La Junta Central de Usuarios del Trasvase Júcar-Vinalopó ha llegado a un principio de acuerdo con el Ministerio de Agricultura para tratar de desbloquear el trasvase que lleva acabado más de un año y sin uso, por el conflicto que mantenían regantes y la Confederación Hidrográfica del Júcar por la calidad del agua. La primera medida será la distribución de los 9 hm3 de agua almacenados más de un año en el embalse de San Diego (Villena), y que se repartirán durante 25 semanas para el riego de árboles frutales, viñedos y cereales. El caudal sirve para estos cultivos, que no para el riego de las hortalizas.
El embalse costó 15 millones de euros pero se le han detectado filtraciones por la falta de mantenimiento y defectos en la ejecución de la obra, según ha admitido el ministerio a los regantes. La infraestructura ha perdido ya, por este motivo, tres hectómetros cúbicos. El presidente de la Junta Central, Andrés Martínez y la nueva presidenta de la Confederación del Júcar, María Ángeles Ureña, acordaron el miércoles crear una comisión de trabajo para definir los pasos a seguir para aprovechar el trasvase.
Sobre la mesa tres posibles soluciones: la construcción de una segunda toma en la zona de Antella, recuperar la captación de los caudales en Cortes de Pallás y la instalación de un potabilizadora del agua para tratar los caudales de Cullera, donde persisten los problemas de calidad del agua. «Una negociación sin ningún tipo de sectarismos y hablando claro y escuchando a los técnicos», subrayó ayer Andrés Martínez. El presidente de los usuarios considera que «en un momento de sequía como el actual no podemos permitir que se siga perdiendo agua en San Diego, pero eso no quiere decir que vayamos a aceptar cualquier cosa, que quede claro. Nos opusimos al rodillo del PSOE y nos opondremos al del PP si no hay un diálogo técnico y con los datos sobre la mesa».
La Universidad de Alicante detectó a principios de año, analizando informes de la Confederación del Júcar, la reaparición de restos de pesticidas y materia fecal en el Azud de la Marquesa, punto de toma del agua del trasvase Júcar-Vinalopó, y alertó de que la situación era grave porque la presencia se produce cuando más caudal de agua bajaba por el río. El catedrático Antonio Rico, miembro del Instituto Universitario de Geografía sostiene, en este sentido, que es inadmisible que Alicante acepte ese caudal y recuerda que el propio Ministerio de Medio Ambiente rechazó en 1988 un proyecto de trasvase Júcar-Vinalopó que arrancaba en Cullera.
El estudio del catedrático alerta, además, de que con el avance de la sequía las sueltas de agua al cauce desde el embalse de Tous disminuirán y aumentará, por tanto, el porcentaje de agua residual depurada (42 hm3 al año), que vierten en el río las 42 depuradoras de la provincia de Valencia cuya agua no es apta para el riego de hortalizas en base al Real Decreto 1620/2007.
Para Antonio Rico, «en estos momentos, además de la calidad del agua, resulta urgente abrir un debate sobre la viabilidad económica de un trasvase que obliga a un bombeo del caudal de 770 metros. No hay agricultor en España que pueda pagar el coste». Según destaca el informe del profesor Antonio Rico, la aparición de pesticidas y plaguicidas que llegan al Júcar como retornos de riego no se puede corregir. Y de hecho, a pesar de que los caudales circulantes durante los dos últimos años en el Azud de la Marquesa han sido muy superiores a la media, y a lo que es habitual, siguen apareciendo. «Cuando avance la sequía la frecuencia de aparición será mucho mayor. Al disminuir la dilución de los retornos con agua limpia y de calidad soltada en Tous», asevera Rico.

