El candidato a la Asamblea de Murcia por el Partido Popular y miembro del Gobierno murciano José Antonio Ruiz Vivo calificó de «ofensivas» las declaraciones de José Luis Rodríguez Zapatero en las que afirmó en su mitin de Talavera de la Reina que no va a tomar decisiones sobre agua sin antes contar con el presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda.

En este sentido, Ruiz Vivo denunció que «esta es una nueva ocasión en la que el que se supone que es el líder de la nación se inclina ante Barreda y confirma, como se temía el Partido Popular, la existencia de un pacto oculto entre Zapatero, Narbona y Barreda para perjudicar a la Región de Murcia y cambiar agua trasvasada por agua desalada».
 
Estas críticas desde Murcia se enmarcan en la fuerte polémica por el uso del agua y el trasvase Tajo-Segura que mantienen desde hace meses los líderes murcianos y castellano-manchegos, una «guerra» intensificada a raíz de la inclusión en el nuevo Estatuto de Castilla-La Mancha del fin del propio trasvase.

«Mientras tanto -aseveró Ruiz Vivo-, tal y como nos tiene acostumbrados, el secretario general del PSRM-PSOE, Pedro Saura, se mantiene mudo e inmóvil ante un nuevo ataque a la Región de Murcia». A lo que añadió que «quizás el socialista no es consciente de que estas nuevas declaraciones incendiarias de Zapatero vuelven a poner en peligro el trasvase del Tajo».

Así, el candidato a la Asamblea regional matizó que «a lo mejor el secretario general de los socialistas murcianos no valora lo suficiente el trasvase, desconocedor de que es el sustento de 250.000 familias murcianas que viven de la agricultura». Por lo que agregó que «se trata de una nueva bofetada del Partido Socialista, una nueva traición que ya se suma a la de la derogación del trasvase del Ebro, al bloqueo del Aeropuerto Internacional y de la alta Velocidad, entre otras muchas».

Para el candidato del Partido Popular, «Zapatero sigue demostrando su ineficacia en su política de agua dando alas a Barreda que, recordemos, ya admitió que la guerra del trasvase del Tajo había comenzado con la derogación del trasvase del Ebro».

En un desayuno informativo celebrado este en Madrid, con varios cientos de invitados, la candidata del Partido Popular a la Junta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, se ha comprometido a poner en marcha un Plan de Agua si gana las elecciones autonómicas del 27 de mayo que garantice el suministro en toda la comunidad.

Durante su presencia en el Fórum Europa, organizado por Nueva Economía Fórum, Cospedal aseguró que está dispuesta a aprobar una serie de medidas en esta materia que enriquezcan la región y criticó que el Partido Socialista «pretende seguir sin hacer nada». Cospedal admitió que el pacto alcanzado con el PSOE en la reforma del estatuto de autonomía para suprimir el trasvase de agua del Tajo al Segura a partir del año 2015 ha creado «polémica» dentro de su partido.

No es una trampa

A su juicio, ese acuerdo entre PP y PSOE no es ninguna «trampa» pese a que las direcciones nacionales de ambos partidos ya han dicho que lo cambiarán durante el trámite parlamentario en el Congreso de los Diputados. Cospedal recalcó que Castilla-La Mancha es una «región solidaria» con el resto de España en materia de agua y subrayó que, de hecho, el trasvase del Tajo al Segura es el único que existe formalmente.

Una exigencia a Zapatero

La presidenta del PP en Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, pidió también al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, una respuesta «contundente, firme y veraz» ante las declaraciones de la banda publicadas ayer en una entrevista en el diario Gara. Una respuesta que, a su entender, debe verse, además, «reflejada» en actuaciones en materia de lucha antiterrorista.

Al acto de Fórum, Cospedal estuvo acompañado por el presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, el alcalde y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón y Esperanza Aguirre, miembros de la ejecutiva nacional, como Manuel Fraga, además de representantes políticos, sociales y empresariales de Castilla-La Mancha.
 
Entre los asistentes cabe destacar la presencia también del presidente nacional de Asaja, Pedro Barato, y el secretario regional, José María Fresneda, además del presidente de la Confederación Empresarial de Castilla-La Mancha, Jesús Bárcenas, además de los dirigentes empresarias de las distintas provincias de la región. Asímismo han estado presentes directivos de Caja Castilla La Mancha y el presidente de Caja Rural de Toledo.

El Ministerio de Medio Ambiente ha adjudicado el proyecto y la ejecución de las obras de la planta de tratamiento para la mejora de la calidad del agua de abastecimiento a la ciudad de Albacete y la construcción de un emisario de salmueras, con una inversión prevista de 7.743.774 euros.

Según informa el Ministerio, el objeto de esta actuación es la ampliación de la actual ETAP mediante la instalación de un sistema de nanofiltración de sulfatos que contiene el agua bruta.

