a decisión del Ministerio de Medio Ambiente de iniciar las negociaciones para modificar las normas de explotación del trasvase Tajo-Segura ha devuelto a la actualidad los intentos del gobierno de Castilla-La Mancha por blindar el agua del Tajo, máxime cuando la herida de la retirada del Estatuto que incluída la fecha de caducidad de la transferencia de agua se cerró en falso. La aprobación la semana pasada de un trasvase de 230 hm3 para riego hasta diciembre ha desvelado, por otro lado, ese cambio de pauta que quiere incorporar el Ministerio con el beneplácito el gobierno castellano-manchego y que hipotecaría el futuro del trasvase.
Los regantes alicantinos han reaccionado con cautela por entender que por encima de la modificación de las normas de explotación está la ley de la propia canalización. Legislación que ya establece una serie de condiciones para la llegada de los caudales: reserva de 240 hm3 a partir de la cual no se puede enviar una gota o, entre otras, que debe ser el Consejo de Ministros quien autorice las transferencias cuando el caudal almacenado en Entrepeñas y Buendía (arranque del trasvase) está entre los 490 y los 520 hm3.
La ley también señala, por otro lado, que si la reserva está por encima de los 1.000 hm3 (año hidrológico actual), Alicante y Murcia tienen derecho a recibir 600 hm3, extremo que no se ha cumplido nunca. De momento, en Castilla-La Mancha se frotan las manos porque entienden que las nuevas normas de explotación del trasvase obligarán a que antes de decidir la cantidad de agua que se envía al Segura la cuenca receptora deberá justificar con estudios por qué necesita el caudal. Mientras, éste no saldrá de los embalses de Castilla-La Mancha.
Un portavoz autorizado de los regantes alicantinos -casi 59.000 hectáreas que deben recibir todos los años 125 hm3- señaló ayer, en este sentido, que «no tenemos ningún miedo al cambio de las normas de explotación siempre que el tema quede en manos de los técnicos y no de los políticos. Nosotros necesitamos el agua para regar y cuando la pedimos estamos cargados de razones. Si hay que hacer estudios se harán», subrayó Ángel Urbina, portavoz de Riegos de Levante, la principal comunidad de regantes de España con 20.000 comuneros.
La Comisión Central de Explotación del trasvase Tajo-Segura acordó la semana pasada someter a estudio la revisión de las normas de explotación que rigen el trasvase del Tajo-Segura. Se acordó dado aprobar una disponibilidad en cabecera de hasta un máximo correspondiente a las demandas solicitadas para los diferentes usos. El volumen de agua disponible se mantendrá en la cabecera del Tajo y se trasvasará en función de la demanda real. Las demandas se programarán quincenalmente y se servirán en función de esas demandas reales, llevando a cabo un control a posteriori.
Medio Ambiente realizará un seguimiento técnico de control para atender las demandas «de manera motivada y razonada», algo que considera un triunfo el Gobierno de Castilla-La Mancha.

El Gobierno ha garantizado que, a través del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM) aportará el máximo volumen previsto de agua a la cuenca del Vinalopó en el trasvase desde el Júcar. De ese modo, el caudal transmitido hasta las comarcas de la provincia de Alicante que se beneficiarán de esta conducción ascenderá a 80 hectómetros cúbicos.
Desde el Ejecutivo central afirman que «el agua será de la mejor calidad posible, cumpliendo escrupulosamente las condiciones impuestas por la Unión Europea (UE) para la financiación de 120 millones de euros para la citada conducción». Entre los requisitos marcados por Bruselas también figuran que los 80 hectómetros cúbicos sean excedentes del Júcar y que se cumplan las condiciones medioambientales del río y de l’Albufera de Valencia.
Desde Madrid también especifican que, con las inversiones efectuadas en la Estación de Aguas Residuales (EDAR) de la Ribera, «la calidad del agua ha pasado de ser apta para el riego a ser prepotable, lo que permite estudiar el diseño de las características de la planta potabilizadora». La calidad de las aguas ha sido una de las cuestiones que ha generado una mayor controversia en torno al trasvase Júcar-Vinalopó, especialmente después de que se decidiera cambiar su punto de inicio desde Cortes de Pallás hasta el Azud de la Marquesa, en Cullera, muy cerca de la desembocadura del Júcar
Todas estas consideraciones sobre el Júcar-Vinalopó forman parte de una respuesta parlamentaria del Gobierno realizada a una pregunta formulada por la diputada popular Teresa García Serna. El escrito lleva fecha del pasado 4 de mayo.

