura del río Cenia, incluida su cuenca», según recoge la documentación a la que ha tenido acceso al periódico.
En cuanto al término Demarcación Hidrográfica del Júcar, las alegaciones del Consell plantean lo mismo que para la Confederación, añadiendo las aguas costeras que tienen como límite la costa de los términos municipales de Elche y Guardamar del Segura, y como límite norte la línea que pasa por el extremo meridional de la playa de Alcanar.
El borrador sí devuelve, en principio, a la Comunidad Valenciana la mayoría en el consejo de agua del Júcar, ya que representa el 50% de territorio y más del 90% de la población. No obstante, en sus alegaciones, el Consell advierte de que los usuarios sólo tienen 28 asientos en un consejo de 85 miembros. «Debe comprobarse si esto cumple con el mínimo de un tercio prescrito por la ley. Si se aumenta en un vocal, nuestra propuesta sería que fuera para un representante del uso de aguas costeras, por ejemplo del sector pesquero», señala el documento remitido al ministro Cañete.

Los regantes del postrasvase Júcar-Vinalopó dan por hecho que el Gobierno central cambiará la toma de captación de agua del Júcar, desde el punto actual en el Azud de la Marquesa, cerca de la desembocadura, hasta Cortes de Pallás, en la cabecera del río para que el agua trasvasada «sea de calidad». El único problema que aprecian son los entre 60 y 70 millones que costaría la conexión porque el Consell «tiene ahora otras prioridades económicas».
A pesar de la confianza mostrada, la Junta Central de Usuarios del Júcar-Vinalopó aprobó ayer reivindicar públicamente la toma en Cortes de Pallás en una reunión que se celebró, de manera extraordinaria, en la Sala del Consell del Ayuntamiento de Elche coincidiendo con la llegada de agua del Júcar al campo ilicitano. Y ello, justamente 592 años después de que se realizara la primera petición en este sentido en el año 1420.
El presidente de los usuarios, Andrés Martínez, preguntado por este medio, quiso dejar claro que se cuenta con el respaldo, para el cambio de la toma, del Gobierno Valenciano y del Gobierno central.
Sobre la primera administración afirmó que su postura «siempre ha sido la misma y en el mismo sentido, que el trasvase sea útil, con la toma en Cortes de Pallás y estar a nuestro lado; entiendo que no solo hay buenas palabras hacia nosotros».
Acerca del ejecutivo central indicó que, «hay voluntad de dialogo; el desembalse de hoy (por ayer) es para ello, abrir un diálogo vetado durante ochos años (por el PSOE)».
A pesar de este optimismo, Andrés Martínez, no acudió al acto que tuvo lugar en el embalse «conseller José Ramón García Antón» de Elche, que recibió por primera vez aguas procedentes del Júcar. La razón, según dijo, «es en señal de protesta al no tener el trasvase que nos merecemos».
En la Junta de Gobierno estuvieron presentes entre otros, la alcaldesa, Mercedes Alonso, el presidente de la Comunidad de Regantes Riegos de Levante Margen Izquierda del Segura, Manuel Serrano, y el también miembro de esta entidad y presidente de la SAT San Enrique, Ángel Urbina, a la cual están destinados los recursos que llegaron ayer.
Todos coincidieron en calificar el día de ayer como «histórico». «Es una jornada histórica para Elche y el campo» aseguró la primer edil que subrayó que «hoy por fin, tras 592 años, recibimos agua del Júcar que debe ser de calidad y con un precio asequible para los agricultores, que es lo que no tenemos al no tomar el trasvase de agua desde Cortes de Pallás; la agricultura es un sector estratégico, por eso vamos a reivindicar lo que es justo (el cambio de la toma)».
Andrés Martínez aseguró que «se trata de una día muy importante para el Vinalopó y la provincia pero, por desgracia, no lo celebramos como nos gustaría porque en 2005 truncaron nuestra aspiraciones (el PSOE con el cambio de toma del Júcar)».
Por otro lado, Manuel Serrano, aseguró que, el cambio de toma «depende de la voluntad del Gobierno (del PP)» ya que de ello, «depende el éxito del trasvase Júcar-Vinalopó». Expuso además que «se deben tener en cuenta que el agua que recibimos la pagamos bien, pero sobre todo, el alto rendimiento se obtiene de ella mediante la agricultura».
Ángel Urbina calificó «de vergonzoso» en cambio de la toma que decidió el PSOE. «Hoy (por ayer) es un día de celebración, pero nuestro trasvase, el original, es desde Cortes de Pallás».

