El Ministerio de Agricultura, a iniciativa de la Comisión Central de Explotación, ha aprobado las nuevas tarifas para el aprovechamiento de aguas del acueducto Tajo-Segura. Las tarifas se establecen para riego y abastecimiento y en su cálculo se incluye el coste de las obras, gastos fijos de funcionamiento y gastos variables de funcionamiento.

El importe del aprovechamiento de aguas del acueducto Tajo-Segura varía en función de la cuenca. Así se diferencian las aguas trasvasadas al sureste, de la cuenca Alta del Guadiana, cuenca Júcar que utiliza exclusivamente la infraestructura del acueducto, cuenca Júcar destino abastecimientos, cuenca Segura, y zona de Los Llanos de Albacete y Hellín.

Toda la información en: http://www.boe.es/boe/dias/2014/11/28/pdfs/BOE-A-2014-12377.pdf

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El coordinador general de Izquierda Unida (IU) en Castilla-La Mancha, Daniel Martínez, ha afirmado que el Real Decreto que regula el trasvase Tajo-Segura aprobado recientemente condena al río «a un estado de semi-sequía continua».

En declaraciones a los medios de comunicación durante su visita a las ferias de San Mateo de Talavera, Martínez ha asegurado que este decreto garantiza que siempre se esté trasvasando agua y que la que circule por los ríos o esté embalsada sea «la mínima».

Martínez no ha dado por cerrada la planificación hídrica de Castilla-La Mancha, a pesar de que, en su opinión, la presidenta regional, María Dolores de Cospedal, se ha entregado a los intereses de Levante y del exministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete.

Seguir trabajando

«No nos vamos a conformar ni a resignar, sino a seguir trabajando por la sostenibilidad de nuestros ríos y por una política hídrica adecuada a la economía y la sociedad de esta región», ha señalado.

Por otro lado, Martínez ha pedido a los ciudadanos que no se dejen engañar por «discursos electoralistas» y que rechacen las rebajas fiscales que propone el PP porque, a su juicio, solo van a beneficiar a los que más tienen porque son los que van a pagar menos.

Según IU, la rebaja del IRPF supondrá dejar de ingresar 200 millones de euros en Castilla-La Mancha para el próximo año, lo que condenará a esta región a «una tremenda ruina social».

Perdonar dinero a los ricos

Martínez ha creído que no se puede perdonar dinero a los más ricos cuando no lo hay para becas y para abrir comedores escolares o cuando se cierran camas de hospitales y se está echando a gente de sus casas porque no tienen para pagar la hipoteca.

En este sentido, ha recordado que en Castilla-La Mancha hay 137.000 niños por debajo del umbral de la pobreza y ha agregado que «lo que hace falta es que los ricos paguen más a las arcas públicas para poder afrontar medidas sociales y de creación de empleo».

Para IU, las reformas del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y de la presidenta regional son «un ataque más al estado del bienestar y a los derechos sociales de los ciudadanos».

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El portavoz de la Plataforma en Defensa de los Ríos Tajo y Alberche de Talavera de la Reina, Miguel Ángel Sánchez, ha afirmado que la autorización de un nuevo trasvase de 114 hectómetros cúbicos desde la cabecera del Tajo al Segura es un «auténtico despropósito», pues la cabecera está «al 30 % y bajando».

En declaraciones a Efe, Sánchez ha opinado que la decisión tomada hoy por la Comisión de Explotación del Acueducto Tajo-Segura «no puede ser más negativa» y ha advertido de que, con el nuevo trasvase, se demuestra que el Plan de Cuenca del Tajo «no ha dado solución a la gestión» de los embalses de Entrepeñas y Buendía.

A su juicio, el Gobierno de Castilla-La Mancha es «un monigote» que «no tiene capacidad de respuesta» ni una «personalidad clara» para defender los intereses de la región en materia de agua.