Cambio de toma
La diputada del PP García Serna también se interesaba en su pregunta por el cambio en la toma del agua y en los beneficios que ello aportaría para la conducción. En este sentido, el Gobierno justifica que el traslado del inicio del trasvase desde Cortes de Pallás hasta el Azud de la Marquesa «garantiza la viabilidad desde el punto ambiental, social y económico; es el único trasvase que tiene unanimidad de la cuenca cedente, usuarios, organizaciones agrarias y ecologistas».
El cambio de trazado supuso un aumento de 73 millones de euros en la financiación de la obra. La inversión del proyecto inicial ascendía a 230 millones de euros, con una aportación de la UE de 75 millones de euros. Sin embargo, el Gobierno defiende la viabilidad económica de la modificación, que eleva el presupuesto hasta los 303 millones, «desde la nueva toma se garantiza la viabilidad al incrementarse el volumen de agua real a trasvasar, tal como ha reconocido la UE al incrementar su aportación hasta los 120 millones de euros».
Sobre los motivos del la corrección exponen que obedece «a la necesidad de garantizar la eficacia de la infraestructura, que se halla gravemente comprometida debido a la inexistencia de los excedentes hídricos previstos en el proyecto original, que no contempló la disminución continuada de caudales en el río Júcar desde el año 1982».
Por último, apuntan que «esta circunstancia impedía garantizar las transferencias previstas sin afectar al caudal ecológico del río y de l’Albufera». El Ejecutivo también incide en que con ello se pueden «satisfacer las necesidades de las cuencas cedente y receptora», al tiempo que se cumple con «los principios fundamentales de la política comunitaria del agua». También defiende se ha «constatado la aptitud del agua para los usos de destino», en relación a la calidad de los caudales que irán al Vinalopó.

El vicepresidente tercero de la Generalitat y conseller de Agua, Juan Cotino, presidió ayer en Alicante la creación del primer comité técnico integrado por cargos públicos y expertos de la Comunidad Valenciana y Murcia que se encargará de velar por el cumplimiento de la ley del trasvase Tajo-Segura (desembalses) y por impedir los intentos del gobierno de Castilla-La Mancha de blindar el río en el futuro plan de cuenca.
El objetivo es formar un frente común técnico, jurídico y político que defienda el trasvase en las reuniones de la comisión de explotación donde se deciden los trasvases. Organismo que en los dos últimos años se ha distinguido por frenar el envío de agua para Alicante y Murcia, sobre todo para satisfacer las demandas del regadío, a pesar, incluso, de que las lluvias de los últimos meses han elevado la reserva en el complejo de embalses de Entrepeñas y Buendía hasta cerca de 1.200 hectómetros cúbicos, con lo que hay más de 900 hm3 trasvasables. La ley establece que no se puede desembalsar caudales cuando la reserva baja hasta los 240 hm3.
La falta de voluntad política y el hecho de que las fechas de los desembalses coincidieran con la discusión del Estatuto de Castilla-La Mancha, que pretendía fijar una reserva para «secar» el trasvase, han provocado que el campo de la provincia apenas haya recibido agua para riego en los últimos 24 meses. Al menos llovió.
A la reunión celebrada en Alicante asistieron junto a Cotino, entre otros, los directores generales del Agua de la Generalitat y del gobierno murciano, José María Benlliure y Miguel Ángel Ródenas, el secretario general del Sindicato de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, José María Claver, el catedrático de Geografía Regional de la UA, Antonio Rico y Francisco Cabezas, responsable del Instituto Euromediterráneo del Agua. Todos formarán parte del equipo cuya misión será la defensa del trasvase Tajo-Segura, salvado tras la retirada del proyecto del Estatuto Castilla-La Mancha pero que sigue en peligro ante la obligada elaboración de los nuevos planes de cu y la amenaza del ejército de juristas contratado por José María Barreda.

