¿Agua limpia durante 2013? El Gobierno ha dejado en manos de los regantes alicantinos y valencianos el acuerdo para la finalización de la segunda toma del trasvase Júcar-Vinalopó. El Ministerio de Agricultura levanta así su veto al bloqueo que sufría la toma desde 2005, lo que significa dar luz verde, tras siete años de conflicto, a que la provincia reciba agua potable del Júcar. Ahora bien, la pelota queda ahora en el tejado de la Junta Central de Usuarios del Júcar-Vinalopó y de la Acequia Real del Júcar, que deben sentarse a negociar el acuerdo. La captación del agua en Cortes de Pallás se quedó construida a la mitad cuando se cambió el proyecto en 2005. La vía libre llega, además, justo cuando finaliza el trasvase de agua desde el embalse de Villena (San Diego) a la provincia, que va a estar ahora un año cerrado por obras. El proyecto cuesta 60 millones de euros, y la Junta Central asegura que tiene financiación porque al final todo pasaría por comprar el agua a Valencia, lo que puede «flexibilizar» la postura cerrada de los agricultores de la Acequia Real del Júcar. De momento, el año empieza con esperanzas y con agua, ya que la generosidad pluviométrica del pasado otoño y el caudal de Villena ha provocado que ahora mismo no haya necesidad apremiante de recursos.

El Ministerio de Agricultura excluyó de los presupuestos para este año la construcción de los tres tramos de túneles para conectar la segunda toma del Júcar-Vinalopó (60 millones de euros) con Villena, lo que condenaba, prácticamente, al trasvase a servir sólo para riego, e incumplir las exigencias de la UE, que obligan a que la canalización que costó 400 millones de euros, de los que 120 fueron financiados por Bruselas, sirva también para dar de beber al Vinalopó, l´Alacanti y la Marina Baixa.

La UE exige que en 2015 estén cerrados los acuíferos en las comarcas beneficiadas por el agua del Júcar. Algo imposible de lograr si no se activa la toma de Cortes, única que garantizaría que los municipios del Alto, Medio Vinalopó y l´Alacantí pudieran consumir con garantías los caudales del Júcar. Los regantes y, sobre todo, el Instituto Interuniversitario de Geografía de la Universidad de Alicante ven inviable el caudal captado en el Azud de la Marquesa.

«Este trasvase no es nuestro trasvase». La frase del presidente de la Junta Central de Usuarios del Trasvase Júcar-Vinalopó, Andrés Martínez, el pasado septiembre, cuando se abrió el grifo del embalse del Rollo (Aspe) y la denostada agua del Júcar comenzó a fluir por las tuberías del Medio y Bajo Vinalopó para aliviar la grave situación de 20.000 agricultores, se quedó, en principio, en saco roto, pero se ha reconducido en las última semanas, aunque sin que el Ministerio (Acuamed) esté dispuesto a financiar las obras porque, entre otros aspectos, no hay un euro en la caja pública.

Sin embargo, tanto desde Acuamed, la empresa pública de la que depende el trasvase como desde el Ministerio de Agricultura, se apoya ahora la petición de la Junta Central, algo en lo que ha tenido mucho que ver la participación de la presidenta de la Diputación, Luisa Pastor.
Activar la toma de Cortes de Pallás para que llegue agua potable al Vinalopó, l´Alacantí y la Marina Baixa (el caudal de Cullera sólo sirve para riego, y después dos años de decantación en el embalse de San Diego) cuesta 60 millones de euros. Los agricultores tienen firmado un segundo trasvase de socorro del mismo estilo que el actual (5 hm3) pero éste no llegará, como mínimo, hasta 2015. Año en el que se podría volver a utilizar el agua del Azud de la Marquesa.

El embalse regulador de San Diego va a estar, además, un año en obras a partir de este mes, y una vez vuelva a llenarse, habría que esperar otros 12 meses para que la calidad permita utilizarlo sólo para riego, a no ser que se produzca una milagrosa mejora de las condiciones del agua en el Azud de la Marquesa. Además, sólo caben 12 hm3. Nada que ver con la transferencia de 80 hm3 anuales para la que está diseñada la canalización que arranca en Cullera y llega a Villena con una elevación de 800 metros.

La única solución es que el trasvase pueda servir para todos los usos y eso sólo se consigue incorporando a los ayuntamientos o, lo que es lo mismo, que el agua sirva para beber. Una cuestión fundamental porque la sobreexplotación de los acuíferos aumenta. La mayor parte de los pozos tiene fecha de caducidad (algunos expertos calculan 25 años) y el agua se extrae ya, ahora mismo, a 200 metros de profundidad.