Primer guiño del Gobierno al Vinalopó en ocho años. La nueva presidenta de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Mari Ángeles Ureña, dio ayer un giro copernicano a la política de enfrentamiento con los regantes alicantinos llevada a cabo por la CHJ desde 2005 -modificación del proyecto-, al anunciar en Alicante que uno de sus objetivos prioritarios es poner en marcha el bloqueado trasvase Júcar-Vinalopó para que por la canalización discurra agua de calidad y a buen precio para los agricultores.
Ureña, que realizó su primera visita oficial a la provincia para participar en un congreso sobre salinización de acuíferos costeros en la Diputación, se refirió así a la necesidad de poner en valor una obra hidráulica que ha costado 400 millones de euros de fondos públicos y no está operativa por el rechazo de los agricultores de la provincia a un caudal que, según análisis oficiales y de los propios agricultores alicantinos, no tiene calidad suficiente. para el riego de las hortalizas, cultivo mayoritario en el Vinalopó y l´Alacantí.
La palabras de la presidenta de la CHJ suponen, de facto, la firma de la paz entre el Ministerio de Agricultura y Agua y la Junta Centra de Usuarios del Trasvase Júcar-Vinalopó aunque, curiosamente, ninguno de sus directivos participó en el congreso.
Ureña alabó también «la magnífica gestión que se hace del agua en la provincia de Alicante. Estamos en un territorio que sabe ahorrar, y explicó que tiene el mandato del ministro de Agricultura y Agua «de planificar el futuro de la Confederación con el objetivo de poner en marchas las infraestructuras necesarias para que se envíe agua allá donde resulte necesaria».
La presidenta de la CHJ aseguró que uno de sus objetivos inmediatos es «la puesta en marcha del trasvase Júcar-Vinalopó y ver qué solución se le puede dar a una infraestructura que entre todos tenemos que hacer es que sirva para algo. Hay que estudiar el precio del agua y la calidad de la misma. Son asuntos que debemos abordar porque tenemos que llegar a una solución conjunta. Es una situación complicada pero se ha hecho un esfuerzo inversor importante y hay que ver cómo se rentabiliza».
La visita de Mari Ángeles Ureña a la Diputación, donde firmó en su libro de honor, estuvo rodeada de anécdotas y emociones. No sólo porque Ureña es amiga personal de la presidenta de la institución provincial, Luisa Pastor, sino también porque la hoy presidenta de la Confederación Hidrográfica del Júcar tuvo un gran maestro en el conocimiento de los temas hídricos. Durante años fue la mano de derecha el conseller José Ramón García Antón y con él trabajo en la elaboración del primer proyecto del Júcar-Vinalopó con arranque en Cortes de Pallás.

Casi dos años después del inicio de la elaboración del nuevo Plan Hidrológico de la Cuenca del Júcar (PHCJ) las incertidumbres de la Comunidad de Riegos de Levante Margen Izquierda continúan y sus alegaciones al esquema provisional de temas importantes siguen sin ser contestadas. En especial el hecho, según Riegos de Levante, de que la demarcación de la cuenca no contempla en su regulación hídrica a buena parte de los terrenos de la comunidad de riegos alegante.
Esta circunstancia hace que las previsiones de redotaciones del Júcar deje fuera terrenos de Riegos de Levante bajo el pretexto de que están contemplados en la Cuenca del Segura. Ante ello, consideran que la nueva planificación «incurre en una ilegalidad manifiesta».
Los regantes consideran que en el documento inicial de la CHJ «existe una ausencia legal de regulación (de caudales) por exclusión, que es ilegal por cuanto contraviene por un lado, el decreto que define los ámbitos territoriales de los organismos de cuenca y fija el ámbito de demarcación de las confederaciones del Júcar y del río Segura». Por otro lado, añaden, por contravenir los propios actos de la administración del Júcar que, «extiende sus funciones de vigilancia, control de las aguas y comisaría al ámbito geográfico de referencia» pero «se niegan a contemplar dicha zona como perteneciente a la demarcación del Júcar y por tanto, regulada por la misma respecto a las futuras redotaciones».
Estas circunstancias ocasionan que una parte de los terrenos de Riegos de Levante «queden huérfanas» y no estén adscritas a ninguna cuenca. «Se producen varias circunstancias que vician desde su origen el proceso de revisión en la plantificación hidrológica del Júcar, que deberían ser retomadas en el esquema de temas importantes para evitar su impugnación a posteriori», recogen las alegaciones de Riegos de Levante.
Además considera, igualmente, que existe «una incongruencia ministerial» ya que tanto la Cuenca del Segura como la del Júcar dependen orgánicamente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, y por tanto, «sus actuaciones deben de ir selladas con los principios de eficacia, unidad y coherencia». Sin embargo, mientras que la primera excluye la regulación a efectos redotacionales de una amplía zona del sur de Alicante, la segunda, hace lo propio y también la excluye, alegando ambos, la misma razón, que se basa en que dicha zona pertenece a la demarcación contraria según recoge Riegos de Levante en sus alegaciones.

