El Parlamento de Andalucía ha aprobado este miércoles por unanimidad la toma en consideración de la proposición de ley del PSOE-A, a tramitar en el Congreso de los Diputados, sobre la modificación de tres normas del Gobierno de la Nación para posibilitar la reducción de los costes energéticos en el regadío de la comunidad autónoma. En concreto, se plantea una modificación de la Ley del Sector Eléctrico para ofrecer una alternativa de reducción del gasto y de los contratos de acceso a las redes de transporte y distribución; otra variación en la Ley de Economía Sostenible, para inversiones que favorezcan la bajada de los costes sobrevenidos por la reforma energética; y que, dado el intensivo en mano de obra del regadío, se aplique un tipo reducido del 10% del IVA a la factura.

En relación con la reforma energética iniciada por el Gobierno de la Nación, se explica que desde la desaparición de las tarifas reguladas específicas para el regadío y, ante la imposibilidad de modificar, en un sector altamente estacional, la potencia contratada en periodos inferiores a los 12 meses, se ha visto cómo se han «disparado sus costes, habiéndose incrementado el término de potencia entre el 125% y el 1.255% desde 2008, cuando se produjo la liberalización».

Por ello, el PSOE-A señala que el incremento medio del coste eléctrico en el regadío en Andalucía «será superior al 20%, llegando en muchos casos a superar el 30%, lo que es insostenible para un sector muy castigado por la crisis y que precisamente se ha modernizado para ahorrar agua».

La superficie regable en la región ha pasado de unas 670.000 hectáreas en el año 1992 a casi 1.200.000 en la actualidad. Las provincias de Sevilla, Jaén, Granada y Córdoba son las que tienen la mayor proporción de superficie regable, sumando todas ellas el 76% del total. En Andalucía existen más de 2.000 comunidades de regantes, muchas de ellas recién modernizadas o en proceso de hacerlo, que gestionan el agua destinada al uso agrícola. Desde 1995 hasta 2008 se han modernizado más de 350.000 hectáreas de regadío en Andalucía, lo que representa el 43% del total.

El PP-A la apoya pero con críticas

Durante la intervención de los grupos, el parlamentario del PP-A Miguel Ángel Arauz ha informado del apoyo de su partido a esta iniciativa (lo que ha provocado un aplauso) pero ha criticado el «baile de la confusión» y la situación «kafkiana» que está realizando el PSOE-A, al que ha acusado de venir a este debate «con caretas» para no reconocer que fue durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero «cuando se suprimieron las tarifas especiales de riego y donde empezaron todos los males» del regadío de Andalucía. «Eso no se puede olvidar», ha dicho tras advertir de que «lo más grave es que existió un borrador de decreto» para paliar esa subida de costes energéticos y el PSOE «no lo aprobó» pese a haberlo podido hacer a lo largo de más de tres años.

Desde el PSOE-A, José Muñoz ha dicho que quien defiende a los agricultores y regantes es la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, y ha arremetido contra las «subidas de hasta el 500%» que ha llevado a cabo el Gobierno de la Nación «por culpa de la mala planificación del Ministerio de Industria». No obstante, ha mostrado sus dudas de que el PP vaya a apoyar estas medidas en el Congreso de los Diputados.

Finalmente, el parlamentario de IU Ignacio García ha lamentado «la tremenda realidad de las explotaciones agrarias» de la comunidad autónoma, donde los márgenes de beneficio de los trabajadores del campo «es más estrecho que nunca» por las subidas de los precios energéticos que se vienen sucediendo desde 2004 y, especialmente, desde 2008, año en el que se liberalizó el mercado, ya habían desaparecido las tarifas especiales de riego y se subió el IVA de la energía del 16% al 21%.

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Los regantes españoles han mostrado su decepción tras conocer las medidas presentadas este miércoles por el Gobierno para compensar la subida de la luz en el regadío. La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) ha calificado las medidas de “un avance bienvenido, pero insuficiente”.

La organización agraria ha lamentado que el plan presentado por el Gobierno para compensar la subida de la luz en el campo sea “un simple parche coyuntural”. La vicesecretaria general de UPA, Montserrat Cortiñas, valoró, sin embargo, como “positivo” el anuncio al término de una reunión en el Ministerio de Agricultura. “Las mejoras fiscales solo compensan coyunturalmente las pérdidas de los regantes, que han experimentado encarecimientos del 40% en dos años”, dijo.

Las medidas anunciadas establecen una exención del 85% de la base imponible del impuesto de electricidad, lo que significa que de suponer en la actualidad el 5,11% pasará a ser el 0,766%, una rebaja por lo tanto del 4,34%. A esto habría que sumar la reducción de la base imponible del IVA, ya que el impuesto de electricidad se ve afectado por el IVA. El Gobierno estima que el sector ahorrará unos 30 millones de euros en 2015.