El Gobierno de Mariano Rajoy ha aprobado unos presupuestos claramente restrictivos con el Medio Ambiente, la Agricultura y la Pesca, lo que también se ha trasladado al presupuesto global para la Comunidad Valenciana en estas materias. El ministerio prácticamente queda reducido a la mínima expresión, manteniendo la tónica de 2012 cuando las inversiones cayeron un 55%. Con todo, las partidas dirigidas a infraestructuras para asegurar el suministro de agua se fundamentan en Acuamed, la empresa pública que construye las desaladoras y las instalaciones necesarias para reutilizar las aguas residuales. Por tanto, salen de la compañía pública y no de la caja ministerial.
El total de la inversión de Acuamed se eleva a 111 millones, en las tres provincias valencianas, repartidos principalmente en la Marina Baixa, Torrevieja y Oropesa. El mayor esfuerzo se hará en las plantas desaladoras, que tanto criticó en su día el PP. Del trasvase del Ebro, que parece olvidado en el tiempo, y de reivindicaciones históricas como la presa de Vilamarxant nada se sabe.

La Junta Central de Usuarios del Trasvase Júcar-Vinalopó tiene avanzadas las negociaciones para conseguir financiación privada con la que pagar los 60 millones de euros que cuesta activar la toma de Cortes de Pallás del trasvase y que pueda llegar a la provincia agua potable, algo imposible desde el Azud de la Marquesa, donde el caudal sólo es apto para el regadío, y después, además, de pasar un tiempo embalsado en Villena. En principio y dado que ni el Ministerio de Agricultura ni la Generalitat se muestran favorables a recuperar la toma original del agua en Cortes de Pallás (falta de presupuesto y presiones de los regantes del Júcar), la estrategia de los agricultores alicantinos será doble. Por un lado tratar de buscar un consenso con la todopoderosa Acequia Real del Júcar y, por el otro, convencer al ministro Arias Cañete de la viabilidad económica de la operación. Sesenta millones de euros que estarían dispuestos a adelantar, según ha podido saber este periódico, las empresas suministradoras de agua potable a los municipios que se beneficiarían del agua del trasvase al dejar de bombearla de los acuíferos sobreexplotados. Las suministradoras recuperarían su inversión vía tarifa.La Junta Central tiene otro as en la baraja. Si el Júcar-Vinalopó no sirve para todos los usos (urbano y regadío), la UE reclamará al Gobierno la devolución de los 120 millones de euros que aportó para construir el trasvase. Los agricultores deberán empezar de cero las negociaciones puesto que desde el pasado viernes su interlocutor en Madrid, Juan Urbano, ya no existe tras ser cesado por el ministro Cañete. El ministro ha descargado la responsabilidad en Liliana Ardiles, ingeniera de Caminos por la Universidad Politécnica de Madrid que lleva en temas hídricos desde 1997, cuando entró como funcionaria en la Dirección General del Agua. Hasta 2010 trabajó en la Confederación Hidrográfica del Duero. Ardiles tiene por delante negociar la toma de Cortes de Pallás, las nuevas demarcaciones hidrográficas y la hipotética recuperación del proyecto del trasvase del Ebro.

Conselleria de Agricultura, Confederación del Júcar y Junta Central de Usuarios del Trasvase Júcar-Vinalopó cerraron ayer el acuerdo económico por el que 20.000 agricultores de la provincia comenzarán a recibir el próximo miércoles el agua almacenada desde hace dos años en el embalse de San Diego (Villena) y cuyo uso se ha desbloqueado por la sequía y la necesidad de reparar el embalse, cuyos fallos de construcción han hecho que se hayan perdido ya 7 hm3.
Finalmente, los regantes confían en aprovechar unos 4 hm3 -oficialmente quedan cinco- por los que pagarán unos 900.000 euros, (0,18 euros/ m3) en concepto de pago del agua y amortización del préstamo que suscribieron para hacer el trasvase y que todavía debían tras el aval del Consell. La operación durará tres meses, y a partir de enero, una vez vacío, el Ministerio de Medio Ambiente tendrá que repararlo tras haberse gastado 40 millones de euros en su construcción.
Una operación que, por otro lado, bloqueará durante varios meses cualquier posibilidad de que el agua del Júcar llegue a la provincia, abriéndose así una nueva etapa en la ejecución de un proyecto que ha costado 400 millones de euros y cuyo futuro sigue en el aire. De hecho, recientemente y según datos oficiales en la toma de muestreo del Huerto de Mulet, aguas arriba del Azud de la Marquesa han aparecido 1.600.000 coliformes.
Ayer, la consellera de Agricultura, Maritina Hernández, sí se mostró satisfecha de la operación. «Con esta actuación aseguramos la llegada de agua en un momento crítico por la escasez del recurso, y estamos dando el primer paso para garantizar el suministro a las comarcas del Vinalopó desde el Júcar dando respuesta a una demanda histórica de agua de esta zona». Respuesta al que, sin embargo, le queda todavía un largo recorrido porque lo regantes continúan rechazando el agua de la Marquesa. Fuentes e la Federación Provincial de Comunidades de Regantes recordaron, en este sentido, que «no renunciamos a la toma de Cortes de Pallás y la discusión sigue encima e la mesa. Lo de hoy es un gesto de buena voluntad para seguir negociando».
Mañana, el Pleno del Consell aprobará el convenio entre el Ejecutivo y la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, l´Alacantí y Consorcio de Aguas de la Marina Baixa que permitirá el aprovechamiento para el riego del agua que en estos momentos almacena el embalse de San Diego. En concreto, el agua llegará a las comunidades de regantes de Hondón-Monóvar, La Romana, Monforte del Cid, Monteagudo, Salinas, Virgen de la Paz-Canalillo de Agost, SAT San Enrique, SAT Percamp, Virgen de las Nieves de Aspe y SAT Casas de Juan Blanco,