Evitar las extracciones excesivas de acuíferos, mantener los ecosistemas de los cauces y humedales y garantizar los distintos usos del agua van a ser los retos principales del nuevo plan de cuenca del Júcar en la provincia que se ha empezado a elaborar desde hace seis meses.
El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Juan José Moragues, así lo indicó ayer en Elche coincidiendo con la celebración de una jornada con el objetivo de tratar, entre todas las partes implicadas -técnicos, empresarios, universidades, agricultores, etcétera-, un análisis de los problemas que afectan a esta cuenca en el Vinalopó y en l’Alacantí así como sus posibles soluciones.
La CHJ cuenta en la provincia con un ámbito de influencia que abarca unos 3.000 kilómetros cuadrados, lo que supone también unas 30.000 hectáreas de regadíos y, según Moragues, los recursos que existen en la cuenca del Júcar son totalmente suficientes para garantizar los distintos usos y compatibilizarlos con el respeto medioambiental.
En este sentido, el presidente del organismo destacó que estos últimos tres años han sido de los peores en cuando a aportaciones hídricas -aunque «la sequía nos ha permitido tener un mejor conocimiento de cuenca»-, pero que el actual es un año histórico, donde los aportes no se daban desde los años 70 y en donde prácticamente todos los embalses en el conjunto de la demarcación están llenos.
Ante estos datos mostró su convencimiento de que, ni para este verano ni para el año que viene, se van a dar problemas de suministro en lo que se conoce como territorio Júcar, que contempla 43.000 kilómetros en el conjunto de su demarcación. En cualquier caso llamó a la «cautela, porque el Mediterráneo y el Júcar son cíclicos», de ahí que señalara que «los embalses hay que usarlos siempre con rigor» y por tanto instara a que «no haya barra libre».
De entre los distintos problemas que se plantean en la provincia, y entre los que también se incluye tender a la mejora de la calidad del agua emanada de las depuradoras, modernización de los regadíos, reubicación de pozos, buscar la regularización de los aprovechamientos, incremento de la salinización o paliar la infradotación de algunas zonas de regadío, el jefe de Planificación Hidrológica de la CHJ, Javier Ferrer, precisó que de los 25 acuíferos localizados en el Alto y Medio Vinalopó, 16 se encuentran actualmente en seria sobreexplotación.
Hacia dónde tiene que ir la planificación hídrica fue por tanto el tema central de la sesión de participación pública celebrada ayer en el Centro de Congresos de Elche y en la que se recogieron sugerencias e iniciativas para conformar el nuevo plan hidrológico de la cuenca del Júcar que pasará a sustituir al elaborado en el año 1998.

El futuro inmediato tanto de El Hondo como del Júcar será tema de debate en distintas reuniones que van a coincidir en su celebración esta misma semana en Elche y Crevillent.
La primera cita tiene lugar hoy en el Centro de Congresos. Hasta Elche se desplazará el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Juan José Moragues, para participar en la Jornada de Presentación del Esquema Provisional de Temas Importantes (EpTI), en el marco del proceso de planificación hidrológica. Durante la misma se celebrará una ponencia y tres mesas redondas integradas por sectores del regadío, el abastecimiento, agentes sociales y universidades.
Por otra parte, mañana jueves se celebrará la reunión anual del patronato de El Hondo, que tendrá lugar en el centro de recepción del propio parque. En principio se debería abordar la cuestión de los nuevos presupuestos, aunque en el orden del día se ha establecido que se presente la memoria de actividades y resultados de 2009, así como el programa de actuaciones del presente año.
La tercera reunión relacionada con cuestiones hidrológicas se celebrará también mañana, cuando de nuevo se reúna en la sede de Riegos de Levante el comité de crisis de El Hondo y del Tajo-Segura. En este encuentro está previsto hacer un balance de cómo marchan las relaciones con la Generalitat y a la misma están invitados los ediles Alejandro Pérez, Manoli Mora y Àngels Candela.

Los presidentes de la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia, Francisco Camps y Ramón Luis Valcárcel, acompañados de varios de sus conselleres (Juan Cotino, Maritina Hernández y Mario Flores por el lado del valenciano), se dieron ayer un baño de muestras de cariño de regantes en Orihuela después de que se haya abortado el estatuto de Castilla-La Mancha y con ello, la condena del trasvase Tajo-Segura. Reivindicaron un pacto del agua, el Plan Hidrológico Nacional (PHN), trasvases del Ebro, el Júcar y el Tajo, porque sus regantes son «los que más partido sacan a cada gota».
Arremetieron contra el PSOE y contra Rodríguez Zapatero en un acto que era institucional pero que más bien parecía un mitin; recogieron besos, abrazos, «enhorabuenas» y aplausos, y se marcharon. Dejaron inaugurado el embalse de la acequia de Puertas de Murcia, la última obra visitada por el ex conseller de Medio Ambiente, José Ramón García Antón, antes de morir el pasado verano. Y para él hubo muestras de cariño también: «Creo que nos ha echado una mano desde arriba, un trasvase cielo-tierra», dijo Camps. Además hubo mención al presidente hasta hace unos días de la Confederación Hidrográfica del Segura, José Salvador Fuentes Zorita, de quien dijo la alcaldesa de Orihuela, Mónica Lorente, que «quiso mantener el sentido común y le costó el puesto; dijo que el Tajo-Segura no se toca y su propio gobierno le ha quitado la confianza». La anfitriona alabó a los presidentes diciendo que «no nos han fallado».