Por otro lado, entra en vigor un coeficiente reductor de la base imponible del IRPF para los agricultores acogidos al sistema “de módulos”. El coeficiente será del 0,8 para aquellos agricultores que puedan demostrar que consumen energía eléctrica estacionariamente (esta circunstancia se verifica si la diferencia de consumos entre la época de consumo y no consumo es de 3). Gracias a esta modificación, se prevé que el sector ahorre 25 millones al año.

“Los regantes españoles solo gastamos el 2% de la energía eléctrica que se consume en nuestro país. Somos un tipo de usuario singular y necesitamos que se reconozcan nuestras particularidades”, han pedido desde UPA.

La vicesecretaria general de la organización ha criticado que el Ministerio de Agricultura no haya contado con los agricultores en el proceso de búsqueda de soluciones a este problema. “Han ignorado nuestras propuestas. No tiene sentido”, ha declarado Cortiñas.

UPA ha recordado que la última modificación de los peajes regulados en agosto de 2013 provocó una subida del término de potencia del 125%, que penaliza gravemente al sector de riegos, ya que tiene un consumo energético muy estacional. Los regantes se quejan de que pagan el término de potencia todo el año “pero utilizamos la energía solo unos meses”.

UPA ha trasladado al Ministerio de Agricultura un amplio y completo abanico de opciones y posibilidades que a su juicio “resolverían el problema”: desde que los regantes paguen por la potencia realmente consumida cada mes y no por la contratada, hasta cambiar y flexibilizar el actual contrato de temporada, pasando por promover una nueva estrategia energética respecto a los regadíos. UPA pide también que se permita agrupar consumos para contratar “tarifa de seis periodos” y autorizar el balance neto energético ligado al autoconsumo de explotaciones de riego.

UPA ha defendido que “hay margen para solventar de una vez el gravísimo problema energético de los regadíos españoles, se trata únicamente de tener voluntad política de solucionarlo”.

En la actualidad, el número de explotaciones de regadío en España sobrepasa el millón, con una superficie puesta en riego de unos 3,5 millones de hectáreas, que suponen el 14% de la superficie agrícola útil y el 55% de la producción final agrícola nacional. “Podemos afirmar que el futuro del sector agrícola depende de dar una solución estructural a este problema”, han concluido.

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6.800 explotaciones agrarias se han inclinado por la agricultura ecológica a día de hoy, que verán diezmadas las ayudas y subvenciones que reciban por hacer una agricultura sostenible con el medio ambiente.

Precisamente el mayor recorte lo sufren los agricultores de los cultivos más presentes en la región.

eldiarioclm.es

01/10/2014 – 10:30h

La ecogastronomía o cómo practicar una cocina sostenible

Foto: EFE

Según la propuesta de Plan de Desarrollo Rural que la Junta de Castilla-La Mancha ha presentado ante la Unión Europea, las ayudas a la agricultura ecológica para los cultivos herbáceos, frutos secos, olivar y viñedo, se recortarán para los próximos años entre un 15% y un 20%, una vez entre en vigor el nuevo programa de ayudas, tal como denuncia la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos.

La rebaja es mayor para los agricultores en período de reconversión de agricultura convencional a ecológica, ya que con la normativa actual estos productores se benefician de un complemento adicional del 10% de las ayudas.

Por el contrario, las ayudas ecológicas a otros cultivos con menor peso en la región que los anteriores, como las hortícolas y los frutales, experimentan un notable incremento que en algunos casos roza el 70%.

La superficie de agricultura ecológica en Castilla-La Mancha ha crecido en los últimos años de las algo más de 46.300 hectáreas en 2006 a las 297.000 hectáreas en 2010, ocupando los primeros lugares en cuanto a superficie precisamente aquellos cultivos que sufrirán los recortes de las ayudas. Las explotaciones agrarias que se han orientado hacia la agricultura ecológica suponen unas 6.800 en estos momentos.

La Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos de Castilla-La Mancha considera un “error estratégico” el recorte de ayudas ecológicas a los cultivos más presentes en la economía agraria regional y una clara contradicción respecto de las repetidas manifestaciones de la Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha sobre su apoyo a este tipo de agricultura medioambientalmente sostenible.

Estos recortes pueden suponer un grave perjuicio a los productores de agricultura ecológica que, además, por la aplicación de la cláusula comunitaria que impide la doble financiación pueden estar afectados de incompatibilidad en cuanto a cobrar las ayudas al “greening” (complemento verde al pago básico) y a la agricultura ecológica; una cuestión sobre la que todavía ni el Ministerio, ni la Consejería han avanzado ninguna solución.

