El Pleno del Congreso ha convalidado este jueves el decreto ley de medidas urgentes en materia de medio ambiente que, entre otras medidas, centraliza la policía hidráulica, pero lo tramitará como proyecto de ley con opción a ser modificado vía enmienda.

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

El decreto en sí ha recibido el respaldo del PP, UPyD y UPN, mientras que el Foro Asturias se ha abstenido. El resto de grupos parlamentarios se han mostrado en contra del mismo, entre otros puntos, por centralizar las competencias que hasta la fecha eran autonómicas.

Ya por unanimidad, se ha decidido tramitar el decreto como proyecto de ley, lo que abre la posibilidad de cambios puntuales. Es el único de los cuatro que se debatían este jueves que seguirá ese camino, pues los relativos a la reforma de RTVE y a los recortes de Educación y Sanidad ya no se seguirán discutiendo.

Este decreto ley de medidas urgentes en materia de medio ambiente fue aprobado en Consejo de Ministros el pasado 4 de mayo, y se encuentra en vigor desde el día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). En concreto, plantea la modificación de cuatro normativas: Ley del Mercado de Valores, Ley de Aguas, Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad y la Ley de Residuos y Suelos Contaminados.

Durante la defensa del mismo, el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha justificado que responde al propósito de mejorar la gestión ambiental española, adaptando directivas europeas y reduciendo las cargas administrativas y favoreciendo, entre otros puntos, el sistema de subastas en derechos de emisiones.

Con ello, ha detallado que este decreto incorpora la normativa europea y modifica así la de 1988 de Mercado de Valores, de forma que España pueda acceder a participar en las subastas de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, y en consecuencia, cumplir los compromisos adquiridos en el protocolo de Kyoto.

SIMPLIFICACIÓN NORMATIVA

Igualmente, el decreto plantea una modificación de la Ley de Aguas, donde el Estado recupera la competencia sancionadora en la materia (policía hidráulica) en las confederaciones hidrográficas de las cuencas intercomunitarias.

Asimismo, también incorpora una disposición específica para la cesión de derechos en el ámbito territorial del Plan Especial del Alto Guadiana, cuya aplicación urgente impida un nuevo deterioro del acuífero y permita mantener la sostenibilidad de las instalaciones agrícolas derivadas y una reordenación de los derechos de uso de las aguas, tendente a la recuperación de acuíferos.

En materia de protección ambiental, plantea una modificación en la Ley de Patrimonio Natural y la Biodiversidad, con la que se pretende coordinar y simplificar las distintas figuras de protección que rigen sobre una misma hectárea.

En concreto, simplifica el régimen de calificaciones de los espacios protegidos, lo que afecta directamente a la Red Natura 2000, para que usuarios y municipios «tengan claras» las limitaciones y derechos que se pueden ejercer en cada zona.

En materia de residuos, el decreto cambia el sistema de notificaciones de traslados de residuos puesto que, en muchos casos, señala que este transporte pasa por varias comunidades autónomas y se necesitaba de un permiso notificado de cada una de ellas. «Ahorrará a los operadores a hacer la notificación previa cada vez que tengan que trasladar residuos», ha puntualizado, al mismo tiempo que ha detallado que obtenida la autorización previa de la comunidad donde se opere no será necesarias posteriores.

Asimismo, modifica la Ley de Residuos y Suelos Contaminados, en lo referente a los Sistemas de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR), precisando el alcance de estos sistemas con el objetivo de evitar «imprecisiones, incoherencias e interpretaciones».

UNAS MEDIDAS NECESARIAS

El PP ha conseguido el apoyo de UPyD que, según ha tachado su portavoz en la materia, Carlos Martínez Gorriarán, se trata de un paquete de medidas «precisas, necesarias y fundamentadas», que hacen una trasposición de directivas europeas que había que acometer.

Además, ha dicho que es «elogiable» que el Gobierno vaya a aceptar la tramitación como proyecto de ley de este decreto. «Sería importante abrir un debate sobre el modelo de Estado y el modelo competencial, que es inviable», ha agregado, al mismo tiempo que, «aunque sea raro», ha dado la enhorabuena al PP.

Desde el PP, María Teresa Fernández de Lara, ha señalado que la reforma que favorece este decreto es «conveniente» porque no emplea dinero público, a diferencia del anterior Ejecutivo socialista que gastó más de 9.000 euros por encima de lo presupuestado.

EL GOBIERNO NO CREE EN EL MEDIO AMBIENTE

Por su parte, la portavoz del PSOE de Medio Ambiente en el Congreso, Leire Pajín, ha acusado al Gobierno de no creer en el medio ambiente, así como de desproteger y «poner en peligro» a los ciudadanos y a las generaciones futuras, con la aprobación del decreto.