«Voluntad de entendimiento»
La consellera subrayó que se trata de «una solución que llega de la mano del consenso entre la administración autonómica y el Gobierno central, que tras la llegada de Rajoy sí ha demostrado sensibilidad, voluntad de entendimiento y compromiso para hacer frente a la situación de déficit hídrico que padece esta comarca, así como otras zonas de la Comunidad». Un paso adelante pero, de momento, sólo un paso porque la Junta Central mantiene el contencioso contra el Gobierno, aunque el motivo fuera el cambio de la toma del agua del Ministerio que entonces dirigía la socialista Cristina Narbona.

Los fallos de construcción del embalse regulador (San Diego, Villena) de las aguas que llegarán a la provincia por el trasvase Júcar-Vinalopó han provocado que los agricultores de la provincia hayan perdido en los dos últimos años 7 hm3 de agua, debido a las filtraciones que se detectaron en su estructura, y el conflicto abierto entre el Ministerio de Medio Ambiente y la Junta Central de Usuarios, ya que en un principio el caudal no era de calidad.

El embalse comenzará a vaciarse el próximo día 15 para repartir los alrededor de 5 hm3 que quedan embalsados y que, gracias al efecto purificador del sol durante los dos años que el agua ha estado almacenada, podrán utilizarse ahora para regar las plantaciones de uva de mesa, beneficiando a 20.000 agricultores, tras el acuerdo alcanzado por la Confederación del Júcar y las comunidades de regantes que pagarán 500.000 euros por el caudal. La operación durará tres meses y, a partir de enero, una vez vacío, el Ministerio de Medio Ambiente tendrá que repararlo tras haberse gastado 40 millones de euros en su construcción.

Una operación que, por otro lado, bloqueará durante varios meses cualquier posibilidad de que el agua del Júcar llegue a la provincia, abriéndose así una nueva etapa para la finalización de un proyecto que ha costado 400 millones de euros y cuyo futuro sigue en el aire. Andrés Martínez, presidente de la Junta Central de Usuarios del Júcar-Vinalopó, apuntó ayer, en este sentido, que «el acuerdo para repartir el agua que queda en San Diego ha sido un gesto de buena voluntad, pero no renunciamos a la toma de Cortes de Pallás porque en el Azud de la Marquesa un día el agua sale buena y el otro llena de coliformes y restos de pesticidas. No ofrece garantías para riego y consumo urbano, y en la Confederación Hidrográfica del Júcar lo saben». De hecho, recientemente y según datos oficiales, en la toma de muestreo del Huerto de Mulet, aguas arriba del Azud de la Marquesa, han aparecido 1.600.000 coliformes.