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Los portavoces de la Plataforma en defensa de los ríos Tajo y Alberche, colectivo que cumple ocho años de actividad, han anunciado que preparan un recurso contra el Real Decreto publicado el sábado pasado en el BOE y que regula la explotación del trasvase.

Miguel Méndez y Miguel Ángel Sánchez creen que el Plan Hidrológico de la Cuenca del Tajo, así como el Memorándum pactado por el Ministerio con cinco gobiernos autonómicos gobernados por el PP y ahora el nuevo decreto “garantizan los intereses de Murcia y Levante, y no el agua del Alberche para regar la vega de Talavera, ni los caudales mínimos” y no dudan en hablar de “estafa y engaño para Talavera”.

La nueva norma prevé la salida anual de 650 hectómetros cúbicos de los embalses de la cabecera del Tajo hacia Levante, fundamentalmente para el riego, mientras que tan sólo se permite la salida de 360 hectómetros hacia el Tajo, garantizando unos caudales que no son en ningún caso “ecológicos”, como advierten desde la Plataforma, sino mínimos y arbitrarios.

La Plataforma ha pedido que el caudal mínimo para la cuenca cedente sea de 1.000 hectómetros cúbicos, cuando actualmente es de 400 según señala el nuevo decreto, algo que respeta los nuevos límites mínimos pero no los límites ecológicos, para los que es necesaria más agua.

Según Sánchez «este decreto no beneficiará en nada a Talavera. Van a atar aún más un plan que es ilegal» al tiempo que confirmaba que María Dolores de Cospedal está al tanto de todo lo que ocurre para bien o para mal.

La Plataforma en defensa del Tajo y el Alberche ha conseguido en sus ocho años de existencia diversos logros que desde la misma Plataforma consideran que sin ellos habría sido imposible, como por ejemplo la concienciación que se ha tratado de inculcar a la población de lo que implica el trasvase y de su importancia para la comarca, así como defender el cumplimiento de los caudales mínimos estipulados y la defensa del tramo medio del Tajo para evitar que se hagan trasvases desde esa zona del curso fluvial, algo que también han querido destacar se pone en peligro con el nuevo decreto de regulación

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Regantes de Albacete y Toledo se han manifestado ante las respectivas sedes de la Delegación del Gobierno para protestar por el alto coste de la energía y exigir un escenario tarifario «más justo y competitivo» que no les «cobre por lo que no consumen».

La jornada de protesta se ha realizado en toda España convocados la Federación Nacional de Regantes (Fenacore) que ha denunciado que los costes fijos del recibo eléctrico, que se pagan durante todo el año y no sólo en la campaña de riego, se han incremento en un 1.000 % en sólo seis años y ahora aumentarán de nuevo al haber decidido el Gobierno incrementar la parte fija de la factura. Los costes energéticos para el regadío, según Fenacore, superan en más de un 30% la media europea.

El Director de la Comunidad de Regantes del Canal del Bajo Alberche, Tomás Fernández, informa que desde 2008 hasta la actualidad el coste eléctrico ha aumentado un 72 por ciento y que en los últimos diez años se ha pasado a pagar, por una media de 30 o 40 hectáreas, de 6.000 a 15.000 ó 18.000 euros durante la campaña, es decir 4 o 5 meses, lo que estaría llevando al cierre de explotaciones mientras otras se plantean dejar de regar la próxima campaña.

Por ello, para Hernández la reivindicación «más importante» se centra en facturar por la potencia real registrada y no por la potencia teórica contratada para evitar pagar todo el año aunque no se riegue. «Tenemos que pagar por los meses que regamos y se nos está gravando todo el año. Protestamos para pagar porque lo que realmente se consume», afirmó.

También reclaman aplicar un IVA reducido a las comunidades de regantes, como se hace por ejemplo en Italia, ya que en el caso de España «se paga un 21 por ciento sobre una base que no consumimos”.

Además, se solicita aplicar contratos de temporada con distintas condiciones de suministro para un mismo punto de consumo sin penalizaciones, así como adaptar la norma para que en un único contrato de suministro los consumidores puedan hacer dos modificaciones de la potencia contratada en el plazo de 12 meses.

Por último, piden fomentar la producción de energía distribuida en las zonas regables para autoconsumo con balance neto (es decir volcando a la red los excedentes) y que se les facture por la potencia real, no por la potencia teórica contratada, para evitar pagar todo el año aunque no se riegue.