Así, Sánchez ha criticado que se haga un trasvase desde la cabecera del Tajo al Segura cuando la cabecera está «bajo mínimos», al 30,2 por ciento de su capacidad total de 2.474 hectómetros cúbicos, tras perder 18 en la última semana, mientras que la media de reservas nacionales está al 80 por ciento.

Además, ha añadido que en Talavera de la Reina no se está cumpliendo el caudal mínimo que establece el plan del Tajo.

Por otra parte, ha denunciado que «se ha hecho un expolio suicida de la cabecera» con el fin de que cuando se aprobase el plan de cuenca del Tajo no hubiese unas reservas de 900 hectómetros cúbicos para no aumentar la reserva mínima desde los 240 a los 400 hectómetros cúbicos.

«Situación excepcional»

Del mismo modo, ha alertado de que el próximo otoño se puede entrar en situación de excepcionalidad como consecuencia de la reducción de las reservas de agua en la cabecera del Tajo, momento en el que la decisión de la cantidad trasvasable dependería del Ministerio de Agricultura que, a su juicio, está influido por las «presiones de los regantes».

Con todo ello, el portavoz de la Plataforma en Defensa de los Ríos Tajo y Alberche de Talavera de la Reina ha recordado que han recurrido ante el Tribunal Supremo el Plan de Cuenca del Tajo aprobado por el Gobierno de España; han presentado dos quejas ante la Unión Europea y denunciarán los decretos de gestión de los embalses de Entrepeñas y Buendía una vez que se publiquen.

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Unos 70 agricultores se han concentrado este jueves en la Plaza de España de Valdepeñas para exigir a la Administración que solucione los 2.500 expedientes de regularización de pozos de agricultores profesionales y acabar así con esta situación que arrastran desde hace 20 años.

La concentración se enmarca en los actos de protesta que la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) está realizando desde el mes de febrero en distintos municipios del Alto Guadiana, bajo el lema «Agua de donde sobra a donde falta. ¿La nuestra dónde está?», ha explicado el secretario regional de la organización, Julián Morcillo.

El dirigente agrario ha calificado de «justa» la reivindicación, después de haber «luchado» por conseguir un Plan Especial para el Alto Guadiana que legalizara los sondeos que se hicieron a mediados de la década de los 90 por la sequía y que contemplaba la cesión de hasta 40 hectómetros cúbicos por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadiana.

Aunque se resolvieron cerca de 3.750 expedientes de pozos de explotaciones de cultivos leñosos, aún quedan pendientes de resolver 2.500 expedientes de agricultores profesionales que esperan desde 2008 la legalización de sus sondeos, entre ellos 140 de Valdepeñas, ha subrayado Morcillo.

El secretario regional de UPA ha lamentado que, pese a las promesas del Ejecutivo regional de resolver este problema, «estamos viendo como con agua de esta tierra se está solucionando el problema de regantes de otras cuencas hidrográficas», en alusión a Valencia, que «se va a asegurar hasta 530 hectómetros cúbicos del agua del Júcar, o Murcia, con 630 hectómetros cúbicos del trasvase Tajo-Segura».

Plan Hidrológico Nacional

En estas comunidades se van a legalizar 70.000 hectáreas de regadío, mientras que en Castilla-La Mancha no se complementan los 27 hectómetros cúbicos necesarios para los agricultores de la región, ha manifestado Morcillo, que considera que el Plan Hidrológico Nacional es una de las últimas posibilidades para solucionar este problema, del que ha dicho «requiere una decisión política que hay que adoptar ahora».

Morcillo ha dejado claro que no van a aceptar la propuesta de la consejera de Agricultura, María Luisa Soriano, para quien el problema a los expedientes podría solucionarse mediante la compraventa de derechos de agua entre particulares, ya que «los viticultores de esta tierra no pueden comprarlos y, además, van a tener que competir con agricultores y regantes que van a tener el agua gratis».