De hecho, ha manifestado su posición en contra, al mismo tiempo que le ha pedido al titular del ramo, Miguel Arias Cañete, que «lo justo» es devolver el texto al Ejecutivo y convocar a los agentes sociales implicados. «A veces tengo la sensación de que este Ejecutivo tiene el objetivo de retroceder en el tiempo», ha puntualizado.

Al mismo tiempo, considera que este decreto responde a «convicciones ideológicas» y al objetivo de querer dejar a los ciudadanos sin protección ambiental. «Este Gobierno no cree en una legislación garantista y no cree en el medio ambiente. Este decreto supone una traba al libre desarrollo económico y pone en peligro a los españoles de hoy y a las generaciones futuras», ha agregado.

En este sentido, ha hecho referencia a la modificación de la Ley de Protección Natural, que a su juicio, sólo con esta reforma se «relaja» la normativa existente. Mientras, ha señalado que en materia de agua el decreto contradice la directiva marco de agua, que debe ser cumplida antes de 2027 por todos los países miembros.

Desde el PNV, Arantza Tapia, ha señalado que en líneas generales podría aceptar esta normativa, si bien ha indicado que a este grupo parlemantario le surgen críticas motivadas desde el punto de vista de la oportunidad y de legislar sin consenso, invadiendo competencias y sin motivo real que justifique esta premura y modo de actuación.

UN «INSULTO Y UNA PROVOCACIÓN»

Mientras, la diputada de la Izquierda Plural, Laia Ortiz, ha señalado que este decreto es un «insulto y provocación» a todas las personas que trabajan desde hace años en favor de la ecoeficiencia.

«Es un decreto que despilfarra. Le falta ambición y no incluye instrumentos útiles. La crisis actual precisa de una nueva cultura del agua y de la energía, austeridad», ha agregado, al mismo tiempo que ha indicado que, con estas medidsa del PP, España va en la dirección contraria de lo que hacen los países más avanzados.

El nacionalista catalán Martí Barberá, portavoz de Medio Ambiente de CiU en el Congreso, ha defendido su posición en contra de este decreto por centralizar las competencias en materia de medio ambiente. «Trabajaremos en el ámbito parlamentario para recuperar las competencias que revoca este decreto», ha apuntado.

El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio ambiente, Miguel Arias Cañete, considera que recuperar la competencia de unidad de cuenca «tiene todo el sentido» y ha anunciado que hará una modificación «más profunda» de la Ley de Aguas que se acometerá «con sosiego» para analizar cuáles son los mejores sistemas de gestión del recurso.

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

Tras reunirse con el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, el ministro ha subrayado que el «efecto» fundamental del Real Decreto Ley de medidas medioambientales de carácter urgente –aprobado el pasado viernes por el consejo de ministros– es la recuperación del principio de unidad de cuenca.

A su juicio, si las demarcaciones hidrográficas se hacen con carácter único y las confederaciones hidrográficas establecen los usos que de un determinado río entre las cuencas intercomunitarias, «tiene todo el sentido» que la policía administrativa y el cumplimiento del respeto a los usos aprobados se haga con un criterio único.

«No tiene sentido fragmentar los criterios de aplicación de la policía de aguas en función de los tramos del río porque este es único, los caudales del río son únicos y los caudales ecológicos son únicos», ha añadido.

Por otro lado, respecto a las modificaciones en el Real Decreto Ley que se refieren al Alto Guadiana, ha apuntado que se establece un sistema «excepcional» vinculado a la zona territorial en cuestión para «resolver un problema claro» existente en la zona y para poder cumplir así los objetivos del Alto Guadiana.

Estos objetivos suponen que, en el caso de transmisión de derechos se produzca una reducción de caudales, «lo que puede permitir cierto alivio». El ministro ha indicado que, pese a que en estos momentos el acuífero 23 cercano a las Tablas de Daimiel está «en mejores condiciones que en el pasado», hay que establecer una regulación permanente para los momentos en que el acuífero pase por dificultades.

En este sentido, se ha referido a las críticas de «ciertas» organizaciones ecologistas que «ponen el grito en el cielo» y aseguran que esto es iniciar un sistema de venta de derechos de agua o una privatización. «Esto no es así. Es una medida excepcional que se toma en una zona con enormes problemas hídricos en estos momentos y que va a actuar en una zona del territorio con carácter excepcional», ha apostillado.

Finalmente, ha anunciado que hará una «modificación más profunda» de la Ley de aguas «con sosiego», porque esta era de carácter urgente para «solucionar un problema». Arias Cañete ha insistido en que el Plan del Alto Guadiana no estaba siendo cumplido y que el Gobierno «quiere cumplir objetivos».

La ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, afirmó este miércoles en el Foro de la Nueva Economía que la Directiva Marco del Agua, cuyo supuesto incumplimiento por parte de España investiga Bruselas, es «responsabilidad de las comunidades autónomas».

Así lo afirmó la ministra en un almuerzo informativo organizado en Madrid por Nueva Economía Fórum, tras ser preguntada por la denuncia que la Comisión Europea ha admitido a partir de una queja presentada por organizaciones ecologistas sobre la citada directiva.

Según indicó Espinosa, la Directiva Marco del Agua afecta a «competencias autonómicas». «La responsabilidad es de las comunidades autónomas, pero es cierto que, ante la UE, la comunidad autónoma y el ayuntamiento no existen, lo que existe es el Estado miembro», subrayó.

Sin embargo, afirmó que el Ejecutivo «dará a la Comisión toda la información que sea necesaria en cuanto a infraestructuras».

Por otra parte, recordó que su departamento, «consciente de que las comunidades no podrían asumir un volumen de inversión tan fuerte», ha elaborado un plan de calidad de las aguas «para colaborar en las infraestructuras que tuvieran que llevarse a cabo», como es el caso de las depuradoras.

PLANES DE CUENCA

Durante su intervención, la ministra se refirió a los planes de cuenca. «Los estamos elaborando. Alguno está finalizado ya, espero entregándolos uno a uno a la Unión Europea», prosiguió.

Destacó la importancia de que estos planes sean «consensuados por todo el mundo», desde «corporaciones locales, comunidades autónomas, empresarios, sindicatos y representantes de la sociedad civil».

Tras el almuerzo, el ex ministro socialista y actual vicepresidente ejecutivo de la Fundación Ideas, Jesús Caldera, hizo un brindis por «la ministra del agua» y destacó la importancia de proteger este recurso.

Ecologistas en Acción informó este lunes de que la Comisión Europea ha admitido una denuncia presentada por esta ONG contra España «por diversas y reiteradas infracciones a la Directiva Marco de Agua», y aseguró que la ha incorporado al procedimiento de infracción «que ya tiene abierto por presuntas infracciones» a esa misma norma.

Los ecologistas denuncian «ausencia de participación, retraso en la elaboración de planes hidrológicos y la existencia de un precio del agua para el sector agrario muy por debajo de lo establecido por la norma europea».

Según recuerda Ecologistas en Acción, dicha normativa establecía unos plazos determinados para la presentación de los planes de las demarcaciones hidrográficas. Sin embargo, lamenta que «el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino lleva actualmente un retraso de año y medio».

Aunque estos elementos de la queja «ya estaban siendo investigados por la Comisión», Ecologistas en Acción afirma que su escrito «aporta un nuevo e importante elemento que guiará a partir de ahora también el procedimiento de infracción de Bruselas», y que es, según indica, «el incumplimiento de la recuperación de los costes en el precio del agua».

La directiva europea establece que cada uso del agua (industrial, hogares, agricultura) debe contribuir adecuadamente a la recuperación de los costes de los servicios relacionados con el agua, pero, según los ecologistas, «en el Estado español el precio del agua de regadío es bajísimo» y «no recoge los costes ambientales y sociales derivados de su utilización».

«Los incumplimientos por parte del Gobierno español son tan claros y evidentes que es muy posible que en los próximos meses la Comisión envíe la correspondiente carta de emplazamiento a España, exigiéndole el cumplimiento de lo establecido en la Directiva Marco de Aguas», concluyen la ONG.

Las lluvias y nevadas que registra España este invierno están acercando los niveles de los embalses españoles a cifras que no se alcanzaban desde hace 12 años, según datos del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.

Según informaron a Servimedia fuentes del Ministerio, los mayores niveles de agua embalsada de los últimos años corresponden al año 1998, cuando se alcanzó el 79,5% y el 79,3% de la capacidad total en los meses de enero y febrero, respectivamente. Con las últimas lluvias y nevadas, la reserva hídrica española está rozando estas semanas el 70% de su capacidad.

Así, el martes 16 de febrero (de cuando constan los últimos datos) Medio Ambiente informaba de que los embalses se encontraban al 69,3%, con 38.369 hectómetros cúbicos de agua embalsada.

Los mayores niveles correspondían a las cuencas internas del País Vasco (100%), a la cuenca del Miño-Sil (81,4%) y a la Atlántica andaluza (80,2%). Los menores, por su parte, los registraban las cuencas del Tajo y del Guadiana (60,6%), la del Segura (42,6%) y la del Júcar (42,1%).