PERE ROSTOLL Para el PP, el agua ya ha dejado de ser de todos. El programa electoral de Mariano Rajoy finiquita definitivamente el trasvase del Ebro; pone en peligro el futuro del acueducto Tajo-Segura, una de las principales vías de abastecimiento de la provincia; y siembra la incertidumbre sobre el Júcar-Vinalopó, una infraestructura ejecutada por los socialistas y bloqueada por los regantes. El documento, que suprime también la referencia al PHN que sí se incluyó en 2008, proclama la prioridad de las cuencas cedentes, a las que concede garantías para cubrir sus necesidades hídricas «presentes y futuras»; y supedita la planificación hídrica a un gran pacto del agua, propuesta calcada a la que lanzaron los socialistas cuando Zapatero ganó las elecciones generales de 2004.
Regantes, sindicatos y técnicos de la provincia han acogido con sorpresa, decepción y, sobre todo, indignación los «olvidos» en tema de agua de Rajoy, mientras que desde la Junta de Usuarios del Trasvase Júcar-Vinalopó en principio no se observa obstáculo alguno. Rajoy ha dado un giro de 180 grados al discurso que, durante años, el PP desplegó en la Comunidad para agitar el conflicto hídrico como bandera para sumar votos. No habrá trasvase del Ebro. No figura en el programa. Como tampoco se cita la conducción del Tajo al Segura. El PP quiere grandes acuerdos, pero otorga la supremacía a las autonomías que tienen agua, con lo que cede a la presión de María Dolores de Cospedal, presidenta de Castilla-La Mancha, para cerrar el grifo de las reservas del Tajo.
«Promoveremos un gran pacto nacional basado, entre otros criterios, en los de unidad de cuenca, sostenibilidad medioambiental, prioridad de uso en la propia cuenca con garantía de las necesidades presentes y futuras de la misma, y solidaridad interterritorial», apunta textualmente el programa del PP que, atendiendo a la defensa que hace de los caudales ecológicos, también podría poner en cuestión el desarrollo del Júcar-Vinalopó, infraestructura que tampoco citan.

Lluvia de críticas
Desde Riegos de Levante, entidad que agrupa a 20.000 comuneros en toda la provincia, su portavoz, Ángel Urbina, expresó ayer que «el programa de un partido que pretende gobernar España que no contemple el mantenimiento en su totalidad del Tajo-Segura ni el hecho de terminar dignamente con el trasvase Júcar-Vinalopó, dicho partido, digo, moralmente no puede pedir el voto en esta provincia». Urbina criticó que esta incertidumbre política de los últimos años se esté traduciendo en desempleo en lo agroalimentario, por lo que si el PP no incluye en su programa las infraestructuras hídricas «moralmente están deslegitimados para presentarse y representar a la sociedad de esta provincia».
Ernesto Blasco, responsable autonómico de La Unió de Llauraors, explicó que este programa confirma que «han estado tomando el pelo miserablemente a los agricultores durante años» por un interés, dijo, «de partido». Y añadió que»confirma que teníamos razón cuando fuimos a Europa y nos informaron de que el trasvase del Ebro era inviable aunque se aprobara. Y que no había nada de nada». Mientras, el juez de aguas de Orihuela, Jesús Abadía, afirmaba ayer que «tanto que han defendido los trasvases, tantas manifestaciones… tendrán sus motivos para no llevarlo en el programa. Ellos sabrán por qué, pero no lo entiendo. Uno está acostumbrado a cumplir lo que dice y lo que promete».
En cambio, para Andrés Martínez, presidente de la Junta Central de Usuarios del Trasvase Júcar-Vinalopó, este planteamiento no tiene por qué ser un problema. «Otra cosa es que luego digan que el caudal ecológico del Tajo sea de 10 hectómetros cúbicos, cuando en realidad son seis, o tres en la cuenca del Júcar, porque eso sí que haría inviables los trasvases, pero mientras no se establezcan reservas ilógicas no supone ningún peligro», afirmó.
Manuel Aldeguer, comisario de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Segura, señaló ayer a este diario que debido a su cargo no podía hacer valoraciones políticas de lo que vaya a acometer el PP.
El líder de los socialistas valencianos, Jorge Alarte, declaró ayer que el programa del PP «confirma la mentira y el engaño más flagrante del PP a todas las comunidades autónomas del Mediterráneo en materia de agua». «Ha quedado de manifiesto, y negro sobre blanco, que el «agua para todos» era directamente una mentira para todos», según explicó Alarte. La cabeza de lista del PSOE al Congreso por Alicante, Leire Pajín, se mostró convencida de que el PP «va a abrir el grifo con el Júcar-Vinalopó y con la desaladora de Torrevieja, ese va a ser su siguiente paso. Es lo que tiene que hacer si defiende Alicante».
El programa choca de plano con las tesis que, durante años, el PP valenciano utilizó para intentar ganarse el favor de los regantes. De hecho, la hoja de ruta de Rajoy garantiza las reservas estratégicas de agua, elemento que favorece a Aragón y Castilla-La Mancha frente a la Comunidad en las batallas del Ebro y del Tajo-Segura; y concede preferencia de uso a los territorios por las que discurre el agua para favorecer la sostenibilidad y el desarrollo económico y social de cada zona. Sólo una puerta a la esperanza pero con la boca pequeña: el PP concede la posibilidad de transferir «si los hubiere» los sobrantes. Punto y final. Más claro, agua. Los populares valencianos han perdido la batalla interna en su partido. Con información de S. Giménez, E. G. Brotóns, D. Pamies y J. M. Grau.