«Mesías» del agua
Camps llegó a ponerse ya no de «presidente del agua», sino casi de «mesías», recordando que el anterior juez de Aguas de Orihuela, Antonio Barberá, le dijo hace años: «Presidente, no nos abandones que sabemos que el camino que nos indicas es el correcto, que vamos contigo a donde haga falta». En varias ocasiones aclaró que pretende seguir al frente de la lucha por el agua desde el timón de la Generalitat: «Desde aquel día hasta hoy juntos, y todavía muchos años más», sentenció.
«Hoy es un día de felicidad, porque hemos cumplido nuestra palabra. Durante tantos años hemos trabajado juntos, y nos quedan muchos más, defendiendo aquello que creemos justo; les dijimos que estaríamos con ustedes (a los regantes), han intentado equivocarles con discursos que no son ciertos, decirles que pasaba algo raro, y aquí hemos estado ustedes y nosotros juntos, con el mismo objetivo», manifestó Francisco Camps.
Valcárcel, por su parte, insistió en que «no vamos contra nadie», pero que «los políticos ponen soluciones a problemas, aunque en este caso teníamos la solución, el PHN y el Ebro, pero llegó alguien que la destruyó y creó el problema. (…) Pero, ¿a quién se le ocurre castigar a estas tierras, dejar sin beber a dos millones de personas y destruir decenas de miles de puestos de trabajo por una decisión política?».
Los agricultores se postularon del lado popular: «El PSOE nos dio buenas palabras, pero su voto ha sido sí a ir en contra de los regantes (…) Nos quitaron el Ebro y querían hacer lo mismo con el Tajo, eso hay que recordarlo», subrayó el presidente de Fecoreva (Federación de Comunidades de Regantes Valenciana), Benjamín Aparicio. El juez de Aguas de Orihuela, Jesús Abadía, coló su cuña: «Estamos muy agradecidos, pero no puedo dejar de pedir la tubería de la acequia de Callosa, su construcción supondrá poder regar a muchas familias».
La retahíla de políticos murcianos y valencianos inauguró ayer dos embalses de 110.000 y 20.000 metros cúbicos, con los que se regarán 650 hectáreas por goteo desde la acequia Puertas de Murcia. De ahí beberán las tierras de mil agricultores de Orihuela, que comenzaron a reclamar esta obra (con un coste de 6,5 millones de euros) hace tanto tiempo que el antiguo juez Aguas de Orihuela, Antonio Barberá, ni se acuerda: «Era consellera de Medio Ambiente Ramón Llin», hacía memoria ayer. Ahora lo que hace falta es que los embalses no se sequen.