Presa de categoría A
La balsa o embalse de San Diego, ubicada entre los términos municipales de La Font de la Figuera (Valencia) y Villena, es el punto final del trasvase Júcar-Vinalopó, tanto si la toma del agua se hiciera en Cortes de Pallás como en la actual de Cullera. Puede almacenar más de 20 millones de m3 de aguas procedentes del curso bajo del Júcar, caudal suficiente para regar 10.000 hectáreas de cultivo. Y lo que es más importante, en épocas de bonanza hídrica, San Diego podría llenarse hasta cuatro veces al año, siempre que se hubiera construido si eficiencias.
El embalse tiene unas dimensiones extraordinarias y fue clasificada como Presa de Categoría A por la Dirección General de Obras Hidráulicas del Ministerio de Medio Ambiente. Su perímetro supera los 4 kilómetros de longitud, presenta una altura máxima de 35,2 metros al pie de talud y de 38,5 metros sobre el eje de los cimientos; el ancho de coronación tiene 7,5 metros y el ancho de base de talud llega a alcanzar en algunos puntos los 200 metros. El agua almacenada, en su cota máxima, tendrá 22 metros de profundidad, es decir, cubriría un edificio de 7 plantas.
El vaso de la balsa tiene una superficie de 800.000 m2, equivalente a 80 campos de fútbol. Cuando la lámina de agua alcance su cota máxima esa superficie equivaldrá a 115 campos de fútbol (1.150.000 m2). En marzo de 2009 el Ministerio de Medio Ambiente aprobó el Plan de Emergencia de la balsa, y en febrero de 2010 aprobó el plan de puesta en carga de la balsa, al cumplir éste con todos los requisitos establecidos por el Reglamento Técnico sobre Seguridad de Presas y Embalses.
Sin embargo, los problemas comenzaron cuando se llenó el embalse y con el agua almacenada y sin uso, por el contencioso abierto entre usuarios y Ministerio, se detectaron filtraciones que terminaron provocando la pérdida de 7 hm3 de agua (7.000 millones de litros de agua) en una provincia estructuralmente azotada por la sequía.
Los regantes que van a recibir los 5 hm3 que se han logrado salvar abonarán un total de diez céntimos por metro cúbico y otros 8 céntimos para amortizar el crédito que tuvieron que pedir cuando se comprometieron a pagar una parte de las obras, explicó Martínez.

El consejo de administración de la sociedad estatal Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed) adjudicó ayer el contrato para la operación y mantenimiento del trasvase Júcar-Vinalopó a la unión de empresas formada por Aquagest Levante; Aqualogy Medio Ambiente; y Aqualogy Aqua Ambiente Servicios Integrales. El importe de adjudicación fue de 1,1 millones de euros, lo que supone una reducción del 18 % sobre el presupuesto, y el plazo previsto de ejecución es de 12 meses.
El contrato incluye el control y seguimiento de las tareas de operación, el mantenimiento, conservación y vigilancia de todo el sistema, la ejecución de auditorías en los equipamientos existentes y la logística de operación (almacenes, stocks, recambios, contratos especializados).
Paradójicamente, el Ministerio de Medio Ambiente contrata el mantenimiento de una infraestructura que sigue bloqueada y, pese a la apertura de negociaciones con los regantes, no se sabe si al final el trasvase se utilizará

Resignación a cambio de poder regar y salvar el verano. Esta es la máxima que defendió ayer el presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, José Manuel Claver, para aceptar la última propuesta del Ministerio de Agricultura sobre el trasvase de agua para el regadío en e inminente inicio del verano. Finalmente y tras gestiones de Claver, el presidente de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, la consellera Maritina Hernández y la presidenta de la Diputación, Luisa Pastor, los agricultores recibirán del Tajo un total de 99 hm3, a razón de 33 hm3 al mes, durante julio, agosto y septiembre, lo que les permitirá salvar la temporada con más necesidades.
Eso sí, a cambio los agricultores se comprometieron a renunciar a los alrededor de 33 hm3 que les debía el Ministerio del trasvase que se acordó el pasado 22 de enero para el primer semestre del año, según anunció ayer José Manuel Claver a la Junta de Gobierno del Acueducto que se reunió por la tarde en Murcia. Los regantes tendrán que recurrir, para completar los riegos, a los 40 hm3 que tienen de reservas en el denominado «embalse muerto», según explicó José Manuel Claver.
La alerta por sequía en toda la cuenca del Tajo y las presiones del gobierno de Castilla-La Mancha hicieron que los regantes del Tajo-Segura suavizaran ayer su postura e, incluso, renunciaran al caudal del Tajo que les correspondía por ley. No obstante, José Manuel Claver, aceptó por la tarde la última oferta del Ministerio que a media mañana era mucho peor para los intereses del campo. «Cierto que no es el mejor escenario pero tenemos el compromiso del Ministerio de enviarnos 33 hm3 mensuales durante julio, agosto y septiembre y considero que ahora mismo es la mejor opción». Una cantidad a la que habrá que restar, además, el 10% de pérdidas que se producen desde que sale el agua y llega a los campos.
Los agricultores de la provincia que riegan sus cultivos con agua del Tajo tienen en explotación 58.000 hectáreas que necesitan 125 hm3 al año. En los 27 años de funcionamiento de la canalización casi nunca se ha cumplido la ley. Según un estudio del Sindicato Central de Regantes del Tajo-Segura, cada hectómetro de agua del trasvase mantiene 1.400 empleos directos.