El agua y el viñedo van asociados, y en municipios agrarios como son la mayoría de los de La Mancha, «agua es sinónimo de riqueza», ha subrayado Morcillo, que también se ha referido a las más de 1.150 sanciones que los agricultores recibieron de la Confederación durante 2013 y cuyas cuantías se han incrementado al pasar las leves de un máximo de 6.000 a 10.000 euros y las menos graves de 30.000 a 50.000 euros.

A la concentración se ha sumado el alcalde de Valdepeñas, Jesús Martín, a quien el responsable regional de UPA ha entregado un texto en el que se exige la regularización de los pozos para que, a modo de moción, se presente y apruebe en el pleno.

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La organización agraria Asaja espera que la consejera de Agricultura, María Luisa Soriano, «tenga el detalle» de reunirse con las organizaciones agrarias para que les concrete como queda el reparto de los fondos de la Política Agraria Común (PAC) para la región en el nuevo periodo 2015-2020.

En declaraciones a Efe, el secretario regional de Asaja, José María Fresneda, ha dicho desconocer cómo ha quedado la distribución de fondos, la fórmula que se aplicará, así como las cantidades que van a ir a cada concepto: pago único, pago acoplado, desarrollo rural, viñedo.

Lo que les importa son las ayudas directas que recibirá cada agricultor y ganadero y también desconoce como ha quedado definido el acuerdo sobre lo que se considera un agricultor «activo», al que se primará frente a los ´cazaprimas´.

Por todo ello, Fresneda ha señalado que esperan «con ansiedad» que Soriano les llame para explicarles los pormenores de los acuerdos adoptados en la Conferencia Sectorial celebrada ayer y hoy en Madrid, donde se ha acordado el reparto de 47.000 millones para las diecisiete comunidades autónomas.

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El coordinador del grupo de parlamentarios nacionales del PSOE de Castilla-La Mancha, Alejandro Alonso, en una primera valoración sobre el reparto de los fondos de la Política Agraria Comunitaria (PAC) a la Comunidad Autónoma, ha señalado que no «es para mostrar tanta euforia» como trasladan los gobiernos de España y de la región, «porque la realidad es que vamos a tener menos dinero para gestionar los programas de desarrollo rural».

Alonso ha explicado en un comunicado que los documentos entregados recogen que el acuerdo solo se ha alcanzado en materia de desarrollo rural y en este sentido lo que está claro es que a Castilla-La Mancha van a llegar los mismos fondos europeos que se consiguieron en la anterior negociación con el Gobierno socialista, «pero van a reducirse más de la mitad los fondos que aporta a estos programas el Gobierno de España».

Así, ha señalado, el acuerdo tiene «trampa» ya que antes el Estado aportaba más del 60 por ciento de la financiación para los programas de desarrollo rural y ahora pasará a aportar un 30 por ciento. «Con ello habrá menos dinero para los mismos a no ser que lo aporte la Junta», ha indicado.

Por último, en cuanto a las ayudas directas, ha dicho Alonso, el Gobierno regional «está dando unas cifras que no vemos que estén reflejadas en el acuerdo que ha repartido el Ministerio», por eso ha instado a la consejería de Agricultura, María Luisa Soriano, a ampliar la información tanto a los grupos políticos como a las organizaciones agrarias. «Que nos explique claramente en qué papel está ese compromiso de ayudas directas», ha pedido.  

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El catedrático de Ciencias Ambientales en la Universidad de Princeton (EEUU), Ignacio Rodríguez-Iturbe, afirmó ayer que «no tiene sentido excluir de un pacto nacional del agua ni al Ebro, ni al Tajo, ni incluso al Ródano» y añadió que este río «podría conectarse con el Ebro en Tortosa y convertirse en una estación intermodal hídrica para abastecer al levante español».

Iturbe hacía estas declaraciones momentos después de conocerse el informe solicitado por el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura sobre la posible inconstitucionalidad de las previsiones en materia de aguas de la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla La Mancha, publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el pasado mes de abril. El informe, de los prestigiosos catedráticos de Derecho Administrativo Eduardo García de Enterria y Antonio Fanlo Loras, asegura que seis de los ocho artículos son «inconstitucionales» porque se arrogan, entre otras cosas, competencias del Estado.