Barreda anuncia un nuevo frente en la guerra del agua. El presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, abrió ayer la caja de los truenos y tras ver cómo el Pleno de las Cortes castellano-manchegas daba carpetazo al Estatuto -con los votos socialistas y, paradójicamente, el rechazo de los populares de De Cospedal-, avanzó que a partir de ahora, una vez que el texto sea retirado oficialmente del Congreso, su Gobierno planteará la batalla del agua «río a río, plan a plan, cuenca a cuenca y trasvase a trasvase».
Un guiño a la bancada socialista, a sus votantes, y a la mayoría de los ciudadanos de Castilla-La Mancha, muchos de los cuales están convencidos de que el caudal que llega a Alicante y Murcia se malgasta. Las palabras del «derrotado» Barreda confirman el anuncio hecho por los regantes alicantinos la semana pasada nada más conocerse que el Estatuto no saldría adelante tras el voto negativo del PP en la Comisión Constitucional.
El fracaso de la vía política (reserva de 4.000 hm3 en el preámbulo del Estatuto) trasladará los intentos de blindar el agua del Tajo y del Júcar (en ambas cuencas tiene voz y voto el gobierno de Barreda) a los nuevos planes de cuenca de los ríos, donde el ejército de juristas y expertos contratados por Barreda pondrán toda la carne en el asador. Agricultores, empresarios y expertos del Instituto Universitario de Geografía de la Universidad de Alicante advierten de que cualquier reserva hídrica en los planes de cuenca para suministrar agua del Tajo o del Júcar a comunidades como Castilla-La Mancha o Madrid tendría efectos letales para la llegada de caudales al Segura.
Por otro lado, el acuerdo del pleno castellano-manchego para reclamar la retirada del proyecto de Estatuto aprobado en 2007 se producía justo en el día en el que la reserva en los embalses de Entrepeñas y Buendía rozaba los 1.100 hm3, lo que genera un colchón de 860 hm3 trasvasables a Alicante y a Murcia. La mejor demostración del empeño que ha tenido siempre el gobierno de Castilla-La Mancha por cerrar el trasvase son los recursos contra la transferencia presentados trimestralmente desde hace 28 años, justo cuando Castilla-La Mancha se constituyó como autonomía.
Las Cortes de Castilla-La Mancha dieron ayer el paso definitivo para enterrar la reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad treinta y nueve meses después de que ese mismo parlamento fuera el primero que impulsara una modificación estatutaria por unanimidad.
La asamblea regional solicitó, con los votos del PSOE y el rechazo del PP, la retirada de la reforma estatutaria, un asunto central en el sexenio de José María Barreda como presidente de la Comunidad y en los casi cuatro años de María Dolores de Cospedal (PP) como jefa de la oposición.
Fue el 20 de octubre de 2004, en su primer debate sobre el estado de la región como presidente, cuando Barreda propuso la reforma del Estatuto para que Castilla-La Mancha pudiera decidir en la gestión del agua, con su incorporación a las Confederaciones Hidrográficas y a la Comisión Central de Explotación del Trasvase Tajo-Segura. El 31 de mayo de 2005, en el Día de Castilla-La Mancha, Barreda reclamó la constitución de una ponencia en las Cortes regionales para adaptar el Estatuto de la región al siglo XXI.
El 6 de octubre de ese mismo año, Barreda, el entonces presidente de PP de Castilla-La Mancha, José Manuel Molina; y Patrocino Gómez, en nombre del PSOE, suscribieron un manifiesto, conocido como Acuerdo de Fuensalida, en el que se sentaron las bases para la reforma. El primer borrador vio la luz en junio de 2006, coincidiendo con la elección de María Dolores de Cospedal como presidenta del Partido Popular en la región. El 26 octubre de 2006 se alcanzó un principio de acuerdo sobre la reforma. Así siguió hasta la semana pasada y, ayer, el Estatuto quedaba fulminado.

Cotino pide «justicia distributiva» y Blasco ve deriva socialista

El vicepresidente tercero del gobierno valenciano, Juan Cotino, acusó ayer a José María Barreda de engañar «a su electorado», al «igual» que la secretaria de organización del PSOE, Leire Pajín, porque, en su opinión, hay «agua para todos si se reparte con justicia».
Cotino calificó de «mentira» y de «vergüenza» la argumentación expuesta por Barreda en las Cortes castellano-manchegas, porque a su juicio «hay agua para todos si se reparte con justicia distributiva».
Según el vicepresidente, Pajín «dio instrucciones para que los diputados socialistas votaran en contra del Tajo-Segura», y el PP ha hecho «exactamente la misma defensa del agua en Castilla-La Mancha y en la Comunidad, en favor del Tajo-Segura y del trasvase del Ebro». Cotino pidió, además, al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero que «no mienta más a los alicantinos», porque, en su opinión, «si es posible que el agua del Ebro llegue a Barcelona, que también pueda llegar a Castellón, Valencia, Alicante y Murcia».
Por su parte, el portavoz del PP en las Cortes Valencianas, Rafael Blasco, manifestó que la retirada del Estatuto es un «fracaso» de José María Barreda y «un síntoma de la cuesta abajo generalizada del PSOE». A su juicio, según expuso en un comunicado, la «deriva» de los socialistas «está extendida por todos los rincones, empezando en la Moncloa y pasando por todas las comunidades autónomas». Según Blasco, el PSOE «se cerró en banda a la propuesta de negociación del PP y ahora opta por la retirada de un Estatuto».