Para ello se actuará sobre la conexión entre las entradas al depósito de Los Llanos del agua procedente de los pozos y la ETAP existente, y conexión con la salida de dicha ETAP.

También se hará un depósito de homogeneización de salmuera y bombeos y salmueroducto hasta el punto de vertido.

Con todas estas actuaciones se obtendrá un caudal de 500 litros por segundo.

Se trata de una actuación forma parte del Programa A.G.U.A. del Ministerio de Medio Ambiente, que incluye proyectos de mejora de gestión y del suministro de agua acordes con las necesidades existentes y futuras ligadas al desarrollo de los territorios de forma sostenible en términos económicos, sociales y ambientales, incluso en situación de sequía, así como medidas para la preservación del dominio público hidráulico y de los espacios asociados a los mismos.

22 de febrero de 2007.  El conseller de Infraestructuras y Transporte, José Ramón García Antón, afirmó hoy que la derogación del trasvase del Ebro «ha sido la espoleta de la insolidaridad hídrica en España», según informaron fuentes de la Generalitat en un comunicado.

García Antón destacó, ante «las presiones del Gobierno de Castilla-La Mancha para poner fin al trasvase Tajo-Segura», que «es una pena la forma de gobernar del actual Gobierno central porque ha abierto la insolidaridad entre todas las comunidades autónomas, y ha propiciado que cada una de ellas sólo se preocupe de sus intereses y no tenga en cuenta los problemas de los demás». Además, consideró que esta situación «ha provocado que ahora se cuestione también el trasvase Tajo-Segura».

En este sentido, el titular de Infraestructuras apuntó que «la prueba más evidente de la vergonzosa política hídrica del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, es que, en tan sólo cuatro días de crecida del río Ebro, se han vertido al mar los 350 hectómetros cúbicos que necesita la Comunitat», lo que, en su opinión, «demuestra que en tan sólo cuatro días tendríamos la solución a nuestro déficit».

Por el contrario, añadió que el gobierno socialista «pretende que la desalación se convierta en una solución global», algo que, a su juicio, «es inviable para los agricultores y condena a muerte a la agricultura mediterránea».

Asimismo, manifestó que «la situación actual de creciente insolidaridad es responsabilidad del gobierno de Zapatero», ya que «estamos asistiendo a un espectáculo en el que por ejemplo ahora el presidente de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, del propio partido socialista, ha anunciado que van a recurrir el estatuto de Andalucía», apostilló.

De esta manera, subrayó que «unas comunidades autónomas estamos recurriendo los estatutos de otras comunidades por un tema como el agua, debido a que el gobierno actual quiere abocarnos a cada región a una situación de autarquía».

En cambio, destacó que el Consell entiende que el Gobierno central, «que es el gobierno de la nación, no puede dejar en manos de cada gobierno autonómico la gestión de unos recursos tan escasos y necesarios, sino que lo que debe hacer es practicar una política nacional, de solidaridad, de gestión, y de distribución».

Por todo ello, el conseller pidió al Ejecutivo central que «vuelva al Plan Hidrológico Nacional (PHN), que era uno de los proyectos más importantes que solidaridad entre todos los españoles», ya que, según recordó, el partido socialista «abanderó un plan similar en los años 90 y en cambio ahora, defiende lo contrario y se ha convertido en el partido de la insolidaridad y la autarquía», añadió.

El portavoz del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, Eduardo Zaplana, aseguró ayer en Cartagena que «existe un acuerdo entre la Región de Murcia, la Comunidad Valenciana y el PP de Castilla-La Mancha» sobre trasvase Tajo-Segura, aunque no aclaró en qué consiste exactamente dicho acuerdo.

En todo caso, si el acuerdo fuera cierto sería para mantener el trasvase a lo largo del tiempo ya que ni Valencia ni Murcia están dispuestas a renunciar a ello. Tampoco Cospedal parece que tenga ninguna intención de dar marcha atrás en su respaldo a un estatuto de autonomía que prevé el final del trasvase en el horizonte de 2015, por lo que cabe inferir que lo más probable es que el acuerdo a que se refiere Zaplana no exista, por lo que habría dejado en evidencia a Cospedal de forma gratuita.

Zaplana, explicó que una cosa es el acuerdo entre el PP de las tres comunidades y otra «la concreción de esa visión del asunto en un texto en un momento determinado», en referencia al Estatuto castellano-manchego que, además, recordó que «aun debe pasar por el Congreso de los Diputados», dando a entender que esa parte del estatuto no será aprobada puesto que él mismo se mostró como «un clarísimo defensor del trasvase Tajo-Segura, que funciona muy bien desde hace mucho tiempo y también de todos los trasvases que deberían haberse ejecutado ya».