Por otro lado, para el profesor venezolano Rodríguez-Iturbe, el trasvase del Ebro a la Comunitat Valenciana y Murcia podría llevarse a cabo «incluso en la peor de las sequías». En su opinión, esta transferencia es «perfectamente viable, tanto desde el punto de vista económico, como medioambiental o hidrológico».

Al respecto, indicó que la derogación del trasvase fue «un error», puesto que «la desalinización masiva no va a resolver los problemas de escasez de agua en las regiones afectadas por la sequía». En esta línea, añadió que puesto que el cambio climático «no va a hacer más que agravar esta situación, es absolutamente necesario retomar los trasvases como solución a los problemas hídricos de las zonas más necesitadas».

Por ello, Rodríguez-Iturbe consideró «imprescindible» alcanzar un pacto nacional del agua, aunque matizó que «no tendría tendría ningún sentido excluir del pacto los trasvases del Ebro, del Tajo y, por qué no, también el Ródano».

Tajo-Segura

Respecto al Tajo-Segura, el catedrático manifestó que el trasvase permite el abastecimiento de agua potable a más de un millón y medio de personas en época estival, así como el regadío de 55.000 hectáreas de cultivo y añadió que «gracias a la transferencia hídrica de una cuenca excedentaria a otra deficitaria se logra la supervivencia de una región de gran riqueza económica». «Todo un ejemplo de hidrosolidaridad», resaltó.

En este sentido, comentó que con el Ródano «podría ocurrir lo mismo», ya que «puede llegar a Tortosa y desde allí unirse al Ebro y convertirse en una estación intermodal hídrica desde la que abastecer al levante español».

Rodríguez-Iturbe está considerado por la comunidad científica como una «autoridad mundial» en asuntos relacionados con la planificación hidrológica. Ha sido asesor de la NASA en asuntos hídricos y, en 2002 recibió el Stockholm Water Prize, «conocido en el mundo científico como el Premio Nobel del Agua». El profesor Iturbe tiene más de 200 publicaciones sobre asuntos hídricos y una dilatada experiencia en asesoramiento a distintos países.

El doctor Rodríguez-Iturbe está especializado en hidrología superficial y actualmente imparte clases de Ingeniería Civil y Ambiental en la Universidad de Princeton. Sus últimas investigaciones están centradas en la Ecohidrología, y en sus diferentes visitas a España «se ha mostrado un firme defensor los trasvases como herramienta para solucionar problemas de escasez de agua en cuencas deficitarias y, concretamente, de la viabilidad del trasvase del Ebro a la Comunitat Valenciana y Murcia».

El Boletín Oficinal del Estado (BOE) publica hoy una resolución del a Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) en la que abre una nueva oferta de adquisición de derechos de agua en el Alto Guadiana con un presupuesto base de licitación de 10,3 millones de euros.

Esta publicación tiene lugar un día después de que el presidente de la CHG, Eduardo Alvarado, la avanzara ayer en Ciudad Real, asegurando que la misma podría llegar hasta los 12 millones de euros totales.

Según señala el BOE, esta nueva oferta, la cuarta que lleva a cabo la CHG en los últimos dos años en los que lleva aplicando esta iniciativa, se tramitará a través del Centro de Intercambio de Derechos de Uso del Agua de la propia Confederación.

El periodo para acogerse a esta oferta de compra de derechos es de 30 días naturales a partir del día siguiente de la publicación de la correspondiente resolución en el BOE o el siguiente día hábil.

El lugar de ejecución de esta oferta es la zona del perímetro del acuífero de la Mancha Occidental, que fue declarado sobre explotado por la Junta de Gobierno de la CHG.

El propio presidente de la CHG señaló ayer que, hasta el momento, se han comprado derechos de agua de unas 2.400 hectáreas y relacionaba el éxito de las mismas con el proceso de regularización de pozos ilegales en la zona.