Expertos geógrafos, agricultores y técnicos de las cooperativas agrarias, han vaticinado la entrada en un nuevo ciclo seco en la mayor parte del país. También en la Comunidad Valenciana, excepto el sur, donde el buen nivel de los embalses de la cuenca del Segura hace que la situación sea distinta aunque, distintos sindicatos agrarios ya alertan de que, si no llueve a partir de 2013 comenzará a haber problemas. Pero al margen de ciclos hídricos de corto plazo, un estudio del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) constata el descenso del caudal de los ríos en la Península Ibérica en los últimos 60 años. Destaca la cuenca del río Segura donde el caudal anual medio que circulaba en 1945 era más de un 3% superior al que lo hacía en 2005. También registran un descenso los otros dos ríos con especial importancia en la provincia de Alicante como es el Júcar y el Tajo. Desde el CSIC se alerta de que la tendencia negativa podría acelerarse durante el siglo XXI.
La tónica negativa que describe el estudio no afecta a todos los ríos españoles por igual. Según los datos recogidos, en la cuenca del Segura y en un tramo del Guadiana el descenso anual del caudal ha sido superior al 3% anual respecto a la media de la segunda mitad del siglo XX.
Por su parte, en el resto del Guadiana, el Júcar y la primera mitad del Tajo, el descenso anual se ha situado entre el 1% y el 3% anual respecto a la media.
Según la investigación cientifica, desde 1945 se han producido «importantes cambios» en los regímenes fluviales de las cuencas fluviales de la Península Ibérica, comprobándose que las cuencas más reguladas con pantanos y embalses son las que presentan los descensos más marcados respecto a su caudal.
Las conclusiones de la investigación fueron publicadas a principios del pasado febrero en la revista Journal of Hydrology y sus autores son J. Lorenzo Cruz, S.M. Vicente Serrano, J.L. Moreno, E. Morán Tejada y J. Zabalza.
El documento especifica que el cambio climático es una de las posibles causas del descenso de los caudales en los ríos españoles.
En este aspecto se expone que el descenso generalizado de los caudales podría asociarse a la disminución de las lluvias y al aumento térmico observados durante las últimas décadas, ya que la tendencia negativa se ha observado tanto en los tramos de ríos regulados como en los que no. Es más, los investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas advierten de que el proceso podría acelerarse durante el actual siglo de acuerdo a las proyecciones de los actuales modelos de cambio climático que se preveen para la Península Ibérica.

El uso del suelo y
las demandas
El CSIC apunta en su estudio que
además del cambio climático, existen otras posibles causas para que se ocasione este fenómeno en cuanto a la disminución de caudales en las cuencas ibéricas como son la modificación en los usos y cubiertas del suelo. Entre ellas el abandono generalizado de los campos de cultivo y de pastos en las zonas de montaña durante la segunda mitad del siglo XX «que conlleva la colonización de estas áreas por parte de matorrales y bosques». Ello hace, según el CSIC, que aumente la infiltración, interceptación y evapotranspiración directa por parte de la vegetación, lo que disminuye la generación de escorrentía y las aportaciones a los ríos. Otro de los aspectos se debe a la expansión de las superficies irrigadas, que implica «un mayor consumo de agua en zonas donde la evaporación directa y la transpiración de los cultivos son altas». El aumento de la demanda de agua para el abastecimiento de poblaciones, el mayor gasto de agua por habitante y el incremento de consumo hídrico por parte de las actividades industriales y turísticas son otras de las posibles causas que recoge el documento. E

El director general del Agua, José María Benlliure, cesó ayer a petición propia de su cargo como director general del Agua de la Generalitat para regresar a la Confederación Hidrográfica del Júcar, del que es funcionario. Benlliure había llegado al Consell de la mano de García Antón. f. j. b.