El trasvase Tajo-Segura podría sufrir recortes en cuanto a la cantidad de agua que desvía hacia el Levante si finalmente prospera la modificación de la Ley de Aguas aprobada en el último Consejo de Ministros, el 26 de agosto. Las comunidades de Regantes de Levante Margen Derecha y Margen Izquierda lideran una iniciativa a la que se une la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore), así como las cinco ONG ecologistas del Consejo Asesor de Medio Ambiente del Ministerio, WWF , SEO/BirdLife, Greenpeace, Ecologistas en Acción y Amigos de la Tierra. Tanto regantes como ecologistas rechazan la modificación de la Ley de Aguas al considerar que «es anticonstitucional» al romper la unidad de las cuencas hidrográficas y porque presenta graves irregularidades formales. Por ello, exigen la retirada del Real Decreto Legislativo y un debate público sobre la política de aguas.
El decreto por el que se reforma la Ley de Aguas se resume en que las Comunidades Autónomas puedan asumir competencias en materia de policía de dominio público hidráulico, es decir, supone ceder a estas las competencias de control y vigilancia que, hasta ahora, en las cuencas intercomunitarias, corresponden a las Confederaciones Hidrográficas. A juicio de los ecologistas «se trata de un paso más del gobierno para desmantelar cualquier posibilidad de una política estatal de agua».
El presidente de los regantes de la margen derecha, Antonio Andújar, reclamó al presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, en su visita a Los Montesinos que ponga en marcha todas las acciones necesarias para anular el decreto. Ayer el representante de riegos margen izquierda, Ángel Urbina, calificó de «perversidad» la modificación. «Los ríos pasan por naciones y no por comunidades; el decreto es una desmadre total, una trampa mortal y lo peor es que dejará el agua en manos de los políticos». Al respecto dijo que la modificación se aprobó con los votos del PSOE y la abstención del PP que «no se enteró de lo que iba el tema, y si se enteró, peor todavía».
Tanto los regantes como las ONG critican la precipitación con la que se ha llevado a cabo esta modificación, empleando un mecanismo, el Real Decreto, que la Constitución solo reserva para asuntos «de extraordinaria y urgente necesidad». Y estiman que se debe defender la competencia exclusiva del Estado en el Dominio Hidráulico. Ambos colectivos acudirán al Defensor del Pueblo para que lo recurra al Constitucional.

Jornada
Reseñar, por otro lado, que ayer tuvo lugar la jornada de campo «Trasvase Tajo-Segura» organizado por la Fundación Agua y Progreso y las universidades de Elche y Alicante. En ella el Catedrático de Análisis Económico de la UA, Joaquín Melgarejo, destacó los beneficios del trasvase del Tajo hacia las provincias que reciben el agua, asegurando que «se crean 110.000 empleos directos y 80.000 indirectos». Ello sin contar, con los beneficios del turismo, ya que, gracias al trasvase se abastece a los municipios, «la principal industria de nuestra provincia».

«Sin el trasvase esta no sería la cuarta provincia en PIB»

El director de la Fundación Agua y Progreso, José Alberto Comos, advirtió ayer que «sin el agua del Trasvase Tajo-Segura, Alicante no sería la cuarta provincia de España en aportación al PIB nacional», y resaltó que los alicantinos necesitan que se mantenga esta infraestructura para poder seguir prosperando y creando riqueza. Según recordó Comos, el cierre de la canalización supondría «la quiebra» la agricultura en la provincia, ya que el 62% del sector depende del Tajo. Asimismo, el turístico, principal fuente de riqueza de la provincia y economía, también depende del trasvase Tajo-Segura, ya que los municipios abastecidos concentran el 20% de la oferta de alojamiento turístico reglado (32.000 plazas) y casi el 50% de la oferta de la segunda residencia; es decir, 283.053 viviendas de uso turístico.
En total, dependen de esta infraestructura 180.000 empleos directos, 70.000 de ellos en la provincia de Alicante, según un estudio de la Universidad de Alicante. «Empleos sin los cuales Alicante no podría seguir ocupando la cuarta posición en aportación al PIB nacional por detrás de Madrid, Barcelona y Valencia».
En la jornada de ayer participaron más de 140 estudiantes, entre alumnos de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y Medio Natural de la UPV, y estudiantes de la Universidad de Alicante y de la Universidad Miguel Hernández de Elche, así como del Campus de Orihuela.