Es cierto que el trasvase Tajo-Segura y la política del agua provocan serias contradicciones internas y luchas territoriales tanto en PSOE como en el PP, y que, por tanto, el asunto es igualmente espinoso y delicado para Zapatero que para Rajoy, para Barreda que para Cospedal. Hemos visto en los últimos años la profunda división que el Tajo-Segura genera internamente entre socialistas y populares valencianos, murcianos, andaluces y castellano-manchegos. La del agua en España, a falta de un gobierno central que ponga coherencia en el conflicto, es una lucha lamentable de todos contra todos.

Fijada esta posición inicial queda, sin embargo, un profundo poso de melancolía en torno a la posición real de Cospedal. Barreda lo tiene claro y ha resuelto ese problema: el presidente de Castilla-La Mancha está en contra del trasvase y quiere cerrar el grifo para siempre, sin tener en cuenta lo que digan ni Zapatero ni sus compañeros del PSOE en Murcia y en Valencia. Barreda va a su trantran y no se sale ni una gota del discurso desde hace años. Si las Cortes Generales deciden echar abajo el nuevo Estatuto de Castilla-La Mancha, incluso con el voto de los diputados socialistas de la región, es algo de lo que él intentará desvincularse y que sean otros los que tengan que explicarse. Es más, utilizará probablemente esta hipotética derrota, si es que se produce, en plan victimista para hacerse aún más fuerte frente al problema que quiere clausurar.

Sin embargo, las cosas son más complejas para Cospedal y a día de hoy no sabemos ciertamente dónde está. Ella lo explica, o lo intenta, pero siempre queda algo enmarañado y confuso. Sí pero no. Evidentemente, como presidenta del PP de Castilla-La Mancha, Cospedal está en contra del trasvase: así lo ha pactado con Barreda y está escrito en la reforma estatutaria. Sin embargo, como secretaria general del PP y número dos de Rajoy, a Cospedal este asunto le quema porque su posición antitrasvasista en nuestra región choca frontalmente con la de sus compañeros de partido en el Levante, algunos tan poderosos como Francisco Camps y Ramón Luis Valcárcel, presidentes de las comunidades de Valencia y Murcia. Y también porque la política nacional del PP en torno al agua no traza los mismos caminos pactados por Barreda–Cospedal en nuestra región. ¿Se enfrentaría Cospedal al programa de Rajoy en este asunto?

En fin. Ellos mismos, Valcárcel y Camps, se lo han dicho muy claro estos días a su «jefa»: por muy número dos que sea lucharán por mantener abierto el trasvase porque les va la vida en ello y forma parte de su estilo natural de estar en el mundo. O sea, en el Levante consideran fundamental aquello que Barreda y Cospedal han pactado cargarse en cuanto puedan. Cospedal, como brazo derecho de Rajoy y, a su vez, presidenta regional del PP tiene por tanto un problema de difícil conjugación. Intereses profundamente contrapuestos a los cuales debe atender en cargos que, como se ve, a veces chocan y entran en contradicción. El reciente episodio de un alto cargo levantino del PP, que puso en un brete a Cospedal, revela hasta qué punto la líder popular no lo tiene fácil. ¿Quiere realmente cerrar este grifo Cospedal? No lo tenemos claro.

Es fácil meter estas palabras en el mismo saco del argumentario socialista de estos días, pero la nueva ofensiva lanzada por Valcárcel y Camps ha dejado más que nunca la situación al descubierto. La línea que separa una y otra posición es muy sutil y Cospedal no ha sabido explicarla todavía de forma clara y profunda, más allá del pacto nacional del agua y todo ese bla-bla. Es verdad que a Barreda este asunto también puede quemarle en su próxima tramitación en el Congreso, pero la amplitud e intensidad de las quemaduras puede hacerle más daño a Cospedal. Lo suyo es más difícil de explicar.