El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, volvió ayer a reivindicar el Plan Hidrológico Nacional (PHN) elaborado por el Gobierno de José María Aznar como un «proyecto de solidaridad» en materia hídrica entre las diversas zonas de Eapaña. En un acto con militantes y simpatizantes del PP en Monóvar, incidió en que el Tajo-Segura es «fundamental» para el futuro de la Comunidad, y que, incluso, dentro del territorio autonómico, los trasvases son «una forma de solidaridad» interna. Aludía de esta forma al Júcar-Vinalopó, el cual, dijo, «quiso paralizar» el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.
Camps señaló que el jefe del Ejecutivo «paralizó el trasvase del Ebro», y aseguró que, cuando gobernaba el PP, tenían «un proyecto de solidaridad entre todos los territorios de España», en el que «no se hablaba de tensión territorial, ni de ruptura entre comunidades autónomas». Sin embargo, continuó, ahora los socialistas «han querido dejarnos sin agua a toda la Comunidad con la reserva hídrica, cuando nuestro territorio es dinámico, próspero y leal con el resto de españoles».
El jefe del Consell agradeció «el apoyo de la sociedad, agricultores y regantes, porque juntos», indicó, han «defendido un proyecto de solidaria hídrica y de futuro para la Comunidad», al tiempo que insistió en que el PHN era un «proyecto de solidaridad y cohesión territorial». De la misma manera, afirmó que su agenda es «la de todos los valencianos y que pasa todos los días por defender los intereses de la Comunitat» en materias tan importantes como el agua, las infraestructuras, la seguridad ciudadana, las políticas sociales o la financiación.

El pleno de las Cortes Valencianas votará la próxima semana la propuesta del PP para que el Gobierno cree 11 nuevas comisarías de Policía Nacional en la Comunidad, siete de ellas en la provincia de Alicante. El texto insta a que todos los municipios de más de 30.000 habitantes cuenten con la citada dotación policial. En el caso de la demarcación alicantina, se piden comisarías para Xàbia, Petrer, Santa Pola, San Vicente del Raspeig, Torrevieja, la Vila Joiosa y Villena.
La propuesta del PP reclama al Gobierno «el cumplimiento del compromiso electoral de creación de comisarías del Cuerpo Nacional de Policía en los municipios de más de 30.000 habitantes que carezcan de ella». Según los populares, «este compromiso quedó en el olvido por parte del Gobierno de España y posteriormente fue negado y rechazado». Añaden que «el Gobierno ha dado una respuesta negativa incluso ante el ofrecimiento de terrenos por parte de los municipios para la construcción de las comisarías».
Por otra parte, las Cortes también debatirán una propuesta de Compromís para exigir que el Ayuntamiento de Albacete pague en tres meses el millón de euros que debe a la Unión Sindical de Usuarios del Júcar.

José María Barreda ha convocado mañana un pleno para retirar el Estatuto de Castilla-La Mancha que incluía la reserva de 4.000 hm3 que cerraba el Tajo-Segura. Un triunfo para Alicante, pero no el definitivo.

La carencia de recursos obliga a Alicante a recibir el agua de cuatro fuentes distintas