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Juan José Moragues, obvió ayer todos los pronunciamientos en contra de los regantes -salvo los usuarios del Júcar, todos expresaron su oposición- y anunció que elevará al consejo de cuenca de la Confederación la propuesta de suprimir los derechos de riego para 18.000 hectáreas de cultivos en el Vinalopó y l´Alacantí.
Una decisión contestada por los representantes de Alicante, Castilla-La Mancha, Castellón Aragón y el Consell, pero que no impidió que la CHJ siga adelante con un planteamiento que hipoteca el futuro del 37% de la agricultura de estas comarcas y amenaza el futuro de 35.000 empleos.
Finalmente la votación se producirá en el consejo del agua y, según Andrés Martínez, es posible que incluso se gane, pero ayer la desolación se apoderó de un sector que en los últimos dos años ha visto florecer la actividad gracias a la disponibilidad de agua. Un escenario muy diferente al de 2005, cuando los técnicos de la Confederación hicieron el informe en el que destacaron que las 18.000 hectáreas que hoy se quieren eliminar, y se encuentran en producción, estaban en barbecho por la sequía. Ángel Urbina, portavoz de la Federación Provincial de Regantes, acusó a los regantes de Valencia de «hacer lo de siempre, aprovechar para su beneficio las teorías de la exministra Narbona, la inventora de la dañina Nueva Cultura del Agua».
La consellera de Agricultura y Agua, Maritina Hernández, cuyo representante también se pronunció en contra, acusó al Gobierno de una «total falta de rigor y de haberse equivocado en sus cálculos». Hernández cifró en un total de 40.000 hectáreas las que se quedarán sin agua en la Comunidad. Consell y regantes consideran erróneo que se definan las demandas a partir del consumo de agua en un año concreto y no de la superficie regable.
Por su parte, Andrés Martínez, presidente de la Junta Central de Usuarios del Trasvase Júcar-Vinalopó, se mostró rotundo al afirmar que «está claro que con la eliminación de las 40.000 hectáreas de regadío en la Comunidad Valenciana la recuperación del trasvase del Ebro es ya una quimera». Martínez sentenció que «lo de hoy -por ayer- ees un claro ejemplo de cómo el Gobierno se carga el trasvase del Ebro. A partir de ahora, los regantes del Júcar tendrán que pensarse muy bien la explicación que nos dan a todos».

La delegada del Gobierno en la Comunidad, Ana Botella, demostró ayer en Alicante su desconocimiento del contencioso que mantienen desde 2005 el Ministerio de Medio Ambiente y la Junta Central de Usuarios del Trasvase Júcar-Vinalopó, para la puesta en marcha de una obra que ha costado cerca de 400 millones de euros y permanece bloqueada al no haberse cerrado ni el precio, ni la calidad del agua que se captará en Cullera.
Botella, que había acudido a Alicante a una reunión con el comité ejecutivo de la patronal Coepa, se descolgó con una declaraciones en rueda de Prensa en las que tras recordar que las obras del trasvase están acabadas (oficialmente lo están desde el verano de 2010), reclamó a la Generalitat un interlocutor para sentarse a negociar el trasvase.
Botella se olvidó de la Junta Central de Usuarios, que es el colectivo afectado y que debe ser el que reciba los caudales del Azud de la Marquesa. La delegada del Gobierno pidió la colaboración del Consell al que, sin embargo, ha llevado a los tribunales por haber cambiado la toma del postrasvase. Canalización financiada por la que ya se podrían repartir los caudales a los regantes.