Sobre María Dolores de Cospedal aseguró Zaplana que está «volcada en una política internacional de solidaridad entre todos».

5 de febrero de 2007.  No es una sorpresa. Aunque las direcciones nacionales del PP y del PSOE mantienen una actitud ambigua ante el nuevo Estatuto de Castilla-La Mancha, todo apunta a que enmendarán la disposición que pone límite al trasvase.

El PP de la calle Génova ha sido el primero en aclarar su postura, aunque no lo haya sido de forma oficial. Según cuenta Francisco Quevedo en El Confidencial.com, este partido enmendará durante su tramitación en el Congreso de los Diputados el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha con el objetivo de eliminar del texto la limitación temporal al trasvase del Tajo incluida en el mismo.

Fuentes de la calle Génova señalaron a dicho diario que no hay ninguna duda en la Dirección del PP sobre donde reside la titularidad en la política de aguas, es decir, en el Estado.

Una posición que, inicialmente, choca con la mantenida por este partido en la propia Comunidad Autónoma, ya que el texto de la reforma llegó al registro de la Cámara Baja con el apoyo del PP y del PSOE. El texto establece el año 2015 como la fecha límite para los trasvases, a partir de la cual éstos se acabarían. La Dirección nacional del PP considera, sin embargo, que esa es una decisión que debe tomar el Gobierno de la Nación, y no puede incluirse en un Estatuto de Autonomía.

Pura estrategia

La explicación que se da en Madrid a la posición del PP en Castilla-La Mancha tiene más que ver con una cuestión de estrategia política que con una de principios. Según estas fuentes, la intención del presidente de la Comunidad, el socialista José María Barreda, era poner en evidencia al PP incluyendo la citada limitación en el texto para que la oposición a su Gobierno se viera en la obligación de rechazarla. Ese hubiera sido un mal comienzo para la candidata popular, María Dolores de Cospedal, nueva en la lid electoral.

Sin embargo, el PP decidió dar su voto afirmativo, consciente de que luego el PP de Madrid enmendaría el texto, y trasladando la patata caliente del problema del agua al propio Barreda, que ahora tendrá que lidiar con el Gobierno central, también de su partido, para evitar que el PSOE haga lo mismo. Y es que la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, ya se ha manifestado en contra de la reforma en lo que al trasvase del Tajo se refiere.

31 de enero de 2007.  En Murcia están muy dolidos y preocupados con los últimos acontecimientos en torno al agua, en especial por la aprobación de la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha, que fija la fecha de cierre del trasvase Tajo-Segura.

Pero no es eso sólo. La reciente decisión del Fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Murcia de archivar la querella por supuesta prevaricación contra la anterior cúpula de la Confederación Hidrográfica del Segura por supuesto robo de agua, ha hecho que el Gobierno murciano salga en tromba contra los que les acusaron de dar un uso delictivo al agua.

En ese sentido, el consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno murciano, Fernando de la Cierva, lamentó ayer las acusaciones que se vertían contra Murcia relativas «al mal uso que hacíamos del agua y que este recurso se dedicaba para el ladrillo» y valoró, de forma positiva, la decisión del fiscal jefe del TSJ de Murcia, que viene a certificar que «no se roba el agua», junto con la que emitió el Ministerio competente en su día de que «se hacía un buen uso de este recurso».

Y es llegado a este punto cuando aprovechó para atacar al presidente de Castilla-La Mancha y chivarse de él públicamente al indicar De la Cierva que no sabe «si el presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, podría decir lo mismo», ya que, en su opinión, «probablemente, sobre determinados pozos no podría decir lo mismo».

28 de enero de 2007.  La Junta de Comunidades, a través de la Comisión Regional de Urbanismo, ha aprobado con carácter definitivo una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Albacete por la que se restablece a 10.000 metros cuadrados la «parcela mínima» de la urbanización denominada «Pinares del Júcar», informa la Administración regional en nota de prensa.

Dicha decisión, que ratifica los acuerdos plenarios adoptados en 2005 por el Ayuntamiento de Albacete, se ampara en una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha relativa a la citada unidad urbanística y norma zonal.

En concreto, ese fallo considera fuera del ordenamiento jurídico la reducción a 5.000 metros cuadrados de la mencionada «parcela mínima», introducida en el planeamiento municipal de 1999.

La propuesta ahora aprobada por la Comisión Regional de Urbanismo establece, asimismo, una edificabilidad menor que la originalmente determinada por el PGOU vigente hasta la fecha para esta zona, considerada de especial valor paisajístico, ecológico y forestal.

El Gobierno regional extrema, de esta forma, los requisitos necesarios para el aprovechamiento residencial del área «Pinares del Júcar», definida por parcelas de baja densidad y construcciones de tipología unifamiliar, y, con ello, garantiza plenamente la protección del medio natural.