POR F. J. BENITO Se ha ganado una gran batalla, pero la guerra del agua sigue abierta y el escenario se va a trasladar ahora a los nuevos planes de cuenca del Tajo, el Júcar e incluso el Segura, responsabilidad directa del Ministerio de Medio Ambiente, donde habrá que estar más atentos para que el Gobierno de Castilla-La Mancha, y su ejército de juristas y expertos hídricos, no establezca unos límites que hagan imposible cualquier trasvase (siempre se trabaja con excedentes de agua) al Segura e, incluso, al Vinalopó.
La reflexión de Ángel Urbina, portavoz de Riegos de Levante y quizá una de las personas que mejor conoce el complejo sistema para el reparto de caudales en el sureste español desde que se abriera el grifo del Tajo-Segura en 1978, al día siguiente de que el presidente castellano-manchego José María Barreda, anunciara la retirada del Estatuto, deja bien claro que Alicante no puede dormirse pensando que el Estatuto de Castilla-La Mancha es historia si mañana termina retirándose en el pleno convocado por el presidente manchego.
Es más, lo que se establece en los planes de cuenca tiene carácter legal y, por lo tanto, la fuerza jurídica de la que carecía el preámbulo. Alejandro Alonso, ponente del PSOE en la Comisión Constitucional donde su partido votó el miércoles a favor de la reserva de 4.000 hm3 lo sabe mejor que nadie. Castilla-La Mancha nació como autonomía en 1982, a los tres meses el entonces presidente José Bono incorporó a su Ejecutivo a Alejandro Alonso como consejero de Agricultura. Desde entonces y aunque ya no esté en el Gobierno, los castellano-manchegos vienen recurriendo cada tres meses los trasvases del Tajo al Segura. Sin éxito, pero durante los últimos 28 años, algo que da idea de la perseverancia de Castilla-La Mancha en sus intentos por secar la transferencia de aguas a Alicante y Murcia.
El retraso que sufre el «Programa Agua» (desaladoras) de la entonces ministra Cristina Narbona para generar un caudal desalado similar al proyectado en el derogado trasvase del Ebro y los propios problemas del agua desalada del mar (precio e impacto ambiental), vuelven a dejar el futuro del abastecimiento hídrico en manos de los trasvases (resulta imposible contar con más infraestructura para recoger agua de lluvia).
¿Dónde estamos entonces? Mejor que en 1978, cuando arrancó el Tajo-Segura, porque se ha modernizado la agricultura y reducido las fugas en las redes de distribución, pero con la misma dependencia que teníamos hace 32 años. El agua del Tajo, y a partir del año que viene la que llegue del Júcar al Vinalopó, resulta clave para garantizar el futuro social y económico de la provincia. No en vano cualquier recorte en los planes de cuenca comprometería el abastecimiento de 1.576.000 personas, la continuidad de 110.000 empresas y 636.000 empleos que general un PIB de 74.800 millones de euros, según los datos que maneja la Universidad de Alicante y la patronal Coepa.
En el apartado económico el posible cierre de los grifos del Tajo y el Júcar, imponiendo reservas en los planes de cuenca, también representaría un serio revés para el único «motor» que aún no ha gripado del todo, el turismo: un sector que mueve 12.000 millones de euros al año (13,8% del PIB) y mantiene 290.000 empleos.
Y prueba de que la nueva amenaza es real, un informe realizado por Riegos de Levante (20.000 agricultores y 35.000 hectáreas en explotación), que advierte de que el nuevo plan hidrológico de la cuenca del Tajo, en fase de redacción, supondrá el final del trasvase porque ha incluido ya las dotaciones de los nuevos abastecimientos de Madrid, Toledo y los municipios beneficiados por la denominada Tubería Manchega. Caudales que, restados del total de la lluvia anual que entra en los pantanos de Entrepeñas y Buendía, reducirán a tan sólo 60 hm3 al año la cantidad de agua para riego que se podrá trasvasar a Alicante y Murcia.
Caudal que, incluso, podría quedarse en «cero hectómetros cúbicos si al final se aumenta el caudal ecológico del río», según alerta Ángel Urbina, portavoz de Riegos de Levante.
El complejo de embalses de Entrepeñas y Buendía, donde arranca la transferencia que trae el agua del Tajo a Alicante, recibe todos los años la aportación de 770 hm3 y debe enviar, sin contar con lo que envía para riego, un total de 710 hm3 de trasvases fijos. En estos momentos el caudal ecológico en el Tajo es de 6 m3/segundo, pero por cada metro cúbico que se amplíe se recortarán 30 hm3 en Entrepeñas y Buendía, según el cálculo de los regantes. A esto se añade que el 15 de diciembre de 2009 se creó por decreto una reserva de 60 hm3 en el Tajo para abastecer a los nuevos desarrollos urbanísticos de Madrid. A este caudal se sumaron, por otro lado, otros 20 hm3 para la zona de la Sagra (Toledo). Junto a estos abastecimientos, el plan de cuenca del Tajo fija también otras reservas para las Tablas de Daimiel. La aprobación de la reserva para Madrid vulnera ya las leyes del trasvase porque debía haberse consensuado con todas la partes y nadie recurrió. Actuaciones como éstas son más importantes que el defenestrado Estatuto. Actualmente, la reserva está en 240 hm3 a partir de la cual no se envía agua y así seguirá si se confirma la retirada del Estatuto mañana lunes cuando se reúnen la Cortes de Castilla-La Mancha.