 La Confederación Hidrográfica del Júcar tendrá que desembalsar en los próximos cuatro meses unos 150 hm3 del pantano de Tous por motivos de seguridad para prevenir las riadas del otoño. La ley le obliga a dejar el embalse en 80 hm3 y en estos momentos el embalse está ya prácticamente lleno. La mayor parte del caudal acabará en el mar como ya sucedió en 2010 en el que se fueron por el Júcar hasta la Albufera de Valencia y después al Mediterráneo otros 170 hm3 , ya que ya estaban satisfechas todas las necesidades de los regantes del Júcar y del agua potable de Valencia.
Aprovechando la realidad y con el trasvase Júcar-Vinalopó empantanado por las diferencias entre el Ministerio y los regantes sobre el precio y la calidad del agua, la Junta Central de Usuarios va a reclamar al Ministerio que se aprovechen estas aguas con la construcción de la segunda toma aguas abajo del Júcar en el Azud de Antella.
Una opción que, según explicaron ayer desde la Junta Central, no perjudicaría a ningún usuario del Júcar. Tampoco habría que realizar tratamientos para potabilizar el caudal con lo que se eliminaría la obligación de construir una potabilizadora. Infraestructura que tiene un coste de 30 millones de euros (el ajuste presupuestario del Gobierno central la ha dejado en el cajón) y que tampoco despierta demasiados adeptos en la Junta Central. Sobre todo por el rechazo psicológico a beber el agua de Cullera, que llegará al Vinalopó después de haber recibido el impacto de los retornos de riego agrícola de la Ribera y de las depuradoras que vierten al cauce agua residual depurada (40 hm3 al año).
En este sentido el catedrático de Geografía Regional de la Universidad de Alicante, Antonio Rico, apuntó ayer que «lo de la toma del Azud de la Marquesa y que se quiera que Alicante beba agua de las depuradoras de Valencia es una indignidad que la provincia no puede consentir. El Ministerio todavía se ha dado cuenta de que el agua que nos quiere enviar tiene hasta coliformes fecales».
El embalse de Tous es de los denominados de laminación (prevención de riadas) por lo que durante el otoño, cuando la Comunidad Valenciana entra en riesgo de gota fría, la ley obliga a que el caudal embalsado no supere los 80 hm3. El hecho de que hoy almacene 170 hm3 es producto de ya están satisfechas todas las necesidades de los usuarios de Júcar. «De ahí que no es una propuesta descabellada que ese caudal se derive al Vinalopó», subrayó Andrés Martínez, presidente de la Junta Central del Júcar-Vinalopó.
La Junta Central de Usuarios replicó ayer a Acuajúcar con un informe del Instituto de Geografía de la UA, que certifica, con datos del propio Ministerio de Medio Ambiente, que el agua del Júcar que se bombeará a la provincia presenta coliformes y, en concreto, 150 hm3 de caudal que llega al Azud de la Marquesa está compuesto por el agua residual depurada de 45 plantas y por retornos de riego con pesticidas. La Junta acusa a Acuajúcar de mentir al señalar que los agricultores de Valencia utilizan ese agua.

El Ministerio de Medio Ambiente tiene previsto que el embalse de San Diego (Villena), cuya función será regular las aguas del Júcar-Vinalopó antes de su distribución por la provincia, cuente antes del verano con un total de 12 hm3. Caudal que, prácticamente, serviría para regar las 45.000 hectáreas en explotación agrícola en las comarcas del Vinalopó, pero que hoy, casi seis años después del cambio del trazado, no puede distribuirse. Un proyecto de 300 millones de euros que Alicante espera desde 1420.
El ministerio no ha sido capaz de llegar a ningún tipo de acuerdo con los futuros usuarios del agua y éstos continuan rechazándola porque sostienen que no es apta para el abastecimiento urbano, y sólo serviría para regar algunas variedades hortofrutícolas. En estos momentos, la empresa Acuamed ha culminado con éxito la primera fase del llenado del embalse y ya hay 6.000.000 m3 almacenados, aunque no se pueden utilizar. El próximo lunes comenzará la segunda fase, pero el proyecto continúa estancado, aunque la lámina ya se visualice en Villena.
Andrés Martínez, presidente de la Junta Central de Usuarios del Trasvase, insistió ayer en que «la situación hace tiempo que es surrealista y alguien tendrá que explicar algún día cómo se ha consentido tamaño despilfarro de dinero público». Martínez se refirió, en concreto, a los 300 millones de euros invertidos en una obra acabada, pero sin fecha de apertura.
Entre los argumentos de la Junta Central cuenta está el hecho de que desde hace dos meses es la titular de las tuberías para la gestión de postrasvase tras el acuerdo al que llegó con la Conselleria de Medio Ambiente. «No tenemos ningún tipo de análisis que nos garantice que el agua se pueda utilizar y, además, ni hay un precio fijado, ni un plan de gestión. Un auténtico desastre», subrayó Andrés Martínez, quien lleva casi dos años esperando que el ministerio le cite a la primera reunión de trabajo desde que el 28 de julio de 2009 el Gobierno, el Consell y la Junta escenificaran la firma de la paz hídrica en una reunión.
El agua ya está en Villena, pero tampoco se puede conectar con el postrasvase tras el penúltimo encontronazo judicial entre el Gobierno y la Generalitat, denunciada ahora por Acuamed por haber cambiado el punto de conexión del postrasvase, lo que, según la empresa estatal, le impide aprovechar el agua de Cullera para conseguir energía eléctrica en la central de Alhorines. El Consell rechaza la denuncia y asegura que esta posibilidad nunca figuró en los dos proyectos del Júcar-Vinalopó. El juez ha desestimado la paralización de las obras, pero el contencioso continúa con una reclamación de 35 millones de euros de Acuamed por daños y perjuicios.
Precisamente, la secretaria provincial del PSPV-PSOE, la alcaldesa de Aspe y miembro de la Junta Central, Ana Barceló, acusó ayer al Consell de «intentar que suba el coste del precio del agua del trasvase al haber cambiado la conexión del postrasvase».