El secretario general de la Asociación de Jóvenes Agricultores y Ganaderos (ASAJA) de Castilla-La Mancha, José María Fresneda, ha apoyado la movilización y manifestó su temor por el cierre de explotaciones, ya que los costes no compensan. Fresneda cree que «la culpa es del Gobierno de España que sube la luz y atenta contra los que generan riqueza, mientras se les llena la boca diciendo que estamos generando riqueza. Donde se genera riqueza allí va el Gobierno a ver qué pilla».

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La Mesa del Agua (compuesta por la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental, ASAJA, UPA, el Centro Regional de Estudios sobre el Agua, la FAVA, la Unión de Consumidores, CCOO, UGT, IU y el PSOE)  ha instalado este martes por la mañana una Mesa Informativa, en el Mercadillo de Los Invasores, en la que se han recogido firmas para pedir que el Plan del Júcar no perjudique a la ciudad de Albacete y respete los derechos e intereses de sus ciudadanos. Lo hacen para que los ciudadanos conozcan de forma directa los planteamientos del Plan del Júcar y para conseguir, en el caso de que así sea, su apoyo y rúbrica. No es la primera iniciativa de este tipo que la plataforma pone en marcha, ya que el pasado 7 de noviembre lanzó otra a través de change.org con el fin de conseguir el apoyo necesario en contra del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Júcar (PHDHJ).

Y es que este plan de cuenca, explica Julián Morcillo, secretario general de UPA Castilla-La Mancha, recorta dotaciones a los regantes de la Mancha Oriental en 120 hectómetros cúbicos. Este plan garantiza el trasvase de 535 hectómetros cúbicos a otros ríos que no son el Júcar. “Estamos apoyando esta iniciativa- continúa Morcillo- porque hay dos premisas básicas que no se van a cumplir con el nuevo plan: el proceso de planificación hidrográfica que demandábamos y el abastecimiento en cantidad y calidad”.

Garantizar  las necesidades de cuenca

«Albacete no va a tener ni en cantidad ni en calidad el agua que necesita, cuando es el primer uso que remarca la ley de agua», insiste el representante de los agricultores, quien explica que el Júcar pasa por aquí y aún así existirán problemas de abastecimiento. Pero va más allá: «Este plan de cuenca recorta las dotaciones a los regantes de la Mancha Oriental en 120 hectómetros cúbicos. Este plan garantiza el trasvase de 535 hectómetros cúbicos a otros ríos que no son el Júcar y eso va a ser prioritario».

La principal preocupación es que el agua no se convierta en un artículo de lujo para los ciudadanos

«A mí ya no me preocupa tanto lo que va a pagar el Ayuntamiento de sobrecoste por abastecer a su ciudadanía durante el año 2005, sino en el futuro, en el proyecto del Plan Hidrológico, que está en exposición pública, se dice que no va a haber más recursos sobre el pago cánones siempre que el embalse de Alarcón baje de un caudal mínimo estipulado», enuncia  Francisco Belmonte Alfaro, presidente de la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental. Un mínimo que, según explica Belmonte, estará siempre revisado a la baja ya que «se van a detraer recursos nuevos para el Vinalopó y otras zonas levantinas».

Dentro del entorno de la capital, la principal preocupación es que el agua no se convierta en un artículo de lujo para los ciudadanos. Por ello el presidente de la Federación de Vecinos, Pepe Reina ha pedido al Ayuntamiento que vuelva a los acuerdos plenarios del 13.

Desde el Partido Socialista han pedido a la alcaldesa y a Cospedal que se mojen por los albaceteños.

Alegaciones del Ayuntamiento al proyecto del PHJ

El Partido Popular no está representado en esta plataforma, algo que le recriminan algunos integrantes de la Mesa del Agua. Pese a ello el Equipo de Gobierno de Ayuntamiento de Albacete está elaborando, tal y como ha explicado este martes la alcaldesa, sus propias alegaciones, a las que ha pedido que se sumen algunos de los colectivos que participan de la Mesa del Agua. Estas alegaciones irían encaminadas a reconocer el derecho de la ciudad de Albacete a una reserva de agua, a lo que se suma la ejecución de «unas obras de emergencia que se preveían a largo plazo y la sustitución de bombeo para los regantes», añadía Carmen Bayod.

Bayod asegura que  hay colectivos de la ciudad y la provincia que se han sumado a las alegaciones del Consistorio aunque siguen esperando respuesta de otros  a los que «se les ha invitado a participar y todavía no han respondido». La Primera Edil de la ciudad ha insistido en que su Equipo de Gobierno y el gabinete jurídico del Ayuntamiento están trabajando para recurrir la sentencia del Supremo que condena a la ciudad a pagar cerca de un millón cien mil euros por utilizar agua del pantano de Alarcón en el año 2005 aunque se trata de una sentencia firme a la que no cabe recurso.

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