El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, tuvo que poner ayer orden entre los regantes alicantinos y valencianos durante la reunión que mantuvo con la Federación de Comunidades de Regantes de la Comunidad Valenciana. Y lo hizo tras asistir, en directo, al enfrentamiento que mantienen la Acequia Real del Júcar y la Junta Central de Usuarios del Trasvase Júcar-Vinalopó desde hace 7 años, justo cuando el Ministerio de Medio Ambiente decidió, de forma unilateral, pero apoyado por los agricultores valencianos, modificar el proyecto para trasladar la toma del agua del Júcar a Cullera en sustitución de la construida en Cortes de Pallás.
Fabra intervino cuando el representante de los regantes de Sueca y la Acequia Real, José Fortea, criticó abiertamente a Andrés Martínez, presidente de la Junta Central del Júcar-Vinalopó, su oposición a recibir el agua del Júcar hasta que no se garantice calidad y precio. Fortea, alineado desde hace tiempo con las tesis de la Confederación Hidrográfica del Júcar, llegó a espetar a Martínez, que «en Alicante no hará falta tanta agua cuando dejáis que se pudra en Villena».
Una alusión directa a los dos hm3 que llevan almacenados desde hace un año en el embalse de San Diego y que no se han podido utilizar. La afirmación de Fortea se produjo tras la intervención de Martínez, quien no llegó a citar el polémico trasvase pero sí recordó al presidente de la Generalitat que la provincia tiene un déficit hídrico de hasta 300 hm3 en años de sequía como el actual.
El ataque verbal del representante de los agricultores valencianos fue escuchado en directo por el propio Fabra, la consellera Maritina Hernández y el resto de los regantes alicantinos: Ángel Urbina (Riegos de Levante-Margen Izquierda); Jesús Abadía (Orihuela), José Andújar (Juzgado Privativo de Orihuela) y José Andújar (Riegos de Levante-Margen Derecha). Al parecer, Fortea rompió un pacto de la Acequia Real y la Junta Central para no airear en público las diferencias en torno a la toma del agua del Júcar-Vinalopó.
Tras unos momentos de tensión fue el propio Fabra el que zanjó el choque apelando al sentido común y reclamando que el debate de agua se afronte desde el sentido común y el rigor. Fabra se puso así al día de las chispas que saltan cuando se habla del trasvase Júcar-Vinalopó en Valencia. Y no porque el presidente de la Generalitat no conociera el problema, sino porque vivió en directo el duro enfrentamiento que mantienen regantes alicantinos y valencianos en cuanto a la puesta en marcha de una infraestructura que lleva un año terminada y bloqueada y, además, ahora en medio de una sequía que empieza a encender señales de la alarma. Lo cierto es que en el embalse de San Diego (Villena) hay unos dos hm3 de agua que no pueden ser utilizados. Por un lado las dudas que albergan los regantes alicantinos por la calidad del caudal y, por el otro, porque el Júcar-Vinalopó sigue sin estar conectado al postrasvase debido al pleito judicial que mantienen Consell y CHJ.

Cataluña «blinda» el Ebro
Por otro lado, el Parlamento catalán entró ayer de lleno en la polémica abierta por la apuesta del Ministerio de Agricultura por recuperar los trasvases. El Parlamento aprobó una moción, secundada por la mayoría, en la que expresa su rechazo a cualquier tipo de trasvase de agua del Ebro e instó a la Generalitat a trasladar esta posición al Gobierno y a procurar que se respete el caudal ecológico de los ríos. La moción de Iniciativa per Catalunya contó con los votos favorables de CiU, PSC, ERC y Solidaritat. El PP y Ciutadans votaron en contra. Los parlamentarios llegaron a apuntar que «detrás de los criterios científicos puede haber también criterios políticos».