Agua y Progreso se olvida del Vinalopó

El director de la Fundación Agua y Progreso, José Alberto Comos, reclamó ayer a los alicantinos que utilizan las redes sociales el mensaje de la campaña «Todavía estamos a tiempo», en la que se reivindica el trasvase del Ebro y la defensa del Tajo-Segura. Comos presentó en Alicante una actuación publicitaria en la que se van a invertir 68.000 euros, básicamente en cuñas de radio, para trasladar la población las repercusiones que tiene para el empleo haber eliminado el trasvase del Ebro -500.000 empleos directos e indirectos, según el lobby empresarial Ineca-. Cifra al que habría que sumar 180.000 desempleados más si al final se cierra el Tajo-Segura.
«La sociedad tiene derecho a saber la verdad, conocer los detalles y sacar sus propias consecuencias», subrayó Comos, quien, sin embargo, ha olvidado citar en la campaña la urgencia que tiene la provincia de Alicante de contar con un Júcar-Vinalopó con agua de calidad y a buen precio. «Solicitamos la colaboración de los ciudadanos usuarios de Facebook, tuenti, twiter, youtube, myspace o incluso de blogs personales», pidió Comos para completar su campaña.

La Junta Central de Usuarios del Trasvase Júcar-Vinalopó ha remitido una carta al Ministerio de Medio Ambiente -Rosa Aguilar es la nueva titular y, de momento, se mantiene el secretario de Estado de Medio Rural, Josep Puxeu- en la que le advierte de que el agua del Azud de la Marquesa que se pretende bombear a la provincia a partir de 2011 carece de calidad para riego y abastecimiento. Según los datos de la Red Integral de Calidad del Agua (ICA), colgados en la propia página web de la Confederación Hidrográfica del Júcar, y correspondientes al periodo enero-agosto de este año, el caudal no se hubiera podido utilizar ni un sólo mes para el consumo urbano y sólo en dos el agua hubiera servido para el lavado de hortalizas. Un situación que ha devuelto el conflicto por la calidad del agua del trasvase a diciembre de 2007, cuando saltó por primera vez a la luz pública la presencia de sustancias tóxicas en la desembocadura del Júcar.
La reacción de los regantes se produce tras conocer que Acuajucar ha llevado ya agua del Júcar al embalse de San Diego (Villena) desde donde se distribuirá por la provincia. En concreto, en los análisis se ha detectado la presencia de clorpirifos, un insecticida que en dosis altas de concentración puede provocar náuseas, vómitos y diarrea.
El informe remitido a Madrid, elaborado con los datos oficiales del propio Ministerio, concluye que excepto en los meses de mayo y junio, el agua no es ni prepotable. Respecto a su aptitud para el riego y aplicando los parámetros establecidos en el Real Decreto 1620/2007 regulado en el plan de cuenca del Júcar, el caudal tampoco sería apto, salvo en julio y agosto, para su uso en las hortalizas.
La Junta Central advierte en su escrito de la gravedad de la situación e insta al Ministerio a resolver el problema «en el marco de una colaboración leal y con los interlocutores decididos a buscar soluciones lógicas y sensatas para poder cumplir la finalidad del trasvase», según consta en la documentación a la que ha tenido acceso este periódico.
La primera noticia que tuvieron los regantes alicantinos de la presencia de pesticidas en el Azud de la Marquesa se produjo a finales de 2007. La red de control de sustancias peligrosas de la cuenca del Júcar encontró restos de compuestos de pesticidas -insecticidas y fungicidas- cuya ingestión pudiera provocar a medio y largo plazo problemas sanitarios. La Confederación del Júcar admitió entonces el hecho, pero aseguró que su concentración era «mínima» y cumplía con los parámetros de la legislación ambiental estatal y europea. La misma fuente aseguró que el agua del Bajo Júcar que se elevará al Vinalopó es apta para el regadío.
Los análisis, similares a los actuales, detectaron la presencia, entre otros, de clorpirifos, imazalil y lindano, en la mayoría de los meses del año, en las estaciones del Azud de Sueca-Fontaleny, río Magro en Alcudia de Carlet y río Verde en Alzira, tres puntos desde donde se vierte agua al Azud de la Marquesa.
Según los últimos datos oficiales en poder de la Junta Central de Usuarios correspondientes a junio, en el caudal del Azud de la Marquesa había concentraciones altas de clorpirifos. Un insecticida sólido blanco de apariencia cristalina y de aroma fuerte. No es muy soluble al agua, de manera que generalmente se mezcla con líquidos aceitosos antes de aplicarse a cosechas o animales. También se puede aplicar a cosechas o animales. Se utiliza en muchos cultivos, aplicándose en las hojas o las frutas. También se puede aplicar al suelo en donde el producto actúa sobre los insectos. Es el segundo pesticida más vendido en España para su uso agrícola.