De hecho, viene a coincidir con las peticiones realizadas durante estos años por la comunidad de propietarios de la urbanización, en el sentido de limitar la ocupación humana de esa franja del municipio de Albacete anexa al río Júcar y constituida urbanísticamente como tal en 1975.

La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, aseguró hoy que el «rigor» y la «prudencia» con que el Gobierno ha administrado los embalses de la cabecera del Tajo han permitido garantizar el agua de abastecimiento «desde el principio de esta sequía» en las cuencas del Tajo, Júcar y Segura.

Narbona, quien visitó las obras de construcción de la presa de Ibiur en Baliarrain (Guipúzcoa), admitió, en declaraciones a los periodistas, que la denegación de aportaciones de agua para regadío desde la cabecera del Tajo «ha causado en muchos momentos tensiones» con la Comunidad Valenciana.

«Pero es verdad que, si no nos hubiéramos negado a esos desembalses, seguramente hace bastante tiempo que no se podría trasvasar ya absolutamente nada desde la cabecera del Tajo para abastecimiento», insistió.

Argumentó que en el último año se han aprobado muy pocas aportaciones de agua para regadío y que, como alternativa, el Gobierno ha «regulado la posibilidad de cesión de derechos de agua desde regantes de la cuenca del Tajo a la del Segura», lo cual «ha permitido, al menos, la supervivencia de los cultivos leñosos del Segura, que es un objetivo prioritario».

La ministra, quien señaló que su departamento debe equilibrar las reivindicaciones de las comunidades autónomas con la defensa del interés general, envió un mensaje de «tranquilidad» al gobierno castellano manchego «porque es verdad que lo que se destina a regadío» se emplea en «explotaciones agrarias de alto valor añadido» que habrían recibido mucha más agua de los embalses de la cabecera del Tajo en los dos últimos años si las condiciones hidrográficas hubieran sido mejores.

El nuevo Estatuto de Castilla-La Mancha, que se pretende llevar de forma consensuada el próximo 1 de febrero a las Cortes Generales, va a reactivar de forma activa e intensa el debate nacional del agua cuando se ponga en marcha en el Congreso de los Diputados su correspondiente trámite parlamentario. Al menos en eso sí ha sido eficaz la reforma pactada entre el presidente de la Junta, José María Barreda, y la presidenta y candidata del PP, María Dolores de Cospedal.

El fin del trasvase Tajo-Segura que recoge el nuevo texto castellano-manchego, según pactaron en su día Barreda y Cospedal, es un asunto ciertamente controvertido que ha provocado fuertes divisiones en dos direcciones políticas: división territorial, con las comunidades del Levante abiertamente en contra de poner fin al trasvase, y división interna tanto en el PSOE como en el PP en función de sus intereses territoriales.

Es previsible que el Estatuto de Castilla-La Mancha abra, por tanto, fisuras en el Congreso en los grupos parlamentarios socialista y popular, aunque de momento nadie quiera reconocerlo.

Murcia y Valencia

Este miércoles, el diputado toledano Alejandro Ballestero, coordinador parlamentario del PP de Castilla-La Mancha, se ha mostrado convencido en rueda de prensa de que los diputados populares de Murcia y Valencia apoyarán el nuevo Estatuto castellano-manchego, con todo lo que eso conlleva, es decir, incluido el fin del trasvase, al que desde estas comunidades levantinas se vienen oponiendo hasta ahora con total rotundidad.

Ballestero aseguró ser «optimista» y dijo estar «convencido» de que los diputados del PP murcianos y valencianos, que lideran respectivamente los presidentes de estas comunidades, Ramón Luis Valcárcel y Francisco Camps, van a dar en el Parlamento su voto favorable al Estatuto de Castilla-La Mancha. Evidentemente, tal como están las cosas en este momento, sería casi un milagro.

División en el PSOE

El diputado toledano del PP dijo que su partido apoyará el nuevo Estatuto, pero no confía nada en que el PSOE haga lo mismo, a la vista de las diferencias internas que hay también en este partido. Según Ballestero, habrá que ver en qué términos se expresan los socialistas, «porque es una pena, pero el PP no tiene mayoría en el Congreso». En este sentido, el diputado popular acusó a Barreda y al PSOE de votar «una cosa y la contraria».

Alejandro Ballestero dijo, por otro lado, que la presidenta y candidata del PP de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, «defenderá de forma audaz y eficaz los intereses dela región», frente a un Barreda «que se pliega a las directrices de su partido». Para el parlamentario del PP, en el origen de esta controvertida situación en torno al agua está la política del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, cuya unión inicial con Esquerra Republicana de Catalunya acabó con el trasvase del Ebro y perjudicó fuertemente a Castilla-La Mancha.