El Consejo de Ministros aprobó ayer las nuevas tarifas para el aprovechamiento del Acueducto Tajo-Segura y que suponen una «disminución significativa» debido a la reducción de los costes de energía eléctrica del último período, que han sido menores que los estimados. En concreto, los agricultores pagarán a partir de hora 0,15 euros/m3, por los 0,19 euros de 2011. Una reducción del 13% que tendrá efectos directos en el precio de la hora de agua de riego, que cuesta ahora en torno a los 50 euros de media, según apuntaron fuentes de la Federación Provincial de Comunidades de Regantes.
El Ministerio de Agricultura explicó que las nuevas tarifas tienen como objetivo recuperar los costes anuales de explotación, funcionamiento y conservación del acueducto, así como amortizar las inversiones realizadas por el Estado. Para el cálculo de las nuevas tarifas, la Dirección General de Agua ha tenido en cuenta los costes energéticos del transporte, los costes de la explotación así como un factor de corrección debido a la liquidación de la tarifa de 2011.
La bajada de las tarifas actuales se explica por la disminución de energía eléctrica empleada, así como una mayor utilización de horas valle, según ha señalado el ministerio.
Aunque para el actual proyecto de tarifas se ha hecho una estimación de consumos similar a la registrada el pasado año, el ministerio ha recordado que la estimación de ingresos para el año 2012 se encuentra supeditada a los consumos que se produzcan, y que verían en función de las necesidades de agua de los cultivos.
Los consumos más importantes son los que se suministran tanto para riegos como para los abastecimientos del Taibilla. Recordar, en este sentido, que el Taibilla ya aprobó la congelación por segundo año consecutivo de las tarifas que cobra por el suministro a los ayuntamientos y entidades públicas a los que abastece de agua potable. Una medida que afecta a 34 municipios alicantinos en la provincia.

El presidente de la sociedad de regantes de San Enrique, Ángel Urbina, tachó ayer de vergonzosa la actitud de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), ante el anuncio de la supresión de 18.000 hectáreas de regadío en la provincia, al tiempo que denunció que de llevarse a cabo esta medida, también se suprimirá una importante cantidad de recursos hídricos.
Urbina concretó que si con 48.000 hectáreas de cultivo actuales, corresponde, desde el año 1998, un aporte de 171 hectómetros cúbicos al año, con 30.000 hectáreas, el caudal será de apenas 70 u 80 hectómetros cúbicos «porque ahora nos darán menos metros cúbicos por hectárea. Es decir, nos birlan unos 100 hectómetros cúbicos también».
Tras la reunión informativa del pasado viernes en Monforte del Cid por parte del órgano de gobierno de la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, l’Alacantí y Consorcio de Aguas de la Marina Baja, que decidió iniciar un calendario de movilizaciones, la primera de ellas el próximo 23 de julio con la firma de un manifiesto de protesta, Urbina manifestó ayer que espera ver en esta nueva cita a todos los alcaldes cuyas tierras se ven afectadas por esta decisión.
Urbina confía en que se presenten cerca de una treintena de alcaldes. «Apelamos a los alcaldes para defender el territorio y el que no lo haga será traidor a su pueblo», manifestó Urbina, portavoz también de Riegos de Levante, la mayor comunidad de regantes de la provincia, quien agregó que la alcaldesa de Elche, Mercedes Alonso, ya le había confirmado su asistencia a esa próxima reunión, al tiempo que se mostró convencido de que la nueva presidenta de la Diputación, Luisa Pastor, también podría acudir a esta cita.
En esa reunión se elaborará un documento, que se elevará al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, al Consejo del Agua y a la CHJ, en defensa de los derechos de los agricultores y en protesta por la medida.