La potabilizadora que se quedó fuera de los presupuestos mitigaría el problema
El ajuste económico impuesto por el Gobierno en los Presupuestos Generales del Estado dejó sin consignación económica la construcción de una potabilizadora para tratar las aguas del trasvase Júcar-Vinalopó. Infraestructura que hubiera mitigado los efectos negativos de la aparición de pesticidas en las aguas que se impulsarán de Cullera a Villena.
El Ministerio de Medio Ambiente (Aguas del Júcar) contará con 4,7 millones de euros para finalizar el trasvase en 2011 y proceder, incluso, a su inauguración pero, según los usuarios que deben recibir el agua, el caudal trasvasado no tendrá la calidad suficiente para que pueda servir para todos los usos. Circunstancia que exige una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que el pasado febrero ratificó el cambio de toma de Cortes a Cullera pero recordado que se debía cumplir estrictamente el plan de cuenca del Júcar.
La buena calidad del agua que llegue del Júcar al Vinalopó es una condición indispensable para que pueda ser utilizada, no ya para el abastecimiento de la población sino para el propio riego. Los grandes hipermercados son reacios a adquirir productos hortofrutícolas que no hayan sido regados con agua potable y rechazan la residual depurada. Realizan aleatoriamente análisis «multiresiduos» y en caso de aparecer algún resto de pesticidas o contaminación orgánica retiran el producto.
La Junta Central ya remitió a principios de septiembre una primera carta a Medio Ambiente en la que advirtieron de que no aceptarán el agua que llegue a Villena si ésta no tiene un caudal similar al de Cortes. La potabilizadora era una infraestructura clave dada la negativa del Ministerio y los regantes de Valencia a una segunda toma del agua, la única solución ideal según los regantes pero que se ha negado hasta ahora a recuperar el Ministerio. De momento sigue, incluso, sin haber convenio para el futuro funcionamiento del trasvase. F. J. B.

El Ministerio de Medio Ambiente ha comenzado a bombear agua del Júcar a la balsa de San Diego, embalse regulador de las aguas que lleguen desde el Azud de la Marques a Villena a través del trasvase Júcar-Vinalopó. La entrada de caudal en la balsa supone un paso más en el final de las infraestructura técnica pero la apertura del trasvase sigue rodeada de polémica. A día de hoy y según apuntaron ayer desde la Junta Central de Usuarios, el agua del Júcar continúa sin tener clientes ya que el Ministerio sólo ha logrado las adhesiones de un par de ayuntamientos, entre ellos el de Elche, que utilizarían el agua para baldear calles y el mantenimiento de los huertos de palmeras y los parques.
Los regantes y el resto de los ayuntamientos miembros de la Junta Central de Usuarios reiteran que no aceptarán el agua de Cullera si no se garantiza una calidad similar a la de Cortes de Pallás (proyecto original), toma que defiende el presidente de la Generalitat, Francisco Camps y un precio de 18 euros el metro cúbico.
Dos condiciones que consideran innegociables los regantes, enfrentados de nuevo con el Ministerio de Medio Ambiente al haber comprobado como el Gobierno no incluía en sus presupuestos una partida económica para construir la potabilizadora anunciada por el secretario de Estado de Medio Rural, Josep Puxeu. Aunque las relaciones no se han roto, el escenario actual es similar al de finales de 2005. pero con el trasvase prácticamente finalizado desde el punto de vista de la infraestructura física: no hay acuerdo para recibir el agua.
La balsa o embalse de San Diego, ubicada entre los términos municipales de La Font de la Figuera (Valencia) y Villena es el punto final del trasvase Júcar-Vinalopó. En ella se pueden almacenar más de 20 hm3 de aguas procedentes del curso bajo del río Júcar, agua suficiente para regar 10.000 hectáreas de cultivo. Y lo que es más importante, en épocas de bonanza hídrica, San Diego podrá llenarse hasta 4 veces al año, según la información que maneja el Ministerio de Medio Ambiente.
El embalse tiene unas dimensiones tan extraordinarias que fue clasificada como Presa de Categoría A por la Dirección General de Obras Hidráulicas del Ministerio de Medio Ambiente. Su perímetro supera los 4 kilómetros de longitud; presenta una altura máxima de 35,2 metros al pie de talud y de 38,5 metros sobre el eje de los cimientos; el ancho de coronación tiene 7,5 metros y el ancho de base de talud llega a alcanzar en algunos puntos los 200 metros. El agua almacenada, en su cota máxima, tendrá 22 metros de profundidad, es decir, cubriría un edificio de 7 plantas.
El vaso de la balsa tiene una superficie de 800.000 m2, equivalente a 80 campos de fútbol. Cuando la lámina de agua alcance su cota máxima esa superficie equivaldrá a 115 campos de fútbol (1.150.000 m2).
En marzo de 2009 el Ministerio de Medio Ambiente aprobó el Plan de Emergencia de la balsa, y el febrero de 2020 aprobó del Plan de Puesta en Carga de la balsa, al cumplir éste con todos los requisitos establecidos por el Reglamento Técnico sobre Seguridad de Presas y Embalses.