La primera referencia oficial que se tiene en la provincia del proyecto para trasvasar aguas desde la cuenca del Tajo al Levante español -actuales Comunidad Valenciana y Murcia- data del 26 de febrero de 1933, cuando el entonces ministro de Obras Públicas de la II República, el socialista Indalecio Prieto, proclamaba en un acto público celebrado en Alicante, que el Gobierno que se negara a construir el trasvase Tajo-Segura prácticamente tendría que ser calificado de traidor a la patria, independientemente de su color político.
Dos años después la infraestructura, diseñada por el ingeniero Lorenzo Pardo, quedaba incluida en el I Plan Nacional de Obras HIdráulicas, aunque su construcción no comenzaría hasta 1968. Los primeros caudales comenzaron a fluir en 1979 y desde entonces no ha parado de llegar desde el Tajo -casi nunca los 600 hm3 regulados por la Ley- un agua gracias a la cual Alicante y Murcia se han convertido en dos de las zonas más prósperas de España, motores de empleo y, prácticamente, la huerta de buena parte de Europa
El trasvase garantiza, además, el abastecimiento urbano de cerca de tres millones de habitantes, tiene un componente ambiental clave para paliar la sobreexplotación de los acuíferos y sostiene el 62% de la agricultura provincial, cuyas explotaciones están valoradas en 328 millones de euros con una facturación de 528 millones de euros al año.
Los primeros 30 años del trasvase se tiñeron de gris en 2009 ante la aspiración del Gobierno de Castilla-La Mancha de reservar para su desarrollo todo el caudal del trasvase, al fijar en su Estatuto el final de la canalización para 2015, y la, en principio, tibieza de PSOE y PP en la defensa de la transferencia en Madrid, Ambos pactaron ampliar la reserva estratégica primero hasta los 600 hm3 y después hasta los 4.000 hm3 ya con la fecha de caducidad eliminada, y también con el consenso inicial de PSOE y PP, que llegó a abstenerse en la aprobación de la ponencia. Al final, no obstante, hubo reacción final de los populares con su voto negativo en la Comisión Constitucional.
Un informe de la patronal Coepa elaborado por el Instituto del Agua de la Universidad de Alicante revela que, hoy por hoy, no hay recambio posible para el Tajo: el agua del trasvase se paga a 0,1 hm3 el metro cúbico, mientras que la desalada sale a 0,6 euros/m3, cinco veces más cara.
Por otro lado, la falta de aportes suficientes de agua del trasvase Tajo-Segura ha provocado que en los últimos años se hayan dejado de cultivar 20.000 hectáreas y perdido dos mil empleos directos en Alicante, una provincia que, sin embargo, ha pagado desde 1986 más 300 millones de euros -50.000 millones de las antiguas pesetas- a Castilla-La Mancha, Extremadura y Madrid, las comunidades autónomas cedentes del agua del Tajo, según recuerda Ángel Urbina, portavoz de Riegos de Levante y recoge el informe de Coepa sobre la repercusión de esta obra en la provincia. Fondos que, teóricamente, debieran haberse destinado a financiar proyectos medioambientales y evitar, por ejemplo, la restricciones que llegan a sufrir municipios castellano-manchegos en los años de sequía. ¿Dónde fue el dinero?.
Según el trabajo del Instituto Universitario del Agua, la eliminación de los aportes de agua del río Tajo a la provincia tendría consecuencias letales, porque significaría la ruina para el 62,18% de la agricultura de regadío, un sector que da a empleo a 51.325 trabajadores. Por otro lado, el incumplimiento de las expectativas de caudales llegados a la provincia a través del trasvase desde su puesta en marcha ha supuesto la pérdida de 17.325 hectáreas entre 1998 y 2006, al no contar con agua suficiente y de calidad.
Las necesidades de agua totales en la zona regable del trasvase en la provincia de Alicante ascienden a 381,89 hm3 al año, mientras que la dotación media del trasvase Tajo-Segura es sólo de 125 hm3, debido principalmente a la sequía que sacude el complejo de embalses Entrepeñas-Buendía. El sector agrícola alicantino tendría derecho a recibir 3.500 millones de euros en concepto de indemnización mas el lucro cesante si se recortaran los aportes del Tajo. La falta de caudales para la agricultura y la salinidad del agua que utilizan los regantes ha provocado ya una diáspora de empresas agroalimentarias a otras zonas de España que tienen agua de calidad como es el caso de Valencia (Júcar); sur de Cataluña e, incluso, Andalucía.

suministro urbano
Al margen del impacto económico sobre la competitiva agricultura de Alicante y Murcia, el trasvase Tajo-Segura tuvo un impacto social sin precedentes al romper el ciclo migratorio alicantino y murciano que, en algunos casos, se arrastraba desde finales del siglo XIX. Se pasó a un escenario de inmigración y de crecimiento vegetativo positivo.
El agua que llega del Tajo representa, además, una pieza hidráulica básica para el funcionamiento de la Mancomunidad de Canales del Taibilla, ya que aporta el 60% de la demanda de agua para uso urbano de toda Murcia, treinta y cuatro municipios de Alicante (56% de la población) y dos de Albacete.
La Mancomunidad del Taibilla advirtió en su día de que todos los recursos de las desaladoras (190 hm3 cuando éstas estén a pleno rendimiento), no serán suficientes para cubrir la demanda urbana de Alicante y Murcia en los próximos 25 años, lo que hace del trasvase una solución «incuestionable», según el comité ejecutivo de la Mancomunidad que depende del Ministerio de Medio Ambiente, responsable de la tutela del agua en España.