PLAN HIDROLÓGICO NACIONAL
Valencia y Murcia, de nuevo a por el PHN
La consellera valenciana de Agricultura, Maritina Hernández, y el consejero de Agua de la Región de Murcia, Antonio Cerdá, reclamaron ayer de manera conjunta la necesidad de elaborar un Plan Hidrológico Nacional (PNH) liderado por el Estado con la «cooperación y consenso» de las comunidades autónomas, regantes y usuarios.
Cerdá puntualizó que se trata «de un problema que teníamos resuelto hace ocho años con el ‘PHN’ y que se cambió por el ‘Programa Agua’, que nos dotó de unas infraestructuras de desalación inviables desde el punto de vista económico y medioambiental y que no resolvieron el problema». La consellera valenciana por su parte recordó que ambas comunidades «tienen un punto de vista común» sobre la necesidad de que el Gobierno establezca un plan hidrológico que incluya una nueva política en relación con los trasvases. EUROPA PRESS/EFE murcia

El presidente de la Junta Central de Usuarios del Trasvase Júcar-Vinalopó, Andrés Martínez, advirtió ayer de que la supresión de los derechos para recibir agua de riego a 18.000 hectáreas actualmente en producción en las tres comarcas del Vinalopó y l´Alacantí, dejan sin sentido el trasvase construido entre Cullera y Villena, ya que el recorte impuesto de forma unilateral por la Confederación el Júcar afecta al 33% de la superficie agrícola que iba a recibir los caudales del Júcar.
Martínez ha convocado mañana viernes una reunión en Monforte del Cid con todas las comunidades de regantes afectadas para estudiar el nuevo problema y decidir qué medidas tomar. No se descarta nada (movilización en la calle incluida) y, en este sentido, el presidente de Jóvenes Agricultores (Asaja), Eladio Aniorte, anunció ayer que su organización llevará el asunto a los tribunales. El hecho de que el Ministerio de Medio Ambiente deje sin agua a 18.000 de las 50.000 hectáreas cultivables en el Vinalopó y l´Alacantí provocará unas pérdidas patrimoniales de mil millones de euros y la amenaza para 35.000 empleos, seis mil de ellos directos, según los datos que manejan la Junta Central de Usuarios del Júcar-Vinalopó y Asaja. El valor medio anual de la producción agropecuaria en la provincia alcanza los 600 millones de euros.

Estrategia equivocada
Andrés Martínez relacionó ayer la decisión de la Confederación Hidrográfica del Júcar de recortar la superficie de regadío (los técnicos realizaron el inventario en el año 2005 en el que la fuerte sequía y la falta de agua dejó en barbecho miles de hectáreas en la provincia) con una «estrategia equivocada del Ministerio de Medio Rural de querer ignorar los déficits hídricos existentes en nuestras comarcas, agravados y no resueltos tras la derogación del trasvase del Ebro».
Martínez sentenció que «es realmente impresentable lo que sucede el sistema de explotación Vinalopó-l´Alacantí, donde las comunidades de regantes llevamos pagando costosas obras de modernización de nuestros regadíos para encontrarnos ahora con que nos quedamos sin agua». Martínez subrayó que «si estaba muy cuestionado el mantenimiento del trasvase desde el cambio de toma en 2005, con el recorte de la superficie, ahora se complica aún más».
Opinión compartida por el Instituto de Geografía de la Universidad de Alicante. El catedrático de Geografía Regional, Antonio Rico, consideró, por su parte, que «si el Gobierno sigue adelante con la supresión de las 18.000 hectáreas estaremos ante uno de los mayores golpes a la economía de la provincia». Más vehemente se mostró, todavía, el portavoz de Riegos de Levante, la comunidad más potente de Europa, Ángel Urbina, quien acusó a la Confederación de «querer acabar con los pobres matándoles en vez de dándoles de comer».
El tajo dado por la Confederación del Júcar genera un daño irreversible en la comarca del Medio Vinalopó y en concreto en los municipios de Novelda, Aspe, Hondón de las Nieves, Hondón de los Frailes y Monforte del Cid, donde se concentra gran parte de la producción de uva de mesa de la provincia y que perderá diez mil hectáreas, el 50% del total cultivado. «No lo vamos a consentir porque, además, todo estaría resuelto si pudiéramos utilizar el trasvase Júcar-Vinalopó pero con la obras terminada (400 millones de euros) el Ministerio sigue sin negociar el precio, la calidad de agua y ahora ya no existe ni certeza sobre los caudales que recibiremos», aseveró el presidente de la Junta.