La Federación Provincial de Comunidades de Regantes ha decidido enviar un informe al secretario de Estado de Medio Rural, Josep Puxeu, en el que propone la construcción de una segunda toma del agua para el trasvase Júcar-Vinalopó aprovechando los caudales que se vierten todos años al Júcar desde el pantano de Tous y en que en su mayoría acaban en el mar tras pasar por la Albufera de Valencia. De esta forma los futuros usuarios del trasvase disfrutarían de agua de calidad -la misma que se utiliza en Valencia y se bebe en Albacete- y el Ministerio no tendría que construir la polémica potabilizadora.
En concreto, el planteamiento de la Federación, que respalda la postura de la Junta Central de Usuarios, pasaría por conectar el embalse con el trasvase construido por el Ministerio de Medio Ambiente en el tramo del sifón Barxeta-Xátiva, lo que permitiría contar con «agua potable de gran calidad que ahora mismo se va al Turia y a la Albufera. Hablamos de una cantidad que no altera para nada el caudal del Júcar y que, además, permitiría ahorrarnos la potabilizadora», subraya Ángel Urbina, portavoz de la Federación.
Los regantes estiman que el coste de esta infraestructura rondaría los 25 millones de euros, un 40% menos que la potabilizadora para la que no tiene presupuesto Medio Ambiente. Según los datos en poder de los regantes, conseguidos de los que maneja la propia Confederación Hidrográfica del Júcar, el embalse de Tous ha llegado a tener este año almacenados 250 hm3 que ha sido soltando al río «porque a partir del próximo miércoles, día 30, el embalse no puede tener más de 80 hm3 en prevención de cualquier avenida producto de la gota fría que nos suele visitar en otoño», añadió Urbina. La toma Tous-trasvase supondría, además, un ahorro de 90 metros en la elevación del agua en relación al azud de la Marquesa, con lo que se abarataría sensiblemente el coste de gestión de la futura canalización, según la información facilitada por la Federación Provincial que se va a enviar a Puxeu.

Cambio de estrategia
Los futuros usuarios del Júcar-Vinalopó han decidido cambiar de estrategia en la negociación que mantienen con el Ministerio de Medio Ambiente para la gestión de los recursos que lleguen a la provincia desde el Júcar a fin de acabar con la sobreexplotación de los acuíferos. Regantes y Usuarios han trasladado al Ministerio de Medio Ambiente dos condiciones innegociables para aceptar los caudales que lleguen del polémico Azud de la Marquesa: el precio del metro cúbico del agua que se almacene en el embalse de San Diego (Villena) no deberá superar los 0,18 euros por metro cúbico y la calidad deberá ser la misma que se acordaron usuarios y Ministerio en el proyecto original cuando el agua se captaba de Cortes de Pallás. Si se cumplen estos dos requisitos el trasvase será una realidad y el agua podrá a comenzar por las canalizaciones del postrasvase. Si los análisis son contrarios el agua se quedará embalsada. De esta forma, usuarios y regantes tratan de cambiar de estrategia. Renuncian al conflicto directo con el Ministerio pero están dispuestos a ser inflexibles en una cuestión clave como es el futuro de los recursos hídricos en gran parte de la provincia.
Mientras, Consell y Medio Ambiente siguen sin mover ficha en una especie de idilio que ha comenzado a levantar todo tipo de suspicacias entre los agricultores.
La empresa que coordina la ejecución de las obras del trasvase, Aguas del Júcar, asegura que tiene prácticamente a punto el trasvase para comenzar a llevar agua a la balsa de San Diego. Algo que, sin embargo, no garantiza su posterior distribución inmediata porque la infraestructura debe someterse a pruebas al menos un año.